jueves, 10 de enero de 2013

Armas: Ningún derecho es absoluto


Ante el cumplimiento de la promesa de Barack Obama de tomar riendas en el tema de la violencia provocada contra las armas, después de la masacre de Newtown, grupos conservadores en el país han tomado la iniciativa de declarar el 21 de enero, día que asumirá el Presidente su segundo término, Día del Aprecio por las Armas de Fuego.

En realidad todos tienen derecho a protestar por lo que consideran sus derechos, especialmente por el de portación de armas que es explícito en la Segunda Enmienda de la Constitución, pero de nada vale el cinismo de organizar una jornada en la que los organizadores pretenden que mientras Obama está asumiendo, sus detractores, por su posición anti armas de grueso calibre, piden que se visiten armerías, campos de tiros y alzar la voz contra la intromisión del gobierno en el derecho individual.

Lo que estos grupos no tratan de entender es que no hay derechos absolutos. Es como si se dijera que en nombre de la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda se pudiera decir, opinar o defender a cualquiera persona por más que mienta o ataque intencionadamente - a sabiendas de que lo hace falsamente – la reputación de otra persona. En esos casos, la reglamentación de la Constitución a través de varias leyes, establecen límites y responsabilidades sobre la libertad de expresión.

En el caso del derecho a la portación de armas, más allá de los límites y responsabilidades que dictan que no se las puede usar para agredir sino en defensa propia, muchos han interpretado que la Constitución les da derecho a poseer todo tipo de armas, incluso de alto calibre y de guerra, las que deberían poseerse solo mediante licencias y justificaciones especiales.

El hecho de que 30 mil personas mueran por año y 100 mil queden heridas en EE.UU. a consecuencia de los portadores de armas, habla por sí solo de que existe un problema grave sobre el que se deben adoptar medidas. Según declaraciones de Joe Biden ayer, Obama podrá regular algunos mecanismos mediante decreto sin esperar una ley particular del Congreso. Habiendo sido profesor de Derecho Constitucional, seguramente será cauteloso en la protección de los derechos y podrá imponer límites de sentido común.