Armas: Ningún derecho es absoluto

Ante el cumplimiento de la promesa de Barack Obama de tomar riendas en el tema de la violencia provocada contra las armas, después de la masacre de Newtown, grupos conservadores en el país han tomado la iniciativa de declarar el 21 de enero, día que asumirá el Presidente su segundo término, Día del Aprecio por las Armas de Fuego.

En realidad todos tienen derecho a protestar por lo que consideran sus derechos, especialmente por el de portación de armas que es explícito en la Segunda Enmienda de la Constitución, pero de nada vale el cinismo de organizar una jornada en la que los organizadores pretenden que mientras Obama está asumiendo, sus detractores, por su posición anti armas de grueso calibre, piden que se visiten armerías, campos de tiros y alzar la voz contra la intromisión del gobierno en el derecho individual.

Lo que estos grupos no tratan de entender es que no hay derechos absolutos. Es como si se dijera que en nombre de la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda se pudiera decir, opinar o defender a cualquiera persona por más que mienta o ataque intencionadamente - a sabiendas de que lo hace falsamente – la reputación de otra persona. En esos casos, la reglamentación de la Constitución a través de varias leyes, establecen límites y responsabilidades sobre la libertad de expresión.

En el caso del derecho a la portación de armas, más allá de los límites y responsabilidades que dictan que no se las puede usar para agredir sino en defensa propia, muchos han interpretado que la Constitución les da derecho a poseer todo tipo de armas, incluso de alto calibre y de guerra, las que deberían poseerse solo mediante licencias y justificaciones especiales.

El hecho de que 30 mil personas mueran por año y 100 mil queden heridas en EE.UU. a consecuencia de los portadores de armas, habla por sí solo de que existe un problema grave sobre el que se deben adoptar medidas. Según declaraciones de Joe Biden ayer, Obama podrá regular algunos mecanismos mediante decreto sin esperar una ley particular del Congreso. Habiendo sido profesor de Derecho Constitucional, seguramente será cauteloso en la protección de los derechos y podrá imponer límites de sentido común.

Armas y drogas: Responsabilidad compartida

La batalla del poeta mexicano Javier Sicilia para denunciar que EE.UU. también es responsable de las miles de víctimas que la guerra contra el narcotráfico provoca en México, es una tarea loable y apoteósica, pero difícilmente provoque el impacto buscado. Dos razones son las que alejan a Sicilia de su objetivo en la Caravana de la Paz - una marcha de nueve mil kilómetros que empezó el 12 de agosto en San Diego y terminará el mes próximo en Washington - que busca crear conciencia sobre que EE.UU. influye en la producción y tráfico de drogas, por ser el mayor consumidor de estupefacientes del mundo y por alimentar a los cárteles del narcotráfico con sus políticas laxas sobre compra-venta y exportación de armas. Primero, porque son temas tangenciales tanto en la agenda nacional como en la de los candidatos presidenciales Barack Obama y Mitt Romney, enfrascados en asuntos más urgentes: Recesión, economía y empleos. Segundo, como ya le ha pasado a Sicilia en sus dos marchas por el interior de México, su propósito de reclamar por un cambio de estrategia menos militar contra el narcotráfico se diluye cuando amplía su agenda más allá del pedido original. No solo pide que Obama restrinja el Plan Mérida por el que Felipe Calderón recibe millones para su estrategia antinarcóticos, sino que también reclama por temas sobre seguridad pública, migración y fraude electoral. No por ello puede desconocerse el valor de su lucha. Al menos invita a reflexionar a los estadounidenses que el consumo de drogas y la posesión de armas no son solo libertades individuales, sino que tienen responsabilidades para terceros, incluso fuera de sus fronteras. Más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y decenas de miles de desplazados en México, desde que Calderón asumió reducir al narcotráfico en 2006, demuestran que existe una responsabilidad compartida. La frase de Sicilia sobre que “EE.UU. nos ha creado una guerra, ahora le vamos a exigir que construya la paz”, no es una quijotada, sino sinónimo también de una disputa en el seno del Congreso. Esta semana, los legisladores republicanos pidieron a un tribunal federal que ordene al secretario de Justica, Eric Holder, desclasificar documentos oficiales sobre la operación “Rápido y Furioso”, después que se negó a informar y fuera declarado en desacato. Deslindar responsabilidades por “Rápido y Furioso” es importante, no se trata de un “ataque político” de parte de los republicanos como argumenta el presidente Obama. El gobierno debe aceptar su negligencia en su política de introducir armas de fuego de alto calibre en México con el propósito de rastrearlas, ya que miles permanecen desaparecidas y otras tantas han sido decomisadas tras allanamientos y enfrentamientos mortíferos entre autoridades y narcos. Pero ni esta discusión ni las recientes masacres con armas de fuego en un cine de Aurora, Colorado, que provocó 12 muertos y la de un templo Sij en Wisconsin con siete víctimas mortales, lograrán que haya un cambio de política anti armas en el país. Un reciente sondeo del Centro Pew, mostró que un 46% de los estadounidenses favorece el derecho a poseer armas, lo que demuestra que el principio a la defensa y seguridad personal como derecho constitucional, prevalece sobre cualquier otro que pudiera implicar conductas irresponsables en el manejo de las armas. De todos modos, lo importante de la Caravana de la Paz es que no solo le sirve a Sicilia para honrar la memoria de su hijo Juan Francisco, asesinado en marzo de 2011 por el crimen organizado, sino también para darle voz a los familiares de miles de víctimas, desaparecidos y perseguidos que por muchos años se han mantenido en silencio por temor a mayores represalias del narcotráfico y de las autoridades. A esa cultura de la denuncia ciudadana que motiva, sin quererlo, Sicilia suma otro objetivo convalidando lo que el presidente Felipe Calderón y muchos de sus colegas latinoamericanos reclaman, cuando en sus discursos acusan a a EE.UU. de no aceptar que deben compartir responsabilidades. Los líderes en Washington deben entender que la política represiva contra las drogas no debiera ser el único camino disuasivo contra el narcotráfico y que el consumo de drogas es, en definitiva, el mayor motor del problema.