Correa insiste contra la CIDH

El presidente Rafael Correa se la tiene jurada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El último informe de libertad de prensa sobre Ecuador, habla de más de 70 violaciones cometidas por el gobierno ecuatoriano.

Por razones similares en el pasado y enojadísimo porque según él se le desprestigia en materia de derechos humanos, Correa impulsó, dentro del esquema de los países que conforman el ALBA, una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con el objetivo de debilitarlo y neutralizarlo. En su intención, Correa arremetió contra la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, se quejó de que esta instancia tenga fondos provenientes de gobiernos fuera del sistema, como de EE.UU. y de países europeos, y puso cortapisas para que no pueda “entrometerse en asuntos internos”, lo que equivale a sacarle a esa oficina su razón de ser.

Aquella vez, la propuesta de Correa - impulsada en una reunión celebrada en Cochabamba, Bolivia, en 2011 y tras posteriores reuniones, lobby y presión a otros gobiernos - terminó por desvanecerse el 23 de marzo de este año, tras una Asamblea General Extraordinaria de la OEA. Ecuador y los países del ALBA no consiguieron el apoyo necesario y, por aclamación, se aprobó una resolución dando por terminado el proceso de reflexión sobre las reformas al SIDH. Sin embargo, se dejó una puerta abierta para que el proceso pudiera continuar.

Con esa puerta entreabierta, el gobierno ecuatoriano difícilmente se quedaría con las manos atadas. Como corolario, de nuevo eligió la ciudad de Cochabamba para que este próximo 14 de mayo se insista con la reforma del SIDH, al menos, con la intención de que la sede de la CIDH salga de Washington para instalarse en Buenos Aires. Se trata de una segunda reunión con los cancilleres de los 23 estados que forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Esta segunda oportunidad demuestra varias cosas. Primero la tozudez y terquedad de Correa de cumplir con sus objetivos. Segundo, que la OEA tendrá que discutir y gastar energías nuevamente en un tema que es irrelevante ante otros como la activación de la Carta Democrática Interamericana ante el supuesto fraude electoral en Venezuela. Y tercero, obligará nuevamente a miles de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos a tener que lidiar contra un aparato intergubernamental paquidérmico y burocrático de impredecible conducta.

Falta transparencia en Derechos Humanos

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) está en peligro de ser debilitado a través de recomendaciones que buscan reformarlo, hechas principalmente por los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, en represalia por las decisiones de la Comisión y de la Corte interamericanas en contra de los Estados de Ecuador y Venezuela y a favor de los ciudadanos de ambos países.

La idea de Correa y Chávez es neutralizar al SIDH para que pierda autonomía e independencia a favor de los gobiernos, lo que en definitiva sería una forma de neutralizarlo. Debido a ello, y bajo responsabilidad ciudadana de defender y promover los derechos humanos, un grupo de intelectuales y personalidades desatacadas, reunidas en Bogotá la semana pasada, adoptaron la iniciativa redactar la Declaración de Bogotá.

Los ex presidentes colombianos, César Gaviria y Andrés Pastrana; y los ex mandatarios de Ecuador y Perú, respectivamente, Rodrigo Borja y Alejandro Toledo, firmaron la Declaración; que también lleva la rúbrica de unas 86 personalidades, entre ellas el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

La máxima expresión de la Declaración es su pedido de transparencia, quizás en respuesta a un proceso de reforma que por el momento es mantenido dentro del ejido de los gobiernos integrantes de la OEA sin participación de ongs ni de la sociedad civil. Los firmantes demandan que “el debate esté dirigido a que el SIDH sea un mecanismo fuerte y eficaz de promoción y protección de derechos fundamentales, que contribuya a la protección y dignidad de quienes habitan este continente”. También solicitan que “se consideren especialmente las voces y experiencias de las víctimas a quienes el sistema está obligado a proteger y quienes deben beneficiarse de su fortalecimiento”.

En todo este proceso se puede entender que tanto Correa como Chávez busquen quitarle transparencia a este debate para poder acomodar mejor sus estrategias; pero lo que no se comprende es cómo países cuyos presidentes siempre se han manifestado en apoyo a los derechos humanos o han tomado acciones recientes a favor de éstos, permanezcan callados y permitiendo que el proceso de reforma continúe oscuro. Entre ellos, los casos más notables son los de Cristina de Kirchner, Juan Manuel Santos, Ollanta Humala y Dilma Rousseff, presidenta esta última que propuso la reforma en represalia por las medidas cautelares que el año pasado determinó la Comisión (CIDH) en contra de la construcción de una represa en el Amazonas por no haberse escuchado la voz de los aborígenes. 

Belo Monte y la voz indígena

Finalmente un juez federal ordenó al gobierno brasileño no proseguir con las obras y planes de la gigantesca represa de Belo Monte en el corazón del Amazonas, para algarabía de los indígenas que viven en los márgenes del río Xingú y para deleite de los activistas de los derechos humanos más allá de Brasil. Para los indígenas Xingú se trata de una larga batalla para que no se malogre el medioambiente en el que viven, una situación de protesta sostenible que han mantenido como los nativos bolivianos que siguen protestando (y paralizando) la construcción de una carretera que el presidente Evo Morales está empeñado en que pase por la amazonia boliviana. Digo que se trata del deleite de los activistas por los derechos humanos, porque fue justamente la proyectada hidroeléctrica de Belo Horizonte la que causó la más grande controversia dentro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH), por la que varios gobiernos, encabezados por los de Ecuador y Venezuela, son los que quieren ahora destruirlo. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares contra esta represa y a favor de los indígenas, lo que motivó una airada protesta del gobierno liderado por Dilma Rousseff. Desde entonces, la presidente acusó al sistema de interferencia y clamó por su reforma. Ni lerdos ni perezosos, otros gobernantes con profundas diferencias sobre el SIDH aprovecharon la ocasión para despacharse en su contra y buscar mayores reformas que implican su neutralización. De esta forma, Brasil sin quererlo, incentivó a presidentes como Rafael Correa y Hugo Chávez que siempre reclaman que el SIDH se entromete en asuntos internos, cuando éste se hace eco de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en su territorio. Lo bueno del fallo de la justicia federal brasileña, es que le da la razón a la CIDH, diciendo que se deben paralizar los trabajos de la tercera mayor hidroeléctrica del mundo a un costo de 11 mil millones de dólares para generar 11 mil megawatts, hasta tanto los indígenas sean escuchados, quienes no fueron ni siquiera consultados antes de que comiencen las obras, como estipulan las leyes. Norte Energía, la constructora, podrá apelar el fallo, mientras que el Congreso, una vez que escuche a los indígenas, podrá ordenar legalmente la continuación de las obras. La pelea seguirá, pero lo importante es que por ahora, la voz de los nativos se ha escuchado.