El presidente ecuatoriano Rafael Correa hace buen uso del discurso político agresivo y de confrontación. Entre la arenga y la propaganda, su táctica consiste en imponer temas de discusión y situar a adversarios, periodistas, activistas o gobernantes extranjeros, a la defensiva.
Alcanzó su propósito una vez más en la recién finalizada 42ª. Asamblea de la OEA en Cochabamba, Bolivia, a la que asistió como único Presidente invitado entre los cancilleres de la región. Con su tono belicoso pero efectivo, logró que el tema principal de la reunión, el hambre que padecen 53 millones de personas en el hemisferio, quedara desplazado por su pretensión de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe reformarse o desaparecer.
Su reclamo estaba anunciado. Desde hace meses Correa viene desafiando a la CIDH y a la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, por defender y proteger a periodistas y escritores que él había demandado por cifras millonarias y castigos carcelarios. Con apoyo de sus colegas del ALBA, Correa forzó a la OEA a discutir recomendaciones, que de ser aprobadas, el sistema de defensa de derechos humanos perdería autonomía y razón de ser.
Aunque la asamblea pospuso la discusión hasta el 2013, Correa logró que su acusación al sistema fuera parte de la agenda; al estilo de otros temas trasnochados de imperialismo y guerra fría que Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega y Raúl Castro imponen ruidosamente en cada reunión de presidentes.
Correa, Morales y el canciller venezolano reclamaron a la OEA “renovarse o morir”, una evolución de la persistente amenaza de Chávez de retirarse del organismo, pero que nunca concreta. Estos gobiernos prefieren organizaciones como las del ALBA, CELAC y UNASUR, a las que ellos mismos forjaron sin los mecanismos internos de vigilancia de los derechos humanos que rechazan por injerencistas.
Correa cometió errores garrafales en su discurso, obligando a las ONGs y a la prensa regional a salir en defensa de un sistema que él consideró “aberrante” por tener su sede en Washington, mientras EE.UU. no ha revalidado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Tras la reunión, la defensa más concreta la asumió el titular de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, quien demostró con datos que la no ratificación de la Convención no fue obstáculo para que la CIDH otorgara en 2011 once medidas de protección a los derechos humanos en EE.UU., una menos que en Honduras. Agregó que de los cinco informes de fondo publicados el año pasado, uno fue sobre Canadá por un asunto de migración y dos sobre EE.UU., por casos de violencia doméstica y pena de muerte.
Las diferencias técnicas - no las políticas como sostuvo Correa - entre las legislaciones nacionales y los principios de la Convención en materia de pena de muerte y aborto, entre otros temas, fueron las trabas históricas de EE.UU., Canadá y algunos gobiernos caribeños para no ratificar la Convención. Sin embargo, la CIDH tanto reclama por detenciones arbitrarias en Cuba, que no es parte de la OEA, como por el cierre de la cárcel estadounidense de Guantánamo.
El discurso polarizador del presidente ecuatoriano terminó paralizando una serie de recomendaciones que hizo un Grupo de Trabajo intergubernamental, que el sistema interamericano sí necesita para ser más eficiente. Una de las más destacadas, propone más esfuerzos a tareas educativas y a que los estados hagan mayores aportes económicos para remendar un severo atraso procesal. Sólo en 2011, la CIDH recibió 1.600 reclamos y 400 pedidos por medidas de protección.
Lamentablemente, la retórica de Correa consiguió consensos – con la excepción de Costa Rica, Chile, México, EE.UU. y Canadá - para que a la CIDH se le impongan cambios de trabajo en lugar de recomendaciones. De aprobarse, la labor de estos organismos terminará siendo supervisada por los gobiernos, convirtiéndose éstos en juez y parte, desvirtuándose así un sistema de protección que se vino construyendo por 50 años.
Ante los abusos de Estado y la impunidad, más que nunca hoy se necesita un sistema internacional más fuerte, autónomo y eficiente a donde los ciudadanos puedan buscar la protección de sus derechos. Esta importante decisión no debería quedar solo en manos de la OEA y los gobiernos.
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