Lavado de manos y tirón de orejas

Felipe Calderón se reunió ayer con los medios de comunicación de la Ciudad de México. Pareciera que el primero se lavó las manos y a los segundos les tiraron las orejas.
Se reunieron por la presión desencadenada tras los secuestros de cuatro periodistas la semana pasada que, gracias a Dios, ya fueron liberados. Siempre es bueno que exista diálogo entre las partes, especialmente con el gobierno, en temas tan delicados como la violencia contra los periodistas y la libertad de prensa y de expresión.
Por el resultado de la plática, según lo publicado, no parece haber sido una reunión muy fructífera. Primero, porque los medios representados eran de la capital y a cuentagotas se notaron los nombres de gente del interior. Segundo, porque según los puntos acordados, más pareció un tirón de orejas a los medios que un lugar para buscar soluciones comunes, un espacio donde Calderón hizo de Poncio Pilatos.
Veamos lo que acordaron y en paréntesis mis impresiones:
1.- Que discutan, analicen y en su caso, adopten códigos y protocolos de manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales. (El peso de la prueba recae en los medios, es decir, la violencia existe, y los medios deben rebuscársela para ver cómo hacerle frente. El gobierno se lava las manos).
2.- Que en apego a sus esquemas de autorregulación, los medios de comunicación promuevan contenidos que eviten hacer apología del delito. (La culpa de la situación de violencia es de los medios. Azuzan la violencia con detalles descarnados. El gobierno es ajeno a la violencia).
3.- Dar seguimiento a las deliberaciones sobre la lucha por la seguridad y las propuestas que surjan en la mesa institucional y en los foros estatales así como evaluar el cumplimiento del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. (Sigue la cháchara pero nada concreto. Cuestiones como federalización, no prescripción, agravamiento de penas, reformas constitucionales, que los periodistas y las organizaciones vienen pidiendo, quedan en la nada).
4.- Difundir campañas para prevenir la violencia y las adicciones entre los jóvenes e inhibir su reclutamiento por parte de los criminales al tiempo que se incentive la cultura de la legalidad y la denuncia. (Los medios forman parte de la campaña gubernamental, si luego los objetivos no son alcanzados, los medios tendrán la culpa y no tendrán poder para criticar al gobierno ya que son parte del problema).
5.- Abrir espacios en los medios de comunicación para que la ciudadanía participe directamente en el debate público dirigido al fortalecimiento de la política de seguridad y enriquezca el diagnóstico y proponga acciones a seguir. (Los medios ya lo hacen a través de lo que permiten sus redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero es más de lo mismo, los medios son socialmente responsables y el gobierno se lava las manos).
No fue una reunión muy fructífera.

Secuestro de medios

México está mal. Muy mal. Tal como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia atroz del narcotráfico, en México también no solo que el narcotráfico sigue matando, desapareciendo y secuestrando periodistas, sino que ahora sumó la modalidad de secuestrar medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa.
La manipulación hasta ahora era indirecta. Los medios, especialmente los de la zona norte fronteriza, más afectados por la violencia, habían tomado la decisión consciente de autocensurarse – no publicar ni investigar las fechorías del narcotráfico – como un modo de proteger a su personal de las represalias que suelen tomar los maleantes. El solo elemento de la autoprotección da a los medios de comunicación razones justificadas para dejar de lado su misión de informar e investigar.
Pero la reciente masacre perpetrada por delincuentes que salían de la cárcel con la anuencia de sus guardias y con sus armas y vehículos para tomar represalias con delincuentes libres de grupos antagónicos, desencadenó otros episodios que están empujando a la prensa mexicana al borde de la ética periodística. Los narcotraficantes, en una lucha intestina entre carteles, han secuestrado esta semana a cuatro periodistas para impedir que sigan informando sobre esas masacres, y advirtieron que matarían a los reporteros si no publicaban sus exigencias – un video en el que matan a otro maleante después de interrogarlo – o si seguían informando sobre el episodio distendido de la cárcel.
Ayer en México, muchos medios a pedido de periodistas y ejecutivos de Milenio, grupo editorial afectado por los raptos de periodistas de su personal, decidieron no publicar sobre los secuestros para proteger la vida de los secuestrados. Y mientras mantenían ese silencio y se procuraba en reuniones entre periodistas qué hacer o qué era lo más correcto, un comunicado de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo al gobierno que investigue el asunto – sin saber las políticas de auto silencio auspiciado por varios medios – acarreó mayores problemas, especialmente por políticas editoriales diferentes que pueden tomar los medios nacionales que están más naturalmente resguardados en la capital del país conde la violencia no llega a extremos, como en zonas donde conviven medios más pequeños con contextos de violencia disparados.
Es que no es para menos. Es que ahora los secuestradores demandaron a los medios por silencio amenazándolos con matar a los periodistas, convirtiendo a las víctimas en victimarios. Y aquí es donde existe un intríngulis de variantes y actitudes editoriales y éticas que los medios deben asumir. Se tienen que preguntar si pueden dejarse chantajear por secuestradores o narcotraficantes que no tienen escrúpulos ni principios o publicar sabiendo que ponen en riesgo a sus periodistas o a colegas de otros medios.
La situación no es fácil, más allá de que se le deba echar la culpa al gobierno de que todo se ha salido de proporciones. Lo que está claro es que los medios si negocian el silencio, pronto se verán obligados a negociar cualquier demanda de los narcos.
Los reporteros secuestrados son Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa, enviado de Televisa México y Oscar Solís, reportero del diario El Vespertino, fueron secuestrados el lunes 26 de julio luego de cubrir un motín en el penal Centro de Readaptación Social número 2, de Gómez Palacio, en el estado de Durango. La cárcel se encuentra bajo control de la Policía Federal por acusaciones de corrupción contra sus directivos.
En una reunión que hicimos con la SIP en Durango el 16 de febrero de este año, editores de periódicos mexicanos de los estados de Durango, Coahuila, Sinaloa y Sonora, demandaron a las autoridades federales y estatales mayores garantías para ejercer el periodismo.
Los editores reclamaron en un documento, Declaración de Durango, a las autoridades nacionales y estatales por la inacción a combatir el clima general de violencia, desde aspectos globales solicitando la federalización de los crímenes contra periodistas, así como asuntos concretos sobre la creación de vocerías conjuntas – policía judicial, ministerio público y ejército – a fin de que los medios de comunicación puedan acceder a información oportuna y transparente sobre sucesos violentos.

Matando por silencio

El crimen organizado sigue empeñado en comprar silencio. En las últimas semanas secuestró a ocho periodistas mexicanos en una de las ciudades más violentas de México, Reynosa, estado de Tamaulipas, lindante con Estados Unidos, donde el narcotráfico reina, arrecia y mata.
La indignación y la frustración son mayúsculas. A pesar de todos los recursos invertidos contra el crimen organizado, el gobierno es ineficiente y la gente siente la indefensión. La violencia y la falta de justicia incentivan un círculo vicioso indetenible. La gente y los periodistas deben elegir entre el silencio, la muerte o irse.
Los medios no tienen otra opción para protegerse, deben autocensurarse. No les dejan otra opción. En los últimos meses, no solo se produjeron estos secuestros, sino que además se registraron cinco asesinatos, los de Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa, José Emilio González Galindo, José Alberto Velázquez López). De los secuestrados, cinco periodistas de Tamaulipas siguen todavía en cautiverio, así como permanece desaparecida Marí Esther Aguilar Cansimbe, del estado de Michoacán.
En charlas telefónicas que tuve con editores y periodistas del área, pude comprobar que el miedo es total, algo que ya había comprobado y reportado el mes pasado cuando con la SIP visitamos el estado de Durango, otro lugar afectado por el narcotráfico. Los editores con los que hablé se abstuvieron de dar detalles sobre los nombres de las víctimas, y hasta me comentaron que los familiares se abstuvieron de denunciar los hechos antes la justicia y la policía por temor a poner en peligro la vida de los secuestrados.
A dos periodistas del diario Milenio que estaban reportando en la zona de Tamaulipas los secuestraron por varios días y después de liberarlos, ellos relataron que el mensaje que les dieron fue muy claro: les amenazaron con que no les fueran “a calentar la plaza”.
Un periodista del diario estadounidenses Dallas Morning News, relató que cuando estaba reportando sobre los secuestros se le acercó un individuo que le dijo que se regrese a su país. Así de simple se compra el silencio con advertencias.
Los narcos no quieren que nadie hable de sus actividades. Compran el silencio a veces con plata, pero muchas más veces con plomo.
En un comunicado de hoy de la SIP, se establece que “el crimen organizado han intensificado los controles que impusieron a los comunicadores para no difundir noticias sobre enfrentamientos y operaciones vinculadas a la mafia. El miedo prevalece en los periodistas de los estados y en las ciudades vecinas, ante la posibilidad de que la ola de violencia se extienda e intensifique, por lo que no existen condiciones seguras para los informadores de la región”.
Según investigaciones de la SIP y por consultas a sus socios de México, en los últimos años es cada vez más notable el silencio informativo como método de protección ante la violencia y las represalias del crimen organizado, aspecto que se destaca en ciudades de Tamaulipas como Nueva Ciudad Guerrero, Matamoros, Reynosa, Camargo, Mier y Laredo.