Recuperar la palabra

Mas allá de los impredecibles éxitos que podrá alcanzar el gobierno de Mauricio Macri en el corto plazo, ya se avizoran acciones y efectos concretos en la recuperación del valor de la palabra, un bien que fue degradado tras doce años de propaganda kirchnerista.

Algunos actos oficiales del nuevo gobierno son consecuentes con promesas de campaña: Se dejará de lado la "guerra del Estado contra del Periodismo"; los medios de comunicación que maneja el gobierno serán públicos y no partidarios, bajo una política de "pluralismo, federalismo e innovación"; la publicidad oficial no será utilizada para premiar a medios amigos y castigar a los críticos; y los periodistas militantes serán despedidos o deberán trabajar profesionalmente sin sueldos de privilegio.

La política para desmantelar el aparato de propaganda estatal no debería cometer el error de censurar la libertad de expresión. Deben seguir existiendo espacios para programas partidarios como el ex oficialista 678 o para que pregonen su militancia periodistas como Víctor Hugo Morales. Eso sí, esos espacios no debieran estar en medios públicos o pagados por el bolsillo de todos los argentinos, sino en privados, bajo las reglas del rating de la audiencia o el criterio e interés editorial de sus propietarios.

Si se cumple con los anuncios del ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, la Argentina podrá ir recuperando el valor de la palabra, especialmente después de años en que la propaganda gubernamental se utilizaba para suplir las carencias de la población, manipular las estadísticas oficiales y para crear un culto a la personalidad hacia Cristina Kirchner y su difunto esposo.

 Lombardi tiene razón cuando dice que no solo heredó un ministerio del relato sino “un aparato propagandístico muy fuerte, concentrado y unilateral” que ha sido pernicioso para el país y también para el propio gobierno que se creyó su propio relato, alejándose de la realidad.

La narrativa del gobierno anterior se basó en la mentira, la omisión y la exageración, tres ingredientes de la propaganda. De ahí que la intervención del INDEC sirvió para mentir sobre porcentajes de pobreza e inflación, programas como Fútbol para Todos fueron utilizados para hacer auto bombo, mientras que las cadenas nacionales de la Presidenta eran incongruentes con los propósitos y restricciones que marca la Constitución para ese tipo de alocuciones.

Ojalá Argentina, a diferencia de lo que sucede en países con gobiernos populistas y propagandísticos como los de Rafael Correa, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales, pueda ver modelos de medios públicos como los de Uruguay, Costa Rica y Chile que, aunque tienen limitaciones, han avanzado respetando la pluralidad y diversidad de la población.

No es malo que los gobiernos se auto elogien o resalten sus acto, siempre y cuando ello no sea política de Estado como ocurría con el modelo kirchnerista. Los gobiernos deben tener limitaciones y restricciones para hablar de sus logros, así como los tienen durante las campañas electorales, cuando no pueden abusar del dinero de todos los ciudadanos para fines proselitistas.

En materia de comunicación pública, además de desmantelar el aparato de propaganda y hacer reformas a las leyes de medios y de telecomunicaciones para que no sean utilizadas para castigar o maniatar a medios críticos, el gobierno de Macri tiene dos tareas importantes que gobiernos anteriores no las quisieron emprender: Debe promulgar una ley de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, y también acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que exige una reglamentación específica para el uso y gasto del Estado en publicidad oficial.

Que el Estado no esté obligado a ofrecer información de la administración pública cuando los ciudadanos lo pidan es una de las grandes distancias que Argentina tiene con países de mayor nivel democrático. La transparencia y los datos verdaderos son el antídoto contra la propaganda y la única forma que permite generar confianza y abandonar una realidad de ficciones. La verdad es la única forma para recuperar la confianza en la palabra, ese bien que ha sido devaluado por el gobierno anterior, como bien sentenciaba el escritor Martín Caparrós.

Conocer los hechos

El Newseum o museo de las noticias en Washington es un homenaje a las libertades de prensa y expresión, disciplinas a las que valora esenciales para que exista democracia.

Los grandes avances de la humanidad y las batallas contra la opresión inundan los pasillos. Un pedazo del muro de Berlín, la imprenta de Gutemberg, utensilios de tortura, el primer satélite de comunicación, la antena de las Torres Gemelas, tapas de diarios anunciando la llegada a la Luna, el desembarco en Normandía, la destrucción de Auschwitz, el asesinato de Martin Luther King… Pero de entre todo, se destaca una simple frase sobre una pared lateral. Pertenece a Abraham Lincoln, y dice: “Que la gente conozca los hechos, y el país estará a salvo”.

Simple. Soberbia. Contundente. La volví a recordar cuando esta semana leí un artículo del diario La Nación de Buenos Aires. Trata sobre cómo el gobierno argentino intervino el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2007 y desde entonces se dio a la tarea de manipular datos económicos.

A través del entonces temible secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el gobierno inventó mentiras, falseó datos de la inflación y de ahí generó una cascada de datos erróneos que desdibujaron  los datos de la pobreza, indigencia y crecimiento. 

Peor aún, generó desconfianza e incredulidad, valores políticos que un gobierno necesita custodiar a rajatabla, porque tienen impacto directo en lo económico, tanto en la atracción de inversiones como en la búsqueda de crédito internacional.

La denuncia de La Nación es periodismo de alto vuelo. Desnuda a un gobierno mentiroso que degradó a un Instituto que hasta entonces era modelo de eficiencia en América Latina. Muestra como los intereses del gobierno se antepusieron a los de Estado y nación, y a los de los ciudadanos que solo confían sus votos para que se administre la cosa pública, no para que se aprovechen de ella.

Escondiendo pobres, inflación y sin estadísticas confiables, ningún país serio puede crear estrategias de crecimiento. La evaporación forzosa de pobres, no desparece el problema, lo potencia. Sin datos no se pueden crear medidas paliativas; de ahí que la falta de estrategia deriva en asistencialismo, dádivas y corrupción.

Es cierto que en todos lados se cuecen habas. En este país del Newseum, también Barack Obama tiene un largo historial de ocultar información y es criticado por clasificar mucha de ella como top secret, para así alejarla legalmente del público por 30 años. Sin embargo, lo importante de la democracia estadounidense, es que la frase de Lincoln está imbuida en su cultura. El gobierno debe entregar información de interés público, sino todo el peso de los ciudadanos y los tribunales cae a través de la ley de acceso a la información pública de 1966, que penaliza a aquel funcionario que no atiende una petición o niega entregar datos.

Cuando este tipo de leyes no existe o el Estado no se siente obligado a responder, como en el caso argentino, la democracia se hace débil. Sin datos, con la verdad manipulada, el gobierno se siente a sus anchas para cometer más abusos y lo puede hacer con total impunidad. La relación estrecha entre mala o poca información, corrupción y nivel democrático, se puede observar claramente en los índices anuales que proporciona Transparencia Internacional.

Notas como las de La Nación serían un lujo en países con menos niveles de democracia que Argentina. Ese artículo no lo podría publicar un diario como El Nacional de Caracas, o si lo hiciera debería atenerse a las consecuencias. Por denuncias menos profundas, el gobierno de Nicolás Maduro ha adoptado contra ese y otros diarios críticos e independientes, todo tipo de restricciones y represalias. La medida más creativa y drástica que sobrepasó la burda censura legal y judicial es haberle cortado el suministro de papel y otros insumos para la producción.

Es obvio que El Nacional y otros diarios languidecen; pero también la democracia. Cuando el gobierno trata de que el periodismo sea de menos calidad, cuando impide que los ciudadanos puedan acceder a información pública, cuando manipula los datos reales, cuando va a contramano de la simple enseñanza de Abrahan Lincoln, la democracia y todo un país, jamás podrán estar a salvo. 

Las mentiras de Argentina

Finalmente alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha vuelto tan autoritario que se cree con el poder de manipular la información oficial o adecuarla a sus propios intereses desobedeciendo mandatos de sus propios decretos, como el firmado por el ex presidente Néstor Kirchner que obliga al Poder Ejecutivo a generar y dar información oficial en forma veraz y en término.

El FMI acaba de sancionar al oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC (intervenido por el Poder Ejecutivo desde 2007) por manipular información y estadísticas sobre inflación.

Las denuncias no son nuevas, son las que por años las propias entidades argentinas, la oposición y la prensa vienen sosteniendo. El gobierno, en lugar de haber rectificado rumbos, prefirió prohibir a las consultoras privadas que hagan mediciones y a los medios que las divulguen, lo que ha llevado al Congreso - al menos al sector de la oposición – a llevar sus propias estadísticas sobre la inflación.

Como era de esperar, Cristina no demoró mucho en reaccionar y se despachó con decenas de tuits contra el FMI, acusando a la entidad de todas las crisis en el mundo y de la historia.

Sin embargo, lo que Cristina no dijo es si cumplirá con lo que se le pidió al gobierno respecto a que en siete meses debe generar mejores y más creíbles estadísticas o de lo contrario correrá el riesgo de no poder conseguir asistencia financiera o ser expulsada de la entidad.

Cristina no deja de tener razón en sus críticas al FMI, pero su reacción en nada invalida que su gobierno sí manipula las estadísticas, para mostrar una realidad diferente a la real, desde los índices de pobreza, de empleo formal e informal, del precio de la canasta familiar, por citar los datos más elementales.

Hay cosas que no se entienden de este entuerto. Por un lado, si las estadísticas sirven para crear políticas públicas, como hará el gobierno para hacer las más acertadas cuando no le queda otra que usar datos propios sobre los que ni siquiera puede confiar.

Y por otro lado, cada vez es más evidente que en el país se necesita una Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, la única forma que el público podrá obligar al gobierno a entregarle no solo información, sino la metodología que utiliza para generarla.

Una ley de este tipo puede ser la única forma para fiscalizar a este gobierno.

Índices de pobreza en EE.UU. y Argentina

Ayer la Oficina del Censo de EE.UU. dio a conocer los más recientes índices de pobreza, revelando que un 15.1 % de la población, es decir 46.2 millones de personas son pobres.

Las cifras son de por sí preocupantes, en especial, por tratarse de un país desarrollado, y siendo que la pobreza creció desde el 2009, cuando se registró un nivel de 14.3 %.

Es obvio que estas cifras repercutirán negativamente contra el presidente Barack Obama, quien por estos días apura al Congreso a sancionar la ley de empleo que pasó él mismo a los legisladores el jueves pasado.

Lo interesante es observar que la Oficina del Censo o tampoco el gobierno, han tratado de distorsionar esas cifras o evitaron darla justo cuando Obama tienen su popularidad a la baja o cuando la Bolsa de Valores está muy sensible y a merced de noticias y percepciones que la pueden hacer variar hacia abajo de inmediato.

Esto viene a colación de lo que sucede en Argentina, donde el gobierno manipula al INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que no ofrezca los índices reales de inflación y de pobreza. Las cifras oficiales son muy distintas y menores a las que ofrecen organismos privados y delatan los medios de comunicación.

Se trata de una metodología corrupta, que el gobierno de Cristina de Kirchner utiliza como mecanismo de propaganda en detrimento del derecho del público a la información y a la verdad que debe siempre emanar de organismos públicos.

Inflación mentirosa en Argentina

Desde 2007 el gobierno argentino viene tergiversando y manipulando los datos de la inflación en el país a través del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), una situación que desencadenó en una serie de fuertes multas y censura de parte de la Secretaría de Comercio contra encuestadoras y compañías privadas e independientes que miden la inflación en el país.

El índice de inflación, según datos de esas compañías que ahora tienen prohibido hacer esas mediciones, alcanza entre el 25 y 30% en 2011, mientras que la cifra oficial no llega ni al 10%. Razón ésta, por la que los diputados nacionales de la oposición decidieron desde ayer hacerle frente al gobierno y al oficialismo divulgando un índice promedio del registrado por las empresas independientes.

No es la primera vez que el INDEC tergiversa índices, como lo ha hecho hasta ahora no sólo con la minimización de la inflación, sino también años anteriores cuando escondió los niveles reales de pobreza, lo que generó una gran confrontación entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica.

Lo peor de toda esta manipulación es que el INDEC, un organismo que debería ser autónomo dentro del Estado, ya carece de todo signo de credibilidad, es utilizado como agente de propaganda del gobierno por arriba de su responsabilidad y que se han usurpado los principios más elementales de la libertad de expresión al habérseles prohibido a las compañías privadas e independientes buscar, investigar y difundir resultados de sus pesquisas.

Las consecuencias son graves para el país. La primera, es la falta de confianza que se genera en el público, especialmente porque no hace falta que ni el Congreso o las empresas encuestadoras divulguen datos sino sólo se necesita ir a los supermercados para comprobar que la inflación oficial está muy por debajo de lo que indican los precios de la canasta familiar. La segunda, es la desconfianza a nivel exterior, tanto para los organismos internacionales de crédito como para los inversores. La tercera, es que se establecen disparidades entre la realidad y los presupuestos que se quieran aprobar, así como lo que se establece en materia salarial y de jubilaciones. La cuarta, es la política de persecución de parte del gobierno de quienes solo tratan de recoger la información. Y la quinta – ojalá que no suceda – es que si el Estado permanece con esta política de mentiras y tergiversaciones sin que intervengan los jueces, se permitirá que la impunidad afecte la seguridad jurídica de la nación.

Por ahora, la buena señal es que algunos diputados de la oposición están empezando a poner en ridículo esta gran mentira del gobierno, y buscando formas para que se remedie la situación.

Ocultan la pobreza dibujando las estadísticas

La pobreza en Argentina sigue subiendo a pesar del crecimiento económico, a pesar de que el gobierno hace todo lo posible por ocultar las estadísticas reales. Según Fiel (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) la pobreza en las ciudades del país alcanza el 23,3%, lo que equivale al doble de lo reportado por el oficial Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), organismo que viene siendo criticado durante la administración Kirchner por mentir descaradamente sobre los índices de la inflación.

Según estos datos, Argentina, otrora el “granero del mundo”, tiene unos 10 millones de pobres, ubicados entre la zona metropolitana de Buenos Aires, pero con una mayor concentración en las provincias del extremo norte del país, donde la desigualdad es cada vez más notable y en las cuales la pobreza es parte de un círculo vicioso del que forman parte el creciente desempleo, la educación deficiente y la tasa altísima de deserción escolar.

El debacle argentino no es solo patrimonio de la administración de Cristina de Kirchner y de la de su fallecido esposo, sino de todas las anteriores por los menos de medio siglo como mínimo. Es que justamente debido a la manipulación de las estadísticas, lo que siempre fue costumbre, todos los gobiernos han dibujado otro país, ocultando las verdaderas necesidades y prioridades de la gente.

Pobreza: contradicción argentina

Argentina es un país de contradicciones especialmente cuando se compara su riqueza en recursos naturales y alimentos y la pobreza y el hambre que campean por doquier.

Bastaron esta semana las palabras del Papa Benedicto XVI para respaldar la campaña de solidaridad católica Más por Menos, para que todos se rasgaran las vestiduras.
¡Y no es para menos! El Papa habló de “reducir el escándalo de la pobreza y la inequidad social” en un país que históricamente se ha vanagloriado de ser el “granero del mundo” y de haber tenido un gran superávit gracias a los precios de las materias primas, antes de que el mundo sucumbiera a la crisis económica y financiera que se inició con el descontrol estadounidense.

Es que la mayoría de argentinos no salimos de nuestro asombro al no entender como un país tan rico, pudo haber caído en la pobreza. La falta de liderazgo político, de previsión y objetivos a largo plazo, los vaivenes económicos que de izquierda, derecha y centro nunca supieron dar en el clavo, son solo un manojo de respuestas ante un problema al que nadie parece encontrarle solución.

Por más que el gobierno hable de que la pobreza ha sido reducida del 60 al 22 ó 23 por ciento en los últimos años, como dijo en estos días el ex presidente Néstor Kirchner – cosa que nadie cree toda vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos ha venido mintiendo a diestra y siniestra – en realidad, las estadísticas más creíbles, como las de la Universidad Católica Argentina, refieren que los pobres llegan hoy en la Argentina al 39 por ciento de la población, es decir unos 14 millones de personas, de los cuales, algo más de cuatro millones son indigentes.

El Papa habló de la vergüenza de la pobreza para ayudar al relanzamiento de la colecta nacional Más por Menos, poniendo de nuevo en el tapete este tema que el Gobierno viene rechazando en forma reiterada. Siempre el Papa pone el tema en la llaga y hace que todos los sectores de la sociedad se enfrasquen en un duro debate y una dolorosa autocrítica tratando de buscar los culpables ante semejanza contradicción social.

En años anteriores, el Papa siempre atrajo “jugosos” debates en los lanzamientos de la campaña Más por Menos de Cáritas. En el 2007 apuntaló la campaña solidaria pidiendo “reducir las desigualdades", en el 2008 solicitó solidaridad para “superar situaciones de pobreza" y este año, cansado de que no se logre nada, tomó al toro por las astas, denunciando lo escandaloso de la pobreza.

Las palabras del Santo Padre no gustaron, pero son necesarias para recordar que lo peor que le puede pasar al país es esconder y omitir la pobreza y el hambre masivo, la mayor vergüenza que puede ostentar un país rico.