El botín de Rafael Correa

De golpe y porrazo, el presidente Rafael Correa, está por convertirse en uno de los mandatarios más acaudalados de la región, gracias a una justicia subordinada que lo está premiando con 42 millones de dólares de indemnización para calmar el dolor que le provocaron críticas y denuncias periodísticas.

La justicia no solo le regala a Correa cifras multimillonarias por el supuesto daño moral sufrido, sino también se le entrega como un instrumento contundente para amordazar a la prensa independiente y disuadir a sus adversarios políticos: La crítica, el disenso y la denuncia en Ecuador tienen un precio. Y muy caro.

El jueves la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana dejó en firme una sentencia que condena a tres directivos y a un ex columnista del diario El Universo a pagarle al Presidente 40 millones de dólares, de los 80 que había solicitado por reparación moral. Y la semana pasada otro tribunal condenó a los dos autores del libro de denuncias El Gran Hermano a pagarle un millón cada uno.

En el primer caso, se trató de una opinión en que se le acusa a Correa de ordenar abrir fuego contra civiles durante el amotinamiento policial de setiembre de 2010. Por su dolor, más allá de si fue verdad o mentira intencionada lo sostenido por el columnista, la justicia interpretó que Correa debe ser indemnizado y que, además, los periodistas deben purgar tres años de cárcel. El caso de El Gran Hermano no es menos grave, pero sí más absurdo. La justicia indemnizó a Correa explicando que está dolido y desconsolado, porque él desconocía los alcances de unos contratos por decenas de millones de dólares entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio, que el libro denunció como un caso de nepotismo y corrupción en perjuicio del bolsillo de todos los ecuatorianos.

Lo sorprendente, es que Correa interpuso sus demandas como ciudadano común, pero recibió compensaciones por su alta investidura y la arcaica protección especial que reserva el Código Penal para el Presidente, figura que se utilizó para sentenciar a los periodistas a la cárcel y a quienes calificó de “payasitos” y “dueños de circo” en rueda de prensa y vía Twitter desde la sala de la audiencia, a la que acudió con ministros y una horda de seguidores.

Su agresivo discurso público muestra al Correa de siempre, por lo que es difícil percibir su daño moral, algo en lo que los jueces no fueron rigurosos ya que el Derecho obliga a la demostración del daño. Estos magistrados jamás exigieron a Correa que argumente sobre su dolor, si su estado de salud física y psicológica está deteriorado, o si vio entorpecidas sus destrezas para gobernar, sus giras por el exterior o las cadenas habituales de los sábados en las que insulta a periodistas y adversarios.

Este caso muestra que en materia de daño moral, las cifras son injustificadas y desproporcionadas al perjuicio causado, máxime en un país donde el salario básico alcanza unos cientos de dólares y donde el Estado suele pactar indemnizaciones  irrisorias con víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que un Presidente, como servidor público, no debería ser más que sus ciudadanos. En otros países, como El Salvador, las leyes sobre difamación imponen límites a las indemnizaciones que otorgan los jueces para evitar este tipo de abusos y privilegios.

Además, de la jurisprudencia interamericana se pueden extraer dos principios aplicables a Correa. Primero, que en democracia, los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica y, segundo, que las sanciones civiles por difamación deben ser proporcionales al daño, de lo contrario pueden generar un efecto intimidatorio y autocensura.

Correa se metió ahora en un atolladero. Sabe que no puede soportar periodistas presos o en el exilio, ante la fuerte presión de la comunidad internacional y las medidas que dictará el sistema interamericano de derechos humanos para detener este absurdo en contra de la libertad de prensa y expresión.

Pero como es audaz y demagogo, y contento por haber demostrado que la razón está de su lado, es probable que se incline a perdonar a sus ofensores, sacando así a relucir un carácter magnánimo y electoralista. Empero, el daño moral que provocó a la figura presidencial, a la prensa y expresión de todos los ecuatorianos, es irreparable.

Pregunta fácil, respuesta difícil

“La pregunta es fácil, pero la respuesta es difícil.

¿Hay libertad de prensa en América Latina?

Las respuestas son tan variadas como la diversidad y tonalidades de los países que existen. Esta noche trataremos de descifrar parte de la pregunta, haciendo referencia a casos concretos.

Para contestar es necesario salirnos del abstracto y darnos cuenta que la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos y deberes humanos tangibles. Muy tangibles.

Yo diría que la plena libertad de expresión es una búsqueda permanente como la felicidad, que se da en etapas, pero una vez alcanzada una de ellas, la próxima parece inalcanzable.

Aunque las comparaciones son odiosas, siempre sirven para medir. Por eso solemos comparar el grado de libertad que vivimos y sentimos – así sea en este país como en Argentina, Chile, Venezuela o Cuba – comparándolo con situaciones mejores o peores en los que viven otros personas, amigos o familiares.

No siempre lo que reluce es oro, ni lo que aparenta es la realidad. Hay gobiernos que se ufanan de que los medios de comunicación pueden decir todo lo que quieren, como el clásico caso de Hugo Chávez que recibe andanadas de críticas de los periodistas venezolanos. Por lo que la pregunta sobre la libertad de prensa y de expresión se hace más tortuosa y específica. ¿Cuáles son las consecuencias y represalias por ejercer la libertad de prensa? En Cuba uno puede decir lo que quiere, pero termina encarcelado, agredido, expulsado o desterrado. En México, en las zonas dominadas por el narcotráfico, uno puede decir y denunciar lo que quiere. Pero lo suele pagar con su vida. Por lo que la autocensura juega un papel trascendente en la medición de la libertad de prensa o en la evaluación que podemos hacer de un país.

Estamos viviendo un mundo de cambios vertiginosos, y parte de ello es la relación que tenemos con las nuevas tecnologías. Los celulares inteligentes, el internet, las redes sociales están empoderando a la población y ayudando a que haya más libertad. Pero también son mecanismos utilizados por los opresores para censurar, limitar, bloquear y filtrar las comunicaciones personales.

La libertad de prensa no puede separarse del contexto político y social, y mucho depende de esa relación incómoda que hay entre el poder y la prensa; pero también vale la pena poner en esta ecuación que también existe la prensa mediocre y mala, como en cualquier disciplina, así sea por su sensacionalismo, como por sus intereses económicos.

En una relación normal, entre poder público y prensa, siempre se tratará de una lucha por ver quién tira más fuerte de la soga, los gobiernos para ocultar información que les puede resultar incómoda, y los medios para hacer cada vez más transparente la gestión pública.

El Estado, sin embargo, es, como administrador de la cosa pública que nos pertenece a todos, el que tiene más deberes y obligaciones.

La ventaja es que ya no vivimos en un mundo vertical en que la información prevenía en forma vertical en la que los medios dicen y los ciudadanos escuchan. Las nuevas tecnologías han hecho a la comunicación más horizontal; sin embargo, para los agoreros de siempre, hay que informarles que los medios no desaparecerán, sino que ante tanto ruido generado por tanta comunicación, siempre será necesario el trabajo del periodista, el que descubre, el que denuncia, el que muestra, el que ilumina y lo puede hacer seleccionando información, imponiendo tópicos en la agenda pública, dando prioridad a algunas informaciones más que a otras, iluminando la corrupción.

Es el público, sin embargo, ya no solo por lo que publican los medios, los que se podrán empoderar con la comunicación que realizan, así sea como en los países árabes o en la próxima protesta que realizarán por Facebook en Nicaragua este fin de semana para protestar contra la candidatura inconstitucional autorizada de Daniel Ortega.

  

En este mundo más globalizado, se necesitan que los compromisos firmados incansablemente por los gobiernos sean realmente mandatorios sobre el respeto a la libertad de expresión y de prensa.

Recuerdo que el año pasado, después de la cumbre iberoamericana realizada en Mar del Plata donde los gobiernos firmaron una cláusula en la que se comprometían a denunciar los atropellos a la democracia de cualquier otro gobierno colega, el presidente venezolano se le dio el privilegio de una ley habilitante por la que por 18 meses podrá disponer lo que quiera; ni hablar de Daniel Ortega que usó a los jueces adictos de la Corte para que lo autoricen a ir a elecciones a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

Da la sensación que lo que nos falta en la mayoría de los países es crear una cultura sobre la libertad de prensa y de expresión y que estamos perdiendo el tiempo en discusiones que no nos llevan a ningún lado.

Hay que entender primero de todo que estas libertades de prensa y de expresión son derechos humanos y constitucionales y deben estar amparados por leyes, por lo que el Estado está obligado a ellas, y sobre todo a incentivarlos.

El Estado tiene la obligación de crear una cultura o permitir que esta se forme a través de las prédicas de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios o de los ciudadanos, de no hacerlo está faltando a su misión, porque de la misma manera que el gobierno no puede matar a un ciudadano, privarle del derecho a la vida, no puede tampoco privarle del derecho a la libertad de expresión.

La libertad de prensa es un tema de cultura y educación… en las escuelas, en las universidades. Lamentablemente no es el Estado el que solo tiene esta opción”.  

Esta es una presentación que hice en la Universidad de Miami en un panel que integré con los periodistas Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, y los periodistas Patricia Poleo, de origen venezolano que reside en Miami después de ser perseguida por el gobierno de Hugo Chávez, y el periodista cubano Wilfredo Cancio, uno de los más conocedores de los problemas de la incomunicación en la isla. Fuimos convocados por Lillian Castañeda, esposa del fallecido periodista cubano Carlos Castañeda, y directora de la fundación que lleva el nombre de su ex marido.