Venezuela: Diplomacia injusta y oportunista

La diplomacia suele ser injusta; aún más en el caso de Venezuela. Después de muchos años en que los gobiernos ignoraron los atropellos de Nicolás Maduro, y justo en el momento que asomaba una posible sanción contra su autoritarismo, Argentina propuso una moción de diálogo que salvó del nocaut al régimen venezolano.

Nadie imaginó que fuera el gobierno de Mauricio Macri el que le daría un respiro a Maduro. Menos aún, cuando por primera vez en la historia de la OEA, un secretario general, en este caso Luis Almagro, había tomado la iniciativa de convocar una reunión de Consejo Permanente para que se analice la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, pudiendo derivar en la suspensión y sanciones considerables contra el país.

La Carta podría haberse activado muchas veces contra Venezuela, algo que Almagro fundamentó bien en su informe de 132 páginas. Argumentó el carácter autoritario y antidemocrático de un régimen que desconoce al Congreso, avasalla a la Justicia y desobedece el legítimo mandato popular a convocar un referendo revocatorio.

Ante semejantes argumentos era previsible la reacción grosera de Maduro, quien invitó a Almagro a perderse la Carta por donde le cupiera. Los insultos forman parte de la diplomacia descalificadora del régimen que meses antes, sin argumentos políticos, había llamado “racista, basura corrupta y colonialista” al presidente español Mariano Rajoy cuando pidió por la liberación de los presos políticos. Maduro es fiel seguidor de la escuela de su mentor, Hugo Chávez, que igual llamaba “pendejo” al anterior secretario general de la OEA, que insultaba a cualquiera.

Más allá de la cortina de humo que generó con sus insultos (y de la diplomacia oportunista de Macri para que Venezuela, a cambio, apoye la candidatura de la canciller Susana Malcorra a la secretaría general de Naciones Unidas) Maduro supo aprovechar la injusta diplomacia. Ni lerdo ni perezoso, el mismo día en que el Consejo Permanente prefirió el diálogo (eso sí, en forma unánime) que activar la Carta, Maduro se disfrazó de modesto demócrata disponiéndose a negociar con la oposición.

Una aproximación que varias veces usó para ganar tiempo ante crisis económicas y sociales profundas como en la que está enfrascado el país ahora, tras haberse convertido en el que más recursos humanos y económicos expulsa en el continente. La mesa de diálogo del fin de semana pasado en Santo Domingo, a instancias de la Unasur y de los ex presidentes Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de Rep. Dominicana y José Luis Zapatero de España, terminó en abrupto fracaso, cuando su gobierno desestimó todos los reclamos de la oposición.

Además de la oposición, los que han quedado sin palabras con el nuevo criterio dialogante de los gobiernos, ha sido una veintena de ex presidentes, nucleados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que después de haber pedido por años y sin éxito la aplicación de la Carta, salieron de inmediato a respaldar a Almagro y a pedir que se respete el mandato de referendo revocatorio firmado por más de un millón de venezolanos.

Oscar Arias, José María Aznar, Felipe Calderón y Alejandro Toledo, entre los ex presidentes más reconocidos, explicaron que “no puede haber diálogo sin el previo rescate de los mínimos democráticos, como la libertad de los presos políticos y el respecto a la manifestación de la soberanía popular”, en referencia al revocatorio.

Sería oportuno que esta nueva estrategia diplomática derive en la creación de un gobierno de transición democrática en reemplazo del “dictadorzuelo” Maduro, como lo llamó Almagro. Pero sería muy ingenuo pensar de esa forma. El chavismo siempre ha utilizado el engaño y a la propaganda como armas preferidas para sustentar su poder autoritario.

Por ahora, el llamado al diálogo, la campanita que lo salvó del nocaut, le permitirá a Maduro tomar aire y ganar tiempo. Se surtirá de otras estrategias para aferrarse al poder y así comprará más impunidad e inmunidad.

Es una lástima que la diplomacia llegara a destiempo esta vez. Es que la mesa estaba servida para que el diálogo y la transición sucedieran de verdad, pero después de la presión que hubiese ejercido la aplicación de la Carta Democrática. trottiart@gmail.com

Armas y drogas: Responsabilidad compartida

La batalla del poeta mexicano Javier Sicilia para denunciar que EE.UU. también es responsable de las miles de víctimas que la guerra contra el narcotráfico provoca en México, es una tarea loable y apoteósica, pero difícilmente provoque el impacto buscado. Dos razones son las que alejan a Sicilia de su objetivo en la Caravana de la Paz - una marcha de nueve mil kilómetros que empezó el 12 de agosto en San Diego y terminará el mes próximo en Washington - que busca crear conciencia sobre que EE.UU. influye en la producción y tráfico de drogas, por ser el mayor consumidor de estupefacientes del mundo y por alimentar a los cárteles del narcotráfico con sus políticas laxas sobre compra-venta y exportación de armas. Primero, porque son temas tangenciales tanto en la agenda nacional como en la de los candidatos presidenciales Barack Obama y Mitt Romney, enfrascados en asuntos más urgentes: Recesión, economía y empleos. Segundo, como ya le ha pasado a Sicilia en sus dos marchas por el interior de México, su propósito de reclamar por un cambio de estrategia menos militar contra el narcotráfico se diluye cuando amplía su agenda más allá del pedido original. No solo pide que Obama restrinja el Plan Mérida por el que Felipe Calderón recibe millones para su estrategia antinarcóticos, sino que también reclama por temas sobre seguridad pública, migración y fraude electoral. No por ello puede desconocerse el valor de su lucha. Al menos invita a reflexionar a los estadounidenses que el consumo de drogas y la posesión de armas no son solo libertades individuales, sino que tienen responsabilidades para terceros, incluso fuera de sus fronteras. Más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y decenas de miles de desplazados en México, desde que Calderón asumió reducir al narcotráfico en 2006, demuestran que existe una responsabilidad compartida. La frase de Sicilia sobre que “EE.UU. nos ha creado una guerra, ahora le vamos a exigir que construya la paz”, no es una quijotada, sino sinónimo también de una disputa en el seno del Congreso. Esta semana, los legisladores republicanos pidieron a un tribunal federal que ordene al secretario de Justica, Eric Holder, desclasificar documentos oficiales sobre la operación “Rápido y Furioso”, después que se negó a informar y fuera declarado en desacato. Deslindar responsabilidades por “Rápido y Furioso” es importante, no se trata de un “ataque político” de parte de los republicanos como argumenta el presidente Obama. El gobierno debe aceptar su negligencia en su política de introducir armas de fuego de alto calibre en México con el propósito de rastrearlas, ya que miles permanecen desaparecidas y otras tantas han sido decomisadas tras allanamientos y enfrentamientos mortíferos entre autoridades y narcos. Pero ni esta discusión ni las recientes masacres con armas de fuego en un cine de Aurora, Colorado, que provocó 12 muertos y la de un templo Sij en Wisconsin con siete víctimas mortales, lograrán que haya un cambio de política anti armas en el país. Un reciente sondeo del Centro Pew, mostró que un 46% de los estadounidenses favorece el derecho a poseer armas, lo que demuestra que el principio a la defensa y seguridad personal como derecho constitucional, prevalece sobre cualquier otro que pudiera implicar conductas irresponsables en el manejo de las armas. De todos modos, lo importante de la Caravana de la Paz es que no solo le sirve a Sicilia para honrar la memoria de su hijo Juan Francisco, asesinado en marzo de 2011 por el crimen organizado, sino también para darle voz a los familiares de miles de víctimas, desaparecidos y perseguidos que por muchos años se han mantenido en silencio por temor a mayores represalias del narcotráfico y de las autoridades. A esa cultura de la denuncia ciudadana que motiva, sin quererlo, Sicilia suma otro objetivo convalidando lo que el presidente Felipe Calderón y muchos de sus colegas latinoamericanos reclaman, cuando en sus discursos acusan a a EE.UU. de no aceptar que deben compartir responsabilidades. Los líderes en Washington deben entender que la política represiva contra las drogas no debiera ser el único camino disuasivo contra el narcotráfico y que el consumo de drogas es, en definitiva, el mayor motor del problema.

Revuelto a la mexicana

La campaña presidencial mexicana viene de sorpresa en sorpresa y todo parece un sancocho de huevos revueltos. Si algo faltaba, es que el ex presidente Vicente Fox pidiera a sus correligionarios del PAN que no voten por la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, sino por el máximo contendor, Enrique Peña Nieto, del opositor PRI, quien a horas de concluir la campaña, aventaja a todos sus adversarios en las encuestas.

La sorpresa fue mayúscula y seguramente Fox será expulsado del PAN por su falta de lealtad y además será resistido por el movimiento estudiantil YoSoy132, que viene denunciando y protestando fuertemente contra los medios de comunicación por el posicionamiento privilegiado que Peña Nieto se ha ganado sobre la base de pagos y contratos que hasta fueron denunciados por The Guardian inglés.

Manuel López Obrador (24%) ya está bien consolidado, como en la elección anterior, en el segundo puesto de la preferencia detrás de Peña Nieto (41%) y por delante de Vázquez Mota (22%) – según una última encuesta entre los diarios El Universal y The Dallas Morining News - y ojalá que por la salud de la democracia mexicana, este año no se llegue a los extremos en que la izquierda recorrió las calles del país en reclamo por una elección que creyó y consideró ganada, y robada por el PAN.

Más allá de los resultados del 1 de julio, los observadores foráneos, activistas de los derechos humanos y gobiernos del área, no están solo concentrados en temas internos que hacen a la vida cotidiana de los mexicanos, como la violencia pública, el crecimiento del empleo, la corrupción y la pobreza, sino también, si el nuevo gobierno seguirá o no la misma política de Felipe Calderón en contra del narcotráfico y si un regreso del PRI a la Presidencia, no significaría un regreso al pasado.

Lobo debe imitar a Calderón

Por muchos años el presidente Felipe Calderón tuvo oportunidades para luchar a favor de la protección de la libertad de prensa y dejó pasar esas oportunidades. Ahora, tal vez gracias al período electoral y las urgencias por cumplir compromisos y realizar obras a tiempo, el presidente mexicano tomó el toro por las astas.

En menos de un par de meses resolvió dos cosas importantes que desde la SIP veníamos solicitando a diferentes gobiernos mexicanos desde hace más de una década, que los crímenes contra periodistas sean de jurisdicción federal, lo que daría más chances para que haya mayor transparencia, capacidad de administrar justicia que los estados no pueden resolver debido a la infiltración del crimen organizado, y que haya un sistema de protección, al estilo del colombiano, que permita al Estado garantizar lo que establece su Constitución.

La reforma constitucional sobre federalización ya fue aprobada por la mayoría de los estados mexicanos lo que le da fuerza de ley y solo ahora faltan las leyes secundarias para su reglamentación. Y ayer, en un giro trascendente para la prensa mexicana, el presidente Calderón firmó la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, que consta de 67 artículos. Establece, entre otras medidas de protección, la evacuación, reubicación temporal, asignación de escoltas y autos blindados para las víctimas de violencia; así como la entrega de equipo tecnológico y chalecos antibalas. También permite la aplicación de sanciones contra funcionarios públicos que de forma deliberada pongan en riesgo o causen daño a activistas de los derechos humanos y periodistas.

Lo más importante de estas dos medidas, que obviamente nadie considera que serán los instrumentos automáticos por los que se disuadirá a los violentos, es que demuestran que en materia de la protección de los derechos humanos y de la libertad de expresión, se necesita voluntad política férrea.

Esta es la condición que todavía le falta al presidente hondureño, Porfirio Lobo, a quien le venimos pidiendo diferentes medidas para acabar con la impunidad que envuelve a más de una docena de casos de asesinatos de periodistas en el país, y para detener la violencia en contra de la prensa en general y el derecho del público a la información.

Con la SIP estamos organizando una conferencia en este sentido para el 9 y 10 de agosto próximo, involucrando a todos los sectores, incluido el gobierno, para buscar una solución e incentivar la necesaria voluntad política para que la ciudadanía sepa que sin una prensa libre y saludable, no se puede construir verdadera democracia.

Honduras y México: ahora la ONU

La preocupación por los crímenes contra periodistas en Honduras y México fueron parte del discurso que ayer pronunció la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, debido al incremento de la violencia en estos dos países, sin embargo se olvidó de hablar de Brasil donde en 2012 ya fueron asesinados cuatro comunicadores.

Es bueno que la ONU salte ahora con mayor preocupación a lo que ya es una constante entre las organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, el problema es que más allá de los discursos no existe una metodología de presión para que los gobiernos hagan algo para paliar esta crisis de la violencia y la impunidad que rodea a los asesinatos contra periodistas.

Muchos temen en Honduras que la suerte del caso Villatoro o de Sá en Brasil, medianamente esclarecidos, debido a la presión internacional y a las marchas que en ambos países hicieron en protesta por la falta de garantías gubernamentales, no sea la misma que acompañe a otra decena de casos de periodistas asesinados en el interior de los países, donde la prensa es más vulnerable y está más a merced del crimen organizado y de su confabulación con criminales de poca monta, pandilleros y funcionarios corruptos.

En Veracruz, en México, unos 20 periodistas han abandonado la profesión y emigrado a otros estados debido a la decena de periodistas asesinados en ese lugar. De los seis crímenes de este 2012, cinco se han producido en ese estado.

Los gobiernos necesitan reaccionar de inmediato y establecer mecanismos eficientes de protección. Todavía Porfirio Lobo y Dilma Rousseff no parecen tener la suficiente voluntad política para atacar este tema, algo que en México, aunque todavía en forma parcial, sí lo está haciendo la administración de Felipe Calderón con varias iniciativas legales y administrativas.

En Honduras, medios y periodistas necesitan continuar fortaleciendo la solidaridad y unidad que demostraron en las protestas por el caso Villatoro. Es la única forma que el gobierno puede escuchar y, por ende, reaccionar.

Mucha violencia, poca voluntad

Hoy, un bombazo en Bogotá que mató a cinco personas e hirió a 25 estaba dirigido el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, ex ministro, y actual director del programa radial La Hora de la Verdad por la cadena nacional Súper, además de columnista de El Tiempo de Bogotá, La Opinión de Cúcuta y La Patria de Manizales.

El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.

Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.

Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.

El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.

Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.

Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.

México y Ecuador: dos visiones distintas

La Dos medidas recientes adoptadas por el gobierno de México permiten que los periodistas puedan hacer críticas mordaces contra figuras públicas sin temor a represalias e impiden que sean encarcelados por causa de sus opiniones. Este panorama alentador contrasta con lo que sucede en Ecuador, donde los periodistas y columnistas son perseguidos, y hasta el presidente Rafael Correa pide que se les condene y encarcele.
 

Es verdad que la prensa mexicana experimenta una etapa muy difícil debido a la violencia generada por el narcotráfico y a la dificultad de sus autoridades para neutralizarla. Pero también es cierto, que las nuevas reformas legales y la jurisprudencia adoptada en estos días, garantizan a la prensa poder trabajar en un clima de mayor tolerancia y, al público, su derecho a recibir información plural y diversa.

El Senado federal mexicano acaba de despenalizar los delitos de difamación, argumentando que el camino de la demanda civil y la reparación económica son suficientes para castigar a quienes se excedan en el ejercicio de la libertad de expresión. Se dedujo que las penas de cárcel contra periodistas, medios y ciudadanos en general, fomentan censura, autocensura e inhiben la fiscalización que desde la sociedad se debe ejercer contra las autoridades a las que se les ha delegado transitoriamente el poder.

Así concebida, la despenalización de la difamación es tan positiva como la eliminación del desacato, ese privilegio de origen monárquico que persiste en muchas legislaciones, como la de Ecuador, que le permite al Presidente castigar con cárcel a quienes considere que le deshonran.

Sin embargo, la decisión más importante sobre dos derechos en eterna disputa, la libertad de expresión y el derecho al honor, la tomó el 23 de noviembre la Corte Suprema de Justicia mexicana. En un fallo magistral, la Corte dirimió un conflicto que se originó hace siete años entre el diario La Jornada y la revista Letras Libres. Directivos del diario habían demandado a la revista por una columna de opinión, titulada “Cómplices del Terror”, en la que argumentaban que esa “complicidad” les incriminaba con el delito de terrorismo. El columnista de Letras Libres, por su parte, demostraba que La Jornada estaba, editorialmente, muy cercano al grupo terrorista español ETA.

La Corte hizo dos distinciones importantes. Estableció que la libertad de expresión goza de “una posición preferencial frente al derecho al honor” y que La Jornada, así como increpa a las figuras públicas, debe también, como tal, tolerar un amplio escrutinio respecto de su propia conducta.

Un ministro de la Corte observó que una verdadera democracia, tolerante, abierta y plural, requiere que “el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y mordaces sobre personajes públicos”.

El contraste de estos argumentos es abismal con los que adopta el poder político y judicial en Ecuador. En ese sentido, habrá que ver la posición que adoptará el Superior Tribunal de Justicia ecuatoriano cuando tenga que dirimir el conflicto entre el presidente Correa y tres directivos del diario El Universo y su columnista Emilio Palacio. Los cuatro fueron condenados a tres años de cárcel y a indemnizar a Correa con 40 millones de dólares por la publicación de la columna “No a las mentiras”, en la que se criticaba su liderazgo durante la asonada policial de 2010.

Correa - que también enjuició a otros periodistas y escritores que denunciaron corrupción en su gobierno - insiste que su demanda contra El Universo la hizo a título personal por sentirse afectado en su honra; aunque no se entiende como puede desvincularse de su condición de Presidente, cuando fue criticado por sus acciones oficiales.

La situación no es fácil para los periodistas ecuatorianos. Las leyes de difamación y desacato vigentes permiten que sean condenados a prisión; el honor de las  autoridades prevalece sobre la libertad de expresión; la justicia otorga millonarias indemnizaciones que no son razonables ni proporcionales al supuesto daño que se comete; y Correa ya dio señales de que el Estado no reconocerá decisiones de la Comisión y Corte de Interamericana de Derechos Humanos, cuando los periodistas busquen a nivel internacional la justicia y garantías que se les niega en su país.

Semana a la mexicana

De paso por México la semana pasada, experimenté una de esas semanas terroríficas que viven los mexicanos desde hace años, en la que la violencia y el clima de inseguridad dominan su existencia y la agenda pública.

Aquella semana arrancó violenta, con una balacera cercana a un concurrido estadio de fútbol en Torreón, Cohauila, que mostró a los jugadores del Santos y el Morelia huyendo agazapados hacia los vestuarios y a los aficionados parapetándose entre las gradas. Y terminó trágica, con un atentando incendiario contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que perecieron más de 53 inocentes, la mayoría mujeres, asfixiados y atrapados, después que un grupo armado roció las mesas de juego con gasolina.

Y en el medio de la semana, los gobiernos locales y el federal continuaron su pantomima de acusarse por la ineficacia para combatir al narcotráfico, desoyendo a las organizaciones que reclaman cansadas por tantas masacres, secuestros, robos, extorsiones y homicidios que rara vez se resuelven. Es que los mexicanos ya están hastiados de ser víctimas de la violencia, como para también serlo de la impunidad.

Las imágenes dantescas del estadio y el casino arrancaron de la memoria colectiva las escenas recientes de Noruega y las de aquellas masacres en fiestas de quinceañeros en Ciudad Juárez. Demostraron que el ciudadano común es vulnerable y que el terror no solo se sufre en los tugurios y callejones a medianoche, sino en espacios públicos y de esparcimiento a plena luz del día.

El crimen organizado sigue conquistando territorios y sorprendiendo a su antojo, aumentando la sensación de inseguridad y desprotección. Y ante un gobierno que no resuelve ni administra justicia, muchos vuelcan su frustración e impotencia renovando su devoción por santos como San Benito Abad y el Santo Niño Cautivo, a quienes acuden implorando por más protección y menos impunidad.

Una encuesta reciente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mostró que un 45% de mexicanos cree que la inseguridad ha empeorado con respeto al año anterior y un 53% opina que se agravará en el próximo. Y lo peor, un 80% se siente impotente frente al abuso de autoridad, la corrupción y la impunidad.

El gobierno militarizado de Felipe Calderón da todas las semanas duros golpes a los carteles. Pero sus anuncios en los que muestra frente a cámaras a sicarios y maleantes, son rápidamente neutralizados por nuevas masacres, por el descubrimiento de fosas comunes como las de Tamaulipas y Durango o por la revelación de cifras escalofriantes, como la de 45 taxistas ejecutados en la turística Acapulco.

Por más campañas y propaganda para cambiar la percepción de inseguridad, la realidad es inobjetable. La dicotomía se comprobó esta semana con la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Mientras alababa a su colega mexicano por su “lucha heroica” contra el crimen organizado, la ong México Evalúa, revelaba cifras alarmantes en 27 de los 31 estados del país: Durante el sexenio de Calderón, los asesinatos a nivel nacional se incrementaron en un 96% y los secuestros en un 188%.

En lo que sí tiene razón Calderón, es que todos, municipios y estados incluidos, deben sentirse responsables para combatir al crimen organizado, imponiendo leyes severas contra del lavado de dinero, así como depurando a las policías, antros de corrupción.

En ese contexto, nació la propuesta de seguridad nacional de la UNAM, que su rector, José Narro Robles, está “vendiendo” a políticos de todos los rangos y sectores. Sus alcances los explicó ante la Conferencia Hemisférica Universitaria contra la impunidad de la SIP que acabamos de celebrar en Puebla, destacando reformas de políticas públicas, la creación de un registro nacional de víctimas, el combate a la impunidad y la prioridad de la prevención.

Lo interesante de la propuesta y del reclamo de Calderón, es que ya hay conciencia de que a México lo tienen que rescatar entre todos, unidos, y con urgencia. El país ya no es el de antes, y aunque preserva su hospitalidad y belleza, los mariachis tocan de reojo y los conserjes no aconsejan salir después de las 8.

Carmen Aristegui, despido y rumor

La periodista mexicana Carmen Aristegui despierta cierta polarización en México y todo lo que ella hace y dice despierta polémicas o al menos reacciones. Es tan querida como criticada en los círculos periodísticos, intelectuales y políticos, pero más allá de eso se trata de una periodista cabal, preparada y con mucho respeto por la profesión a la que honra como buen profesional. Independiente, incisiva, rigurosa, balanceada y justa son algunos de los valores que de ella rescato, viéndola en su programa de actualidad y entrevistas que trasmite CNN en español.

Este 6 de febrero la opinión pública mexicana se sacudió cuando la cadena de radio en la que trabajaba, MVS, anunció que la despedía por transgredir el código de ética de la empresa por dar rumores como si fueran noticias ya que tiene prohibido la “presentación y difusión de rumores”.

Lo raro de todo esto es que un código de ética por lo general no es de aplicación obligatoria ni inmediata como sucedió con Aristegui, además que da la apariencia - de la forma que lo han interpretado los jefes de la periodista – que no tienen una buena definición sobre el rumor.

Aristegui lo que hizo fue dar una información y hacer una interpretación, ni siquiera dio su opinión. Simplemente, el 4 de febrero, reprodujo una protesta de legisladores del Partido del Trabajo, quienes en una manta o cartel público – en una tribuna de la Cámara de Diputados donde trabajan – expresaban: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y porque lo dejas conducir el país?” infiriendo los rumores sobre los problemas de alcoholismo que arrastraría el presidente Felipe Calderón.

Aristegui sin opinar, ni condenar la supuesta información o la supuesta enfermedad del Presidente, propuso que la Presidencia debía dar una respuesta para aclarar este asunto que no es la primera vez que sale a la luz y que en algunos círculos es un tema recurrente y que deviene en chistes y bromas.

Si bien el rumor puede ser considerado una noticia sin confirmar, algo de lo que habla la gente, Aristegui dio una noticia y la interpretó, no dio un rumor. Sería un rumor si ella hubiera dicho que el Presidente es alcohólico, pero ella lo que dio fue una noticia referida a la pancarta de los legisladores e interpretó que debería la Presidencia dar una explicación de algo que se hizo público, por quienes se supone asumen su responsabilidad como hacedores de opinión pública, es decir los legisladores.

Puede dudarse de que la intención de Aristegui haya sido la de calificar al Presidente de borracho y se aprovechara de los legisladores; pero ello sería medir la intención de la periodista y no su acción, lo que no debería medirse con la misma vara y por cierto por un código de ética.

En todo caso, debería ser la Cámara de Diputados la que debería aplicar su código de conducta interna para delimitar lo que los diputados pueden expresar contra la máxima autoridad o las responsabilidades éticas que tienen a pesar de su inmunidad legislativa.

Lo de Aristegui pareciera que va por otro terreno más allá de la ética. La emisora parece que combate los rumores, pero si no explica pronto su decisión abrupta, sus verdaderas razones serán presa de los rumores.