Crisis a la mexicana

La crisis en México es profunda. Al factor económico actual - el peso se devaluó abruptamente saltando de 10 a 15 pesos por dólar en los últimos tres meses – al que se ha precipitado en el último lustro como es la inseguridad debido al avance del crimen organizado, hay que sumarle el factor más legendario de todos: la corrupción generalizada.

Durante mi breve estada en México en estos días pude recabar que la polémica ya no es como en meses anteriores sobre si los mexicanos están o no frente a un estado fallido, que no ofrece las protecciones y garantías a sus ciudadanos según los derechos constitucionales. Ese problema de un Estado que falla o no sabe dar respuestas a sus ciudadanos ya ha sido admitido, está incorporado en el vocabulario actual y a la cultura. Así como la gente ya aprendió a vivir con la corrupción, ahora el problema es que la inseguridad está siendo institucionalizada y el gobierno se encuentra de manos atadas.

Como en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, la inseguridad en México, particularmente en los estados fronterizos con Estados Unidos, es un problema desbordante. El presidente Felipe Calderón tiene un discurso y una postura enérgica contra el narcotráfico, queriendo, creo yo, asumir los mismos criterios de mano dura que adoptó Alvaro Uribe en Colombia y que le sirvieron para ofrecer mayor seguridad y ganar popularidad.

La discusión en México “ahorita” (como dirían ellos) que se ha profundizado, es si las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, que han sido puestos al frente de la lucha del narcotráfico, no sería motivo suficiente para replantearse la estrategia. Calderón dijo que no y que prefiere que haya riegos de violaciones a los derechos humanos pero que se debe ganar la batalla contra el crimen.

El problema no es fácil de resolver, porque si los militares no lo hacen, los policías, así sean federales o locales, están corruptos y aquellas que no se dejan tentar tienen dos caminos, ser asesinados o tienen que renunciar como hicieron varios jefes en estas últimas semanas en los estados fronterizos más peligrosos, tal el caso de Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.

Estados Unidos alzó controversia en estos días después de su informe del Departamento de Estado en el que se culpa mucho a las autoridades mexicanas, pero es cierto también que en este problema Estados Unidos debe asumir que el 90% de las armas largas que usan los narcotraficantes provienen de estados cercanos a la frontera, como Texas, Nuevo México, Arizona y California.

El problema es grande. Estados Unidos está poniendo recursos en México a través del Plan Mérida, pero no está pudiendo dominar el consumo puertas adentro. Mientras el consumo genere más de 50 mil millones de dólares y se les provea a los narcotraficantes las armas necesarias para el crimen, esta es una lucha desigual.