Las mentiras de Argentina

Finalmente alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se ha vuelto tan autoritario que se cree con el poder de manipular la información oficial o adecuarla a sus propios intereses desobedeciendo mandatos de sus propios decretos, como el firmado por el ex presidente Néstor Kirchner que obliga al Poder Ejecutivo a generar y dar información oficial en forma veraz y en término.

El FMI acaba de sancionar al oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC (intervenido por el Poder Ejecutivo desde 2007) por manipular información y estadísticas sobre inflación.

Las denuncias no son nuevas, son las que por años las propias entidades argentinas, la oposición y la prensa vienen sosteniendo. El gobierno, en lugar de haber rectificado rumbos, prefirió prohibir a las consultoras privadas que hagan mediciones y a los medios que las divulguen, lo que ha llevado al Congreso - al menos al sector de la oposición – a llevar sus propias estadísticas sobre la inflación.

Como era de esperar, Cristina no demoró mucho en reaccionar y se despachó con decenas de tuits contra el FMI, acusando a la entidad de todas las crisis en el mundo y de la historia.

Sin embargo, lo que Cristina no dijo es si cumplirá con lo que se le pidió al gobierno respecto a que en siete meses debe generar mejores y más creíbles estadísticas o de lo contrario correrá el riesgo de no poder conseguir asistencia financiera o ser expulsada de la entidad.

Cristina no deja de tener razón en sus críticas al FMI, pero su reacción en nada invalida que su gobierno sí manipula las estadísticas, para mostrar una realidad diferente a la real, desde los índices de pobreza, de empleo formal e informal, del precio de la canasta familiar, por citar los datos más elementales.

Hay cosas que no se entienden de este entuerto. Por un lado, si las estadísticas sirven para crear políticas públicas, como hará el gobierno para hacer las más acertadas cuando no le queda otra que usar datos propios sobre los que ni siquiera puede confiar.

Y por otro lado, cada vez es más evidente que en el país se necesita una Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia, la única forma que el público podrá obligar al gobierno a entregarle no solo información, sino la metodología que utiliza para generarla.

Una ley de este tipo puede ser la única forma para fiscalizar a este gobierno.