Mas allá de los impredecibles éxitos que podrá alcanzar
el gobierno de Mauricio Macri en el corto plazo, ya se avizoran acciones y
efectos concretos en la recuperación del valor de la palabra, un bien que fue
degradado tras doce años de propaganda kirchnerista.
Algunos actos oficiales del nuevo gobierno son
consecuentes con promesas de campaña: Se dejará de lado la "guerra del
Estado contra del Periodismo"; los medios de comunicación que maneja el
gobierno serán públicos y no partidarios, bajo una política de "pluralismo,
federalismo e innovación"; la publicidad oficial no será utilizada para
premiar a medios amigos y castigar a los críticos; y los periodistas militantes
serán despedidos o deberán trabajar profesionalmente sin sueldos de privilegio.
La política para desmantelar el aparato de propaganda
estatal no debería cometer el error de censurar la libertad de expresión. Deben
seguir existiendo espacios para programas partidarios como el ex oficialista
678 o para que pregonen su militancia periodistas como Víctor Hugo Morales. Eso
sí, esos espacios no debieran estar en medios públicos o pagados por el
bolsillo de todos los argentinos, sino en privados, bajo las reglas del rating
de la audiencia o el criterio e interés editorial de sus propietarios.
Si se cumple con los anuncios del ministro de Medios y
Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, la Argentina podrá ir recuperando el
valor de la palabra, especialmente después de años en que la propaganda
gubernamental se utilizaba para suplir las carencias de la población, manipular
las estadísticas oficiales y para crear un culto a la personalidad hacia
Cristina Kirchner y su difunto esposo.
Lombardi tiene
razón cuando dice que no solo heredó un ministerio del relato sino “un aparato
propagandístico muy fuerte, concentrado y unilateral” que ha sido pernicioso
para el país y también para el propio gobierno que se creyó su propio relato,
alejándose de la realidad.
La narrativa del gobierno anterior se basó en la mentira,
la omisión y la exageración, tres ingredientes de la propaganda. De ahí que la
intervención del INDEC sirvió para mentir sobre porcentajes de pobreza e
inflación, programas como Fútbol para Todos fueron utilizados para hacer auto
bombo, mientras que las cadenas nacionales de la Presidenta eran incongruentes
con los propósitos y restricciones que marca la Constitución para ese tipo de
alocuciones.
Ojalá Argentina, a diferencia de lo que sucede en países
con gobiernos populistas y propagandísticos como los de Rafael Correa, Nicolás
Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales, pueda ver modelos de medios públicos como
los de Uruguay, Costa Rica y Chile que, aunque tienen limitaciones, han
avanzado respetando la pluralidad y diversidad de la población.
No es malo que los gobiernos se auto elogien o resalten
sus acto, siempre y cuando ello no sea política de Estado como ocurría con el
modelo kirchnerista. Los gobiernos deben tener limitaciones y restricciones
para hablar de sus logros, así como los tienen durante las campañas
electorales, cuando no pueden abusar del dinero de todos los ciudadanos para
fines proselitistas.
En materia de comunicación pública, además de desmantelar
el aparato de propaganda y hacer reformas a las leyes de medios y de telecomunicaciones
para que no sean utilizadas para castigar o maniatar a medios críticos, el
gobierno de Macri tiene dos tareas importantes que gobiernos anteriores no las
quisieron emprender: Debe promulgar una ley de Acceso a la Información Pública
y de Transparencia, y también acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia
que exige una reglamentación específica para el uso y gasto del Estado en
publicidad oficial.
