Cada vez se asemejan más los dos estilos de gobernar
en Venezuela y Argentina. Tanto Hugo Chávez como Cristina de Kirchner son día
tras días más arrogantes y últimamente han apostado al miedo para atraer agua para
sus molinos, creyéndose que más que gobierno son Estado.
Chávez acaba ayer de refrendar sus dichos de que si
no gana las elecciones el mes próximo, en Venezuela se desatará una guerra
civil. Un claro mensaje anti democrático e irresponsable de parte de un comandante
de las Fuerzas Armadas y de quien ha creado unas milicias populares que, armas
en mano, no tienen la instrucción necesaria para defender las instituciones del
Estado, porque han jurado la lealtad a esta revolución y su líder. Los dichos
de Chávez no solo son amenaza e intimidación, sino también violan preceptos
constitucionales respecto a las garantías y observación que los gobernantes están
obligados en materia de paz y bien común.
Chávez no ha quedado solo en los dichos. También su
gobierno, creyéndose Estado, comenzó esta semana los trámites para su
alejamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y así desconocer a
la Comisión y a la Corte interamericanas. La maniobra deja desprotegidos a los
ciudadanos venezolanos ante violaciones
a sus derechos humanos, ya que es el único lugar al que un individuo puede
acudir toda vez que se agotan los recursos judiciales internos.
Pero esta actitud,
asumida por Chávez en represalia por varias decisiones y fallos de los
organismos internacionales en contra del Estado, es la misma que adoptó durante
todo su gobierno expulsando de Venezuela – o no permitiendo entrar - a varios
supervisores de los derechos humanos, tanto de organismos multilaterales como
de ong, como Human Rights Watch.
Quien pierde con esta decisión no es el gobierno,
sino todos los venezolanos.
Respecto a Cristina, su reciente frase sobre que no
solo hay que temerle a Dios sino un poquito a ella, resume su soberbia actitud
como gobernante. Su gobierno ha deletreado un gran número de controles sobre
los argentinos que parece haber salido de un libreto de las dictaduras
militares de antaño.
Más allá de los conocidos
controles cambiarios que han afectado hasta la formas de ahorro y los viajes de
los argentinos, y de la vehemencia con la que la Presidente se enfrasca en
guerras con todos los sectores, particularmente contra medios y periodistas, se
conoció en estos días una encuesta de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), la agencia recaudadora de impuestos, que pretende que los
ciudadanos les cuenten a través de qué medios se informan y hasta por qué simpatizan
con determinado periodista u columnista.
Denominada “Encuesta de
preferencia de medios de comunicación”, la AFIP La muestra como un sondeo
no obligatorio, que busca identificar cuales son los medios más adecuados para
canalizar su propaganda. Sin embargo, la AFIP no maneja su pauta publicitaria
ni el gobierno es conocido por ofrecer su publicidad en forma eficiente, como
demandó la Corte Suprema en un fallo que el gobierno sigue sin obedecer, sino que
lo hace a través de aquellos medios que no critican su labor.
En definitiva, como les sucede a los
directores de medios y periodistas que suelen recibir llamadas telefónicas cada
vez que publican críticas como una forma de intimidación, esta encuesta lleva
implícito un mensaje de temor y control.
