Armas y drogas: Responsabilidad compartida

La batalla del poeta mexicano Javier Sicilia para denunciar que EE.UU. también es responsable de las miles de víctimas que la guerra contra el narcotráfico provoca en México, es una tarea loable y apoteósica, pero difícilmente provoque el impacto buscado. Dos razones son las que alejan a Sicilia de su objetivo en la Caravana de la Paz - una marcha de nueve mil kilómetros que empezó el 12 de agosto en San Diego y terminará el mes próximo en Washington - que busca crear conciencia sobre que EE.UU. influye en la producción y tráfico de drogas, por ser el mayor consumidor de estupefacientes del mundo y por alimentar a los cárteles del narcotráfico con sus políticas laxas sobre compra-venta y exportación de armas. Primero, porque son temas tangenciales tanto en la agenda nacional como en la de los candidatos presidenciales Barack Obama y Mitt Romney, enfrascados en asuntos más urgentes: Recesión, economía y empleos. Segundo, como ya le ha pasado a Sicilia en sus dos marchas por el interior de México, su propósito de reclamar por un cambio de estrategia menos militar contra el narcotráfico se diluye cuando amplía su agenda más allá del pedido original. No solo pide que Obama restrinja el Plan Mérida por el que Felipe Calderón recibe millones para su estrategia antinarcóticos, sino que también reclama por temas sobre seguridad pública, migración y fraude electoral. No por ello puede desconocerse el valor de su lucha. Al menos invita a reflexionar a los estadounidenses que el consumo de drogas y la posesión de armas no son solo libertades individuales, sino que tienen responsabilidades para terceros, incluso fuera de sus fronteras. Más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y decenas de miles de desplazados en México, desde que Calderón asumió reducir al narcotráfico en 2006, demuestran que existe una responsabilidad compartida. La frase de Sicilia sobre que “EE.UU. nos ha creado una guerra, ahora le vamos a exigir que construya la paz”, no es una quijotada, sino sinónimo también de una disputa en el seno del Congreso. Esta semana, los legisladores republicanos pidieron a un tribunal federal que ordene al secretario de Justica, Eric Holder, desclasificar documentos oficiales sobre la operación “Rápido y Furioso”, después que se negó a informar y fuera declarado en desacato. Deslindar responsabilidades por “Rápido y Furioso” es importante, no se trata de un “ataque político” de parte de los republicanos como argumenta el presidente Obama. El gobierno debe aceptar su negligencia en su política de introducir armas de fuego de alto calibre en México con el propósito de rastrearlas, ya que miles permanecen desaparecidas y otras tantas han sido decomisadas tras allanamientos y enfrentamientos mortíferos entre autoridades y narcos. Pero ni esta discusión ni las recientes masacres con armas de fuego en un cine de Aurora, Colorado, que provocó 12 muertos y la de un templo Sij en Wisconsin con siete víctimas mortales, lograrán que haya un cambio de política anti armas en el país. Un reciente sondeo del Centro Pew, mostró que un 46% de los estadounidenses favorece el derecho a poseer armas, lo que demuestra que el principio a la defensa y seguridad personal como derecho constitucional, prevalece sobre cualquier otro que pudiera implicar conductas irresponsables en el manejo de las armas. De todos modos, lo importante de la Caravana de la Paz es que no solo le sirve a Sicilia para honrar la memoria de su hijo Juan Francisco, asesinado en marzo de 2011 por el crimen organizado, sino también para darle voz a los familiares de miles de víctimas, desaparecidos y perseguidos que por muchos años se han mantenido en silencio por temor a mayores represalias del narcotráfico y de las autoridades. A esa cultura de la denuncia ciudadana que motiva, sin quererlo, Sicilia suma otro objetivo convalidando lo que el presidente Felipe Calderón y muchos de sus colegas latinoamericanos reclaman, cuando en sus discursos acusan a a EE.UU. de no aceptar que deben compartir responsabilidades. Los líderes en Washington deben entender que la política represiva contra las drogas no debiera ser el único camino disuasivo contra el narcotráfico y que el consumo de drogas es, en definitiva, el mayor motor del problema.