Un logro muy esperado

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaudió y consideró como un significativo avance para combatir la impunidad en México que rodea los crímenes contra periodistas, la aprobación en el Senado de la enmienda para federalizar los delitos contra la libertad de expresión y el derecho a la información, al tiempo que exhortó a las autoridades pertinentes a agilizar los trámites para la inmediata entrada en vigor de la reforma constitucional. El Senado aprobó hoy por unanimidad de los 95 congresistas presentes, la reforma al Art. 73 de la Constitución que establece que “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta”. Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, quien estuvo presente en la sesión de aprobación en el Senado, expresó que "se trata de un avance fundamental, una muestra de sensibilidad del Congreso, que recoge un largo reclamo del gremio periodístico mexicano y de la SIP”. Ealy, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal de México, agregó que “se requieren nuevos pasos en esta línea de trabajo para combatir con eficacia la impunidad y evitar nuevos ataques contra los periodistas". Previo al inicio de la discusión, los congresistas guardaron un minuto de silencio por los periodistas asesinados. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo  Mohme, director de La República de Perú, añadió que “en momentos en que en varios países se agudizan los problemas de libertad de prensa, esta decisión del Congreso mexicano es una noticia muy alentadora para el periodismo de ese país”. Desde hace 15 años la SIP viene reclamando y enfatizando a diferentes niveles la importancia de impulsar legislación sobre la federalización de estos delitos para minimizar el impacto de los crímenes contra periodistas y la impunidad que los rodea. La SIP, a través de su Proyecto Contra la Impunidad, ha llevado adelante las iniciativas en materia de federalización con el auspicio desde 1993 de la Fundación John S. y James L. Knight. Las gestiones a favor de la federalización se remontan a 1997, fecha que dio inicio a la visita a México de más de 20 delegaciones internacionales de la institución que se reunieron en ocho ocasiones con los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, ante los que se reiteró la urgencia de atender en la jurisdicción federal los asesinatos contra periodistas, la no prescripción de estos delitos y el aumento de las penas por los crímenes. La organización hemisférica envío desde entonces al Congreso mexicano y a otras autoridades sendas resoluciones, aprobadas en sus reuniones semestrales, en las que exhortó a la aprobación de reformas necesarias para evitar que los delitos contra libertad de expresión quedaran impunes.  La SIP también celebró en este país conferencias nacionales e internacionales, entre éstas el Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana en junio de 2008, del que emanó un anteproyecto de reformas legales presentada al Congreso por directivos de diarios, para promover la federalización y la penalización rigurosa de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y de prensa. Atenta además a los riesgos de los periodistas durante la cobertura periodística en México, donde desde 1987 según estadísticas de la SIP han sido asesinados 83 periodistas y otros 19 están desaparecidos, la organización ha organizado en diversos estados del país seminarios, talleres y cursos sobre violencia, sobrevivencia, crimen organizado, justicia y prensa en los que han participado unos 600 periodistas mexicanos.

Calderón se compromete a proteger periodistas

Por mi trabajo suelo formar parte de delegaciones y entrevistas con presidentes, pero la que tuvimos hoy con el primer mandatario de México, Felipe Calderón, fue especial por varios motivos.

Primero, porque en un contexto de presidentes latinoamericanos que pisotean la libertad de prensa y a los medios y a los periodistas, es reconfortante estar con alguien que discute con tolerancia, comprende, escucha y se compromete para luchar a favor de la protección de los periodistas y garantizar la libertad de expresión.

Segundo porque nos dio más de una hora y media de tiempo, lo que no es poco en sí mismo, pero además porque le dio un mensaje contundente a sus funcionarios de que el tema de la libertad de prensa y la violencia contra los periodistas es importante.

Tercero porque hizo anuncios importantes, como que reimpulsará la reforma legal que convierte a los delitos contra periodistas crímenes federales y porque anunció el lanzamiento de un sistema de protección.

Comparto con ustedes el comunicado de prensa, en forma parcial, sobre los resultados que acabamos de tener en la reunión con el Presidente en la Residencia de Los Pinos.

México, D.F. (22 de septiembre de 2010). – El presidente Felipe Calderón anunció hoy en una reunión de trabajo con una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que se compromete a instalar en la agenda pública nacional el tema de la libertad de prensa, redoblando esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsando la reforma legal que hará de los crímenes contra periodistas un delito federal.

En una reunión que se extendió en la Residencia Los Pinos por una hora y media, en la que ambas organizaciones expusieron su preocupación ante el incremento de los asesinatos contra periodistas y el nivel de impunidad, el presidente Calderón insistió que la “peor amenaza contra la libertad de expresión, no proviene del gobierno, que tiene una profunda vocación democrática y de tolerancia, sino del crimen organizado”.

El presidente Calderón anunció durante la reunión la implementación próxima de un sistema centralizado de protección para periodistas, con participación civil, que evaluará riesgos y ofrecerá medidas cautelares. En reunión posterior con otros funcionarios de gobierno, que se extendió por otra hora y media adicional, y en el que se ofrecieron detalles del plan, el Fiscal Especial para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas, dijo que el sistema pudiera empezar a operar en sus primeras fases a principios de octubre.

Las delegaciones lideradas por Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la SIP y Joel Simon, director ejecutivo de CPJ, pidieron que los crímenes contra periodistas se federalicen, sean delitos agravados e imprescriptibles, que haya un sistema eficiente de protección para medios y reporteros con el apoyo de la sociedad civil, que se fortalezca el trabajo de la Fiscalía Especial, y que se establezca un protocolo para las fuerzas de seguridad que han limitado la labor periodística.

El presidente Calderón se comprometió a reimpulsar la federalización de los delitos contra periodistas, proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en 2008, ante reiterados pedidos de editores mexicanos nucleados en reuniones de la SIP, pero que hasta ahora permanece estancado. El Presidente instruyó al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a insistir este tema ante la comisiones en el Senado de la República. También se mostró inclinado a reformas legales que tiendan a establecer modalidades de agravamiento de penas en los delitos cometidos contra periodistas y en buscar su imprescriptibilidad.

Ante requerimiento especial de la SIP, el presidente Calderón se comprometió a elevar el tema de la seguridad de los periodistas y la importancia de la libertad de prensa, en reuniones supra nacionales con otros presidentes de las Américas y organizaciones inter gubernamentales.

En aspectos particulares, el Presidente comentó que en el caso del periodista Armando Rodríguez del Diario de Juárez, asesinado en noviembre de 2008, fue detenido uno de los participantes en el crimen. En ese sentido, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, confirmó que la captura ha permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional y que las investigaciones continúan.

El presidente Calderón también se comprometió personalmente a revisar el incumplimiento por parte del Estado nacional, y los estados de Baja California y Chihuahua, sobre las resoluciones que a instancias de la SIP, emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, asesinados en 1988 y 1991, respectivamente.

Además de Marroquín, la delegación de la SIP estuvo compuesta por Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News de Estados Unidos; Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, de La Prensa de Honduras; Andrés García Gamboa, ex presidente de la SIP, de Grupo SIPSE de Mérida, Yucatán, México; Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión Contra la Impunidad, de El Universal de México; Juan Fernando Healy, vicepresidente por México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de Periódicos Healy de México; Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de El Universal de México; Julio Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa y María Idalia Gómez, de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.

En representación del CPJ acompañaron a Simon, María Teresa Ronderos, integrante de la junta directiva; Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas y Michael O’ Connor, consultor del CPJ en México.

Estadísticas recopiladas por la SIP desde 1987 indican que a la fecha 103 periodistas fueron asesinados y se desconoce el paradero de otros ocho secuestrados en 2010. Este año han sido ultimados 10 comunicadores: Luis Carlos Santiago Orozco, Guillermo Alcaraz Trejo, Marco Aurelio Martínez, Hugo Alfredo Olivera Cartas, María Elvira Hernández Galeana, Juan Francisco Rodríguez Ríos, Evaristo Pacheco Solís, Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero y Valentín Valdés Espinosa.