Argentina narcotizada

La Iglesia y la Justicia argentinas han pedido al gobierno detener al narcotráfico antes de que el país se transforme en un narco Estado. Pero no es fácil, las drogas han calado hondo y el gobierno no sabe cómo resolver el problema.

Lo primero que debe hacer es admitirlo, analizar su gravedad y en qué etapa está, comparar lo que se hace en Colombia, Perú, México y EE.UU., y así determinar su estrategia de lucha. El narcotráfico tiene tres estadios bien demarcados. Al principio enamora y gana las simpatías de las clases populares y después de ricas y poderosas. Luego confunde y corrompe todo. Y en su tercera etapa se vuelve incontrolable, violento y sanguinario matando todo a su paso. Es el mismo proceso que tiene la droga cuando entra en el cuerpo del adicto.

Todavía hay tiempo para hacer algo dicen obispos y jueces. Pero no es sencillo. El país tiene cuatro elementos del que se nutre y aprovecha el narcotráfico: Pobreza, corrupción, debilidad institucional y una geopolítica deficiente; está pensado en y desde Buenos Aires, dejando poblaciones y fronteras a la deriva.

La cultura política argentina es proclive al clientelismo, no a crear fuentes de trabajo. Es cuando los narcos se encargan de suplir a los pobres con lo que el Estado no provee. Pablo Escobar en Colombia y el Chapo Guzmán en México regalaron estadios de fútbol, clínicas, escuelas, plazas y hasta generaron empleo, porque el narco también necesita de enfermeras, choferes, músicos, guardaespaldas y tintoreros.

También suplen sueños a los más jóvenes, que prefieren vivir poco pero bien, que mucho y mal. Así el vicio escala y el tráfico se hace consumo, y todo se confunde. Llega a las clases más altas de la mano de modelos y músicos con narcocorridos o cuartetos, corroe a la farándula, al deporte y más a la política.

El narco penetra y carcome, y es ilusorio pensar que se queda en el mundo de las drogas. Sus estratosféricas ganancias se usan para apoyar campañas políticas, como la de Rafael Correa; para crear diputados como Escobar en Colombia o patrocinarlos como en el México actual; para arrastrar bancos a lavar dinero; invertir en inmobiliarias y concesionarios; donar a escuelas e iglesias; comprar y extorsionar a jueces, policías y periodistas. El narco no deja nada al azar. Se nutre en la corrupción y dobla la apuesta.

El narcotraficante establecido penetra en las clases poderosas a base de filantropía, como en sus orígenes lo hizo con los pobres. Y si es rechazado por su evidencia de opulencias mal habidas, lo hace en forma indirecta, con sus hijos que se mezclan socialmente a través de escuelas y clubes exclusivos.

El narcotráfico y las drogas son como un cometa en cuya cola anidan otros delitos. No es casual que Argentina ya sea el país con mayor cantidad de robos en América Latina, según Naciones Unidas. Los malhechores locales se rinden a los narcos internacionales como si fueran franquicia. Así, juntos, controlan bandas dedicadas a robos, secuestros, pornografía, prostitución y asesinatos.

En el país pronto los carteles tendrán nombres, se dividirán el territorio y se matarán entre ellos. Luego matarán a quienes corrompieron. Y cuando el Estado reaccione ya sea con militares como en México, agudizarán su estela de muerte y temor. Venderán protección y generarán autocensura en la prensa. Cuando se institucionalice y haya miedo de hablar sobre él, la Argentina terminará en narco Estado. Se trata del círculo metódico del narco.

¿Se puede hacer algo? Sí. Primero, admitir que el país es de consumo no solo de tránsito, un precio que se está pagando por complicidad, al haber permitido por más de 30 años que los narcos descarguen drogas en pistas clandestinas de Santiago del Estero o Salta. Segundo, se deben buscar referencias de éxitos en la policía depurada de Colombia, las leyes más severas en Perú, la justicia implacable de EE.UU., y evitar la ingenuidad de Uruguay de pretender combatir al narcotráfico con la legalización de la marihuana.

Tercero, es prioritario atender las fronteras y poblaciones más alejadas del país. Y cuarto, lo más importante, hacer una inversión mayúscula en recursos humanos y técnicos para la justicia, ya que su debilidad y la impunidad son el suelo más fértil donde crece el narco y sus negocios conexos del crimen organizado. 

Legalizar marihuana y cuatro elementos uruguayos

El Senado de Uruguay terminó por dar pie firme a la legalización de la marihuana, convirtiéndose el Estado, a partir de ahora, en el único productor y vendedor de esa droga, al menos en los papeles.

Es el primer Estado latinoamericano en asumir el control y negocio de la marihuana, tratando de dar respuesta a experiencias fracasadas de lucha contra las drogas, ya sean estas de países consumidores o de producción y trasiego.

El sueño de este experimento uruguayo es convertirse en un referente en el mundo entero sobre cómo combatir al narcotráfico y a las drogas. Se trata de un país chico y bien estructurado ni tan centralista como otros, con poca pobreza, no tanta corrupción y con una justicia decente – incluyendo fuerzas del orden - cuatro elementos que no lo hacen atractivo al narcotráfico.

Habrá que seguir bien de cerca este experimento porque de repente arroja algunos resultados importantes para que puedan ser imitados por otros países. Sin embargo, hay dos cosas que deben tenerse en cuenta.

Primero, que no muchos países de la región poseen esos cuatro elementos uruguayos o, al menos, no tienen el equilibrio necesario entres ellos. Puede que un país no sea tan centralista y que no descuide a todos los sectores sociales o los más alejados de la ciudad capital, pero que tenga una justicia débil o una policía corrupta. Es decir, no puede haber política estatal contra el narcotráfico sino se generan fuentes de trabajo y se deja el clientelismo de lado. Si no se atienden a las poblaciones marginadas o lejanas a los centros de poder, casi siempre las capitales de los países. O si la corrupción es permitida o está institucionalizada en el país.

Segundo y más importante, combatir las drogas con la legalización de la marihuana es una fantasía si se cree que con ello se neutralizará al narcotráfico y sus negocios, los que van más allá de los estupefacientes orgánicos, elaborados o sintéticos. El narco no solo recalará con negocios más allá de la no tan ofensiva marihuana, que no tienen que ver necesariamente con las drogas sino con las ganancias que estas  generan y sus negocios conexos. Es decir, con el lavado de dinero a través de bancos fraudulentos, con el blanqueo de capitales en la construcción y las inversiones inmobiliarias, con el financiamiento de campañas electorales, con la filantropía para ayudar en causas sociales y nobles, con el tráfico de personas, con los secuestros, los robos, la pornografía y de todo ese profundo submundo del crimen organizado y las mafias.

El experimento uruguayo no debe ser tomado como referencia, como quieren hacerlo algunos políticos argentinos, hay que dejar que el tiempo permita ver sus resultados. Por ahora es un sueño deseado que puede terminar siendo una partecita de una gran pesadilla.

Armas y drogas: Responsabilidad compartida

La batalla del poeta mexicano Javier Sicilia para denunciar que EE.UU. también es responsable de las miles de víctimas que la guerra contra el narcotráfico provoca en México, es una tarea loable y apoteósica, pero difícilmente provoque el impacto buscado. Dos razones son las que alejan a Sicilia de su objetivo en la Caravana de la Paz - una marcha de nueve mil kilómetros que empezó el 12 de agosto en San Diego y terminará el mes próximo en Washington - que busca crear conciencia sobre que EE.UU. influye en la producción y tráfico de drogas, por ser el mayor consumidor de estupefacientes del mundo y por alimentar a los cárteles del narcotráfico con sus políticas laxas sobre compra-venta y exportación de armas. Primero, porque son temas tangenciales tanto en la agenda nacional como en la de los candidatos presidenciales Barack Obama y Mitt Romney, enfrascados en asuntos más urgentes: Recesión, economía y empleos. Segundo, como ya le ha pasado a Sicilia en sus dos marchas por el interior de México, su propósito de reclamar por un cambio de estrategia menos militar contra el narcotráfico se diluye cuando amplía su agenda más allá del pedido original. No solo pide que Obama restrinja el Plan Mérida por el que Felipe Calderón recibe millones para su estrategia antinarcóticos, sino que también reclama por temas sobre seguridad pública, migración y fraude electoral. No por ello puede desconocerse el valor de su lucha. Al menos invita a reflexionar a los estadounidenses que el consumo de drogas y la posesión de armas no son solo libertades individuales, sino que tienen responsabilidades para terceros, incluso fuera de sus fronteras. Más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y decenas de miles de desplazados en México, desde que Calderón asumió reducir al narcotráfico en 2006, demuestran que existe una responsabilidad compartida. La frase de Sicilia sobre que “EE.UU. nos ha creado una guerra, ahora le vamos a exigir que construya la paz”, no es una quijotada, sino sinónimo también de una disputa en el seno del Congreso. Esta semana, los legisladores republicanos pidieron a un tribunal federal que ordene al secretario de Justica, Eric Holder, desclasificar documentos oficiales sobre la operación “Rápido y Furioso”, después que se negó a informar y fuera declarado en desacato. Deslindar responsabilidades por “Rápido y Furioso” es importante, no se trata de un “ataque político” de parte de los republicanos como argumenta el presidente Obama. El gobierno debe aceptar su negligencia en su política de introducir armas de fuego de alto calibre en México con el propósito de rastrearlas, ya que miles permanecen desaparecidas y otras tantas han sido decomisadas tras allanamientos y enfrentamientos mortíferos entre autoridades y narcos. Pero ni esta discusión ni las recientes masacres con armas de fuego en un cine de Aurora, Colorado, que provocó 12 muertos y la de un templo Sij en Wisconsin con siete víctimas mortales, lograrán que haya un cambio de política anti armas en el país. Un reciente sondeo del Centro Pew, mostró que un 46% de los estadounidenses favorece el derecho a poseer armas, lo que demuestra que el principio a la defensa y seguridad personal como derecho constitucional, prevalece sobre cualquier otro que pudiera implicar conductas irresponsables en el manejo de las armas. De todos modos, lo importante de la Caravana de la Paz es que no solo le sirve a Sicilia para honrar la memoria de su hijo Juan Francisco, asesinado en marzo de 2011 por el crimen organizado, sino también para darle voz a los familiares de miles de víctimas, desaparecidos y perseguidos que por muchos años se han mantenido en silencio por temor a mayores represalias del narcotráfico y de las autoridades. A esa cultura de la denuncia ciudadana que motiva, sin quererlo, Sicilia suma otro objetivo convalidando lo que el presidente Felipe Calderón y muchos de sus colegas latinoamericanos reclaman, cuando en sus discursos acusan a a EE.UU. de no aceptar que deben compartir responsabilidades. Los líderes en Washington deben entender que la política represiva contra las drogas no debiera ser el único camino disuasivo contra el narcotráfico y que el consumo de drogas es, en definitiva, el mayor motor del problema.