El presidente Rafael
Correa se la tiene jurada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). El último informe de libertad de prensa sobre Ecuador, habla de más de
70 violaciones cometidas por el gobierno ecuatoriano.
Por razones similares en
el pasado y enojadísimo porque según él se le desprestigia en materia de
derechos humanos, Correa impulsó, dentro del esquema de los países que conforman
el ALBA, una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con
el objetivo de debilitarlo y neutralizarlo. En su intención, Correa arremetió
contra la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, se quejó de que esta
instancia tenga fondos provenientes de gobiernos fuera del sistema, como de
EE.UU. y de países europeos, y puso cortapisas para que no pueda “entrometerse
en asuntos internos”, lo que equivale a sacarle a esa oficina su razón de ser.
Aquella vez, la
propuesta de Correa - impulsada en una reunión celebrada en Cochabamba,
Bolivia, en 2011 y tras posteriores reuniones, lobby y presión a otros
gobiernos - terminó por desvanecerse el 23 de marzo de este año, tras una Asamblea
General Extraordinaria de la OEA. Ecuador y los países del ALBA no consiguieron
el apoyo necesario y, por aclamación, se aprobó una resolución dando por
terminado el proceso de reflexión sobre las reformas al SIDH. Sin embargo, se
dejó una puerta abierta para que el proceso pudiera continuar.
Con esa puerta
entreabierta, el gobierno ecuatoriano difícilmente se quedaría con las manos
atadas. Como corolario, de nuevo eligió la ciudad de Cochabamba para que este
próximo 14 de mayo se insista con la reforma del SIDH, al menos, con la
intención de que la sede de la CIDH salga de Washington para instalarse en
Buenos Aires. Se trata de una segunda reunión con los cancilleres de los 23
estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Esta segunda oportunidad
demuestra varias cosas. Primero la tozudez y terquedad de Correa de cumplir con
sus objetivos. Segundo, que la OEA tendrá que discutir y gastar energías
nuevamente en un tema que es irrelevante ante otros como la activación de la
Carta Democrática Interamericana ante el supuesto fraude electoral en
Venezuela. Y tercero, obligará nuevamente a miles de organizaciones no
gubernamentales de defensa de los derechos humanos a tener que lidiar contra un
aparato intergubernamental paquidérmico y burocrático de impredecible conducta.
