Narcotráfico y transparencia

Al término de la conferencia “Prensa, Estado y crimen organizado” que acabamos de terminar con la SIP este viernes en México, los periodistas aprovechamos para pedirle al gobierno de México que la lucha contra el narcotráfico se debe realizar dentro de un marco de apertura y transparencia informativa, respetando la actividad periodística.
La idea de la conferencia era intercambiar experiencias entre funcionarios y periodistas colombianos con sus colegas mexicanos, entendiendo que Colombia puede aportar sus éxitos y fracasos en la lucha contra el narcotráfico y en general con el crimen organizado. Tres conferencias iluminaron el día, las del ex presidente César Gaviria, que insiste en la descriminalización de la marihuana; la del director general de la Policía colombiana, Oscar Naranjo, que remarcó la necesidad de crear cuerpo de élite para combatir el narcotráfico y la de Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP, quien dijo que la calidad es el camino para mejorar los criterios editoriales y así no caer en la propagación de la violencia o la propaganda del crimen organizado.
Si bien comentaré en post futuros el contenido de las conferencias, quiero ahora dejarles las conclusiones a las que arribamos y el reclamo que se hizo al gobierno mexicano, además de las consideraciones sobre el papel de los medios de comunicación:
+ Instar a los gobiernos para que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se realice bajo estrictas normas de transparencia y apertura informativa, permitiendo el normal desarrollo de la actividad periodística.
+ Crear conciencia en todos funcionarios de las distintas ramas del poder público sobre la necesidad de reconocer que la libertad de expresión y de prensa son garantías fundamentales de las sociedades democráticas.
+ Sensibilizar a las autoridades mexicanas para que adopten medidas de protección, seguridad y las reformas legales que blinden la cobertura periodística que han resultado eficaces en la lucha contra el crimen organizado en otros países, considerando, además, que la mejor forma de reducir los riesgos es aumentando la fortaleza de las instituciones democráticas.
+ Demandar al Estado para que fortalezca su defensa de la actividad periodística persiguiendo con todo el peso de la ley y la justicia a los agresores de periodistas, tanto materiales e intelectuales, resolviendo numerosos casos pendientes que permanecen impunes, de lo contrario, se genera más violencia.
+ Instar a las diferentes ramas del gobierno mexicano a demostrar mayor voluntad para procurar una política integral sobre federalización de crímenes contra periodistas, entre ellas logrando una efectiva reforma Constitucional específica para que la Federación pueda atraer crímenes contra periodistas y modificar la estructura de la Fiscalía Especial Contra Delitos Contra Periodistas, para que tenga la potestad real de poder absorber esos crímenes, investigándolos hasta sus últimas consecuencias.
+ Reconocer como un avance exiguo, la reciente reforma considerada al Código Penal Federal que modifica los Arts. 430 y 431 definiendo la actividad periodística y agravando las penas de 1 a 5 años, además de días multa.
+ Reflexionar sobre como los medios y organizaciones de prensa pueden trabajar en forma solidaria a fin de encontrar alternativas conjuntas para reducir los niveles de riesgo para los periodistas que cubren el crimen organizado.
+ Solicitar a las asociaciones periodísticas de México y Estados Unidos, que así como ambos gobiernos han compartido responsabilidades ante el flagelo del crimen organizado, encuentren mecanismos comunes de cooperación que permitan proteger a los periodistas y medios de comunicación a ambos lados de la frontera.
+ Incentivar en los medios de comunicación espacios que permitan la discusión franca sobre diferentes alternativas la viabilidad con las que se pretende combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, exponiendo al público a criterios diversos y plurales, haciendo efectivo el derecho a la información.
+ Instar a los periodistas y medios de comunicación a mejorar sus prácticas profesionales y criterios editoriales frente al crimen organizado para evitar la propaganda de la violencia, entendiendo a la vez que el entrenamiento permanente y la búsqueda de la calidad periodística son factor importante para reducir los riesgos en coberturas y zonas de conflicto.