Ante el
cumplimiento de la promesa de Barack Obama de tomar riendas en el tema de la
violencia provocada contra las armas, después de la masacre de Newtown, grupos
conservadores en el país han tomado la iniciativa de declarar el 21 de enero,
día que asumirá el Presidente su segundo término, Día del Aprecio por las Armas
de Fuego.
En
realidad todos tienen derecho a protestar por lo que consideran sus derechos,
especialmente por el de portación de armas que es explícito en la Segunda Enmienda
de la Constitución, pero de nada vale el cinismo de organizar una jornada en la
que los organizadores pretenden que mientras Obama está asumiendo, sus
detractores, por su posición anti armas de grueso calibre, piden que se visiten
armerías, campos de tiros y alzar la voz contra la intromisión del gobierno en
el derecho individual.
Lo que
estos grupos no tratan de entender es que no hay derechos absolutos. Es como si
se dijera que en nombre de la libertad de expresión garantizada por la Primera
Enmienda se pudiera decir, opinar o defender a cualquiera persona por más que
mienta o ataque intencionadamente - a sabiendas de que lo hace falsamente – la reputación
de otra persona. En esos casos, la reglamentación de la Constitución a través
de varias leyes, establecen límites y responsabilidades sobre la libertad de
expresión.
En el caso
del derecho a la portación de armas, más allá de los límites y
responsabilidades que dictan que no se las puede usar para agredir sino en defensa
propia, muchos han interpretado que la Constitución les da derecho a poseer
todo tipo de armas, incluso de alto calibre y de guerra, las que deberían
poseerse solo mediante licencias y justificaciones especiales.
El hecho
de que 30 mil personas mueran por año y 100 mil queden heridas en EE.UU. a
consecuencia de los portadores de armas, habla por sí solo de que existe un
problema grave sobre el que se deben adoptar medidas. Según declaraciones de
Joe Biden ayer, Obama podrá regular algunos mecanismos mediante decreto sin
esperar una ley particular del Congreso. Habiendo sido profesor de Derecho Constitucional,
seguramente será cauteloso en la protección de los derechos y podrá imponer
límites de sentido común.
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