Correa y un gesto no muy auténtico

Al gesto de Rafael Correa de esta mañana hay que agradecerlo. El hecho de que cuatro periodistas no irán a la cárcel y no tendrán que pagar 40 millones de dólares es algo muy importante, así como los dos periodistas autores del libro El Gran Hermano que también fueron perdonados a pagar dos millones de dólares.

El perdón fue un gesto importante, pero esto no evita que se pueda seguir sosteniendo que en Ecuador el gobierno y el poder político siguen coartando la libertad de prensa y de expresión.

Primero porque el perdón no equivale a la disolución de la sentencia, la que ha quedado en firme según la decisión de la Corte Nacional y ojalá las familias Pérez, Emilio Palacio, y los autores del libro prosigan el proceso judicial hasta las últimas instancias. Segundo, porque el Presidente utilizó la tribuna una vez más para insultar a la prensa, al seguir calificándola de desestabilizadora de la democracia, dictatorial, oligárquica y acusar a los propietarios de medios de ser herederos de imprentas. Tercero porque además de estos juicios hay otros graves problemas que enfrenta la prensa, a saber el Código de la Democracia que impuso restricciones a la cobertura periodística durante la campaña electoral que desembocará en los comicios del 17 de febrero de 2013, así como la Ley de Comunicación que pronto será aprobada en el Congreso.

Del discurso de Correa se desprendió también el odio en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su falta de respeto por los comisionados y por la relatora especial de Libertad de Expresión, Catalina Botero.

Los cuestionamientos contra la CIDH no fueron más que otra manera de ponerle presión, como lo viene haciendo desde octubre pasado cuando Fundamedios y los autores de El Gran Hermano participaron de una sesión y denunciaron ser víctimas de persecución política y judicial. Desde entonces, Correa no cesó de atacar a la CIDH, cuestionando su presupuesto, su funcionamiento, el lugar de su sede y acusándola de injerencia a la soberanía del Ecuador.

El perdón de Correa vale mucho, pero no fue muy auténtico. Ya había adelantado en estos posts y mi columna que finalmente Correa perdonaría, una actitud que él nunca descontó de su repertorio y que quería hacer cuando la justicia le diera la razón y condenara a los periodistas.

Una de las notas importantes de este proceso ha sido observar la solidaridad mediática internacional que despertó, lo que se transformó en un elemento de fuerte presión para el gobierno.

Ya basta! Pide campaña pro Correa

Como a muchos que venimos escribiendo sobre los abusos de Rafael Correa contra la libertad de prensa, debido al sonado caso del juicio y sentencia contra los periodistas de El Universo, nuestras casillas de correo electrónico se han saturado con miles de e-mails que piden que se detenga el ataque contra el presidente.

Así como en twitter a través del #correistas y a través de cartas que saturan cuentas de mail, quienes se identifican como correístas dan largas explicaciones en su carta enviada a los medios de comunicación, asociaciones de derechos humanos y de libertad de prensa, sobre las bondades y progreso democráticos que Rafael Correa ha traído para Ecuador en los años de su gobierno y consideran que es injusto que se le critique o se le ataque.

Lo que esta gente no entiende, es que nadie está atacando a Correa por lo bueno o malo que ha hecho en terrenos de educación, salud, equidad social, economía o cualquier otra disciplina. Lo que se condenó y criticó fue que haya manipulado la justicia – hay irregularidades comprobadas y denunciadas sobre el proceso judicial, hasta la primera jueza del caso exiliada ahora en Colombia denunció intentos de sobornos para fallar a favor del mandatario – para que se condene a cuatro periodistas a pagar tres años de cárcel y a pagarle 40 millones de dólares en indemnización por una columna de opinión, sobre las que ya di amplio detalle en este foro.

En realidad es Correa con su verborragia el que ha provocado todo el alboroto y que las asociaciones y medios internacionales hayan salido en defensa de los periodistas. Correa ha internacionalizado el problema.

Correa anuncia ¿cerrar juicio?

Aunque no fue explícito, el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció esta noche en conferencia de prensa que ha tomado una decisión sobre el juicio que mantiene en contra de tres directivos y un ex columnista del diario El Universo, que dará a conocer en los próximos días a través de una carta dirigida al pueblo.

La conferencia fue convocada por él y el canciller Patiño para protestar por las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió anoche a favor de los periodistas condenados, quienes deberán pagarle 40 millones de dólares en indemnización y tendrán que purgar tres años de cárcel.

Seguramente, como adelanté en mi columna y varios posts en este blog, el presidente Correa anunciará que perdona y que todo queda en foja cero, en realidad se trata de una medida previsible desde el año pasado cuando ganó en primera instancia. Satisfecho porque la justicia le dio la razón y porque su dignidad fue restablecida, busca tener una actitud magnánima que le permita mirar mejor hacia las próximas elecciones.

La conferencia de prensa de hoy desnudó algo que se viene reclamando desde siempre en este juicio. Las medidas cautelares fueron dirigidas al Estado de Ecuador, pero el presidente Correa las recibió como una afrenta directa a su gobierno y actuó en consecuencia rechazándolas porque afectan su proceso judicial, algo que representa un conflicto de interés interesantísimo, máxime cuando él siempre dijo que demandó como ciudadano común y no como Presidente, lo que en realidad no fue cierto porque usó todos sus privilegios como mandatario.

Habrá que ver qué pasa si perdona. Porque por más que perdone los periodistas han sido y se sienten condenados y pueden buscar resarcir sus daños. La carta de Correa si va en esa dirección, tendrá que ser muy cuidadosa.

Cautelares: medida salomónica

Ayer, bien entrada la noche, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los directivos y un ex columnista del diario El Universo – Carlos, César y Nicolás Pérez y Emilio Palacio – solicitando al gobierno de Ecuador a suspender la sentencia en su contra de 40 millones de dólares en indemnización a favor del presidente Rafael Correa y tres años de cárcel para los cuatro periodistas.

La noticia es muy buena, pero no tanto; es más bien salomónica. Las medidas cautelares piden al gobierno suspender la sentencia solo hasta que ambas partes en conflicto se sienten frente a frente en una audiencia el 28 de marzo en la sede de la CIDH. A partir de ahí, la CIDH decidirá si sostiene o elimina esas medidas.

Las medidas de la CIDH no son obligatorias, así que habrá que esperar que decidirá el gobierno hoy, si las acepta o las ignora. Lo más seguro y prudente es que las acepte, en el espíritu del presidente Rafael Correa que la semana pasada tras la ratificación de la sentencia por parte de la Corte Nacional, dijo que podría perdonar a los infractores.

Creo que más allá de lo bueno que aparentan estas medidas no son del todo buenas como si lo hubiera sido que se otorguen sin condicionamiento de la reunión, condenando de pleno el serio atropello a la libertad de prensa que significó el fallo judicial.

Creo que la salida de la CIDH fue salomónica. Los comisionados no están todos muy de acuerdo con las medidas, algunos consideran que el proceso judicial todavía no ha terminado, alguno que otro simpatiza con el gobierno y por lo tanto buscar la reunión del 28 de marzo parecía destrabar el desencuentro entre los comisionados, algunos de los cuales no tiene duda de que se trata de un grosero atropello a la libertad de expresión de los condenados.

Salomónica es también porque la CIDH quiere enviar un mensaje todavía no muy fuerte a Correa, quien fue el autor de varias iniciativas en contra del cuerpo gubernamental, exigiendo a través del Consejo de la OEA, mayor eficiencia y transparencia de presupuestos y otros argumentos para limitar el accionar de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, en represalia por la sesión de octubre pasado donde los comisionados escucharon con atención las denuncias de los periodistas y escritores del libro El Gran Hermano, en el que se revelan actos de corrupción y nepotismo entre el gobierno y el hermano mayor del Presidente, Fabricio Correa.

Hoy habrá que estar atentos no solo a la respuesta del gobierno ecuatoriano, sino también a qué sucederá con Carlos Pérez que después que el jueves pasado el gobierno de Panamá le otorgó asilo político, está todavía en la sede de la embajada panameña en Quito a la espera del salvoconducto que tiene que librar la Cancillería ecuatoriana para que se consuma el acto. En caso de que el gobierno acepte, es probable que los motivos del pedido de asilo no tengan tanta validez; aunque tampoco le será muy fácil a Carlos abrir la puerta para entrar a suelo ecuatoriano.

El botín de Rafael Correa

De golpe y porrazo, el presidente Rafael Correa, está por convertirse en uno de los mandatarios más acaudalados de la región, gracias a una justicia subordinada que lo está premiando con 42 millones de dólares de indemnización para calmar el dolor que le provocaron críticas y denuncias periodísticas.

La justicia no solo le regala a Correa cifras multimillonarias por el supuesto daño moral sufrido, sino también se le entrega como un instrumento contundente para amordazar a la prensa independiente y disuadir a sus adversarios políticos: La crítica, el disenso y la denuncia en Ecuador tienen un precio. Y muy caro.

El jueves la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana dejó en firme una sentencia que condena a tres directivos y a un ex columnista del diario El Universo a pagarle al Presidente 40 millones de dólares, de los 80 que había solicitado por reparación moral. Y la semana pasada otro tribunal condenó a los dos autores del libro de denuncias El Gran Hermano a pagarle un millón cada uno.

En el primer caso, se trató de una opinión en que se le acusa a Correa de ordenar abrir fuego contra civiles durante el amotinamiento policial de setiembre de 2010. Por su dolor, más allá de si fue verdad o mentira intencionada lo sostenido por el columnista, la justicia interpretó que Correa debe ser indemnizado y que, además, los periodistas deben purgar tres años de cárcel. El caso de El Gran Hermano no es menos grave, pero sí más absurdo. La justicia indemnizó a Correa explicando que está dolido y desconsolado, porque él desconocía los alcances de unos contratos por decenas de millones de dólares entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio, que el libro denunció como un caso de nepotismo y corrupción en perjuicio del bolsillo de todos los ecuatorianos.

Lo sorprendente, es que Correa interpuso sus demandas como ciudadano común, pero recibió compensaciones por su alta investidura y la arcaica protección especial que reserva el Código Penal para el Presidente, figura que se utilizó para sentenciar a los periodistas a la cárcel y a quienes calificó de “payasitos” y “dueños de circo” en rueda de prensa y vía Twitter desde la sala de la audiencia, a la que acudió con ministros y una horda de seguidores.

Su agresivo discurso público muestra al Correa de siempre, por lo que es difícil percibir su daño moral, algo en lo que los jueces no fueron rigurosos ya que el Derecho obliga a la demostración del daño. Estos magistrados jamás exigieron a Correa que argumente sobre su dolor, si su estado de salud física y psicológica está deteriorado, o si vio entorpecidas sus destrezas para gobernar, sus giras por el exterior o las cadenas habituales de los sábados en las que insulta a periodistas y adversarios.

Este caso muestra que en materia de daño moral, las cifras son injustificadas y desproporcionadas al perjuicio causado, máxime en un país donde el salario básico alcanza unos cientos de dólares y donde el Estado suele pactar indemnizaciones  irrisorias con víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que un Presidente, como servidor público, no debería ser más que sus ciudadanos. En otros países, como El Salvador, las leyes sobre difamación imponen límites a las indemnizaciones que otorgan los jueces para evitar este tipo de abusos y privilegios.

Además, de la jurisprudencia interamericana se pueden extraer dos principios aplicables a Correa. Primero, que en democracia, los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica y, segundo, que las sanciones civiles por difamación deben ser proporcionales al daño, de lo contrario pueden generar un efecto intimidatorio y autocensura.

Correa se metió ahora en un atolladero. Sabe que no puede soportar periodistas presos o en el exilio, ante la fuerte presión de la comunidad internacional y las medidas que dictará el sistema interamericano de derechos humanos para detener este absurdo en contra de la libertad de prensa y expresión.

Pero como es audaz y demagogo, y contento por haber demostrado que la razón está de su lado, es probable que se incline a perdonar a sus ofensores, sacando así a relucir un carácter magnánimo y electoralista. Empero, el daño moral que provocó a la figura presidencial, a la prensa y expresión de todos los ecuatorianos, es irreparable.