El Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) está en peligro de ser debilitado a
través de recomendaciones que buscan reformarlo, hechas principalmente por los
presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, en represalia por las decisiones de la
Comisión y de la Corte interamericanas en contra de los Estados de Ecuador y
Venezuela y a favor de los ciudadanos de ambos países.
La idea de Correa
y Chávez es neutralizar al SIDH para que pierda autonomía e independencia a
favor de los gobiernos, lo que en definitiva sería una forma de neutralizarlo.
Debido a ello, y bajo responsabilidad ciudadana de defender y promover los
derechos humanos, un grupo de intelectuales y personalidades desatacadas,
reunidas en Bogotá la semana pasada, adoptaron la iniciativa redactar la
Declaración de Bogotá.
Los ex
presidentes colombianos, César Gaviria y Andrés Pastrana; y los ex mandatarios
de Ecuador y Perú, respectivamente, Rodrigo Borja y Alejandro Toledo, firmaron la
Declaración; que también lleva la rúbrica de unas 86 personalidades, entre
ellas el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el Premio Nobel de la Paz 1980, el
argentino Adolfo Pérez Esquivel.
La máxima
expresión de la Declaración es su pedido de transparencia, quizás en respuesta
a un proceso de reforma que por el momento es mantenido dentro del ejido de los
gobiernos integrantes de la OEA sin participación de ongs ni de la sociedad
civil. Los firmantes demandan que “el debate esté dirigido a que el SIDH sea un
mecanismo fuerte y eficaz de promoción y protección de derechos fundamentales,
que contribuya a la protección y dignidad de quienes habitan este continente”. También
solicitan que “se consideren especialmente las voces y experiencias de las
víctimas a quienes el sistema está obligado a proteger y quienes deben
beneficiarse de su fortalecimiento”.
En todo este
proceso se puede entender que tanto Correa como Chávez busquen quitarle transparencia
a este debate para poder acomodar mejor sus estrategias; pero lo que no se
comprende es cómo países cuyos presidentes siempre se han manifestado en apoyo
a los derechos humanos o han tomado acciones recientes a favor de éstos, permanezcan
callados y permitiendo que el proceso de reforma continúe oscuro. Entre ellos,
los casos más notables son los de Cristina de Kirchner, Juan Manuel Santos,
Ollanta Humala y Dilma Rousseff, presidenta esta última que propuso la reforma
en represalia por las medidas cautelares que el año pasado determinó la
Comisión (CIDH) en contra de la construcción de una represa en el Amazonas por
no haberse escuchado la voz de los aborígenes.
