Desde 2007 el gobierno argentino viene tergiversando y manipulando los datos de la inflación en el país a través del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), una situación que desencadenó en una serie de fuertes multas y censura de parte de la Secretaría de Comercio contra encuestadoras y compañías privadas e independientes que miden la inflación en el país.
El índice de inflación, según datos de esas compañías que ahora tienen prohibido hacer esas mediciones, alcanza entre el 25 y 30% en 2011, mientras que la cifra oficial no llega ni al 10%. Razón ésta, por la que los diputados nacionales de la oposición decidieron desde ayer hacerle frente al gobierno y al oficialismo divulgando un índice promedio del registrado por las empresas independientes.
No es la primera vez que el INDEC tergiversa índices, como lo ha hecho hasta ahora no sólo con la minimización de la inflación, sino también años anteriores cuando escondió los niveles reales de pobreza, lo que generó una gran confrontación entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica.
Lo peor de toda esta manipulación es que el INDEC, un organismo que debería ser autónomo dentro del Estado, ya carece de todo signo de credibilidad, es utilizado como agente de propaganda del gobierno por arriba de su responsabilidad y que se han usurpado los principios más elementales de la libertad de expresión al habérseles prohibido a las compañías privadas e independientes buscar, investigar y difundir resultados de sus pesquisas.
Las consecuencias son graves para el país. La primera, es la falta de confianza que se genera en el público, especialmente porque no hace falta que ni el Congreso o las empresas encuestadoras divulguen datos sino sólo se necesita ir a los supermercados para comprobar que la inflación oficial está muy por debajo de lo que indican los precios de la canasta familiar. La segunda, es la desconfianza a nivel exterior, tanto para los organismos internacionales de crédito como para los inversores. La tercera, es que se establecen disparidades entre la realidad y los presupuestos que se quieran aprobar, así como lo que se establece en materia salarial y de jubilaciones. La cuarta, es la política de persecución de parte del gobierno de quienes solo tratan de recoger la información. Y la quinta – ojalá que no suceda – es que si el Estado permanece con esta política de mentiras y tergiversaciones sin que intervengan los jueces, se permitirá que la impunidad afecte la seguridad jurídica de la nación.
Por ahora, la buena señal es que algunos diputados de la oposición están empezando a poner en ridículo esta gran mentira del gobierno, y buscando formas para que se remedie la situación.
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