La fabricante de medios

Cristina de Kirchner se salió con la suya y festejó. El Senado, como estaba previsto y arreglado – coimas de por medio – se alineó para votar a favor (44 a 24) de la nueva ley de radiodifusión y con ella, Cristina y su marido, lograron lo que querían: “frenar” a Clarín y empezar a tejer una red de medios para el futuro y a su favor. En realidad, la nueva legislación es casi una fábrica de medios.

Lo más triste es que la Ley de Medios no sufrió ningún tipo de cambios como reclamaba una oposición que al final terminó diezmada. Lo más grave es que el Poder Ejecutivo no está obligado a nada, ya que no se hizo transparente el tema de la pauta publicitaria oficial y tendrá un control casi total sobre la radio-tv y el cable, con un órgano de control en el que tendrá cinco de sus siete miembros. Los multimedios tendrán que vender sus licencias en un año lo que se prevé alimentará una industria de litigios en contra del Estado.

Algunos detalles de la ley son bastante sorprendentes, como que dividió en tres partes iguales a los poseedores de los medios: estado, comunitarios y privados. Lo que daría apariencia de pluralidad, en realidad es todo lo contrarios, porque es fácil advertir que el Estado está ampliando considerablemente sus medios de propaganda.

También resulta inusual que el Estado regule el tema de los cables prohibiéndole a los cableros tener licencias de tv abierta o producir más de una señal de cable, arrogándose además, el derecho de adjudicar las frecuencias en ciudades de más de 500.000 habitantes.

El diario Clarín en sus páginas del sábado, después de que la ley fue aprobada en lo particular a las seis de la mañana señaló lo que todos ya venían advirtiendo: “Desde su origen, el proyecto tuvo el nombre de su destinatario: apuntó específicamente contra el Grupo Clarín. Los ataques del Gobierno y sus partidarios comenzaron durante el conflicto con el campo. Se profundizaron durante la campaña para las elecciones legislativas de junio, cuando el ex presidente Néstor Kirchner popularizó su latiguillo de "¿Qué te pasa, Clarín?". Luego llegó la compulsiva re estatización de la televisación del fútbol. Y más recientemente aún, y tras otras agresiones, el injustificado operativo intimidatorio de cientos de agentes de la AFIP en la sede del diario”.

No caben dudas de que Cristina y su esposo están tratando de convertirse fabricantes de medios.

Día negro para Argentina

No lo digo porque Argentina tenga un panorama muy nublado para el fútbol de cara al partido de mañana ante Perú y el miércoles ante Uruguay, sino porque hoy puede ser el día en que comience una etapa muy negra para la libertad de prensa, la que está siendo acosada por el gobierno de Cristina de Kirchner.
En el Senado, entre hoy y mañana, será posible la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales que el gobierno y su estratégico aparato político ha vendido y está vendiendo como la panacea para destruir la malicia de los monopolios de medios en el país, bajo la consigna de que la información debe ser plural y diversa.
Nada más ajeno a la realidad, ya que quien visita Buenos Aires o Argentina, se podrá dar cuenta que no existe tal monopolio como Cristina quiere hacer ver a Clarín – en realidad su talón de Aquiles – ya que Clarín de be competir en los kioskos con 12 otros diarios, algunos también que llegan al interior del país, pero que no tienen nada de penetración, porque en Argentina existe una prensa diversa, plural y estimulante, además de altamente competitiva.
Lo mismo se puede decir de Clarín respecto a las radios, las televisoras de aire y de cable y todos los demás servicios informativos por lo que a diario debe competir contra otros grupos que tienen hasta mucho más y mejores audiencias. Lo que sí es Clarín, un grupo con fuerza impresionante que puede hacer temblar a los gobiernos cuando sintoniza todos sus medios. ¿Pero no es acaso el papel importante que deben jugar los medios en una democracia?
Analizaré la ley en otros post, como ya lo he hecho, pero creo que hoy tenía la necesidad de remarcar que estamos frente a un día negro y del que nos tendremos que arrepentir en el futuro, porque es preferible un páis con Clarín que sin él. Seguramente la ley que saldrá ahora tendrá visos de nulidad y de anticonstitucionalidad, el único camino que quedará para que la Corte Suprema de Justicia, la termine deshaciendo.

Controlar a los medios de comunicación

Hoy ya enfrentaremos el epílogo de un debate infructuoso y burlón al que los legisladores que responden al ex presidente Néstor Kirchner darán dictamen para que pronto la Ley de Servicios Audiovisuales sea una realidad: controlar a los medios de comunicación.

Mientras se estaban realizando unas audiencias para discutir cambios que pudieran limitar al gobierno y al Estado su avasallamiento contra los medios privados, anoche un cambio de timón en las discusiones del Senado permitió que el oficialismo obtuviera el permiso para tratar el proyecto sin modificaciones tal lo aprobó la Cámara de Diputados hace unos 15 días atrás.

La ley parece que se viene en un tiempo récord, y con votos cantados y contados, unos 38, lo permitirá a los Kirchner su más preciado botín: una ley que tendrá una autoridad de aplicación netamente dominada por el Poder Ejecutivo, lo que le permitirá controlar y discriminar quienes obtendrán licencias y sacarlas cuando los medios se porten mal; y exigir que lo que ellos consideran “monopolios”, como el caso Clarín, tengan solo un año para desprenderse de medios para no exceder el límite de licencias que configura la nueva ley, lo que finalmente no es más que un disfrazar de pluralidad y diversidad del espectro, ya que es realmente una forma de dividir para reinar, es decir aplacar a los críticos, comprar conciencias (además de medios propios) y crear una opinión favorable, allanando su propio camino para extender el reinado más allá del 2011.

Es decir, toda una política de Estado configurada por un ansia personal. Ni más ni menos.

Los medios y la "ética obligada"

Todas las organizaciones periodísticas argentinas se están pronunciando en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el 27 de agosto envió al Congreso la presidenta Cristina de Kirchner, especialmente pidiendo que haya un procedimiento transparente y un debate alejado de la politización.

Las críticas más frecuentes es que el gobierno está cercenando la libertad de empresa, la competencia y la pluralidad y diversidad que se dice busca la ley, generando un Estado más fuerte como presencia mayor en las licitaciones, más o menos como haciendo ver que las empresas privadas son el mal y las estatales son las que ofrecen una real democracia participativa.

De todas las críticas y propuestas que leí, hay una, la del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), un grupo de 270 profesionales argentinos muy respetados y de buena reputación en el periodismo nacional, que me sorprendió negativamente.

Primero vale aclarar que la mayoría de los 16 puntos que presentaron me parecieron muy válidos, excepto el referente a la ética periodística. En el punto 2 de la carta dicen lo siguiente: “Proponemos que a los licenciatarios se les exija, al presentarse a una licitación, un código de ética, lineamientos de estándares profesionales y un código de conducta empresaria. Asimismo, deben comprometerse a la financiación y organización de la capacitación permanente de sus periodistas. Todas estas pautas para garantizar la calidad periodística deben poder ser demostrables. El incumplimiento de estos compromisos debe ser considerado una falta grave. Sugerimos que la ley disponga que cada medio designe un Defensor del oyente o del televidente, de acuerdo al modelo de la Asociación Internacional de Ombudsman, considerando las categorías de medios que disponga la norma”.

Considero este punto un grave error. Primero, porque la ética periodística o la que deben albergar los medios es un ideal, es un objetivo a alcanzar o no, ya que justamente la ética, a diferencia de la ley, que es obligatoria, depende del libre albedrío de la persona o, en este caso, del medio. La ética no se puede imponer. La autorregulación de por sí misma se define, depende de la elección que la persona o le medio haga. Hay medios que prefieren guiarse por conductas que se han logrado por la práctica, en forma consuetudinaria, y otros que prefieren tener códigos de ética muy pormenorizados y otros solo declaraciones orientativas muy generales. La ley obliga, la ética se escoge.

Mucho peor aún, es obligar a los medios a que tengan ombudsman, una práctica que en muchos casos y países no ha resultado para nada exitoso.

Ambas prácticas, la de tener o no Código de ética o ombudsman deben ser cuestiones estrictamente voluntarias que no deben estar regidas por ley.

Los K, sus abusos y los medios

Nada del matrimonio Kirchner que “reina” en la Argentina me gustó alguna vez. Pero ahora es peor, ya no lo soporto y menos a Cristina por dejar que su esposo Néstor siga siendo el presidente y trate de imponer la agenda política y pública en el país. Siempre los adversé principalmente por su verborragia autocrática, cargada de adjetivos e insultos contra sus adversarios. La historia que les antecede en su provincia de origen es nefasta, aunque fueron exitosos para llegar al poder.

Hay algunos puntos específicos que me hicieron perder credibilidad en ellos, que tienen que ver con privilegios y abusos continuos. De los que más me molestaron: depositaron millones de dólares de la provincia en el exterior, mientras los bolsillos del resto – de todos los argentinos – eran saqueados por el “corralito”; la cantidad de medios de comunicación y testaferros que ubicaron en ellos para ir creando un aparato propagandístico de proporciones titánicas; la política agropecuaria de malgastar los ingresos para el país por unas retenciones impositivas confiscatorias que les posibilitaría “caja chica” para hacer demagogia; el dinero desproporcionado que han acumulado en ganancias que supera el 600% en los últimos años; y, por último, el abuso que están cometiendo en contra de la libertad de prensa.

La semana pasada Cristina envió al Congreso el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales argumentando que el país necesita mayor pluralidad y diversidad de medios, cuando en realidad lo que están buscando – y su marido lo ha expresado en numerosas ocasiones – es amordazar no solo a Clarín y las empresas mediáticas de este grupo, sino a todos los demás que representan el disenso, la crítica y la “oposición”.

Este proyecto de ley, de por sí, ya viene mal barajado, porque quieren imponer que el Congreso lo discuta antes del 10 de diciembre cuando el oficialismo perderá su mayoría, después de que los Kirchner fueron derrotados en las elecciones legislativas pasadas de junio. En cuanto al proyecto, que tampoco los oficialistas han permitido que la oposición realice audiencias públicas en el interior del país, empezará a debatirse esta próxima semana, lo que creará una profunda polémica por un contenido abusivo que justamente lo que menos busca es pluralidad y diversidad.

Crea un órgano de control muy fuerte con figuras del gobierno, pide que el gobierno revise las licencias otorgadas cada dos años, ocho años menos de lo que estipula la ley actual, lo que convertirá a este mecanismos en un método de autocensura sistemática y los grupos que ahora tienen medios de diferentes tecnologías, radio, televisión, escritos, internet – con licencias otorgadas por ley - se verán obligados a venderlos a precios irrisorios antes de un año de promulgada la ley por una cláusula inconstitucional de retroactividad.

Por donde se la mire, esta ley que trata de derribar los monopolios, lo que está haciendo es coartando la pluralidad y diversidad que trata de incentivar, porque después de todo, muchas de esas empresas le han dado al interior del país una gama importante de opciones, de cómo informarse y entretenerse. El Estado es quien terminará recibiendo mayor cantidad de licencias, lo que va en detrimento del sector privado. Además, permitirá que el Estado pueda sancionar a un medio retirándole la licencia por dos faltas graves, pudiendo confiscar al medio y adueñándose de los equipos, algo similar a lo que sucede en Venezuela, donde por ejemplo Hugo Chávez cerró RCTV en mayo de 2007, y utilizó los equipos de la televisora central y de trasmisión y estudios en todo el país, para crear una nueva televisora estatal.

Al igual que en Venezuela, también el proyecto de Cristina permitirá disponer “cadenas” cada vez que existan supuestos de “trascendencia institucional”, lo que implica que es a su pura discreción.

Veremos que sucede esta semana cuando las comisiones discutan en profundidad el proyecto