Los nuevos fiscales de la democracia

La VII Cumbre de las Américas que terminó este sábado en Panamá tal vez no arrojó éxitos resonantes, pero puso en evidencia el nuevo y saludable papel que podrían jugar a futuro los expresidentes latinoamericanos: Fiscales de la democracia.

No todos los expresidentes tienen la altura  moral necesaria. Muchos están presos o fueron cuestionados por abusos de poder y corrupción. Varios son oportunistas y utilizan la ocasión para seguir fulgurando en el vasto firmamento de la política. Algunos, como el panameño Ricardo Martnelli, se auto exiliaron para evitar la cárcel; y otros, que pronto dejarán el cargo, están desesperados en busca de blindajes para evitar los tribunales, como el caso de Cristina Kirchner. Tampoco se augura buen futuro para presidentes reelegidos como Michel Bachelet y Dilma Rousseff, a juzgar por los casos resonantes de corrupción que las envuelven.

Pero lo cierto es que por primera vez en una Cumbre, un grupo de exmandatarios, que responden a distintas tendencias e ideologías, se unieron en torno a una causa común: La defensa de la democracia en Venezuela.

Los atropellos a la democracia no son nuevos en el país petrolero, pero es la primera vez que en un escenario de jerarquía política se le acusa a Nicolás Maduro de no cumplir con los mínimos estándares internacionales: Falta de independencia de la Justicia, censura a medios de comunicación y elecciones “justas y libres” son los pecados. Está comprobado que el chavismo siempre usó a la Justicia para perseguir a opositores y críticos, hostigar a periodistas y amañar elecciones.

Los 23 expresidentes latinoamericanos y dos españoles, entre ellos, Alvaro Uribe, Felipe Calderón, Vicente Fox, Sebastián Piñera, Felipe González y José María Aznar, reclamaron en su documento por la liberación de los presos políticos, en especial por los casos más conocidos, como el de los alcaldes opositores, Leopoldo López y Antonio Ledezma, que se han convertido en la imagen más visible de la opresión del gobierno de Maduro.

Pese a lo positivo y noble de la actitud política, se debe aclarar que se trata solo de un gesto, pero no de un acto de gobierno, como la comunidad internacional viene pidiendo. De ahí las críticas que se le hicieron al secretario general de la OEA, ahora en retirada, José Miguel Insulza, por haberse comportado muy insulso e indiferente ante jefes de Estado tan avasallantes como Maduro o su antecesor.

Unas críticas fundamentadas que también se hacen a los gobiernos actuales que parecen mirar de costado cuando se viola la Carta Interamericana Democrática, un documento consensuado años atrás y que los obliga a responder con decisión cuando se violan preceptos democráticos en cualquier país.

Se trata de un silencio cómplice del que también formaron parte los exmandatarios que hoy son fiscales de la democracia. Uno se pregunta ¿por qué no reaccionaron con la misma vehemencia cuando el chavismo cometía los mismos abusos mientras ellos eran gobiernos? ¿Por qué callaron por décadas sobre las permanentes violaciones a los derechos humanos del régimen de los hermanos Castro?

No hubo respuestas concretas a una Carta Democrática que reclama que la defensa de la democracia sea una postura de Estado, de gobierno, no de expresidentes. Existe en todo esto, además, mucha hipocresía. En especial cuando se observa cómo desde todos los sectores le llovieron críticas al gobierno de Barack Obama, que lejos de solo expresar repudio a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tomó acción, sancionando a siete funcionarios por los asesinatos impunes de varios estudiantes venezolanos durante las escaramuzas del año pasado.

En realidad, el gobierno de Barack Obama es, por ahora, el único que no puede ser señalado de complicidad por omisión sobre los abusos de Maduro. Esto, pese a que Maduro lo tilde de injerencista y de entrometerse en asuntos internos, tratando de desviar la atención con un giro propagandístico que incluye 10 millones de firmas para rechazar la actitud del gobierno estadounidense.

Ante esta omisión cómplice de los gobiernos latinoamericanos para defender la democracia, cobra trascendencia la actitud de los expresidentes, de ser fiscales de Venezuela y cumplir con una Carta Interamericana Democrática que hasta ahora solo tuvo fines decorativos.