El humanismo que nació en la segunda parte del Siglo XX derribó las fronteras entre países y minimizó el concepto de “no intervención” tan venerado hasta la Segunda Guerra Mundial, para hacer posible la denuncia y la supervisión de las violaciones a los derechos humanos en cualquier territorio.
Este principio ha hecho que se fortalezcan asociaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, entre ellas de la libertad de prensa – Amnesty Internacional, Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa - para poder “intervenir” en cualquier país y tener así la fortaleza de denunciar actos que puedan estar degradando los derechos humanos o las libertades individuales.
Un ejemplo palpable fue lo que sucedió en estos días en Panamá. Tras una fuerte reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa, el diputado oficialista Rubén Frías Ortega del partido Cambio Democrático, decidió retirar un anteproyecto presentado la semana pasada, en el que a expensas de que proponía una escala salarial más digna para los periodistas, volvía a reinstaurar en el país la colegiación obligatoria de periodistas, violando así preceptos sobre libertad de prensa establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Que se busquen mecanismos para mejorar la libertad de prensa y la profesión periodística es bueno, pero que para ello se determine que los periodistas que trabajen en Panamá deban ser panameños o que podrían hacerlo solo aquellos que se gradúen de la universidad, es contrario a los principios de libertad de expresión que emanan de tratados internacionales que establecen que cualquier persona puede y tiene capacidad para buscar y difundir información.
Lo que molestó a la SIP es que se trate de imponer esos requisitos a los periodistas en forma obligatoria, una lucha que la organización viene dando desde hace décadas. Por eso calificó al proyecto del diputado de medida “retrógrada” y como “un retroceso para la libertad de prensa y la democracia en ese país”.
Según el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del periódico Siglo 21, dijo que no es la primera vez que tenemos que “salir al cruce de medidas discriminatorias y anti libertad de prensa que parecían haber quedado en el pasado en Panamá”. Así, hizo referencia a otras épocas en que la SIP rechazó otro proyecto de ley que instauraba en 2002 un Consejo Superior de Periodismo, emulando a la Junta Técnica de Periodismo, derogada en diciembre de 1999, que establecía quien podía o no ejercer como periodista.
La Declaración de Chapultepec establece en su artículo 8 que “el carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios”. Igual concepto se desprende de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión”.
Una vez más, con la retirada del proyecto, se demostró que “iluminar” y denunciar un hecho a escala internacional como lo hizo la SIP, suela atraer consecuencias positivas.
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