La paz en Colombia

Hacía semanas que existía el rumor y que el ex presidente colombiano Alvaro Uribe venía denunciando furiosamente que el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos estaría por empezar el diálogo para buscar la paz con las narcoguerrillas de las FARC. Los diálogos habrían empezado en mayo pasado en La Habana por cuenta del hermano del Presidente, Enrique Santos, quien desde que se inició la actual Presidencia fue apuntado – oficiosamente – como el eslabón que podría acercar posiciones a una mesa de negociación, que según se plantea ahora, podría tener luz verde en Noruega. Uribe debe estar más que furioso con la presentación televisiva de ayer por la tarde de Juan Manuel Santos. Uribe considera que no debería haber ningún tipo de diálogo sino aniquilamiento total de las FARC, mientras que Santos, que fue el responsable de una ofensiva intachable contra las FARC cuando fungió como ministro de Defensa de Uribe, considera que hay espacio para el diálogo pero sin ceder terreno militar y con la condición de que las guerrillas deben entregar las armas y desmovilizarse. Después de varios intentos anteriores en diferentes presidencias, la negociación en nada parece que será fácil, aunque creo que es necesaria. Después de 50 años de regarse sangre y de que esta guerra pudiera continuar debido particularmente al apoyo que las guerrillas reciben de gobiernos vecinos y por los dineros del narcotráfico, tal vez una salida negociada y política pudiera traer algo de esperanza en camino hacia la paz. Hay varios temas que el gobierno tendrá que sortear, entre ellos, la arremetida de gran parte de la población que está polarizada sobre el tema y que se irá profundizando en las próximas semanas, acicalado por el nuevo movimiento del ex presidente Uribe. Muchos de los jefes guerrilleros que tendrían que estar desmovilizándose han sido procesados y acusados por crímenes de lesa humanidad que no son prescriptibles. Pese a que este proceso tendrá altibajos, es prudente que más allá del resultado final, un proceso de paz no debería descartarse de cuajo. Si uno mira en retrospectiva lo que el presidente Santos ha hecho desde que llegó a la Presidencia, incluido su apertura de diálogo con Hugo Chávez, tendría que pensar que esta oportunidad de paz es una buena posibilidad.

Costo hondureño

Se sabía que no sería fácil la transición, y que se irían sabiendo más detalles de las negociaciones a través de las cuales Honduras transitaría distintos caminos para insertarse de nuevo en la OEA. Lo que divulgó hoy El Nuevo Herald en Miami, sin embargo, arrancó sorpresas.http://www.elnuevoherald.com/2011/06/16/v-print/962726/lobo-pacto-con-chavez.html

Había claridad en que el camino sería difícil y que si Hugo Chávez aceptaba las condiciones de Honduras, habría impuesto otras muchas más elevadas que a la postre podrían retrotraer al país a épocas anteriores al golpe de Estado que terminó con la presidencia de Manuel Zelaya. Lo del diario miamense, que divulgó un supuesto pacto entre Lobo y Chávez para volver a fojas cero y a que se intente de nuevo una constituyente, no debería sorprender tanto. Es que – más allá de que la medida sea buena o mala – estando Chávez de por medio, todo es posible.

Y nadie podría ser tan ingenuo para pensar que la reinserción de Honduras en la comunidad internacional pudiera ser sin costo alguno, sin polarización y sin el ruido que Zelaya, con el manto de inmunidad que se le ha otorgado, está dispuesto a formar para ganar los terrenos perdidos.

Nada está resuelto. Y no parece que Honduras podrá unificarse, la injerencia de Chávez, que todo lo polariza, seguirá dividiendo al país, así como también seguirá dividiendo las aguas en el terreno internacional.

Lobo, por su mandato, es quien tiene la responsabilidad de maniobrar para que el país esté en calma. No el pacto en sí del que también participó el presidente colombiano Juan Manuel Santos, sino su forma y las concesiones ofrecidas por Lobo – de ser cierto lo revelado por El Nuevo Herald – no ayudan a la pacificación interna.  El costo puede ser muy alto.

Narcotráfico y transparencia

Al término de la conferencia “Prensa, Estado y crimen organizado” que acabamos de terminar con la SIP este viernes en México, los periodistas aprovechamos para pedirle al gobierno de México que la lucha contra el narcotráfico se debe realizar dentro de un marco de apertura y transparencia informativa, respetando la actividad periodística.
La idea de la conferencia era intercambiar experiencias entre funcionarios y periodistas colombianos con sus colegas mexicanos, entendiendo que Colombia puede aportar sus éxitos y fracasos en la lucha contra el narcotráfico y en general con el crimen organizado. Tres conferencias iluminaron el día, las del ex presidente César Gaviria, que insiste en la descriminalización de la marihuana; la del director general de la Policía colombiana, Oscar Naranjo, que remarcó la necesidad de crear cuerpo de élite para combatir el narcotráfico y la de Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP, quien dijo que la calidad es el camino para mejorar los criterios editoriales y así no caer en la propagación de la violencia o la propaganda del crimen organizado.
Si bien comentaré en post futuros el contenido de las conferencias, quiero ahora dejarles las conclusiones a las que arribamos y el reclamo que se hizo al gobierno mexicano, además de las consideraciones sobre el papel de los medios de comunicación:
+ Instar a los gobiernos para que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se realice bajo estrictas normas de transparencia y apertura informativa, permitiendo el normal desarrollo de la actividad periodística.
+ Crear conciencia en todos funcionarios de las distintas ramas del poder público sobre la necesidad de reconocer que la libertad de expresión y de prensa son garantías fundamentales de las sociedades democráticas.
+ Sensibilizar a las autoridades mexicanas para que adopten medidas de protección, seguridad y las reformas legales que blinden la cobertura periodística que han resultado eficaces en la lucha contra el crimen organizado en otros países, considerando, además, que la mejor forma de reducir los riesgos es aumentando la fortaleza de las instituciones democráticas.
+ Demandar al Estado para que fortalezca su defensa de la actividad periodística persiguiendo con todo el peso de la ley y la justicia a los agresores de periodistas, tanto materiales e intelectuales, resolviendo numerosos casos pendientes que permanecen impunes, de lo contrario, se genera más violencia.
+ Instar a las diferentes ramas del gobierno mexicano a demostrar mayor voluntad para procurar una política integral sobre federalización de crímenes contra periodistas, entre ellas logrando una efectiva reforma Constitucional específica para que la Federación pueda atraer crímenes contra periodistas y modificar la estructura de la Fiscalía Especial Contra Delitos Contra Periodistas, para que tenga la potestad real de poder absorber esos crímenes, investigándolos hasta sus últimas consecuencias.
+ Reconocer como un avance exiguo, la reciente reforma considerada al Código Penal Federal que modifica los Arts. 430 y 431 definiendo la actividad periodística y agravando las penas de 1 a 5 años, además de días multa.
+ Reflexionar sobre como los medios y organizaciones de prensa pueden trabajar en forma solidaria a fin de encontrar alternativas conjuntas para reducir los niveles de riesgo para los periodistas que cubren el crimen organizado.
+ Solicitar a las asociaciones periodísticas de México y Estados Unidos, que así como ambos gobiernos han compartido responsabilidades ante el flagelo del crimen organizado, encuentren mecanismos comunes de cooperación que permitan proteger a los periodistas y medios de comunicación a ambos lados de la frontera.
+ Incentivar en los medios de comunicación espacios que permitan la discusión franca sobre diferentes alternativas la viabilidad con las que se pretende combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, exponiendo al público a criterios diversos y plurales, haciendo efectivo el derecho a la información.
+ Instar a los periodistas y medios de comunicación a mejorar sus prácticas profesionales y criterios editoriales frente al crimen organizado para evitar la propaganda de la violencia, entendiendo a la vez que el entrenamiento permanente y la búsqueda de la calidad periodística son factor importante para reducir los riesgos en coberturas y zonas de conflicto.