México está mal. Muy mal. Tal como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia atroz del narcotráfico, en México también no solo que el narcotráfico sigue matando, desapareciendo y secuestrando periodistas, sino que ahora sumó la modalidad de secuestrar medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa.
La manipulación hasta ahora era indirecta. Los medios, especialmente los de la zona norte fronteriza, más afectados por la violencia, habían tomado la decisión consciente de autocensurarse – no publicar ni investigar las fechorías del narcotráfico – como un modo de proteger a su personal de las represalias que suelen tomar los maleantes. El solo elemento de la autoprotección da a los medios de comunicación razones justificadas para dejar de lado su misión de informar e investigar.
Pero la reciente masacre perpetrada por delincuentes que salían de la cárcel con la anuencia de sus guardias y con sus armas y vehículos para tomar represalias con delincuentes libres de grupos antagónicos, desencadenó otros episodios que están empujando a la prensa mexicana al borde de la ética periodística. Los narcotraficantes, en una lucha intestina entre carteles, han secuestrado esta semana a cuatro periodistas para impedir que sigan informando sobre esas masacres, y advirtieron que matarían a los reporteros si no publicaban sus exigencias – un video en el que matan a otro maleante después de interrogarlo – o si seguían informando sobre el episodio distendido de la cárcel.
Ayer en México, muchos medios a pedido de periodistas y ejecutivos de Milenio, grupo editorial afectado por los raptos de periodistas de su personal, decidieron no publicar sobre los secuestros para proteger la vida de los secuestrados. Y mientras mantenían ese silencio y se procuraba en reuniones entre periodistas qué hacer o qué era lo más correcto, un comunicado de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo al gobierno que investigue el asunto – sin saber las políticas de auto silencio auspiciado por varios medios – acarreó mayores problemas, especialmente por políticas editoriales diferentes que pueden tomar los medios nacionales que están más naturalmente resguardados en la capital del país conde la violencia no llega a extremos, como en zonas donde conviven medios más pequeños con contextos de violencia disparados.
Es que no es para menos. Es que ahora los secuestradores demandaron a los medios por silencio amenazándolos con matar a los periodistas, convirtiendo a las víctimas en victimarios. Y aquí es donde existe un intríngulis de variantes y actitudes editoriales y éticas que los medios deben asumir. Se tienen que preguntar si pueden dejarse chantajear por secuestradores o narcotraficantes que no tienen escrúpulos ni principios o publicar sabiendo que ponen en riesgo a sus periodistas o a colegas de otros medios.
La situación no es fácil, más allá de que se le deba echar la culpa al gobierno de que todo se ha salido de proporciones. Lo que está claro es que los medios si negocian el silencio, pronto se verán obligados a negociar cualquier demanda de los narcos.
Los reporteros secuestrados son Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa, enviado de Televisa México y Oscar Solís, reportero del diario El Vespertino, fueron secuestrados el lunes 26 de julio luego de cubrir un motín en el penal Centro de Readaptación Social número 2, de Gómez Palacio, en el estado de Durango. La cárcel se encuentra bajo control de la Policía Federal por acusaciones de corrupción contra sus directivos.
En una reunión que hicimos con la SIP en Durango el 16 de febrero de este año, editores de periódicos mexicanos de los estados de Durango, Coahuila, Sinaloa y Sonora, demandaron a las autoridades federales y estatales mayores garantías para ejercer el periodismo.
Los editores reclamaron en un documento, Declaración de Durango, a las autoridades nacionales y estatales por la inacción a combatir el clima general de violencia, desde aspectos globales solicitando la federalización de los crímenes contra periodistas, así como asuntos concretos sobre la creación de vocerías conjuntas – policía judicial, ministerio público y ejército – a fin de que los medios de comunicación puedan acceder a información oportuna y transparente sobre sucesos violentos.
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