Correa contra el Sistema de DDHH

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, uno de los orgullos más grandes del hemisferio occidental creado dentro de la Organización de Estados Americanos para dar voz y defender a los más vulnerables, está a punto de ser destruido.

Una reunión de cancilleres que se realizará este mes en la sede de la OEA en Washington está a punto de aceptar las recomendaciones de un grupo de trabajo que, sostenido por los gobiernos más autoritarios del continente y bajo la batuta del presidente ecuatoriano Rafael Correa, neutralizará la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, a cargo de Catalina Botero.

Las manipulaciones del presidente Correa, con el acompañamiento de otros mandatarios del ALBA y el silencio de muchos países democráticos que prefieren hacer la vista gorda porque en el pasado también recibieron decisiones y reprimendas por violaciones a los derechos humanos, como el caso de Brasil y Perú, buscan que la CIDH y la Relatoría se conviertan en florero de decoración.

En su columna de hoy en el Washington Post, el periodista Jackson Diehl, acusa no solo a estos regímenes sino también a una política exterior displicente del gobierno de Barack Obama por no influenciar más a favor de mantener el sistema interamericano.

Se lamenta – y creo que es el lamento de todos – que un presidente tan autoritario como Correa que ha perseguido a periodistas y medios de comunicación y en cuyo gobierno se legitimaron muchas violaciones a los derechos humanos, haya embaucado a medio mundo de que se hace necesaria una reforma, la que no tiene otro propósito que vengarse de las decisiones e informes que la CIDH produjo en contra de su gobierno.

Las reformas de Correa, tanto esta que está buscando a nivel interamericano en materia de derechos humanos, la que hizo en su país respecto a la democratización del Poder Judicial y la que anunció en contra de los medios a través de la nueva Ley de Comunicación, solo buscan mejorar todos los sistemas para su propio favor y beneficio.

Correa y un gesto no muy auténtico

Al gesto de Rafael Correa de esta mañana hay que agradecerlo. El hecho de que cuatro periodistas no irán a la cárcel y no tendrán que pagar 40 millones de dólares es algo muy importante, así como los dos periodistas autores del libro El Gran Hermano que también fueron perdonados a pagar dos millones de dólares.

El perdón fue un gesto importante, pero esto no evita que se pueda seguir sosteniendo que en Ecuador el gobierno y el poder político siguen coartando la libertad de prensa y de expresión.

Primero porque el perdón no equivale a la disolución de la sentencia, la que ha quedado en firme según la decisión de la Corte Nacional y ojalá las familias Pérez, Emilio Palacio, y los autores del libro prosigan el proceso judicial hasta las últimas instancias. Segundo, porque el Presidente utilizó la tribuna una vez más para insultar a la prensa, al seguir calificándola de desestabilizadora de la democracia, dictatorial, oligárquica y acusar a los propietarios de medios de ser herederos de imprentas. Tercero porque además de estos juicios hay otros graves problemas que enfrenta la prensa, a saber el Código de la Democracia que impuso restricciones a la cobertura periodística durante la campaña electoral que desembocará en los comicios del 17 de febrero de 2013, así como la Ley de Comunicación que pronto será aprobada en el Congreso.

Del discurso de Correa se desprendió también el odio en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su falta de respeto por los comisionados y por la relatora especial de Libertad de Expresión, Catalina Botero.

Los cuestionamientos contra la CIDH no fueron más que otra manera de ponerle presión, como lo viene haciendo desde octubre pasado cuando Fundamedios y los autores de El Gran Hermano participaron de una sesión y denunciaron ser víctimas de persecución política y judicial. Desde entonces, Correa no cesó de atacar a la CIDH, cuestionando su presupuesto, su funcionamiento, el lugar de su sede y acusándola de injerencia a la soberanía del Ecuador.

El perdón de Correa vale mucho, pero no fue muy auténtico. Ya había adelantado en estos posts y mi columna que finalmente Correa perdonaría, una actitud que él nunca descontó de su repertorio y que quería hacer cuando la justicia le diera la razón y condenara a los periodistas.

Una de las notas importantes de este proceso ha sido observar la solidaridad mediática internacional que despertó, lo que se transformó en un elemento de fuerte presión para el gobierno.

El peligroso Correa contra la CIDH

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se la tiene jurada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en especial, a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, a cargo de la ex jueza colombiana, Catalina Botero.

Correa juró que destruiría a la Relatoría después de que no tuvieron eco sus palabras durante la Cumbre de la Celac en Caracas, donde pidió que ese organismo – incluida toda la OEA y la CIDH – debería desaparecer y crearse un nuevo sistema. El enojo de Correa tiene sus razones. Su desprecio por el sistema de protección de derechos humanos nació luego de que periodistas y activistas de los DD.HH, viajaran desde Ecuador a Washington para denunciar en una de la sesiones ordinarias, los atropellos que están sufriendo de parte del gobierno ecuatoriano; y porque la relatoría estaría a punto de otrogar medidas cautelares a los periodistas y activistas que se sienten perseguidos.

Esta semana, en varias sesiones de la OEA, los funcionarios correístas insisten en que la Relatoría no debe existir y están ganando la batalla, especialmente porque se trata de una guerra que a los otros estados los mantiene en la indiferencia y nadie sabe cuáles son realmente las motivaciones de Correa. Peligrosamente creen que lo de Correa tiene bases sólidas, sin considerar que se trata de una lucha meramente personal, fundamentada en el odio y las mismas represalias que ha dirigido contra quienes osan criticarlo u opinar diferente a él. Creen que Correa tiene razón de que la Relatoría no debería expresarse sobre ningún caso en curso, como es el juicio contra el diario El Universo y sus directivos. Pero si eso fuera así, uno se pregunta entonces ¿para qué servirían las medidas cautelares con las que se trata de defender los derechos humanos que una persona considera se le han pisoteado?

Si Correa logra salir con la suya ante la indiferencia de varios estados que no entienden o miran de reojo sin ver las consecuencias, se dará el golpe más duro contra la garantía de protección de los derechos humanos contra todos los ciudadanos americanos.

La “Ley Correa” es criticada por la Relatora

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, tras una visita a Ecuador en 2010, en carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Fernando Cordero, en agosto de ese año, criticó numerosos puntos del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, al considerar que se contrapone a estándares internacionales sobre libertad de expresión y de prensa.

La relatora basó sus críticas en los siguientes puntos de la futura ley:

1)    Se refiere a la “información” veraz, y argumenta sobre la intencionalidad del periodista de mentir.

2)    Critica que varios cargos estén solo disponibles para periodistas profesionales, recordando la Opinión Consultiva de la CIDH de 1985.

3)    Critica la creación del Consejo de Comunicación e Información, calificándolo de problemático y que debe reunir plenas garantías de autonomía e independencia del gobierno.

4)    Se manifiesta en que es muy ambigua y vaga la ley en cuanto a la imposición de sanciones.

5)    Que el derecho de rectificación o respuesta excede en la ley, lo que está establecido en el Art. 14 de la Convención Americana, ya que así como es un derecho, en la ley se establece como una restricción a la libertad de expresión del medio.

6)     Que debe tener condiciones de equidad y que resulte absolutamente imprescindible.

7)    Se refiere a las prácticas éticas de los medios que establece el Art. 8 y las sanciones en artículos posteriores; lo que critica por no condecir con la autorregulación y porque esta debe ser una actividad fuera del ámbito del Estado.

8)    Sobre la cláusula de conciencia, establece que un medio debe tener plena libertad para cambiar su línea editorial y que ello hace a la pluralidad de la libertad de expresión.

9)    Sobre la reserva de la fuente establece que no debe haber sanciones y que es un derecho de raigambre en tratados internacionales, una garantía fundamental para que la prensa ejerza su función.

10)                    Critica la posibilidad de censura previa. (Vale aclarar que la crítica indicaba que no se especificaba el tema de responsabilidades ulteriores en el Art. 29, lo que sí está incluido en la nueva versión del proyecto).

11)                    Elogió que se haya eliminado la obligación de los medios de inscribirse en forma anual en un Registro de medios; aunque critica que haya que registrar “políticas editoriales e informativas”.

12)                    Sobre la Defensoría del Pueblo, con sus funciones de “evitar” y “prevenir” que se publiquen cosas, critica que pudiera devenir en censura previa.

13)                    Sobre cadenas oficiales a través de los medios, critica que no se establezcan en forma rigurosa cuándo y cómo la autoridad puede arrogarse ese derecho.

14)                    Sobre medios comunitarios, pide que no se impongan a esas radios obligaciones exorbitantes.

15)                    Sobre radiodifusión, dice que si bien es evidente que debe prevenirse la concentración, no por ello no debe existir un régimen jurídico que les brinde seguridad y de una estructura viable a los medios que les permita afrontar las múltiples presiones públicas y privadas.

16)                    Por último, siendo este un documento de agosto de 2010, la Relatoría alaba que el proyecto tiene modificaciones favorables al sometido en 2009, el que también la SIP había criticado.