Nada del matrimonio Kirchner que “reina” en la Argentina me gustó alguna vez. Pero ahora es peor, ya no lo soporto y menos a Cristina por dejar que su esposo Néstor siga siendo el presidente y trate de imponer la agenda política y pública en el país. Siempre los adversé principalmente por su verborragia autocrática, cargada de adjetivos e insultos contra sus adversarios. La historia que les antecede en su provincia de origen es nefasta, aunque fueron exitosos para llegar al poder.
Hay algunos puntos específicos que me hicieron perder credibilidad en ellos, que tienen que ver con privilegios y abusos continuos. De los que más me molestaron: depositaron millones de dólares de la provincia en el exterior, mientras los bolsillos del resto – de todos los argentinos – eran saqueados por el “corralito”; la cantidad de medios de comunicación y testaferros que ubicaron en ellos para ir creando un aparato propagandístico de proporciones titánicas; la política agropecuaria de malgastar los ingresos para el país por unas retenciones impositivas confiscatorias que les posibilitaría “caja chica” para hacer demagogia; el dinero desproporcionado que han acumulado en ganancias que supera el 600% en los últimos años; y, por último, el abuso que están cometiendo en contra de la libertad de prensa.
La semana pasada Cristina envió al Congreso el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales argumentando que el país necesita mayor pluralidad y diversidad de medios, cuando en realidad lo que están buscando – y su marido lo ha expresado en numerosas ocasiones – es amordazar no solo a Clarín y las empresas mediáticas de este grupo, sino a todos los demás que representan el disenso, la crítica y la “oposición”.
Este proyecto de ley, de por sí, ya viene mal barajado, porque quieren imponer que el Congreso lo discuta antes del 10 de diciembre cuando el oficialismo perderá su mayoría, después de que los Kirchner fueron derrotados en las elecciones legislativas pasadas de junio. En cuanto al proyecto, que tampoco los oficialistas han permitido que la oposición realice audiencias públicas en el interior del país, empezará a debatirse esta próxima semana, lo que creará una profunda polémica por un contenido abusivo que justamente lo que menos busca es pluralidad y diversidad.
Crea un órgano de control muy fuerte con figuras del gobierno, pide que el gobierno revise las licencias otorgadas cada dos años, ocho años menos de lo que estipula la ley actual, lo que convertirá a este mecanismos en un método de autocensura sistemática y los grupos que ahora tienen medios de diferentes tecnologías, radio, televisión, escritos, internet – con licencias otorgadas por ley - se verán obligados a venderlos a precios irrisorios antes de un año de promulgada la ley por una cláusula inconstitucional de retroactividad.
Por donde se la mire, esta ley que trata de derribar los monopolios, lo que está haciendo es coartando la pluralidad y diversidad que trata de incentivar, porque después de todo, muchas de esas empresas le han dado al interior del país una gama importante de opciones, de cómo informarse y entretenerse. El Estado es quien terminará recibiendo mayor cantidad de licencias, lo que va en detrimento del sector privado. Además, permitirá que el Estado pueda sancionar a un medio retirándole la licencia por dos faltas graves, pudiendo confiscar al medio y adueñándose de los equipos, algo similar a lo que sucede en Venezuela, donde por ejemplo Hugo Chávez cerró RCTV en mayo de 2007, y utilizó los equipos de la televisora central y de trasmisión y estudios en todo el país, para crear una nueva televisora estatal.
Al igual que en Venezuela, también el proyecto de Cristina permitirá disponer “cadenas” cada vez que existan supuestos de “trascendencia institucional”, lo que implica que es a su pura discreción.
Veremos que sucede esta semana cuando las comisiones discutan en profundidad el proyecto