Narcotráfico: Máximo desafío para Macri

Mauricio Macri fue contundente en su primer mensaje al Congreso cuando desmitificó el papel de Argentina como un simple país de tránsito: “Somos un país que recibe droga, la transforma, la vende internamente y la exporta”.

El nivel de sinceridad contrasta con el gobierno anterior que nunca asumió la realidad manipulando estadísticas y datos a ficción. Macri citó informes internacionales y aseveró que Argentina se ha convertido en el tercer proveedor de cocaína del mundo.

A su pesar, le tocó poner los puntos sobre las íes. No es difícil entender que la verdad es la única fórmula para construir una estrategia antidroga. Si luego fracasa o tiene éxito en esa lucha, será otro cantar. Ahora la sinceridad era indispensable.

“Necesitamos verdad y justicia” fue su expresión sobresaliente. Son los ingredientes indispensables para combatir las drogas, en un país que se ha convertido en “próspero para los traficantes” y que dejó de asombrarse de los crímenes violentos en otras regiones, para experimentarlos en carne propia.

Ante el Congreso, Macri no solo desnudó un sombrío panorama heredado con alta inflación, nulo crecimiento y mucha pobreza, sino también con profusa corrupción, poca seguridad y escasa justicia. Casualmente estos elementos son los que influyen, potencian o retroalimentan el tráfico de drogas.

Es que los carteles de la droga se nutren del círculo vicioso que crean. Se empoderan entre la pobreza y desigualdad, potencian a otras mafias dedicadas a otros crímenes y riegan corrupción con la intención de debilitar a las instituciones democráticas para blindarse ante la ley y la justicia.

Puede ser que el presidente argentino haya exagerado en algo para crearse espacio y tiempo para trabajar, en especial después de un comienzo con medidas agobiantes para los ya menguados bolsillos y anuncios impopulares de arreglos con la usura internacional, la única forma de acceder a una cartera de créditos que le estaba negada al país.

Pero Macri no exageró sobre el impacto del narcotráfico. En el informe 2015 divulgado por Naciones Unidas esta semana, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) sentencia que el narcotráfico es el causante del devastador impacto económico, social y político de Centroamérica, aunque sus aseveraciones se aplican a cualquier región donde anidan los narcos.

El informe señala que hasta el desarrollo y crecimiento económico de un país es relativo, sí no se ataca de raíz el problema del narcotráfico, el que socava en forma directa el Estado de derecho y la calidad de la democracia. Ahora se puede apreciar aquella advertencia del Papa sobre la “mexicanización de Argentina”. Francisco no solo se refería al clima de violencia física e inseguridad ciudadana, sino a la inestabilidad democrática.

Macri apuntó bien en su mensaje cuando buscó la alianza del Congreso para delimitar el nuevo marco legal necesario para combatir al narcotráfico. Habló de fondo y de formas. Una reforma judicial que haga realidad la independencia de la Justicia y mejore su funcionamiento como estrategia. Y reformas al Código Penal, el fortalecimiento de la Justicia federal, el decomiso de bienes y las leyes del Arrepentido y la de Acceso a la Información Pública y Transparencia, como tácticas.

Más fácil decirlo que hacerlo. El mayor desafío del oficialismo no es la estrategia que parece clara, sino buscar consensos en una legislatura que no es mayoría. Le costará sudor y lágrimas, sobre todo cuando le está endilgando a esa mayoría haber sido el artífice de tanta inseguridad que “no es una sensación” y haber generado “la violencia verbal, la denigración de sentir que el Estado no solo no te cuida sino que te falta el respecto”.

El egoísmo político puede hacer descarrilar cualquier estrategia por buena que parezca. Sin embargo, Argentina no tiene otra alternativa si no quiere verse reflejado en el espejo mexicano, ese país cuya clase política estuvo por años negándose a admitir que las drogas lo estaba consumiendo todo.

Macri tuvo en este presente la razón de poder endilgarle al gobierno anterior sus responsabilidades. Pero ya está. De ahora en más, ya no podrá quedarse con las culpas del pasado sino mostrar sus propias soluciones y acciones. El narcotráfico ya es su batalla a futuro. 

Lo esencial entre narcos, fugas y periodistas

La atención que despertó la espectacular captura del Chapo Guzmán en México y de los hermanos Lanatta y Schilachi en Argentina, validan aquellas líneas de El Principito que “lo esencial es invisible a los ojos”.

Esa tendencia a irnos por las ramas hizo que se hable más sobre el túnel del Chapo y la cacería de película estilo Osama Bin Laden que de lo esencial. Se discute más sobre su admiración por Kate del Castillo y la entrevista de Sean Penn o sobre la fuga de los tres narcos argentinos a punta de pistola de juguete, que de la connivencia del narcotráfico con la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.

El papa Francisco ya había advertido sobre lo esencial: La mexicanización de Argentina. Aquel estereotipo – molesto para el gobierno de México, como antes para el de Colombia cuando se hablaba de la colombianización de México - ya no es ficción en Argentina.

El presidente Mauricio Macri tiene razón para justificar una depuración de los cuerpos policiales, penitenciarios y de seguridad, ante la infiltración de los carteles en todas las esferas. Pero no la tiene cuando le pasa todo el fardo a la administración anterior, por más que Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, manchado por la efedrina y derivados, evidencia el auge del narco en el país.

Los gobiernos argentinos de las últimas cinco décadas, incluido las dictaduras, son responsables. Sucumbieron a la globalización de las drogas; descreyeron del poder de los carteles internacionales; descuidaron las fronteras; permitieron que el país pasara de tránsito a consumidor y productor; omitieron castigar el uso de  dineros sucios en campañas electorales y en el sistema financiero; e hicieron la vista gorda al narcomenudeo y las peleas cotidianas del narco por disputarse territorios.

Lo de Sean Penn y la Reina del Sur no es esencial en esta historia, pero sintomático. Idolatraron a un asesino y narco que, como buen samaritano estilo Pablo Escobar, se las ingenió para engañar a medio mundo, haciendo obras de infraestructura y caridad con los pobres, y cosechando voluntades ante la ineficiencia del Estado.

La discusión sobre si Penn es o no periodista, es aún menor. Más allá que su condición de actor le abre puertas, es periodista. Hizo una entrevista, la publicó la revista Rolling Stone, así como antes se publicaron sus charlas con Fidel Castro y Hugo Chávez. Lo esencial es si fue un buen trabajo periodístico. No lo fue. Hizo propaganda. Se dejó deslumbrar por un “caballero” que lo recibió con carne asada, tequila y que se jactó de ser el mayor exportador de marihuana, heroína y metanfetaminas del mundo. No lo cuestionó. Se olvidó de sus asesinatos.

Diferente trabajo hizo el periodista Jorge Lanata. Cuando presionó en su entrevista a Martín Lanatta en la cárcel, consiguió confesiones y evidencias sobre negocios del narco. Eso fue periodismo.

Yo comparto la actitud de muchos periodistas mexicanos de prestigio que se han negado a entrevistar al Chapo, así como en Colombia en algún momento los periodistas dejaron de seguir entrevistando a guerrilleros y narcos para no engrandecer su popularidad y evitar la apología de sus crímenes. Pero sobre todo, porque el Chapo es responsable directo de docenas de asesinatos de periodistas, quienes jamás tuvieron los privilegios que se le concedieron al actor.

Lo esencial será ver como el niño travieso de Hollywood y la Reina del Sur se libran de las autoridades estadounidenses. Entrevistar a uno de los mayores asesinos de la historia no es ilegal, puede ser inmoral en todo caso. Lo que sí es ilegal es haber transado la posibilidad de producir su película biográfica, un negocio que, como cualquier otro, la ley prohíbe con todo aquel que esté registrado en la lista negra de los narcotraficantes, como es el caso del Chapo.

La idolatría popular y la desidia de las autoridades para actuar es el estímulo que el narco necesita para crecer. En Argentina es tarde para tomar medidas preventivas, se necesitan correctivas. Además de la depuración urgente al mejor estilo Colombia, Macri debe alistar al país para otros debates que se avecinan: Si el gobierno permitirá la asistencia formal de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, y si cabría echar mano a los militares para una tarea que a la policía ya le rebasa. 

Francisco y el narcotráfico

Cayeron mal en México las palabras del papa Francisco sobre que “ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización”, refiriéndose al avance violento del narcotráfico en Argentina. El gobierno de Enrique Peña Nieto las consideró una estigmatización injusta.

Años atrás el mismo dolor sintió el gobierno de Colombia cuando el periodismo internacional temía la “colombianización” de México, advirtiendo que la violencia de los carteles de Cali y Medellín se estaba expandiendo a Guerrero y Tamaulipas. Cuarenta mil asesinatos de mexicanos después, aquella estigmatización solo fue un crudo diagnóstico.

Los prejuicios y comparaciones duelen por odiosas, pero no se puede desconocer la realidad. Aún más, el papa Francisco hubiera acertado si se refería a toda Latinoamérica y no solo a Argentina, ya que el narcotráfico ha convertido al continente en el más letal del mundo.

Francisco, en realidad, solo citaba el “terror” que los obispos mexicanos dicen se vive en su país cada vez más infiltrado por el narcotráfico, y que se ha apoderado de todos los sectores y estratos, así como lo estuvo Colombia cuando las mafias dominaban, compraban conciencias, elecciones y asientos en congresos, tribunales y alcaldías. Pablo Escobar fue capo y diputado, y jefes de carteles de menor o mayor calibre que él, lamentablemente hoy forman parte de los poderes públicos de muchos países latinoamericanos.

El problema es que muchos se han acostumbrado a que el narco sea parte del paisaje; está institucionalizado. Por ello las denuncias contra el presidente del Congreso de Venezuela, Diosdado Cabello, de que sería el jefe del cartel de los Soles no causaron más que algunos titulares de ocasión.

Denuncias graves parecidas en Bolivia y Perú o sobre elecciones financiadas por el narco en Ecuador, también pasaron desapercibidas. Es que el narco se ha extendido y arraigado en el sistema y creado tácticas de autoprotección. Por eso en ese laberinto de la narcopolítica pocos se atreven a denunciar, y los que lo hacen, políticos, fiscales y periodistas, terminan asesinados y sus crímenes en total impunidad.

Un caso pavoroso que describe esta narcopolítica ocurrió en Paraguay. Se sabía que el epicentro mafioso estaba en Ciudad del Este, pero de tanta inacción del Estado, el narco fue corrompiendo otras zonas de la política nacional. De ejemplo sirve el asesinato del periodista Pablo Medina en octubre pasado, que después de denunciar a un alcalde por narcotraficante, le descerrajaron a tiros la cabeza. Tras determinar que el alcalde era el autor intelectual, la policía requisó de su domicilio toneladas de marihuana, parte de ella camuflada en una ambulancia del hospital público que usaba para distribuirla. Finalmente el alcalde escapó, protegido por policías y otras autoridades que acostumbraban a recibir bonos y beneficios.

No todo son batallas perdidas. El gobierno mexicano viene gastando mucho presupuesto y aportando muchas víctimas contra el narcotráfico, y sin ello la realidad podría ser más oscura. Colombia también se alió al gobierno de EEUU que, admitiendo culpas por generar la mayor demanda de drogas, aportó millones que sirvieron para sanear en parte la política y que el tráfico de drogas quede circunscripto al accionar de guerrilleros y paramilitares.

En este contexto, se avecina ahora el mayor reto de los colombianos para desprenderse aún más de su pasado. Si el proceso de paz entre el gobierno y las FARC se concreta, no hay dudas que los guerrilleros dejarán las armas y se insertarán en la vida política, pero habrá que ver en que manos quedará el negocio millonario del narcotráfico que les ha permitido costear por décadas su ideología.

Medellín es claro ejemplo de batallas ganadas. Después de ser la ciudad más violenta del mundo en la época de Escobar, se ha transformado en capital de la innovación y la tecnología al provecho de sus ciudadanos. Y hoy poco les importa que su pasado siga creando estigmatizaciones y que a la ciudad de Rosario se la conozca como la “Medellín argentina”.

Es entendible que se le reclame a Francisco por la estigmatización incómoda creada entre mexicanos y argentinos. Pero sería una pena que ambos gobiernos se ensañen contra el mensajero, en vez de actuar en contra del narcotráfico. 

Argentina narcotizada

La Iglesia y la Justicia argentinas han pedido al gobierno detener al narcotráfico antes de que el país se transforme en un narco Estado. Pero no es fácil, las drogas han calado hondo y el gobierno no sabe cómo resolver el problema.

Lo primero que debe hacer es admitirlo, analizar su gravedad y en qué etapa está, comparar lo que se hace en Colombia, Perú, México y EE.UU., y así determinar su estrategia de lucha. El narcotráfico tiene tres estadios bien demarcados. Al principio enamora y gana las simpatías de las clases populares y después de ricas y poderosas. Luego confunde y corrompe todo. Y en su tercera etapa se vuelve incontrolable, violento y sanguinario matando todo a su paso. Es el mismo proceso que tiene la droga cuando entra en el cuerpo del adicto.

Todavía hay tiempo para hacer algo dicen obispos y jueces. Pero no es sencillo. El país tiene cuatro elementos del que se nutre y aprovecha el narcotráfico: Pobreza, corrupción, debilidad institucional y una geopolítica deficiente; está pensado en y desde Buenos Aires, dejando poblaciones y fronteras a la deriva.

La cultura política argentina es proclive al clientelismo, no a crear fuentes de trabajo. Es cuando los narcos se encargan de suplir a los pobres con lo que el Estado no provee. Pablo Escobar en Colombia y el Chapo Guzmán en México regalaron estadios de fútbol, clínicas, escuelas, plazas y hasta generaron empleo, porque el narco también necesita de enfermeras, choferes, músicos, guardaespaldas y tintoreros.

También suplen sueños a los más jóvenes, que prefieren vivir poco pero bien, que mucho y mal. Así el vicio escala y el tráfico se hace consumo, y todo se confunde. Llega a las clases más altas de la mano de modelos y músicos con narcocorridos o cuartetos, corroe a la farándula, al deporte y más a la política.

El narco penetra y carcome, y es ilusorio pensar que se queda en el mundo de las drogas. Sus estratosféricas ganancias se usan para apoyar campañas políticas, como la de Rafael Correa; para crear diputados como Escobar en Colombia o patrocinarlos como en el México actual; para arrastrar bancos a lavar dinero; invertir en inmobiliarias y concesionarios; donar a escuelas e iglesias; comprar y extorsionar a jueces, policías y periodistas. El narco no deja nada al azar. Se nutre en la corrupción y dobla la apuesta.

El narcotraficante establecido penetra en las clases poderosas a base de filantropía, como en sus orígenes lo hizo con los pobres. Y si es rechazado por su evidencia de opulencias mal habidas, lo hace en forma indirecta, con sus hijos que se mezclan socialmente a través de escuelas y clubes exclusivos.

El narcotráfico y las drogas son como un cometa en cuya cola anidan otros delitos. No es casual que Argentina ya sea el país con mayor cantidad de robos en América Latina, según Naciones Unidas. Los malhechores locales se rinden a los narcos internacionales como si fueran franquicia. Así, juntos, controlan bandas dedicadas a robos, secuestros, pornografía, prostitución y asesinatos.

En el país pronto los carteles tendrán nombres, se dividirán el territorio y se matarán entre ellos. Luego matarán a quienes corrompieron. Y cuando el Estado reaccione ya sea con militares como en México, agudizarán su estela de muerte y temor. Venderán protección y generarán autocensura en la prensa. Cuando se institucionalice y haya miedo de hablar sobre él, la Argentina terminará en narco Estado. Se trata del círculo metódico del narco.

¿Se puede hacer algo? Sí. Primero, admitir que el país es de consumo no solo de tránsito, un precio que se está pagando por complicidad, al haber permitido por más de 30 años que los narcos descarguen drogas en pistas clandestinas de Santiago del Estero o Salta. Segundo, se deben buscar referencias de éxitos en la policía depurada de Colombia, las leyes más severas en Perú, la justicia implacable de EE.UU., y evitar la ingenuidad de Uruguay de pretender combatir al narcotráfico con la legalización de la marihuana.

Tercero, es prioritario atender las fronteras y poblaciones más alejadas del país. Y cuarto, lo más importante, hacer una inversión mayúscula en recursos humanos y técnicos para la justicia, ya que su debilidad y la impunidad son el suelo más fértil donde crece el narco y sus negocios conexos del crimen organizado. 

Centroamérica en guerra

Honduras, El Salvador y Guatemala están perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Un editorial del The Miami Herald no pudo haberlo dicho mejor. EEUU está haciendo poco y nada para ayudar a sus vecinos a lidiar con un problema cuya causa principal es el consumo de drogas y cocaína de su propia gente.

Estos tres países tienen la incidencia criminal mayor del mundo. El porcentaje de muertes violentas por cada cien mil habitantes es mayor que en Irak donde es de 14, según la ONU. En Honduras alcanza a 77 y en El Salvador a 71.

Es cierto que los gobiernos de estos países tienen dificultades estructurales y las instituciones son débiles históricamente, habiendo sido golpeados por la guerra civil que en décadas pasadas arrojó más de cien mil víctimas. Pero también es cierto que los esfuerzos estadounidenses se enfocaron en Colombia y México, siendo que desde Honduras, por ejemplo, es transportada el 42% de la cocaína que viaja hacia el norte.

México acaba de crear una nueva legislación para combatir el lavado de dinero. Ayudar a crear reformas y otorgar los recursos para mantener cuerpos policíacos en este sentido, sería una gran contribución en Centroamérica para combatir los 300 o 400 billones de dólares que maneja anualmente el narcotráfico. Si uno piensa que el producto bruto de Honduras alcanza a 29 billones, se puede dar cuenta de la desventajas que tienen los estados frente al crimen organizado.   

Secuestro de medios

México está mal. Muy mal. Tal como sucedió en la Colombia de hace dos décadas, convulsionada por la violencia atroz del narcotráfico, en México también no solo que el narcotráfico sigue matando, desapareciendo y secuestrando periodistas, sino que ahora sumó la modalidad de secuestrar medios de comunicación y sus líneas editoriales, manipulándolos en forma directa.
La manipulación hasta ahora era indirecta. Los medios, especialmente los de la zona norte fronteriza, más afectados por la violencia, habían tomado la decisión consciente de autocensurarse – no publicar ni investigar las fechorías del narcotráfico – como un modo de proteger a su personal de las represalias que suelen tomar los maleantes. El solo elemento de la autoprotección da a los medios de comunicación razones justificadas para dejar de lado su misión de informar e investigar.
Pero la reciente masacre perpetrada por delincuentes que salían de la cárcel con la anuencia de sus guardias y con sus armas y vehículos para tomar represalias con delincuentes libres de grupos antagónicos, desencadenó otros episodios que están empujando a la prensa mexicana al borde de la ética periodística. Los narcotraficantes, en una lucha intestina entre carteles, han secuestrado esta semana a cuatro periodistas para impedir que sigan informando sobre esas masacres, y advirtieron que matarían a los reporteros si no publicaban sus exigencias – un video en el que matan a otro maleante después de interrogarlo – o si seguían informando sobre el episodio distendido de la cárcel.
Ayer en México, muchos medios a pedido de periodistas y ejecutivos de Milenio, grupo editorial afectado por los raptos de periodistas de su personal, decidieron no publicar sobre los secuestros para proteger la vida de los secuestrados. Y mientras mantenían ese silencio y se procuraba en reuniones entre periodistas qué hacer o qué era lo más correcto, un comunicado de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo al gobierno que investigue el asunto – sin saber las políticas de auto silencio auspiciado por varios medios – acarreó mayores problemas, especialmente por políticas editoriales diferentes que pueden tomar los medios nacionales que están más naturalmente resguardados en la capital del país conde la violencia no llega a extremos, como en zonas donde conviven medios más pequeños con contextos de violencia disparados.
Es que no es para menos. Es que ahora los secuestradores demandaron a los medios por silencio amenazándolos con matar a los periodistas, convirtiendo a las víctimas en victimarios. Y aquí es donde existe un intríngulis de variantes y actitudes editoriales y éticas que los medios deben asumir. Se tienen que preguntar si pueden dejarse chantajear por secuestradores o narcotraficantes que no tienen escrúpulos ni principios o publicar sabiendo que ponen en riesgo a sus periodistas o a colegas de otros medios.
La situación no es fácil, más allá de que se le deba echar la culpa al gobierno de que todo se ha salido de proporciones. Lo que está claro es que los medios si negocian el silencio, pronto se verán obligados a negociar cualquier demanda de los narcos.
Los reporteros secuestrados son Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa, enviado de Televisa México y Oscar Solís, reportero del diario El Vespertino, fueron secuestrados el lunes 26 de julio luego de cubrir un motín en el penal Centro de Readaptación Social número 2, de Gómez Palacio, en el estado de Durango. La cárcel se encuentra bajo control de la Policía Federal por acusaciones de corrupción contra sus directivos.
En una reunión que hicimos con la SIP en Durango el 16 de febrero de este año, editores de periódicos mexicanos de los estados de Durango, Coahuila, Sinaloa y Sonora, demandaron a las autoridades federales y estatales mayores garantías para ejercer el periodismo.
Los editores reclamaron en un documento, Declaración de Durango, a las autoridades nacionales y estatales por la inacción a combatir el clima general de violencia, desde aspectos globales solicitando la federalización de los crímenes contra periodistas, así como asuntos concretos sobre la creación de vocerías conjuntas – policía judicial, ministerio público y ejército – a fin de que los medios de comunicación puedan acceder a información oportuna y transparente sobre sucesos violentos.

México: fascinante y tremendo

Pasar por México es siempre una experiencia fascinante y tremenda. Es que se visitan dos países en uno, profundamente contrastados. El primero es imponente, multicultural, hospitalario y de arquitectura colosal. El otro es impotente, desigual, corrupto y de violencia descomunal. Donde muchos tienen poco y pocos dominan mucho.
El país está en un pozo y corre el peligro de hundirse aún más. Es que el gobierno no acierta en estrategias para combatir el crimen, la única actividad que pareciera estar realmente organizada, bien remunerada y en expansión. El narcotráfico no solo traspasa drogas hacia Estados Unidos o la riega para el consumo interno, sino hasta narcotizó la economía. El Tribunal Superior Agrario estima que los narcotraficantes han suplido al Estado como financistas, apoderándose de un 30 por ciento del campesinado al que suplen créditos, seguridad y semillas de mariguana y amapolas, mucho más redituables que las de maíz.
La táctica de los narcos es tan cruel y sanguinaria como eficiente: paga a sus sicarios en especies para que la droga se vuelque al consumo interno; atemoriza con su terror a base de ejecuciones, masacres y cuerpos decapitados arrojados por doquier; y corrompe a todos – policías, jueces, políticos o comerciantes - mediante sobornos y extorsiones, sin dar opciones. O se elige ser cómplice y deshonesto, o se es víctima.
La masacre de 15 jovencitos inocentes el 31 de enero en Ciudad Juárez enardeció a la gente que todavía reclama con ira una mayor acción del gobierno. Tal vez este episodio sea el detonador o el punto de inflexión - lo que antes no lograron los cientos de “feminicidios” ni los miles de asesinatos a sangre fría - entre la ineficiencia y la efectividad en la guerra contra el crimen organizado.
Pero el reto del gobierno no es solo detener la violencia, sino restaurar la confianza pública y la credibilidad en las instituciones. La corrupción y la impotencia de los poderes judiciales y los cuerpos policiales han depreciado el valor de la denuncia. El Tercer Informe del Gobierno Federal indica que por cada delito que se comete hay ocho que no se denuncian, mientras solo 9 de cada 100 investigaciones judiciales terminan en condena.
A diferencia de Colombia, donde la policía monopoliza la seguridad nacional, el otro desafío de México es que siendo un país federal, se suelen producir fuertes choques de jurisdicción entre la nación centralista y el caciquismo de los gobernadores estatales. Esa ambigüedad de competencias, que permite acusaciones de evasión de responsabilidades entre policías y jueces estatales y nacionales, es una debilidad de la que saca muy buen provecho la delincuencia organizada.

El presidente Felipe Calderón, sabiendo estos retos, emprendió con retraso la batalla en dos frentes. Por un lado exige una Ley de Seguridad Nacional, en la que legitima a los militares como protagonistas de la lucha contra las drogas, y por el otro, trata de detener la erosión de las instituciones. Por ello visitó dos veces Ciudad Juárez en 15 días y creó las mesas de trabajo "Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad", una convocatoria general para reducir los índices de violencia mediante el desarrollo de actividades sociales en las que se inculquen valores y se potencien la educación, los empleos y las inversiones, como una forma de rescatar a los jóvenes que ahora solo piensan en escapar para sobrevivir.

Si la fórmula resulta exitosa, la experiencia de Ciudad Juárez podrá replicarse en todo el territorio nacional o en otras ciudades latinoamericanas que ya están soportando niveles considerables de drogadicción y de todos los delitos conexos generados por los cárteles.

Si algo tiene de enseñanza la tragedia de los 15 jovencitos, es que en ninguna comunidad se deberían repetir los dos mayores errores que admitió el alcalde municipal: se subestimó al narcotráfico en su capacidad de incentivar el consumo de drogas y no se depuró a tiempo la corrupción en la fuerza policial.

La desconfianza en las instituciones y la inseguridad, si bien es déficit en toda América Latina, cobra especial relevancia en México, ante un gobierno que no actuó con rapidez ni eficacia. Ciudad Juárez abre ahora la oportunidad para revertir el proceso, así como para borrar la diferencia entre lo fascinante y lo tremendo.

Honduras y narcotráfico

La semana pasada estuve en Tegucigalpa luego de pasar por México con una misión de la SIP por temas de violencia contra periodistas. Al término de una entrevista breve con el presidente Porfirio Lobo, me pidió que sobre seguridad y narcotráfico hable directamente con el ministro de Seguridad, Oscar Arturo Alvarez Guerrero, quien ya había ocupado ese puesto en la presidencia de Ricardo Maduro y ahora lo hacía después de ser el diputado con mayor cantidad de votos en la historia de Honduras.
Antes de despedirme de Lobo, se refirió eufórico al acuerdo que acababa de firmar con Colombia para la lucha contra el narcotráfico, admitiendo que la lucha contra las drogas en México derivará en mayores problemas para Honduras y toda Centroamérica.
El ministro Alvarez dijo que como parte de la estrategia contra el narcotráfico pondrá en práctica experiencias exitosas pasadas. Además de depurar la fuerza policial en la que reconoce que hay un alto nivel de corrupción, mediante el departamento de asuntos internos, intentará la creación de una unidad de lavado de activos y enriquecimiento ilícito para detectar y combatir los abusos.
Confía que los acuerdos con Colombia y el apoyo de EEUU tras al Plan Mérida y los otros mecanismos de ayuda estadounidense que se están activando nuevamente, permitirán una “excelente triangulación” para combatir al narco, confianza que le ofrece su formación en centros de educación militar especial y de inteligencia, tanto en el Norte como en Europa.
Alvarez coincide con el jefe de Policía de Colombia, general Oscar Naranjo, sobre que la guerra contra el narcotráfico sólo se puede ganar con fuerzas especiales o con fuerzas de tarea policiales, además de servicios de inteligencia capaces de infiltrar a la delincuencia.
Pero en esta “triangulación” geopolítica, reconoce que Honduras está un poco aislada. Sobre El Salvador, dijo que se teme por la seguridad del presidente Mauricio Funes e insiste que sectores radicales del FSLN estarían entrenando a gente de la resistencia hondureña. También que fue avisado por las autoridades colombianas que en las computadoras del jefe guerrillero, ya abatido, Raúl Reyes se habrían encontrado evidencias de que las FARC estarían apoyando a grupos rebeldes en Honduras. Desconfía del trabajo antinarcóticos que pudiera estar haciendo el gobierno de Daniel Ortega y de Alvaro Colom dijo que está muy limitado por el problema interno, la poca profesionalidad de la policía y los altos niveles de delincuencia.
Alvarez es nuevamente ministro a “pedido popular”, si se interpreta que su popularidad se debe al trabajo hecho en el período 2002-2005 al frente de esa cartera. Para entonces, Alvarez recuerda que contrató los servicios de asesoría de McKinsey Consulting, tras lo cual desarrolló una estrategia de seguridad distintiva.
De aquella experiencia, desarrolló una táctica de “guerra psicológica” con tres componentes básicos: a) depuró la policía y ofreció incentivos a un nuevo cuerpo de seguridad; b) creó una cultura de denuncia entre la población regenerando la confianza en la institución policial y c) aseguró que la delincuencia supiese que había un plan para controlarla, “que delinquir sería más difícil”.
La estrategia de “guerra psicológica” fue apoyada por una reforma del Código Penal, introduciéndose en el artículo 332 la figura de asociación ilícita o conspiración, lo que permitió procesar a mil trescientos cabecillas de las pandillas juveniles. En aquella época, Alvarez logró contener al crimen, reduciendo en un 90 por ciento el delito de secuestros en su tercer año al frente de su ministerio.
En la entrevista que me concedió en Tegucigalpa el 18 de febrero, Alvarez consideró que el nivel de tráfico de drogas se ha reducido momentáneamente, debido a que los narcos estarían estudiando los pasos del nuevo gobierno. Acusó que el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya tuvo la política sobre el narcotráfico de “dejar hacer, dejar pasar”, con una policía que tenía un esquema de acuartelamiento militar en lugar de estar en la calle. Dijo que la época de Zelaya había un divorcio total con el Poder Judicial, lo que no permitió una verdadera cooperación.
Su percepción es que el gobierno de Zelaya, debido a su amistad con el presidente Hugo Chávez, posibilitó un auge del narcotráfico proveniente desde Venezuela, evidenciado por la cantidad de avionetas de esa bandera que se detectan en pistas clandestinas de Honduras, cuyo territorio está regado de pistas y canales de comunicación que son parte del desarrollo de las grandes compañías agropecuarias internacionales durante el siglo pasado.
“No hubo voluntad política ni liderazgo para enfrentar al narcotráfico”, dijo el ministro; “una situación (que) ha cambiado totalmente en esta Presidencia”.

Narcotráfico y "estadounización"

El periodismo suele introducir nuevos adjetivos cuando necesita crear una imagen rápida y comprensible sobre un hecho complejo. De ahí que califique de “colombianización” la situación actual de México, para explicar mejor la tragedia que vive el país a raíz de la violencia y la influencia del narcotráfico en todas sus estructuras.
Aunque el término suene peyorativo, la imagen del México actual se espeja en aquella Colombia dominada por el Cartel de Medellín y su capo Pablo Escobar, quien dinamitaba, asesinaba, infiltraba estructuras políticas o vivía impune como un rey, al amparo de jueces amigos y temerosos.
La “colombianización” es sinónimo de un crimen organizado que no da tregua y del escenario que describió esta semana el presidente mexicano Felipe Calderón. Advirtió sobre la injerencia del narcotráfico en la financiación de campañas electorales municipales, cuyo fin es comprar políticos para asegurarse nuevos territorios y así expandir el narcomenudeo, el consumo de narcóticos y crímenes derivados.
Pero las comparaciones despectivas entre países ya no son fáciles de hacer. El vigorizado y disputado negocio de las drogas, borró de cuajo la diferencia entre naciones productoras, consumidoras y de tránsito. Hoy, la marihuana de mejor calidad y el éxtasis no se cultiva y fabrica en Colombia, ni en Perú ni Bolivia, sino en Estados Unidos y Canadá, dos de los mayores consumidores del mundo. Mientras tanto, los cárteles mexicanos les quitaron el monopolio de la actividad a los colombianos, quedándose con la parte más jugosa del negocio: la distribución y el menudeo.
Esto trajo como consecuencia que haya actores más pequeños y diversos dedicados al tráfico, forzando que el consumo de drogas se dispare en todo el mundo; favorecido, además, por una mayor tolerancia social y políticas más laxas sobre los estupefacientes. La despenalización del consumo en países como Argentina, Colombia, Chile y México, además de Brasil, que también promete replicar políticas adoptadas en Italia, Holanda, Luxemburgo y Portugal, y en algunos estados de EEUU, son parte de la ecuación.
Los niveles de consumo son alarmantes en Latinoamérica, región que hasta no hace mucho se caracterizaba solo por producir y traficar narcóticos. No sería desacertado entonces, así como se califica de “colombianización” al proceso mexicano del narcotráfico, usar el adjetivo de “estadounización” para Latinoamérica, infiriendo el peligro que representan los índices cada vez más elevados de consumo.
El Informe Mundial de Drogas 2009 de la ONU registró un alto incremento del uso de cocaína, marihuana y anfetaminas, especialmente en los países del cono Sur. El mayor aumento de cocaína se dio en Argentina, Chile y Uruguay donde es consumida por el 2.6, 1.4 y 1.5 por ciento de la población entre 15 y 64 años. El uso de marihuana también se ha disparado, teniendo en Chile un 7% de fumadores en ese segmento poblacional. Por otra parte, Perú, El Salvador y República Dominicana tienen, en sus respectivas regiones, los porcentajes más altos de consumo de éxtasis.
Preocupación superlativa causa la incidencia cada vez mayor de las drogas en las escuelas, habiendo aumentado el uso de pasta base de cocaína en toda Latinoamérica; así como de productos inhalantes en Brasil, y en países caribeños y centroamericanos.

Los países latinoamericanos, ya consumistas, tampoco han dejado de cultivar, producir o fabricar drogas. Paraguay destaca como la potencia sudamericana de cultivo de marihuana; Colombia, Perú y Bolivia en el procesamiento de coca; mientras que la fabricación de anfetaminas se concentra en Argentina, Guatemala, Honduras y Perú.
Los gobiernos tienen dificultades para encontrar respuestas adecuadas a este negocio multinacional que vive en expansión constante, retroalimentándose de otros ilícitos, como terrorismo, corrupción política, lavado de dinero, piratería, tráfico de armas y de personas; y que tiene en la extrema violencia la mejor arma para desviar toda la atención y recursos de los estados.
Más allá del uso de la fuerza pública para reprimir el crimen, tal vez la estrategia que emanó en noviembre de la Comisión Interamericana contra las Drogas entre la OEA y EEUU, de combatir la oferta, pero reduciendo también la demanda, mediante programas de prevención y recuperación de adictos en países del hemisferio, ofrezca cierta esperanza y demuestre que la lucha contra las drogas todavía no está del todo perdida.

México agridulce

Estuve en Mexico cinco días esta semana y regreso con el mismo sabor agridulce de siempre. Admiro México, disfruto de su cultura, su arte, su arquitectura, y más de su gente, mis amigos. ¡Pero qué país con tantos contrastes! Lindo y violento.

El contraste de riqueza y pobreza, tan preocupante pero tan común en cualquier otro país, no me sorprende; como sí la violencia que hasta a flor de piel en todos los sectores del territorio.

Estuve en la UNAM organizando un foro para periodistas con la intención de ayudar a disminuir la violencia en contra de los periodistas, donde este año han sido asesinados 11 reporteros. Las historias ahí escuchadas son espeluznantes. Las nueve familias o cárteles del narcotráfico se han adueñado de gran parte de la vida de los mexicanos y el gobierno, por más esfuerzo que hace en materia de restricción y de luchar contra el crimen organizado no logra encadenar muchos éxitos.

Dos cosas llaman poderosamente la atención. La gente ya está acostumbrada y ha institucionalizado, en cierta forma, la violencia, por cuanto ésta, reflejada a cabalidad por los medios, ya no crea sorpresas o estupor. Es tomada como una estadística. Lo otro es que el avance del narcotráfico no se ha detenido en el crimen organizado sino que ha infiltrado – como supo suceder en la violenta Colombia de las décadas pasadas – todas las estructuras de poder político del país.

El presidente Felipe Calderón dijo algo esta semana que ya lo venían repitiendo muchos políticos oficialistas y de oposición, pero que recobró mayor fuerza por venir del propio presidente. Los políticos locales son tentados con dineros del
narco para sus campañas políticas, con lo que consiguen inmunidad e impunidad futura para cometer sus delitos ganando amplios territorios para distribuir y menudear drogas.

Este México de lindas mañanitas y bonito, siempre despertará en mí ese sabor agridulce.

Zelaya y la encrucijada para EE.UU.

En Brasilia, Zelaya siguió tejiendo su estrategia de aumentar la encrucijada que tiene Estados Unidos de apoyar su restitución a través de medidas económicas más fuertes que pudieran desestabilizar por completo al gobierno de Roberto Micheletti.

El problema es que bien sabe también, que Obama se ha mostrado un poco más frío después de solicitar que se vaya por el camino pacífico con el Pacto de San José y luego de haber cancelado las visas a funcionarios del nuevo gobierno hondureño. Es que la administración estadounidense tiene la presión interna de los legisladores republicanos que en su mayoría siempre se han manifestado en contra de las actitudes gubernamentales chavistas de Zelaya y del juego contrario a Estados Unidos que ha venido jugando en los últimos meses de la mano de Hugo Chávez, del Alba y de sus disparatados sueños por la “cuarta urna” para acicalarse en la presidencia con un proyecto contrario a los intereses norteamericanos.

Sucede también que el gobierno de Obama se ha percatado del juego actual de infiltración que han tenido varias manifestaciones de Zelaya apoyadas por personas de otras nacionalidades, cuyos gobiernos no han hecho mucho contra el narcotráfico, y del aporte que habría venido a los revoltosos de parte de las FARC, según las denuncias públicas y de inteligencia que se vinieron haciendo en las últimas semanas. Así que resulta un poco difícil que Obama se vea tentado a tener que apoyar muy enérgicamente a quienes incentivan o, al menos, toleran el narcotráfico y el terrorismo, dos políticas de lucha cruciales para Estados Unidos.

Obama seguirá apostando a la diplomacia y se defenderá acusando de hipócritas a quienes como Zelaya, Chávez y los Castro le piden que sea injerencista, una política por la que se le ha calificado de “imperio” y “pitiyanqui” a su antecesor.

Las FARC están en todos lados

En Honduras pareciera que las FARC tampoco estarían ausentes, si es verdad el descubrimiento por parte de la policía hondureña de una libreta en la que se da cuenta sobre dineros entregados a partidarios de Manuel Zelaya.

No es descabellado pensar que las narco guerrillas colombianas FARC estén dando su apoyo en este conflicto. Las FARC que se juzgan como un estado pero que hacen todo a las escondidas como una guerrilla para no perjudicar a los países que la apoyan, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, debería dar muchas explicaciones sobre su actitud de desestabilización.

Rafael Correa vive desacreditando al gobierno de Alvaro Uribe, pero es sobre él a quien los dirigentes de las FARC se refieren en un video sobre que le dieron dinero para su campaña electoral. Hugo Chávez dice que su gobierno no respalda a las FARC, pero los lanzacohetes suecos decomisados a los guerrilleros después de un ataque en la selva coinciden – según el número de serie otorgado por el gobierno sueco – con los que Suecia vendió a Venezuela. Dentro de todo, el más honesto es Daniel Ortega, quien siempre ha ponderado públicamente a las FARC.

Estos episodios ponen en duda que Colombia esté fácilmente ganando su batalla contra las FARC. El apoyo externo que las FARC están recibiendo, la retroalimentación que hacen de sus narco dólares y el aumento de los cultivos para la producción de drogas, hacen prever que las fuerzas públicas de Colombia tendrán que hacer esfuerzos superlativos para derrotar a las narco guerrillas.

Narcotráfico y transparencia

Al término de la conferencia “Prensa, Estado y crimen organizado” que acabamos de terminar con la SIP este viernes en México, los periodistas aprovechamos para pedirle al gobierno de México que la lucha contra el narcotráfico se debe realizar dentro de un marco de apertura y transparencia informativa, respetando la actividad periodística.
La idea de la conferencia era intercambiar experiencias entre funcionarios y periodistas colombianos con sus colegas mexicanos, entendiendo que Colombia puede aportar sus éxitos y fracasos en la lucha contra el narcotráfico y en general con el crimen organizado. Tres conferencias iluminaron el día, las del ex presidente César Gaviria, que insiste en la descriminalización de la marihuana; la del director general de la Policía colombiana, Oscar Naranjo, que remarcó la necesidad de crear cuerpo de élite para combatir el narcotráfico y la de Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP, quien dijo que la calidad es el camino para mejorar los criterios editoriales y así no caer en la propagación de la violencia o la propaganda del crimen organizado.
Si bien comentaré en post futuros el contenido de las conferencias, quiero ahora dejarles las conclusiones a las que arribamos y el reclamo que se hizo al gobierno mexicano, además de las consideraciones sobre el papel de los medios de comunicación:
+ Instar a los gobiernos para que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se realice bajo estrictas normas de transparencia y apertura informativa, permitiendo el normal desarrollo de la actividad periodística.
+ Crear conciencia en todos funcionarios de las distintas ramas del poder público sobre la necesidad de reconocer que la libertad de expresión y de prensa son garantías fundamentales de las sociedades democráticas.
+ Sensibilizar a las autoridades mexicanas para que adopten medidas de protección, seguridad y las reformas legales que blinden la cobertura periodística que han resultado eficaces en la lucha contra el crimen organizado en otros países, considerando, además, que la mejor forma de reducir los riesgos es aumentando la fortaleza de las instituciones democráticas.
+ Demandar al Estado para que fortalezca su defensa de la actividad periodística persiguiendo con todo el peso de la ley y la justicia a los agresores de periodistas, tanto materiales e intelectuales, resolviendo numerosos casos pendientes que permanecen impunes, de lo contrario, se genera más violencia.
+ Instar a las diferentes ramas del gobierno mexicano a demostrar mayor voluntad para procurar una política integral sobre federalización de crímenes contra periodistas, entre ellas logrando una efectiva reforma Constitucional específica para que la Federación pueda atraer crímenes contra periodistas y modificar la estructura de la Fiscalía Especial Contra Delitos Contra Periodistas, para que tenga la potestad real de poder absorber esos crímenes, investigándolos hasta sus últimas consecuencias.
+ Reconocer como un avance exiguo, la reciente reforma considerada al Código Penal Federal que modifica los Arts. 430 y 431 definiendo la actividad periodística y agravando las penas de 1 a 5 años, además de días multa.
+ Reflexionar sobre como los medios y organizaciones de prensa pueden trabajar en forma solidaria a fin de encontrar alternativas conjuntas para reducir los niveles de riesgo para los periodistas que cubren el crimen organizado.
+ Solicitar a las asociaciones periodísticas de México y Estados Unidos, que así como ambos gobiernos han compartido responsabilidades ante el flagelo del crimen organizado, encuentren mecanismos comunes de cooperación que permitan proteger a los periodistas y medios de comunicación a ambos lados de la frontera.
+ Incentivar en los medios de comunicación espacios que permitan la discusión franca sobre diferentes alternativas la viabilidad con las que se pretende combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, exponiendo al público a criterios diversos y plurales, haciendo efectivo el derecho a la información.
+ Instar a los periodistas y medios de comunicación a mejorar sus prácticas profesionales y criterios editoriales frente al crimen organizado para evitar la propaganda de la violencia, entendiendo a la vez que el entrenamiento permanente y la búsqueda de la calidad periodística son factor importante para reducir los riesgos en coberturas y zonas de conflicto.

Militarización: respuesta adecuada

Más rápido de lo que se esperaba el gobierno de Barack Obama está decidido – después de escuchar las críticas de su contraparte mexicana – a enviar a la frontera Sur a la guardia nacional para que detenga no solo el crimen provocado por los narcos mexicanos en ciudades estadounidenses, sino también para detener el tráfico de armas desde el norte.

De la misma forma que Felipe Calderón, al gobierno estadounidense no le quedó otra opción que combatir el narcotráfico con sus mismas armas, ya que la policía y la DEA se ven sobrepasadas por la capacidad de fuego de los sicarios del narco.

De esta forma, Obama da un paso adelante en materia de seguridad interior, aunque no se entiende porque el Congreso estadounidense ha debilitado los fondos para el Plan Mérida, el proyecto multimillonario de ayuda a México para combatir al narco.

La militarización de la frontera, o lo que significa tratar de detener el tráfico de armas hacia el Sur, es la medida más directa que adoptará el gobierno de Obama, una señal alentadora para su visita a México que realizará el 16 de abril y para Hillary Clinton que irá a México esta semana, así como el secretario de Justicia, Eric Holder, y la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.

Lo que habrá que monitorear en los próximos meses es cuán efectivo podrán ser los militares, y a pesar de que haya siempre una preocupación por la violación de los derechos humanos, es tan letal el avance del narco que ésta parece ser la respuesta adecuada.

Descriminalización de la marihuana

Tuvimos ayer un invitado de lujo en la SIP aquí en Asunción, el ex presidente colombiano César Gaviria, quien dirige la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, junto a los ex presidentes del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de México, Ernesto Zedillo. Su objetivo en la conferencia fue crear conciencia sobre la necesidad de la descriminalización del uso, consumo y tenencia de la marihuana, como una forma efectiva de combatir al narcotráfico y su consumo, aunque se trataría solo de esa droga y no de otras fuertes como la cocaína, la heroína y otros estupefacientes sintéticos.
La encuesta que ustedes ven aquí a la derecha, refleja no solo el pensamiento de ustedes, quienes entran a este blog, que es negativa en mayoría en contra de la descriminalización, sino que refleja además el porcentaje promedio que han demostrado otros sondeos en periódicos y otros medios importantes.
Su charla se basó en fundamentar la descriminalización de la marihuana, una forma de combatir la ineficacia de los Estados hasta ahora en su lucha contra el narcotráfico. Enfatizó la diferencia entre descriminalización con la despenalización, ya que según él, no se trata de no aplicar penas, sino de sacar definitivamente al consumidor del ámbito criminal y transformar a los compradores del mercado ilegal en pacientes de los sistemas de salud, más al estilo del modelo europeo que al estadounidense.
Se estima que en el mundo, de los 200 millones de consumidores habituales de drogas ilícitas, el 80%, unos 160 millones consume marihuana.
Criticó a la Comisión de Drogas Narcóticas de la ONU que sesionó recientemente en Viena, Austria, que sostuvo que el consumo se ha estabilizado y por haber revalidado la política prohibicionista y se fijó como objetivo la eliminación de la disponibilidad de drogas ilícitas para 2019, exactamente de la misma forma como hace diez años se prometió “un mundo sin drogas para 2008”; “lo que finalmente no sucedió”.
Gaviria, al contrario de lo que sostiene la ONU, dijo que la producción ha crecido y que se sofisticaron los sistemas de distribución, lo que está demostrado por el menor valor que las drogas tienen en el mercado, así como la popularidad de las drogas sintéticas, además de la violencia que está creciendo en muchos países latinoamericanos, como es el caso de México.
Aclaró que el Plan Colombia, la estrategia colombiana con el apoyo de Estados Unidos, fortaleciendo los sistemas de seguridad e inteligencia, ha dado buenos resultados en la reducción de la criminalidad, caída del número de secuestros, de 3.500 a 500 por año; aunque adelantó que aparentemente en su país se produce ahora más cocaína que antes, y que Colombia exportó los carteles de la drogas hacia México.
Cuestionado sobre si utilizara a los militares en la guerra contra los narcotraficantes, Gaviria defendió esa tendencia, como la está usando México. Pero dijo que la mejor estrategia para combatir la drogadicción es en reducir el mercado consumidor, lo que puede lograrse con campañas de concientización, como la que se ha hecho con el cigarrillo en todo el mundo.
Por último, criticó la política de Estados Unidos, país que dijo gasta 450 mil dólares por cada preso por caso de drogas y que ha hecho un mal trabajo en concientizar a sus ciudadanos sobre el problema del consumo. Dijo que Estados Unidos es el principal escollo para la descriminalización ya que no admite la apertura de un debate interno y bloquea cualquier intento de buscar métodos alternativos en el contexto internacional, lo que entiende ya que hay posiciones muy diferentes sobre las drogas en países con posiciones tan disímiles como Cuba, Irán, Rusia, Colombia y el Vaticano.

¿Qué propone la Comisión de Gaviria, Cardoso y Zedillo?

En su reunión del 11 de febrero pasado en Río de Janeiro, la Comisión estableció la siguiente propuesta, cuyo texto completo puede verse en http://drogasydemocracia.org/blog/archives/category/destaque

Tres grandes directrices:

- Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.
- Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.
- Focalizar la represión sobre el crimen organizado.

Nuestro enfoque no es de tolerancia con las drogas. Reconocemos que estas provocan daños a las personas y a la sociedad. Tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes.

Para concretar este cambio de paradigma, proponemos que América Latina tome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de transformación:

1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.

La enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico solo podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos.

2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.

La marihuana es, por lejos, la droga más difundida en América Latina. Su consumo tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la salud mental. Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que los daños causados por esta droga son similares a los causados por el alcohol y el tabaco. Más importante aún, gran parte de los daños asociados a la marihuana -de la prisión y encarcelamiento indiferenciado de consumidores a la violencia y la corrupción que afectan toda la sociedad- son el resultado de las políticas prohibicionistas vigentes.

3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.

La mayor parte de las campañas de prevención que hoy se desarrollan en el mundo son bastante ineficaces.

4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.

Las políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos más nocivos para la sociedad del crimen organizado, como la violencia, la corrupción de las instituciones, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el control de territorios y poblaciones

5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.

Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo.

Crisis a la mexicana

La crisis en México es profunda. Al factor económico actual - el peso se devaluó abruptamente saltando de 10 a 15 pesos por dólar en los últimos tres meses – al que se ha precipitado en el último lustro como es la inseguridad debido al avance del crimen organizado, hay que sumarle el factor más legendario de todos: la corrupción generalizada.

Durante mi breve estada en México en estos días pude recabar que la polémica ya no es como en meses anteriores sobre si los mexicanos están o no frente a un estado fallido, que no ofrece las protecciones y garantías a sus ciudadanos según los derechos constitucionales. Ese problema de un Estado que falla o no sabe dar respuestas a sus ciudadanos ya ha sido admitido, está incorporado en el vocabulario actual y a la cultura. Así como la gente ya aprendió a vivir con la corrupción, ahora el problema es que la inseguridad está siendo institucionalizada y el gobierno se encuentra de manos atadas.

Como en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, la inseguridad en México, particularmente en los estados fronterizos con Estados Unidos, es un problema desbordante. El presidente Felipe Calderón tiene un discurso y una postura enérgica contra el narcotráfico, queriendo, creo yo, asumir los mismos criterios de mano dura que adoptó Alvaro Uribe en Colombia y que le sirvieron para ofrecer mayor seguridad y ganar popularidad.

La discusión en México “ahorita” (como dirían ellos) que se ha profundizado, es si las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, que han sido puestos al frente de la lucha del narcotráfico, no sería motivo suficiente para replantearse la estrategia. Calderón dijo que no y que prefiere que haya riegos de violaciones a los derechos humanos pero que se debe ganar la batalla contra el crimen.

El problema no es fácil de resolver, porque si los militares no lo hacen, los policías, así sean federales o locales, están corruptos y aquellas que no se dejan tentar tienen dos caminos, ser asesinados o tienen que renunciar como hicieron varios jefes en estas últimas semanas en los estados fronterizos más peligrosos, tal el caso de Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.

Estados Unidos alzó controversia en estos días después de su informe del Departamento de Estado en el que se culpa mucho a las autoridades mexicanas, pero es cierto también que en este problema Estados Unidos debe asumir que el 90% de las armas largas que usan los narcotraficantes provienen de estados cercanos a la frontera, como Texas, Nuevo México, Arizona y California.

El problema es grande. Estados Unidos está poniendo recursos en México a través del Plan Mérida, pero no está pudiendo dominar el consumo puertas adentro. Mientras el consumo genere más de 50 mil millones de dólares y se les provea a los narcotraficantes las armas necesarias para el crimen, esta es una lucha desigual.

México acosado por los narcos

México hace rato que dejó de tener el Cielito Lindo y Las Mañanitas ya no se cantan tan alegres como antes. La despiadada violencia del narcotráfico es un nubarrón que lo nubla todo, mientras las tareas del Estado para disiparlo son ineficaces o insuficientes.
Con un poder político acuciado por fallarle a sus gobernados, una Justicia esquiva y una prensa autocensurada, los carteles de la droga están a sus anchas en la frontera con EE.UU, donde compiten, matan y corrompen. En juego está la venta de drogas hacia el mayor mercado consumidor del mundo y la conversión a mafia de todo negocio lícito que les permita lavar dinero y apariencias, así sea vendiendo autos, camarones o discos compactos.
Los narcotraficantes saben cómo propagar el terror. Tienen mayores recursos que el Estado y no tienen limitaciones de ley. Todo lo compran, armas o voluntades. Decapitan a sus víctimas; arrojan cadáveres y cabezas en umbrales de periódicos; matan y secuestran policías, mujeres o periodistas; y en pasacalles, antes reservados para enamorados, amenazan y hasta ofrecen empleos de bandolero.
La ONU calculó que un 60% de municipios y destacamentos policiales están infiltrados por el narco. Todos sospechan de todos. Las estructuras políticas tambalean y los pronósticos para el 2009 son sombríos. En estos primeros 20 días, 201 personas fueron víctimas del crimen organizado, cifra que rebasará el promedio de las 5.300 ejecuciones de 2008, año récord en violencia.
El presidente Felipe Calderón demostró voluntad política para luchar contra el narcotráfico. Sacó a los militares a la calle y tuvo éxito en atrapar capos y desbaratar bandas. Pero los militares no son cura a largo plazo. Alvaro Uribe en Colombia tuvo que depurar al Ejército porque inflaba su eficacia asesinando a pordioseros que disfrazaba de guerrilleros.
No hubo una alusión directa a México en el discurso de asunción de Barack Obama, aunque el mensaje del jefe saliente de la CIA fue contundente. Auguró que México y su inseguridad serán el principal desafío para la diplomática Hillary Clinton, mayor aún que el reto del Medio Oriente. Es que el problema ya no es mexicano, la onda expansiva del narcotráfico “feudalizó” ambos lados de la frontera donde la corrupción y el asesinato hacen alarde entre policías, agentes aduaneros o polizones sin importar nacionalidades. Todos son cómplices. Los narcos venden droga y compran armas en el mismo lugar, así sea en Texas, Arizona o California.
El Plan Mérida, el paquete antidroga norteamericano que emula al Plan Colombia, es insuficiente. Obama habría exigido mayores pruebas y voluntad a Calderón que el solo hecho de atacar los blancos visibles de la narco violencia, a sabiendas que sus tentáculos ya están bien enraizados en el poder y se hace necesaria una tarea titánica de depuración. Para ello, son necesarias reformas legales, saneamiento de las fuerzas policiales y resurgimiento de la integridad que solo puede generar un Poder Judicial fuerte y creíble, que erradique la impunidad y disuada a grupos paramilitares que ya están anunciando justicia por mano propia si el Estado no resuelve.
Combatir la violencia con violencia es necesario y puede ser efectivo a corto plazo, pero la única forma de controlarla y prevenirla es dotar a la Justicia, a las fiscalías y policías con recursos y eficiencia disuasiva. EE.UU. no es modelo donde reflejarse en materia de tráfico de drogas, pero lo es en cuanto a la aplicación del castigo. El equilibrio de poderes es razonable y el peso de la ley se aplica con rigurosidad, por eso es lógico que Obama haya exhortado a Calderón a que en la batalla entre vendedores y consumidores, se aplique la misma vara a ambos lados de la frontera.
La prensa es la otra debilidad del sistema institucional mexicano. Justificada por la indefensión y el miedo provocado por el asesinato y secuestro de sus integrantes, el periodismo de frontera optó por la autocensura, una medida de autoprotección que lo resguarda temporalmente, pero que hipoteca su esencia a futuro. Si el gobierno no cuida de su prensa, especialmente la más vulnerable en el interior del país, estará diezmando otro pilar básico de la democracia y de la tan mentada federalización.

¡Por fin! y ¿Podrá?

La forma más ingeniosa de haber despedido desde el periodismo a George W. Bush y recibido a Barack Obama fueron los titulares del diario La Jornada de México. El 19 de enero su titular de portada exclamó ¡Por fin!, mientras que el 20 de enero preguntó ¿Podrá? Ambas portadas sostuvieron sus titulares con respectivos collages de los dos políticos. Ediciones de colección.
En México, donde estamos impartiendo un seminario sobre seguridad para periodistas y free lancers entre la SIP y la fundación londinense Rory Peck, las expectativas sobre Barack Obama son muy altas. El hecho de que Felipe Calderón haya sido el único mandatario que se reunió con Obama antes de que asumiera, fue tomado como un gesto de orgullo y de deferencia para un país que comparte quizá una de las fronteras más calientes, peligrosas y complejas del mundo.
El narcotráfico que se está expandiendo como mafia a otros negocios normales como a la comercialización de productos piratas, de carne de pollo, de camarones, de venta de autos y que de igual manera sigue infiltrándose en los estamentos de poder, es el mayor desafío que enfrenta el gobierno nacional. La zona de 3.200 millas de frontera entre ambos países es sumamente violenta y donde prolifera la corrupción. Y ambas cosas suceden a ambos lados y si bien del estadounidense está más morigerado los titulares de los diarios muestran que el narcotráfico no deja de expandirse, ayudado por policías, agentes aduaneros y de inmigración que se tientan y permiten que las drogas, el contrabando humano y el crimen de todo tipo fluyan con naturalidad.
Los periodistas a ambos lados de la frontera no la pasan bien. Los medios de comunicación son la caja de resonancia de una violencia que el Estado no puede resolver y que en estos últimos años viene creciendo sin parar. Se le atribuye al crimen organizado asesinatos por más de 5.300 en el 2008 y secuestros que se suman más del doble que en el año anterior. El número de periodistas asesinados también se duplicó siendo el país con el mayor número de todo el continente.
Los periodistas han optado por la autocensura como medida inmediata para auto protegerse, y como los negocios del narco se expanden los periodistas se sienten cada vez más inseguros y los temas de la autocensura se van cobrando el color de una onda expansiva. Solo se registran los hechos que registran los partes policiales y algunas acciones de evidente muestra pública que son parte de la crónica roja, lo que es suficiente para inundar las páginas de periódicos y noticieros de radio y tv. Pero las investigaciones sobre asuntos del narco y del crimen organizado, destapar la olla, ya no es una tarea saludable.
La autocensura es una medida justificada, y una estrategia de corto plazo. A largo plazo si este tema se hace perenne se corre el riesgo de que el periodismo pierda su esencia y la gente empiece a desconfiar cada vez más, y esa falta de credibilidad creerá un círculo vicioso que podrá implotar al periodismo. Un desafío que el periodismo deberá resolver en lo inmediato para poder acompañar a un Estado que estará cada vez más decidido a combatir el delito con el apoyo ahora de un gobierno estadounidense que está dando señales que el problema también le pertenece.

El desafío del narcotráfico

En el momento en que Estados Unidos estaba desembolsando 197 millones de dólares como parte de los 400 que integran el Plan Mérida para ayudar a México en la lucha contra las drogas, los narcotraficantes decapitaron a nueve personas en el estado de Guerrero, no solamente a narcos rivales sino también a soldados, una de sus formas para crear temor entre la población en general y desafiar a las autoridades.

Estado Unidos ya otorgó más de 6.000 millones para el Plan Colombia lo que permitió al presidente Alvaro Uribe combatir enérgicamente al narcotráfico, particularmente que protegen las guerrillas, pero además ha permitido combatir la corrupción en la policía y en los militares, crear sistemas de alertas para evitar violaciones a los derechos humanos, mejorar el sistema judicial y proteger a los testigos.

Más allá de que eso es lo que se esperaría que suceda en México, en especial que se combata la corrupción o la infiltración de parte del narcotráfico en las esferas policiales y de poder en el país, mucho no se podrá hacer si Estados unidos no adopta políticas más enérgicas hacia adentro de su territorio tendientes a luchar contra el consumo de drogas y el tráfico de armas pesadas. Se calcula que más de 2.000 de ellas terminan todos los meses en manos de los narcos mexicanos.

Barack Obama tendrá un desafío enorme. No solo deberá pensar en la necesaria ayuda económica que debe aportar a estos dos países y en menos medida a otros de Centroamérica, como Guatemala, donde se está extendiendo rápidamente el brazo del narcotráfico, sino mirar hacia su propio país, donde tal vez está el problema más grave.

Tal vez una de las ideas más interesantes que se haya aportado en la cumbre presidencial de Brasil la semana pasada, fue la que presentó el presidente guatemalteco, Alvaro Colom, quien propuso crear un cuerpo militar internacional para combatir el narcotráfico, ofreciendo zonas militares de su país como sede.

Colom hizo su propuesta en el momento que militares de su país y México, en un grupo de 500, comenzaron un trabajo conjunto en la frontera para combatir tráfico de drogas que circula en la frontera de ambos países.

Narcotráfico, inmigración y pobreza

Cuando Barack Obama asuma el 20 de enero la Presidencia de Estados Unidos tendrá que prestar atención a tres desafíos que se le presentarán con prioridad en América Latina.

Un informe del Ministerio de Justicia de EE.UU. dado a conocer hoy se refiere al problema del narcotráfico en la frontera con México, como uno de los grandes desafíos en materia de seguridad para el 2009. La violencia despertada por los carteles de la droga mexicana que ya llevan más de 5.000 asesinatos durante este año y su alianza con las mafias italianas y el aumento del trasiego de estupefacientes hacen necesario la implementación rápida del Plan Mérida, un acuerdo bipartito por el cual EE.UU. dará 430 millones de dólares a México para estrategias de combate a los carteles y de prevención.

En materia de inmigración, Obama enfrentará un tema irresuelto como la de 12 de millones de indocumentados que viven en un limbo, miles de personas que son deportadas, entre ellos numerosos pandilleros centroamericanos que al llegar a su país no pueden ser metidos en las cárceles porque no tienen delitos en su país, por lo que quedan en las calles haciendo saltar los porcentajes de delitos.

Atado a estos dos problemas y a la corrupción rampante se espera que el gobierno estadounidense continúe ayudando a los latinoamericanos para establecer programas de desarrollo que permitan luchar contra la pobreza, especialmente en una época de crisis económica en la que los precios de las materias primas seguirán por el piso condenando a un continente que se ha dedicado a ellas dejando de lado el valor agregado de las manufacturas.