Estamos perdiendo la batalla

Los periodistas en América Latina estamos perdiendo la batalla en materia de seguridad y protección. Los asesinatos se multiplican y la impunidad se profundiza. Esta semana fueron acribillados otros dos periodistas, uno en Perú y otro en Brasil, mientras en Colombia otro caso de asesinato de periodista asesinado hace 20 años prescribió y ocho más están por correr la misma suerte antes de que termine el 2011.

Los organismos intergubernamentales como la ONU, la UNESCO y la OEA, así como los gobiernos declaman mucho pero hacen poco. Saben del problema, lo diagnostican, proyectan soluciones, pero no tienen la determinación ni la voluntad política para hacer reformas de políticas públicas, administrar justicia o crear programas de protección.

En la última década 177 periodistas han sido víctimas en las Américas debido a su trabajo. En estos días ocurrieron dos nuevos casos, el de Pedro Flores Silva, en Perú y el de Medardo Flores en Honduras, el segundo y quinto periodistas asesinados en cada país este año, con una escalofriante estadística de 25 caídos en toda Latinoamérica.

En un foro celebrado esta semana en la sede de la UNESCO en París, la Sociedad Interamericana de Prensa despotricó contra los sistemas gubernamentales, Estableció que el clima de desprotección generalizada en muchos de nuestros países - demostrado por los índices elevados de inseguridad ciudadana, la inestabilidad política que ha creado situaciones de polarización y el discurso político anti prensa - es caldo de cultivo para la violencia contra los periodistas.

En muchos casos, los periodistas son rechazados o se les niega información; son agredidos por las turbas o por otros periodistas al servicio de medios gubernamentales; perseguidos o detenidos por lo que dicen u opinan; sus equipos de trabajo son decomisados; enjuiciados torpemente como en el caso de Ecuador por un Presidente que exige hasta 80 millones de dólares en indemnización; callados a través de jueces obedientes al poder político de turno o los medios son cerrados, como sucede en Venezuela, con casos por todos conocidos. Y la lista podría ser mayor si no habláramos solo de periodistas y sí del público en general que busca expresarse sin censura a través del internet y las redes sociales.

Para las organizaciones intergubernamentales el desafío es grande y deben hacer algo en forma urgente. Deben lograr que cada gobierno se responsabilice y que haga las reformas de políticas públicas necesarias, ya sea mediante reformas a la Constitución, al Código Penal o cree nuevas leyes que sirvan para crear programas de seguridad, de protección de testigos, de creación de fiscalías y de jurisdicciones especiales para atender casos de violencia contra la prensa y la libertad de expresión en general.

En México, justamente ayer, un grupo de diputados federales renovó sus intenciones para que los crímenes contra periodistas se federalicen, promesas que el propio presidente felipe Calderón y sus antecesores, Vicente Fox y Ernesto Zedillo, prometieron, aunque infructuosamente, a la SIP.

En las Américas, el contrasentido es que las únicas leyes que están apareciendo rápidamente y con fuerza, son las que regulan a la prensa, las que en muchos casos tienen la intención de controlar a los medios y coartar su capacidad de fiscalización.

A esta iniciativa, la SIP viene sumando otras que forman parte de una larga que se estableció hace casi dos décadas y que contempla lo siguiente: Que los delitos cometidos contra periodistas, en especial los asesinatos, no prescriban; que tengan agravantes; que haya jurisdicciones especiales para su procesamiento; que los organismos multilaterales de ayuda, condicionen el apoyo económico y financiero a aquellos países donde no se respete la vida de los periodistas u otras manifestaciones graves de ataques a medios y periodistas; y que se reformen y adecúen los planes de estudio universitarios para capacitar a los futuros comunicadores en temas de protección, seguridad y responsabilidades.

Lamentablemente, hubo pocos avances en todos estos temas. Y la SIP volvió a recordarlos en su Declaración de Puebla, redactada y firmada por 22 universidades de 13 países a los que se convocó a la “ciudad de la cultura” y ahora en la UNESCO, indicando que ya es hora de que los gobiernos dejen de lado los diagnósticos y pasen a los hechos.

Ahora se necesitan los instrumentos adecuados para que cada gobierno se comprometa y responsabilice; y que se empiece con cambios específicos, ya que cuando se prometen reformas generales, terminan por diluirse.

Cuba y los periodistas extranjeros

La larga lista de corresponsales extranjeros expulsados o sin que se les renueve la visa para trabajar en el régimen de Cuba sigue creciendo.

Bajo la ley que regula el ejercicio de la prensa extranjera, el gobierno tomó la decisión de no renovarle el permiso de trabajo a Mauricio Vicent, corresponsal de los medios españoles, el diario El País y la Cadena Ser, después de 20 años de trabajar en esa calidad.

El gobierno de los hermanos Castro justificó la acción a través del Centro Internacional de Prensa porque Vicent vendría ejerciendo en los últimos tiempos “una imagen parcial y negativa” de la actualidad en la isla.

Sin dudas una excelente forma de justificar legalmente la censura. Esto demuestra que el periodismo extranjero desde la isla siempre está sometido a los designios del poder y es evidencia de que quienes lo ejercen, deben hacerlo con un gran sentido de la autocensura para poder seguir trabajando.

El enemigo común

Sería muy simple culpar al crimen organizado de ser el “enemigo común” y el responsable de todos los males en contra de la libertad de prensa, según las opiniones coincidentes de los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, durante la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida.
La afirmación es verdadera, pero parcializada. El crimen organizado y, en particular el narcotráfico, es responsable de decenas de asesinatos de periodistas y atentados en contra de medios. Pero también es cierto que mucha de esa violencia proviene de funcionarios inescrupulosos o por la falta de voluntad política para perseguir a los asesinos, hacer reformas legales o limpiar poderes judiciales y policías corruptas.
Calderón prometió que los crímenes contra periodistas se federalizarán y sistemas estatales de protección. Pero es tal la desconfianza, que hasta el diputado federal de su propio partido, Manuel Clouthier, descree las promesas. “No hay ambiente ni suficiente presión para reformar nada”, sentenció; quizás, recordando que ninguno de los 106 asesinatos de reporteros mexicanos en los últimos 20 años, fue totalmente resuelto.
Al crimen organizado se le puede achacar la violencia en contra de la prensa, pero es un efecto combatible. Sin embargo, el problema es cuando las agresiones provienen del propio Estado, cuando el gobierno construye un andamiaje legal que le permite transformar sus ataques en actos lícitos y aceptables. Después de todo, lo único que hace es aplicar y hacer cumplir la ley.
En la reunión de la SIP se desenmascararon estas arbitrariedades. En muchos países esa arquitectura legal la denominan “control social” como en Brasil, “nacionalización” de medios como en Argentina u observatorios y comisiones gubernamentales con la potestad de encarcelar periodistas, como en Ecuador o Bolivia.
Hay leyes con todas las excusas, ya vigentes en Argentina, Bolivia y Venezuela; y proyectadas en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. La actitud y la tendencia de los gobiernos es que se debe domesticar a la prensa a como de lugar, como esta semana desde Brasilia prometió el futuro gobierno de Dilma Roussef, augurando que impondrá una nueva ley de medios a pesar de que haya o no consensos.
Por el contrario, las leyes que están cayendo en desgracia son las que obligan a los gobiernos a ser más transparentes. Las leyes de acceso a la información pública están inactivas, ineficientes o eliminadas, como en Ecuador. Y las proyectadas para transparentar el Estado en el uso de recursos públicos para la publicidad oficial, como en México y Argentina, son rezagadas o engavetadas.
En EEUU ningún gobierno había perseguido judicialmente tanto la infiltración informativa como Barack Obama, mientras sus promesas de mantener el internet libre de cualquier intervención estatal, están a punto de desvanecerse con un par de proyectos en el Congreso.
Los gobiernos siguen comprando medios, expropiando a los independientes y cerrando a los considerados opositores. De esta forma, el fiscalizado pasa a ser fiscalizador, revirtiéndose el balance de poderes en la democracia.
El desafío es grande ante este sombrío panorama, pero ninguno tan importante como educar al ciudadano para que entienda que cuando matan a un periodista en México, cierran un canal en Venezuela, apresan a un reportero en Ecuador o denigran a otro en Argentina, no son los periodistas ni los medios los que pierden, sino el derecho de cada persona a saber, a estar libremente informada.
Que haya prensa mala, sensacionalista o tendenciosa no es tan malo, como que se le quite a la sociedad la capacidad de poder elegir y valorar los medios para informarse, dentro de una gama de medios independientes, plurales y diversos. Es ahí donde reside el valor de la libertad de expresión.
Mejor comprendería el ciudadano esta ecuación si supondría cuán espinosa sería su vida si la información que envía por carta a un amigo o la que circula por su cuenta de Facebook, Twitter o en algún blog, fuera censurada por el gobierno, restringida por ley o lo arrastraría a la cárcel como en Cuba.
Se puede soportar que los delincuentes sean el “enemigo común”, pero jamás se debería tolerar que fuera el gobierno, más aún si fue elegido.

Escépticos periodistas mexicanos

Rabia, frustración, escepticismo y moderado optimismo conforman un coctel de sentimientos encontrados que tiene hoy la prensa en México, frente a la violencia del crimen organizado y la nueva reacción gubernamental para frenarla.
Rabia. Porque la prensa, particularmente la de las provincias, sigue siendo víctima del narcotráfico y de políticos o corruptos que contratan sicarios para matar y secuestrar periodistas, mientras los gobiernos federal y estatal juegan a enrostrarse responsabilidad, pero no actúan.
Frustración. Porque siente que la protección de las autoridades es inexistente y que el crimen sobrepasa la capacidad de las instituciones públicas y de seguridad. Publicar denuncias sobre el crimen organizado es, muchas veces, una acción suicida que ya se cobró la vida de 10 periodistas este 2010; o ser acusado por las autoridades de incentivar la violencia. Así, el periodismo opta por la autocensura y el silencio como mecanismos de autodefensa.
Escepticismo. Porque desconfía de las promesas que el presidente Felipe Calderón hizo esta semana para defender la libertad de prensa y proteger a los periodistas, ya que, pasados varios años de su mandato, no ha mostrado resultados y continúa la impunidad en más de 60 crímenes contra reporteros en el último lustro. Y porque no cree que el gobierno tendrá tiempo suficiente para impulsar reformas para que los delitos contra los informadores sean de orden federal, agravados y no prescriban.
Moderado optimismo. Porque la nueva fiscalía creada en julio para atender delitos contra la libertad de expresión y el sistema de evaluación de riesgos y seguridad para periodistas anunciado para octubre, a semejanza del modelo colombiano, son buenas iniciativas que demuestran mayor voluntad política, aunque se duda si darán buenos resultados sin recursos ni presupuesto adecuados.
El Diario, de Ciudad Juárez, la más violenta del país, puso en evidencia la rabia y la frustración esta semana con una editorial bajo el título “¿Qué quieren de nosotros?”, reclamándole al narcotráfico una tregua por el asesinato de otro de sus periodistas y reconociéndole como los únicos amos y señores de ese territorio. El reconocimiento al narco como autoridad de facto, fue un tiro de elevación y provocación al gobierno federal por la falta de justicia que garantiza y a su guerra contra el narcotráfico, que el diario considera ineficiente y perdida.
Muchos son los medios en el interior que piden más protección, que se aplique la ley, pero se sienten frustrados porque el crimen gana terreno. Ya no solo infiltra a las instituciones gubernamentales, sino al periodismo, como denunció Patricia Mercado, directora del periódico Imagen de Zacatecas, durante un foro que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) organizaron en Ciudad de México.
Mercado denunció frustración ante el aumento de las amenazas contra periodistas y medios, y que buscan alternativas al silencio. Ramón Cantú, director de El Mañana de Nuevo Laredo, ha optado por omitir noticias sobre balaceras y escaramuzas a preferencia de análisis sobre temas de narcotráfico que aporten al debate social. Javier Garza, director de El Siglo de Torreón, dice que publica en el extranjero lo que calla a nivel local, con lo que consigue protección, y a la vez mayor resonancia.
Muchos consideran exagerado ser optimista con los anuncios que Felipe Calderón le hizo a la SIP y al CPJ. Otros, en cambio, creen que llegan en el momento apropiado. Justo cuando la prensa nacional acaba de sufrir secuestros en carne propia, prestándole ahora más atención al fenómeno de la violencia contra los periodistas, más dispuesta a trabajar unida y así presionar editorialmente al gobierno para que cumpla con lo prometido.
Pero sería un error que la prensa ejerciera presión solo en la creación de fiscalías especiales y órganos de seguridad para su propio beneficio, ya que el mejor resguardo para la libertad de expresión deviene del funcionamiento pleno de las instituciones y de la seguridad democrática.
Si lo que se busca es imitar el caso de Colombia, debe recordarse que el sistema de protección para la prensa colombiana fue más eficaz, una vez que el ex presidente Alvaro Uribe logró mayor gobernabilidad en general, al haber combatido exitosamente a las guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.

Impunidad y periodistas

Nuestra lucha en la SIP por la impunidad que rodea los crímenes contra los periodistas en todo el hemisferio occidental ha sido y es ardua. Llena de sinsabores, especialmente debido a que los gobiernos poco hacen para que se haga justicia.

Más de 350 periodistas han sido asesinados en las Américas en los últimos 20 años y solo un puñado de esos casos ha sido aclarado. Lamentablemente, en países donde la violencia es alta, como el caso de México donde han sido muertos seis periodistas y uno permanece desaparecido en este 2009, la impunidad es bien alta.

Ciertas esperanzas ofrecen algunos activistas y políticos que se comprometen a esta causa y que desde dentro del poder político tratan de ayudar presionando a su propio gobierno. Tuve la oportunidad la semana pasada de entrevistarme con Manuel Clouthier, diputado nacional por el PAN en México, quien dijo que bregará por este tema ante el presidente Felipe Calderón.

¿Bajo qué premisas? La promesa es seria, si se considera que el flamante diputado oficialista tuvo que dejar la dirección de su diario, Noroeste de Culiacán, para embarcarse en este peregrinaje político siguiendo los pasos de su padre homónimo, uno de los reformistas del PAN y que ha llevado a ese partido a lo que es hoy, con dos presidentes consecutivos en el poder, después de una dinastía de 70 años en manos del PRI.

Clouthier, durante un seminario - “El blindaje periodístico ante la violencia”- que organizamos junto a la Universidad Nacional Autónoma de México, criticó la inacción del gobierno nacional de su país para proteger la labor de periodistas y medios de comunicación, particularmente en el interior del país, al tiempo que reclamó que “necesitamos convertir este grave problema en un problema de ellos”, infiriendo que “el gobierno sólo actúa bajo presión”.

Clouthier, quien hizo aportes importantes a la campaña de la SIP en México para combatir la impunidad, reclamó que “falta compromiso de la autoridades en general para resolver los casos de agresiones a la libertad de expresión… por lo que debemos hacerles sentir que es un problema de ellos”, recordando que la única forma que el gobierno actúa es cuando siente presión.

“Se debe meter la presión suficiente para que asuman sus responsabilidades”, enfatizó Clouthier, añadiendo que los “políticos y funcionarios tienen animadversión con el periodismo, y así no los podemos hacer parte del problema”.

Chávez sigue sin entender

El presidente Hugo Chávez sigue sin entender lo que significa la democracia, especialmente cuando este martes justificó el grosero ataque físico a patadas y golpes contra un grupo de periodistas que se manifestaba en contra de la aprobada Ley de Educación la semana pasada.

Chávez con su sarcasmo habitual dijo que los periodistas propiciaron los ataques en su contra porque no “andaban haciendo labor de periodistas, andaban en una marcha... repartiendo unos volantes, haciendo actividad proselitista contra la ley de educación". En sus declaraciones a la estación oficial Venezolana de Televisión, Chávez justificó el ataque contra periodistas de la cadena Capriles que publica el diario últimas Noticias con línea editorial favorable a su gobierno, porque “según tengo entendido, y hay hasta pruebas, (estaban) provocando a gente del pueblo que estaba por aquí y que estaba por allá".

Hay tres aspectos sobre esta situación que Chávez no entiende o trata de no entender:

Primero, los periodistas repartían volantes contra la proscripción de la Ley de Educación a los medios de comunicación y eso no es hacer actividad proselitista, sino defender la actividad de los medios, actividad muy necesaria en una democracia.

Segundo, más allá del debate si es ético o no para un periodista manifestarse públicamente sobre algún aspecto político, ello no justifica que se les pueda agredir y maltratar físicamente, ni a ellos ni a nadie, menos si esas agresiones son provocadas por el propio Estado, como en este caso.

Tercero, como siempre, Chávez incentiva la violencia para crear pánico (dividir para reinar) con tal de que todo el mundo se autocensure y él pueda seguir con su autocracia, lo que quedó en evidencia con lo dicho al final de sus declaraciones, pidiendo a sus seguidores: “no caer en provocaciones, denunciar los provocadores más bien", y pidió a sus seguidores "fortaleza, coraje y nosotros listos para enfrentarlos en cualquier terreno. No queremos violencia, pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa".

Por último, y en todo caso, si en realidad se trató de una actividad política brutalmente censurada, lo que no cuadra es ¿porqué ningún gobierno u organización internacional protestó públicamente?