Venezuela: Diplomacia injusta y oportunista

La diplomacia suele ser injusta; aún más en el caso de Venezuela. Después de muchos años en que los gobiernos ignoraron los atropellos de Nicolás Maduro, y justo en el momento que asomaba una posible sanción contra su autoritarismo, Argentina propuso una moción de diálogo que salvó del nocaut al régimen venezolano.

Nadie imaginó que fuera el gobierno de Mauricio Macri el que le daría un respiro a Maduro. Menos aún, cuando por primera vez en la historia de la OEA, un secretario general, en este caso Luis Almagro, había tomado la iniciativa de convocar una reunión de Consejo Permanente para que se analice la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, pudiendo derivar en la suspensión y sanciones considerables contra el país.

La Carta podría haberse activado muchas veces contra Venezuela, algo que Almagro fundamentó bien en su informe de 132 páginas. Argumentó el carácter autoritario y antidemocrático de un régimen que desconoce al Congreso, avasalla a la Justicia y desobedece el legítimo mandato popular a convocar un referendo revocatorio.

Ante semejantes argumentos era previsible la reacción grosera de Maduro, quien invitó a Almagro a perderse la Carta por donde le cupiera. Los insultos forman parte de la diplomacia descalificadora del régimen que meses antes, sin argumentos políticos, había llamado “racista, basura corrupta y colonialista” al presidente español Mariano Rajoy cuando pidió por la liberación de los presos políticos. Maduro es fiel seguidor de la escuela de su mentor, Hugo Chávez, que igual llamaba “pendejo” al anterior secretario general de la OEA, que insultaba a cualquiera.

Más allá de la cortina de humo que generó con sus insultos (y de la diplomacia oportunista de Macri para que Venezuela, a cambio, apoye la candidatura de la canciller Susana Malcorra a la secretaría general de Naciones Unidas) Maduro supo aprovechar la injusta diplomacia. Ni lerdo ni perezoso, el mismo día en que el Consejo Permanente prefirió el diálogo (eso sí, en forma unánime) que activar la Carta, Maduro se disfrazó de modesto demócrata disponiéndose a negociar con la oposición.

Una aproximación que varias veces usó para ganar tiempo ante crisis económicas y sociales profundas como en la que está enfrascado el país ahora, tras haberse convertido en el que más recursos humanos y económicos expulsa en el continente. La mesa de diálogo del fin de semana pasado en Santo Domingo, a instancias de la Unasur y de los ex presidentes Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de Rep. Dominicana y José Luis Zapatero de España, terminó en abrupto fracaso, cuando su gobierno desestimó todos los reclamos de la oposición.

Además de la oposición, los que han quedado sin palabras con el nuevo criterio dialogante de los gobiernos, ha sido una veintena de ex presidentes, nucleados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que después de haber pedido por años y sin éxito la aplicación de la Carta, salieron de inmediato a respaldar a Almagro y a pedir que se respete el mandato de referendo revocatorio firmado por más de un millón de venezolanos.

Oscar Arias, José María Aznar, Felipe Calderón y Alejandro Toledo, entre los ex presidentes más reconocidos, explicaron que “no puede haber diálogo sin el previo rescate de los mínimos democráticos, como la libertad de los presos políticos y el respecto a la manifestación de la soberanía popular”, en referencia al revocatorio.

Sería oportuno que esta nueva estrategia diplomática derive en la creación de un gobierno de transición democrática en reemplazo del “dictadorzuelo” Maduro, como lo llamó Almagro. Pero sería muy ingenuo pensar de esa forma. El chavismo siempre ha utilizado el engaño y a la propaganda como armas preferidas para sustentar su poder autoritario.

Por ahora, el llamado al diálogo, la campanita que lo salvó del nocaut, le permitirá a Maduro tomar aire y ganar tiempo. Se surtirá de otras estrategias para aferrarse al poder y así comprará más impunidad e inmunidad.

Es una lástima que la diplomacia llegara a destiempo esta vez. Es que la mesa estaba servida para que el diálogo y la transición sucedieran de verdad, pero después de la presión que hubiese ejercido la aplicación de la Carta Democrática. trottiart@gmail.com

Responsabilidades ante la Libertad de Prensa

No hay mayor valor para una democracia que la libertad de prensa y el derecho a la información, un valor prioritario y superior a otros derechos esenciales como la justicia y la igualdad.

Solo basta mirar a las sociedades más avanzadas para confirmar que su desarrollo político, social y económico está íntimamente ligado a la tolerancia y apertura de los gobiernos frente a la opinión e información. Por el contrario, no es casual que los países poco desarrollados son los que tienen menores niveles de libertad de prensa y de expresión.

Una mirada profunda y detallada sobre los países latinoamericanos corrobora esta percepción. Aquellos con mejor nivel económico, menor índice de corrupción, más seguridad, mejor acceso a la educación y mayor bienestar emocional, son aquellos donde la libertad de prensa es más respetada. Uruguay y Costa Rica, se destacan de un pequeño grupo.

En la antípoda, las naciones son muchas más, empezando por Argentina y terminando por Venezuela; y en el medio, un grupo inmenso de países cuyos gobiernos creen que tienen el poder de conceder a la sociedad la libertad de expresión, desconociendo que es un derecho natural inherente al ser humano, y el principal, que sus propias Constituciones reconocen y le mandan custodiar.

Esa actitud gubernamental soberbia hace que en muchos países se hayan creado leyes y decretos para limitar la libertad de prensa o la libertad de los medios y los ciudadanos a expresarse sin ataduras. Esta es, sin dudas, la forma más exitosa que han encontrado para blindarse, evitar la fiscalización y la rendición de cuentas, valores esenciales de una democracia a los que todos se comprometen durante procesos electorales, pero que luego se olvidan tras asumir el poder.

La libertad de prensa es superior a otros valores, porque ningún otro se puede manifestar y plasmar adecuadamente – educación, salud, seguridad, justicia -  cuando la sociedad no tiene el derecho a saber, a opinar, a criticar y a poder presionar para que los gobiernos – simples administradores de la cosa pública – cambien el rumbo o tomen los correctivos necesarios.

Es verdad que la seguridad de la libertad de prensa y la labor de los medios, tradicionales y digitales, va mucho más allá de los desafíos que le imponen los gobiernos. Pero son los gobiernos los que tienen la mayor responsabilidad, siendo los custodios naturales de las libertades individuales y sociales, tal como lo expresan las Constituciones y todas las declaraciones internacionales, desde la Carta Democrática Interamericana hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Sin embargo, no puede relegarse en el gobierno la responsabilidad única. Por su importancia, la libertad de prensa así como es un derecho de todos, también su custodia debe ser una responsabilidad de todos. La mayor cuota de este deber por supuesto que le corresponde a quienes hacen de la información un trabajo cotidiano y profesional – medios y periodistas – y a todo aquel que gracias a las nuevas tecnologías – internet y redes sociales – ha podido comprobar en forma personal y grupal el poder de la comunicación.

Por supuesto que hay personas, grupos o medios que manipulan esta libertad causando grandes problemas de injusticia. Pero no por ello estos canales deben censurarse, sino todo lo contrario. Los desfasajes de la libertad se curan con mayor libertad, con mayor pluralidad y diversidad de voces porque, en definitiva, la libertad de expresión no es tanto un atributo de quien emite el mensaje sino de quien lo recibe.

Por ello, la responsabilidad de custodiar la libertad de prensa es una obligación de cada uno de los ciudadanos. Debe exigirla y nutrirla, si pretende vivir en una democracia creciente y mejor.          

Reflexionar sobre esta responsabilidad puede ser el mejor tributo a este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Democracia como la gente

Una lucha decidida contra la inseguridad ciudadana y la corrupción debe ser el norte de los políticos latinoamericanos si de verdad quieren una democracia fuerte, como la que merecen y quieren vivir sus pueblos.

Varios líderes y ex presidentes, sin embargo, como lo plantearon esta semana en Lima en el décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, prefieren seguir con su vieja cantaleta de crear mecanismos de monitoreo para observar fallas o interrupciones institucionales, cuando las prioridades de los ciudadanos simplemente pasan por poder caminar y despertarse tranquilos, sin miedo a los atracos y los robos, y que los corruptos terminen en la cárcel.

La Carta, creada en 2001, ya demostró que no es muy útil en los momentos más difíciles. No solo por no servir para sortear golpes como el de Honduras o el autogolpe de diciembre pasado en Venezuela cuando el presidente Hugo Chávez fue habilitado para gobernar por decreto por 18 meses de espaldas al Congreso, sino porque tampoco exige a los gobiernos resolver la inseguridad y la corrupción – dos palabras que no se mencionan en el texto – y que están en franco aumento en la región.

Así lo confirman los índices de percepción de calidad de vida que se manejan en las Américas. Según datos de la Organización de Estados Americanos, en 2010 se cometieron dos tercios de los secuestros del planeta, y más de 130 mil asesinatos, una de las tasas de homicidios más elevada del mundo. En El Salvador fue de 61 por cada cien mil habitantes y en Venezuela 48. Además, mediciones del Banco Interamericano de Desarrollo señalan a los argentinos, bolivianos y peruanos como los que se sienten más expuestos a ser asaltados.

También la región es una de las más corruptas del mundo, como lo indica el último informe de Amnistía Internacional, que sitúa a Venezuela en el puesto 164 de 178 países, índice en el que también se destacan Paraguay y Haití en el lugar 146; Honduras, 134; Nicaragua y El Salvador, 127 y Argentina, en el 105.

Por el contrario, en aquellos países con niveles menores de inseguridad ciudadana y corrupción, como EE.UU., Canadá, Chile, Costa Rica y Uruguay, es donde hay una mejor percepción y asociación entre el desarrollo democrático y una mejor calidad de vida.

Varias cosas sucedieron esta semana que prueban que una nueva Carta Democrática, como propuso el presidente de Perú, Ollanta Humala, no puede desatender el pedido de los ciudadanos. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo acaba de destituir a seis funcionarios, entre ellos al ministro de Seguridad y al Canciller, porque “no hemos logrado los resultados esperados” en el combate a la delincuencia. Mientras que en Guatemala, en las elecciones del domingo pasado, ganaron los candidatos que prometieron “mano dura” contra el crimen y la delincuencia, Otto Pérez y Manuel Baldizón, quienes tendrán que verse de nuevo las caras en segunda vuelta.

Hace unos días, el informe 2011 sobre Competitividad Global del Foro Económico Mundial, otorgó la peor nota a Guatemala, ubicándola en el último puesto de 142 naciones, por los costos asociados para la democracia que tienen el crimen y la corrupción, aspectos que han aumentado la desconfianza de la gente en los políticos y la policía.

Queda claro en América Latina que los países más corruptos e inseguros tienen las peores democracias. La falta de seguridad no solo afecta la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sino también es una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático y al estado de derecho, como dijo Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

En cambio, si la seguridad pública conlleva la obligación del Estado de proveer los mecanismos de fuerza para prevenir y reprimir delitos, para que los ciudadanos sin distinciones, puedan vivir en armonía; y si el castigo a la corrupción abre las puertas a un gobierno transparente y a una sociedad más justa y equitativa, es fácil advertir que son estos los dos aspectos que deben primar en la redacción de un nuevo documento como intentará pronto la OEA, para que la democracia sea “como la gente”.