Los periodistas en América Latina estamos perdiendo la batalla en materia de seguridad y protección. Los asesinatos se multiplican y la impunidad se profundiza. Esta semana fueron acribillados otros dos periodistas, uno en Perú y otro en Brasil, mientras en Colombia otro caso de asesinato de periodista asesinado hace 20 años prescribió y ocho más están por correr la misma suerte antes de que termine el 2011.
Los organismos intergubernamentales como la ONU, la UNESCO y la OEA, así como los gobiernos declaman mucho pero hacen poco. Saben del problema, lo diagnostican, proyectan soluciones, pero no tienen la determinación ni la voluntad política para hacer reformas de políticas públicas, administrar justicia o crear programas de protección.
En la última década 177 periodistas han sido víctimas en las Américas debido a su trabajo. En estos días ocurrieron dos nuevos casos, el de Pedro Flores Silva, en Perú y el de Medardo Flores en Honduras, el segundo y quinto periodistas asesinados en cada país este año, con una escalofriante estadística de 25 caídos en toda Latinoamérica.
En un foro celebrado esta semana en la sede de la UNESCO en París, la Sociedad Interamericana de Prensa despotricó contra los sistemas gubernamentales, Estableció que el clima de desprotección generalizada en muchos de nuestros países - demostrado por los índices elevados de inseguridad ciudadana, la inestabilidad política que ha creado situaciones de polarización y el discurso político anti prensa - es caldo de cultivo para la violencia contra los periodistas.
En muchos casos, los periodistas son rechazados o se les niega información; son agredidos por las turbas o por otros periodistas al servicio de medios gubernamentales; perseguidos o detenidos por lo que dicen u opinan; sus equipos de trabajo son decomisados; enjuiciados torpemente como en el caso de Ecuador por un Presidente que exige hasta 80 millones de dólares en indemnización; callados a través de jueces obedientes al poder político de turno o los medios son cerrados, como sucede en Venezuela, con casos por todos conocidos. Y la lista podría ser mayor si no habláramos solo de periodistas y sí del público en general que busca expresarse sin censura a través del internet y las redes sociales.
Para las organizaciones intergubernamentales el desafío es grande y deben hacer algo en forma urgente. Deben lograr que cada gobierno se responsabilice y que haga las reformas de políticas públicas necesarias, ya sea mediante reformas a la Constitución, al Código Penal o cree nuevas leyes que sirvan para crear programas de seguridad, de protección de testigos, de creación de fiscalías y de jurisdicciones especiales para atender casos de violencia contra la prensa y la libertad de expresión en general.
En México, justamente ayer, un grupo de diputados federales renovó sus intenciones para que los crímenes contra periodistas se federalicen, promesas que el propio presidente felipe Calderón y sus antecesores, Vicente Fox y Ernesto Zedillo, prometieron, aunque infructuosamente, a la SIP.
En las Américas, el contrasentido es que las únicas leyes que están apareciendo rápidamente y con fuerza, son las que regulan a la prensa, las que en muchos casos tienen la intención de controlar a los medios y coartar su capacidad de fiscalización.
A esta iniciativa, la SIP viene sumando otras que forman parte de una larga que se estableció hace casi dos décadas y que contempla lo siguiente: Que los delitos cometidos contra periodistas, en especial los asesinatos, no prescriban; que tengan agravantes; que haya jurisdicciones especiales para su procesamiento; que los organismos multilaterales de ayuda, condicionen el apoyo económico y financiero a aquellos países donde no se respete la vida de los periodistas u otras manifestaciones graves de ataques a medios y periodistas; y que se reformen y adecúen los planes de estudio universitarios para capacitar a los futuros comunicadores en temas de protección, seguridad y responsabilidades.
Lamentablemente, hubo pocos avances en todos estos temas. Y la SIP volvió a recordarlos en su Declaración de Puebla, redactada y firmada por 22 universidades de 13 países a los que se convocó a la “ciudad de la cultura” y ahora en la UNESCO, indicando que ya es hora de que los gobiernos dejen de lado los diagnósticos y pasen a los hechos.
Ahora se necesitan los instrumentos adecuados para que cada gobierno se comprometa y responsabilice; y que se empiece con cambios específicos, ya que cuando se prometen reformas generales, terminan por diluirse.
