sábado, 20 de noviembre de 2010

El enemigo común

Sería muy simple culpar al crimen organizado de ser el “enemigo común” y el responsable de todos los males en contra de la libertad de prensa, según las opiniones coincidentes de los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, durante la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida.
La afirmación es verdadera, pero parcializada. El crimen organizado y, en particular el narcotráfico, es responsable de decenas de asesinatos de periodistas y atentados en contra de medios. Pero también es cierto que mucha de esa violencia proviene de funcionarios inescrupulosos o por la falta de voluntad política para perseguir a los asesinos, hacer reformas legales o limpiar poderes judiciales y policías corruptas.
Calderón prometió que los crímenes contra periodistas se federalizarán y sistemas estatales de protección. Pero es tal la desconfianza, que hasta el diputado federal de su propio partido, Manuel Clouthier, descree las promesas. “No hay ambiente ni suficiente presión para reformar nada”, sentenció; quizás, recordando que ninguno de los 106 asesinatos de reporteros mexicanos en los últimos 20 años, fue totalmente resuelto.
Al crimen organizado se le puede achacar la violencia en contra de la prensa, pero es un efecto combatible. Sin embargo, el problema es cuando las agresiones provienen del propio Estado, cuando el gobierno construye un andamiaje legal que le permite transformar sus ataques en actos lícitos y aceptables. Después de todo, lo único que hace es aplicar y hacer cumplir la ley.
En la reunión de la SIP se desenmascararon estas arbitrariedades. En muchos países esa arquitectura legal la denominan “control social” como en Brasil, “nacionalización” de medios como en Argentina u observatorios y comisiones gubernamentales con la potestad de encarcelar periodistas, como en Ecuador o Bolivia.
Hay leyes con todas las excusas, ya vigentes en Argentina, Bolivia y Venezuela; y proyectadas en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Uruguay. La actitud y la tendencia de los gobiernos es que se debe domesticar a la prensa a como de lugar, como esta semana desde Brasilia prometió el futuro gobierno de Dilma Roussef, augurando que impondrá una nueva ley de medios a pesar de que haya o no consensos.
Por el contrario, las leyes que están cayendo en desgracia son las que obligan a los gobiernos a ser más transparentes. Las leyes de acceso a la información pública están inactivas, ineficientes o eliminadas, como en Ecuador. Y las proyectadas para transparentar el Estado en el uso de recursos públicos para la publicidad oficial, como en México y Argentina, son rezagadas o engavetadas.
En EEUU ningún gobierno había perseguido judicialmente tanto la infiltración informativa como Barack Obama, mientras sus promesas de mantener el internet libre de cualquier intervención estatal, están a punto de desvanecerse con un par de proyectos en el Congreso.
Los gobiernos siguen comprando medios, expropiando a los independientes y cerrando a los considerados opositores. De esta forma, el fiscalizado pasa a ser fiscalizador, revirtiéndose el balance de poderes en la democracia.
El desafío es grande ante este sombrío panorama, pero ninguno tan importante como educar al ciudadano para que entienda que cuando matan a un periodista en México, cierran un canal en Venezuela, apresan a un reportero en Ecuador o denigran a otro en Argentina, no son los periodistas ni los medios los que pierden, sino el derecho de cada persona a saber, a estar libremente informada.
Que haya prensa mala, sensacionalista o tendenciosa no es tan malo, como que se le quite a la sociedad la capacidad de poder elegir y valorar los medios para informarse, dentro de una gama de medios independientes, plurales y diversos. Es ahí donde reside el valor de la libertad de expresión.
Mejor comprendería el ciudadano esta ecuación si supondría cuán espinosa sería su vida si la información que envía por carta a un amigo o la que circula por su cuenta de Facebook, Twitter o en algún blog, fuera censurada por el gobierno, restringida por ley o lo arrastraría a la cárcel como en Cuba.
Se puede soportar que los delincuentes sean el “enemigo común”, pero jamás se debería tolerar que fuera el gobierno, más aún si fue elegido.

1 comentario:

@fernalonso dijo...

Excelente artículo Trotti. La delincuencia ha sido una buena excusa para los gobiernos que no hacen la tarea. Te remito editorial publicado el pasado lunes por LA PATRIA de las conclusiones en la Asamblea de la SIP http://www.lapatria.com/story/otro-a%C3%B1o-por-la-libertad-de-expresi%C3%B3n