La Marihuana perdió

Comparto mi columna publicada por varios periódicos, titulada “Marihuana: ¿Y después”, en la que describo los graves desafíos que hubiera creado un voto favorable a la Propuesta 19 en California, por medio de la cual se legalizaba la marihuana.

En mi opinión, la legalización hubiera acarreado mayores problemas de los que buscaba solucionar. Me siento reconfortado que la Prepuesta 19 perdió. He recibido numerosos e-mails criticando esta posición de gente que, con motivos muy válidos también, creen que la legalización servirá para detener al narcotráfico y el crimen organizado.

Esta es mi columna: “Las elecciones del próximo martes en California son trascendentales, no porque se elegirá al sucesor del gobernador Arnold Schwarzenegger, sino por la posibilidad de que los votantes aprueben la legalización de la marihuana, haciendo prevalecer el interés económico por sobre la apreciación ética del consumo de drogas ilícitas y, además, por sus repercusiones en las políticas para combatir el narcotráfico, en especial en América Latina.

Mal o bien, la marihuana viene ganando terreno. En poco más de una década, se convirtió de droga ilícita a permitida para uso medicinal, en 14 estados de EEUU y su capital. Luego la despenalización de su consumo se aceptó en varios países latinoamericanos y ahora, si los californianos votan a favor por la Propuesta 19, será legal su cultivo, posesión, compra y uso recreativo para mayores de 21 años.

Las últimas encuestas muestran que la Propuesta 19 está perdiendo terreno entre los votantes hispanos. La regulación del uso de marihuana con fines médicos en California es una de las más liberales del país. Se trata de una droga cada vez más aceptada, como lo manifiesta el 50% de los californianos, 13% más que en 1969; una tendencia favorecida quizás por la imagen de médicos recetando en kiosquitos de playa a cualquier usuario que argumente dolor de cabeza.

Quienes favorecen la legalización del cannabis anteponen conceptos prácticos y económicos. Estiman que California recaudará 1,4 billones de dólares al año en impuestos. Se ahorrarán miles de millones por no tener que procesar a criminales que ya no lo serán y gastos carcelarios que ascienden a 216.000 dólares al año por cada delincuente juvenil encarcelado, en contraste con 8.000 dólares que se gasta por un niño en el sistema público escolar. Estiman que la legalización blanqueará el mercado y reducirá los precios de la droga; suficientes disuasivos para los narcotraficantes.

Quienes están en contra saben que la marihuana detona enfermedades psiquiátricas, provoca adicción, incentiva el uso de drogas más fuertes, desinhibe conductas delictivas, atrae efectos negativos al hogar, en el trabajo y provoca mayores accidentes, por lo que los ahorros se transferirán como gastos a otro sector. La sociedad estará más enferma y el narcotráfico no se diluirá, se enfocará en otros negocios y productos más rentables.

Independientemente de los argumentos, la Propuesta 19 generará dos desafíos adicionales. El gobierno de Barack Obama tendrá mayores dificultades para imponer la ley federal criminal contra las drogas en California, ya que tendrá que lidiar con una explosión de nuevos negocios como firmas de abogados y ligas de defensa del consumidor o franquicias, que prevén la venta de marihuana on-line o a domicilio como si fuera pizza, o como aditivos en comidas rápidas y helados.

Pero el mayor desafío es para Latinoamérica. La legalización es una nueva contradicción de EEUU, un país que apoya la erradicación de las drogas y el narcotráfico gastando millones en los países de la región, a través de los planes Colombia y Mérida, pero que hace cada vez menos para reducir el consumo; en definitiva, el mayor incentivo de los narcotraficantes.

En una cumbre regional esta semana, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos ilustró el desafío que se avecina, preguntándose cómo podía poner preso a un campesino pobre de su país por plantar marihuana cuando será legal producirla, traficarla y consumirla en el mercado más rico del mundo.

El presidente mexicano Felipe Calderón, quien más de cerca está sufriendo los estragos del tráfico de drogas, se sumó a las críticas pidiendo a sus connacionales en California que voten en contra de la Propuesta 19, mientras el Congreso de su país desempolvó varios proyectos de ley que buscarían alinearse a la posible legitimación del otro lado de la frontera.

La legalización de la marihuana abrirá puertas insospechadas. Es un error si se fundamentan criterios económicos por sobre los problemas de salud pública o los efectos negativos al núcleo familiar, así como minimizar la necesaria discusión ética sobre el tema y sus repercusiones morales.

La permisividad legal que se conceda hoy a la marihuana nos debiera hacer reflexionar sobre el después. ¿Será que la ambición nos llevará en el futuro a legalizar drogas más duras y peligrosas?”.

Crisis a la mexicana

La crisis en México es profunda. Al factor económico actual - el peso se devaluó abruptamente saltando de 10 a 15 pesos por dólar en los últimos tres meses – al que se ha precipitado en el último lustro como es la inseguridad debido al avance del crimen organizado, hay que sumarle el factor más legendario de todos: la corrupción generalizada.

Durante mi breve estada en México en estos días pude recabar que la polémica ya no es como en meses anteriores sobre si los mexicanos están o no frente a un estado fallido, que no ofrece las protecciones y garantías a sus ciudadanos según los derechos constitucionales. Ese problema de un Estado que falla o no sabe dar respuestas a sus ciudadanos ya ha sido admitido, está incorporado en el vocabulario actual y a la cultura. Así como la gente ya aprendió a vivir con la corrupción, ahora el problema es que la inseguridad está siendo institucionalizada y el gobierno se encuentra de manos atadas.

Como en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, la inseguridad en México, particularmente en los estados fronterizos con Estados Unidos, es un problema desbordante. El presidente Felipe Calderón tiene un discurso y una postura enérgica contra el narcotráfico, queriendo, creo yo, asumir los mismos criterios de mano dura que adoptó Alvaro Uribe en Colombia y que le sirvieron para ofrecer mayor seguridad y ganar popularidad.

La discusión en México “ahorita” (como dirían ellos) que se ha profundizado, es si las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, que han sido puestos al frente de la lucha del narcotráfico, no sería motivo suficiente para replantearse la estrategia. Calderón dijo que no y que prefiere que haya riegos de violaciones a los derechos humanos pero que se debe ganar la batalla contra el crimen.

El problema no es fácil de resolver, porque si los militares no lo hacen, los policías, así sean federales o locales, están corruptos y aquellas que no se dejan tentar tienen dos caminos, ser asesinados o tienen que renunciar como hicieron varios jefes en estas últimas semanas en los estados fronterizos más peligrosos, tal el caso de Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.

Estados Unidos alzó controversia en estos días después de su informe del Departamento de Estado en el que se culpa mucho a las autoridades mexicanas, pero es cierto también que en este problema Estados Unidos debe asumir que el 90% de las armas largas que usan los narcotraficantes provienen de estados cercanos a la frontera, como Texas, Nuevo México, Arizona y California.

El problema es grande. Estados Unidos está poniendo recursos en México a través del Plan Mérida, pero no está pudiendo dominar el consumo puertas adentro. Mientras el consumo genere más de 50 mil millones de dólares y se les provea a los narcotraficantes las armas necesarias para el crimen, esta es una lucha desigual.

El desafío del narcotráfico

En el momento en que Estados Unidos estaba desembolsando 197 millones de dólares como parte de los 400 que integran el Plan Mérida para ayudar a México en la lucha contra las drogas, los narcotraficantes decapitaron a nueve personas en el estado de Guerrero, no solamente a narcos rivales sino también a soldados, una de sus formas para crear temor entre la población en general y desafiar a las autoridades.

Estado Unidos ya otorgó más de 6.000 millones para el Plan Colombia lo que permitió al presidente Alvaro Uribe combatir enérgicamente al narcotráfico, particularmente que protegen las guerrillas, pero además ha permitido combatir la corrupción en la policía y en los militares, crear sistemas de alertas para evitar violaciones a los derechos humanos, mejorar el sistema judicial y proteger a los testigos.

Más allá de que eso es lo que se esperaría que suceda en México, en especial que se combata la corrupción o la infiltración de parte del narcotráfico en las esferas policiales y de poder en el país, mucho no se podrá hacer si Estados unidos no adopta políticas más enérgicas hacia adentro de su territorio tendientes a luchar contra el consumo de drogas y el tráfico de armas pesadas. Se calcula que más de 2.000 de ellas terminan todos los meses en manos de los narcos mexicanos.

Barack Obama tendrá un desafío enorme. No solo deberá pensar en la necesaria ayuda económica que debe aportar a estos dos países y en menos medida a otros de Centroamérica, como Guatemala, donde se está extendiendo rápidamente el brazo del narcotráfico, sino mirar hacia su propio país, donde tal vez está el problema más grave.

Tal vez una de las ideas más interesantes que se haya aportado en la cumbre presidencial de Brasil la semana pasada, fue la que presentó el presidente guatemalteco, Alvaro Colom, quien propuso crear un cuerpo militar internacional para combatir el narcotráfico, ofreciendo zonas militares de su país como sede.

Colom hizo su propuesta en el momento que militares de su país y México, en un grupo de 500, comenzaron un trabajo conjunto en la frontera para combatir tráfico de drogas que circula en la frontera de ambos países.