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mayo 20, 2017

Violencia contra periodistas: Responsabilidad gremial

Un nuevo cimbronazo sufrió el Periodismo latinoamericano. Sicarios asesinaron al reconocido reportero mexicano Javier Valdez Cárdenas en plena luz del día en las calles de Culiacán, una ciudad que, como tantas otras, se ha acostumbrado a las  balaceras y a narcotraficantes que reclaman territorio y asumen autoridad.

El asesinato de Javier no es ni más ni menos importante que cualquiera de los otros cinco periodistas mexicanos acribillados este año o del centenar en la última década. Sin embargo, la talla cualitativa de sus historias, la honestidad de su labor y el respeto de sus colegas por denuncias contra el narcotráfico que volcó en libros de valiente denuncia, merecen que su caso se convierta en punto de inflexión, para que ayude a generar cambios y la profesión salga del oscuro submundo de la violencia y la impunidad.

Es cierto que es tarea única y prioritaria del gobierno esclarecer el crimen, bajo la obligación estatal que la OEA definió como las tres P: Prevención, Protección y Procurar justicia. Pero ante la impericia, negligencia e ineficiencia históricas de muchos gobiernos mexicanos, los periodistas harían mal en esperar sentados. El gremio necesita asumir sus responsabilidades.

En la historia del Periodismo latinoamericano existen casos como el de Javier que por haberse convertido en emblemáticos, sirvieron para crear conciencia y demostrar que el asesinato de un periodista tiene efectos devastadores para la libertad de expresión.

Los casos de José Luis Cabezas en Argentina, Guillermo Cano en Colombia, Tim Lopes en Brasil, Hugo Bustíos en Perú, Jean Leopolde Dominique en Haití, Jorge Carpio en Guatemala fueron bandera de lucha del periodismo de esos países, ayudando a que se aquellos asesinatos no fueran en vano. Todos, medios de comunicación y reporteros, en solidaridad y con unidad, y en forma consistente, exigieron cambios, presionaron sin pausa y persistieron tozudamente en sus reclamos.

Era esperado que el caso de Javier concitara el interés gremial. La indignación, la frustración y la indefensión profesional se hicieron sentir en marchas al monumento al Ángel de la Independencia en Ciudad de México o en las plazas de Culiacán y Veracruz, en espacios pagados y titulares de los medios más prestigiosos, reclamándosele más determinación al Ministerio Público para administrar justicia.

Todo ello marcha en la dirección correcta. Pero no es suficiente. Falta una estrategia mancomunada entre medios y periodistas que mantenga los brazos en lucha, pese a las adversidades. Se necesita una estrategia consistente, creativa, sostenida en el tiempo y muy contagiosa (viral si se quiere adjetivar en esta época) como la realizada por aquellos gremios que no soltaron los casos de Cabezas o Lopes hasta que se hizo justicia y marcaron un antes y después en la violencia contra periodistas.

También hay que asumir la realidad de México. La Justicia por sí sola tampoco será un disuasivo automático para los violentos. La agresión contra el Periodismo es parte del contexto de una guerra intestina que suma mártires en todas las disciplinas y lugares. La violencia es un problema cultural.

Mal se haría, sin embargo, en tomar esa guerra como la excusa para no hacer nada. El Periodismo mexicano hace mucho que se debe una institución propia y nacional para defender la vida de sus periodistas y la sostenibilidad de sus medios de comunicación. ADEPA y FOPEA en Argentina o ANDIARIOS y la FLIP en Colombia son espejos donde imitar respuestas.

El Periodismo mexicano tiene ahora la oportunidad de asumir sus responsabilidades y debe aprovechar que existen más instrumentos de lucha que antes. La federalización de los delitos contra periodistas, los sistemas de protección, el agravamiento de los castigos y el mayor apoyo social son mecanismos muy importantes, ineficientes y débiles por ahora, pero que pueden maximizarse y perfeccionarse para el bien de la profesión.

La memoria de Javier exige que el Periodismo luche por la profesión como él lo hizo, denunciando y reclamando Justicia. Pero los periodistas no deben reclamar para su propio beneficio, sino para que todo mexicano pueda defender y gozar los derechos a la vida y a la expresión que les manda su Constitución. trottiart@gmail.com


octubre 22, 2016

Ciber atacados y la censura creativa

Ayer viernes se produjo el mayor ciberataque a medios en el este de EEUU, justamente el tema sobre el que en mi presente escrito daba a conocer la alianza entre la SIP y Google para luchar en contra de este tipo de atentados cibernéticos.

La censura creativa

México es el país que más veces ha sido anfitrión de las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 14 veces desde que la entidad consolidó su formación hace 74 años en 1942. Desde entonces, la violencia autoritaria de los gobiernos y el terror del crimen organizado, se mostraron como las dos vertientes principales de ataques a la libertad de prensa y atentados contra el derecho del público a saber.

Este año nada de eso cambió. 2016 ya es el más letal para el periodismo latinoamericano. Veinte comunicadores han sido asesinados, 11 de ellos en México, por el solo hecho de estar denunciando lo que muchos quieren ocultar. En la mayoría de los casos se debió a represalias del narcotráfico. Aunque en un país donde a un juez le pegan un tiro en la nuca en plena calle, a siete ladrones le cercenan las manos, 43 estudiantes desaparecen y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, está prófugo por lavado de dinero y delincuencia organizada, difícilmente se puede saber por dónde vienen los tiros.

Sucede lo mismo en países como Brasil, con tres periodistas asesinados este año. En el coloso de Suramérica, la violencia contra la prensa está más ligada a la corrupción política, pero como el crimen organizado infiltró todo, las causas se adivinan similares a México.

El clima de inseguridad general se vive en todos los países de la región, agravado por Estados que son ineficientes para administrar Justicia. De los 400 periodistas asesinados en los últimos 25 años, solo tres o cuatro casos han terminado con los asesinos en la cárcel. Peor todavía, el avance del narcotráfico vaticina que la violencia contra la prensa irá en aumento.

Habría muchas más víctimas si no fuera por los sistemas de seguridad para periodistas que la SIP ayudó a integrar en algunos países. Tan solo en México en lo que va del año, 251 periodistas han sido desplazados por el Gobierno para evitar que las amenazas de muerte se concreten. En Argentina, previendo el mayor auge del narcotráfico, la asociación nacional de periódicos, ADEPA, y el Gobierno adoptaron protocolos de protección para blindar a medios y periodistas y garantizar el derecho del público a la información.

La violencia no es el único método de censura. Varios gobiernos hostigan a medios y encarcelan periodistas. Desde Venezuela, donde Nicolás Maduro encarceló a Braulio Jatar, director de un medio digital, por publicar videos incómodos al poder, hasta Ecuador y Nicaragua, donde Rafael Correa y Daniel Ortega siguen cerrando medios y creando los propios para hacer propaganda gubernamental.

Más allá de la censura violenta, la era digital ha traído nuevos desafíos. Si bien el internet se ha establecido como la herramienta democratizadora de la comunicación por antonomasia, también ha servido para que la censura aparezca con renovados bríos a través del ciberacoso y los ciberataques.

Los ataques cibernéticos contra medios, periodistas y grupos de derechos humanos y políticos se intensificaron en todos los países. No solo se trata de cibermilitantes o bots que actúan como sicarios del insulto pagados por los gobiernos para asediar a opositores, críticos y periodistas en las redes sociales, sino también de hackers, o piratas informáticos profesionales y artesanales, que atacan a medios con el fin de silenciarlos.

Los ataques cibernéticos más frecuentes, de los que fueron víctimas recientes  ABC Color de Paraguay y la televisora Guatevisión de Guatemala, son de origen DDoS o ataques de denegación de servicio, según las siglas en inglés.

Los ataques se generan a través de computadoras que saturan de tráfico al sitio de internet que se busca destruir, haciendo que el server del medio atacado se sobrecargue y quede bloqueado sin poder atender la demanda. Se calcula que un 50% de los sitios fueron atacados, aunque a veces su propietario no sepa que ha sido el blanco. Google pronostica que un 80% de las víctimas sufrirá nuevos ataques.

Para contrarrestar estos embates, la SIP y Google lanzaron en la asamblea de México, el Proyecto Shield (escudo), una herramienta digital que los sitios de internet pueden adoptar para blindarse de los ataques. El objetivo de este escudo es que en pocos años, el 100% de los sitios puedan contrarrestar esta rudimentaria pero creativa y destructiva forma de censura. trottiart@gmail.com


octubre 27, 2014

Censura: Pueblo anestesiado

La censura tiene mil caras y muy creativas. La reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa fue una muestra fotográfica de esa creatividad. Los gobiernos clonan diarios para auto elogiarse, los narcos usan Facebook para perseguir a sus víctimas y muchos medios se pliegan a la propaganda oficial.
Tres censuras, sin embargo, se mantienen inalterables y tan burdas como siempre; carcomiendo la verdad y el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados.
La más repugnante de todas es la del plomo. Diecisiete (17) periodistas fueron asesinados en este 2014, entre ellos una bloguera que en forma anónima denunciaba las actividades de los narcos hasta que la descubrieron. Los demás fueron abatidos en México, Honduras, Brasil, Paraguay y Colombia por miembros del crimen organizado. Los silenciaron porque denunciaban corrupción, escribían sobre tala ilegal de árboles, contrabando y trata de personas, o por no rendirse a las exigencias de los narcos.
En dos casos tétricos, los sicarios atentaron contra un periodista en Perú, pero mataron a su esposa; mientras en México apuntaron contra el reportero, pero mataron a su hijo. Lo más triste es que en casi todos los casos, los asesinos tenían lazos con policías y políticos, evidencia de cómo las mafias siguen conquistando espacios y voluntades.
La otra censura es la del lobo disfrazado de oveja. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, es el representante más encumbrado de esta política. Hasta hace poco engañaba con su verborragia a favor de crear una ley para disciplinar a la prensa corrupta y desbocada, a la que acusaba de vender la patria al enemigo y de aumentar sus intereses económicos a expensas del pueblo oprimido.
El engaño se agudizó aún más. Con la aplicación de la Ley de Comunicación, Correa demostró que su verdadero interés es controlar a la prensa para que su imagen permanezca inmaculada, pese a casos de corrupción y autoritarismo. La ley es implacable. Más de 300 censores oficiales examinan los contenidos de los medios, imponiendo multas y castigos, ya sea por publicar una caricatura irreverente o por omitir información, como la sanción impuesta a algunos medios porque no destacaron suficiente la visita oficial a Chile de Correa.
A la censura directa se le sumaron dispositivos indirectos de acoso económico e impositivo que hicieron a muchos medios inviables y cerraron. Los que sobreviven, ante el temor de duras consecuencias, hacen un periodismo más light, sin investigaciones, autocensurado, casi pidiendo permiso, excepto para las obligatorias cadenas nacionales de propaganda. El pueblo, si antes estaba oprimido, ahora está encadenado y desinformado.
A la violencia y al engaño legal, se le suma una censura más sutil pero también maligna. Es la máscara de carnaval con la que los gobiernos promulgan leyes de acceso y transparencia para darse aires de administrar la cosa pública con total honestidad.
El gobierno de EEUU, campeón otrora de transparencia, es ahora uno de los más oscuros. Barack Obama ha encontrado en la seguridad nacional la excusa perfecta para saltar la ley de acceso y negar información pública a los ciudadanos. En Canadá, así como en El Salvador, Honduras, México, Nicaragua o Perú, los gobiernos también invocan excepciones a sus leyes para obstaculizar los pedidos de información de ciudadanos y periodistas.
Pese a la buena tendencia a favor de la transparencia, con la promulgación de leyes en Colombia y Paraguay este año; otros gobiernos, como los de Argentina, Ecuador y Venezuela, niegan tener que rendir cuentas al público. Lo hacen, sin embargo, a su manera, con gastos estrafalarios de propaganda para informar solo aquello que consideran que el pueblo debe saber. De ahí que las cadenas nacionales sean obligatorias e interminables, o que hayan tejido, a base de dineros de todos, una red de medios y periodistas para su servicio personal. Mediante ese combo de personalismo, servilismo y demagogia, las leyes de transparencia son pura declamación; sirven para todo lo contrario.
Si a esa demagogia se le suma la impunidad con la que actúan los violentos y la propaganda desenfrenada, es fácil advertir que estos distintos tipos de censura se utilizan para que el pueblo viva anestesiado, en una realidad convenientemente deformada. 

octubre 11, 2012

18 periodistas asesinados


La Sociedad Interamericana de Prensa está por comenzar este fin de semana los debates sobre libertad de prensa en el continente americano. La nota más triste y desgarradora fue que se produjo un nuevo récord de violencia contra los periodistas en estos últimos seis meses, una ola de violencia que no acaba y que tuvo grandes consecuencias: 18 periodistas fueron asesinados y tres fueron desaparecidos.

De esos 18 asesinatos, 6 casos se produjeron en México, 6 en Brasil, 4 en Honduras, uno en Ecuador y uno en Haití; mientras que las 3 desapariciones ocurrieron en México.

La SIP reclamará justicia y que no haya impunidad, pero lamenteblamente como tantos otros cientos de casos ocurridos en las últimas décadas, los familiares y colegas de estos periodistas terminarán frustrados ya que sus casos dificilmente serán esclarecidos y quedarán solo para una estadística o para engrosar la lista de nombres en algún monumento dedicado a los caídos por la libertad de prensa, como la pared de cristal instalada en el Newsum de Washington.

La libertad de prensa y la democracia perdieron mucho con estos periodistas que fueron violentados en represalia a su búsqueda por la verdad.

Los periodistas asesinados son:
Luiz Henrique Georges, propietario del diario Jornal da Praça, Ponta Porã, Mato Groso do Sul, Brasil. Asesinado el 4 de octubre de 2012.
José Noel Canales, trabajaba en el sitio web Hondudiario, Tegucigalpa, Honduras. Fue asesinado el 10 de agosto de 2012.
Byron Baldeón, corresponsal del diario Extra, Guayas, Ecuador. Fue asesinado el 1 de julio de 2012.
Víctor Manuel Báez Chino, editor de la sección policial del periódico Milenio El Portal de Xalapa y miembro del consejo editorial del sitio de internet Reporteros Policiacos, Xalapa, Veracruz, México. Fue secuestrado el 13 de junio. Su cadáver fue hallado el 14 de junio de 2012.
Adonis Felipe Bueso Gutiérrez, reportero de Radio Stereo Naranja, Honduras. Asesinado en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, el 8 de julio de 2012.
Valério Luiz, 5 de julho de 2012, reprtero de Rádio Jornal (820 AM), Goiânia, Brasil. Asesinado el 5 de julio de 2012.
Marcos Antonio Ávila García, reportero de los periódicos Diario Sonora de la Tarde y El Regional, Ciudad Obregón, Sonora, México. Fue secuestrado el 17 de mayo de 2012. Su cadáver fue hallado al día siguiente.       
Alfredo Villatoro, coordinador del noticiero Diario Matutino de la radio HRN, Tegucigalpa, Honduras. Fue secuestrado el 9 de mayo de 2012. Su cadáver fue hallado el 15 de mayo.
Erick Alexander Martinez Ávila, periodista y activista político, Tegucigalpa, Honduras. Asesinado el 7 de mayo de 2012.
Gabriel Huge, fotógrafo. Trabajó en el diario Notiver de Veracruz, México, medio que abandonó tras el asesinato de dos colegas en 2011. Fue asesinado el 3 de mayo de 2012.
Guillermo Luna, fotógrafo del sitio veracruznews.com. Trabajó en el diario Notiver de Veracruz, México, medio que abandonó tras el asesinato de dos colegas en 2011. Fue asesinado el 3 de mayo de 2012.
Esteban Rodríguez, reportero gráfico. Trabajó en el diario Notiver de Veracruz, México, medio que abandonó tras el asesinato de dos colegas en 2011. Fue asesinado el 3 de mayo de 2012.
Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, en Veracruz, Veracruz, México. Fue asesinada el 27 de abril de 2012.
Décio Sá, reportero del periódico O Estado do Maranhão y autor del blog (http://www.blogdodecio.com.br/), São Luís, Maranhão, Brasil. Fue asesinado el 23 de abril de 2012.
Jean Liphete Nelson, director de la comunitaria Radio Boukman en Cité Soleil, Haití. Fue asesinado el 5 de marzo de 2012.
Paulo Roberto Cardoso Rodrigues (Paulo Rocaro), editor en jefe del diario Jornal de Praça y fundador del sitio de internet Mercosulnews, Ponta Pará, Mato Grosso do Sul, Brasil. Fue asesinado el 12 de febrero de 2012.
Mário Randolfo Marques Lopes, editor del sitio de internet Vassouras na Net, Vassouras, Río de Janeiro, Brasil. Fue asesinado el 9 de febrero de 2012.
Laécio de Souza, reportero de radio Sucesso FM y aspirante a concejal de la municipalidad de Simões Filho, Bahía, Brasil. Fue asesinado el 3 de enero de 2012.

Los 3 colegas desaparecidos son:  
Miguel Morales Estrada, cubre la sección policíaca para el Diario de Poza Rica, de Veracruz, México, Desaparecido desde el 19 de julio de 2012.
Zanne Plemmons, fotógrafo independiente de Texas. Desaparecido desde el 21 de mayo de 2012 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.
Federico Manuel García Contreras, reportero gráfico del diario El Punto Crítico. Desaparecido desde el 16 de mayo de 2012 en el municipio de Tanquián de Escobedo, en San Luis Potosí.

mayo 23, 2012

Periodistas, celebridades y violencia

Comparto un resumen de los puntos que presenté ante el Foro de Austin sobre Seguridad y Protección para periodistas, blogueros y periodistas ciudadanos.

Más allá del trabajo extraordinario que muchas organizaciones está haciendo en torno a la protección de los periodistas y en contra de la impunidad, lo que no hay que perder de vista es que las organizaciones no deben ser las protagonistas. Los protagonistas son los periodistas, las víctimas y los medios de comunicación, en definitiva, los instrumentos directos y quienes pueden respaldar y hacer democracia.

Desde las organizaciones creo que se critica demasiado a los medios de comunicación, muchas veces con justificación. Creo sin embargo, que no se está haciendo el esfuerzo debido para entender a los medios y ayudarlos para que puedan lidiar mejor con el tema de la violencia. Para que sean ellos los que adopten campañas de educación para que el público entienda porque es importante que se proteja a los periodistas. Hay que desterrar el “síndrome académico” de vilipendiar a los medios, endilgándoles la culpa de todo.

En este contexto, hay que entender porque la gente conecta mejor con noticias sobre celebridades, como Whitney Houston o Andy Gibb de los Bee Gees, que con el asesinato de tres periodistas en Veracruz cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados en bolsas de basura.

Para poder crear conciencia sobre el tema de la violencia, las organizaciones y los medios no solo deben hacer campañas de educación, sino además abrazar casos de víctimas que puedan elevarse a nivel de celebridades. Cuando la gente conoce a alguien y puede conectarse con esa figura, se puede lograr educación y que se adopten acciones para presionar a las autoridades con el fin de que produzcan cambios. El asesinato del foto reportero argentino, José Luis Cabezas, prácticamente un desconocido, fue figura de opinión pública luego de que su medio, la revista Noticias de Buenos Aires, edificó sobre él una figura para que la gente entendiera de qué se trataba la violencia contra los periodistas, la impunidad, y lo que la sociedad perdía cuando se mataba al mensajero.

Se debe convencer a la prensa internacional de que México y Centroamérica y el tema de la violencia contra periodistas es un tema importante dentro de la agenda pública mundial. Y que debe haber un esfuerzo internacional en ese sentido, pese a la crisis económica que ha menguado el accionar de muchos medios.

Deben hacerse esfuerzos en cada país para que los medios sean más solidarios entre sí. La falta de solidaridad no debe verse como reticencia, sino más bien como una cuestión de competencia y, otras veces, como producto de problemas históricos que devinieron en la individualidad de la prensa. Los gobiernos, dentro de su círculo de corrupción, muchas veces crearon antagonismos entre los medios, beneficiando a algunos sobre otros con dádivas, subsidios, publicidad oficial, etc… creando divisiones intencionales y, por supuesto, favorables para sus fines.

La lucha contra la impunidad y la violencia es a largo plazo. No nos podemos desanimar ni dejarnos vencer. Debemos honrar la memoria de nuestros colegas caídos, convencidos de que seguiremos luchando para que haya más justicia.

mayo 05, 2012

Estoy asqueado, quebrado, desganado

Nunca una noticia me había provocado náuseas y un malestar físico que me duró todo el día, como cuando el jueves me llamó Idalia Gómez, nuestra periodista investigativa de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México, para informarme que en tres de las cuatros bolsas de basura encontradas a la vera de un río cerca de la ciudad de Veracruz, se encontraron los cuerpos descuartizados de tres colegas periodistas.

Desde que entré a la SIP en 1993, puse especial énfasis en trabajar en contra de la violencia contra los periodistas, en la investigación de los asesinatos y entender las causas de la impunidad para impulsar reformas de políticas públicas. En todos estos años he visto cómo los niveles de violencia crecieron y decrecieron en diferentes regiones y países,  cómo fluctuaron los móviles de los asesinatos en más de 300 crímenes ocurridos en la última década, comparé estadísticas con otras zonas del mundo, conversé  con familiares de las víctimas, con gobiernos, con organizaciones intergubernamentales, sermoneé en cursos de entrenamiento y hasta llegué a encontrar patrones de conducta entre los funcionarios corruptos, los asesinos del crimen organizado y los días en que más se comenten esos crímenes.

Pero nunca antes, como el jueves pasado, me sentí tan impotente y con tanta frustración al sentir que todos los esfuerzos de años pueden caerse de golpe y porrazo por unos criminales desalmados, cuya única motivación es enviar un mensaje para que todos los periodistas mexicanos se callen, no hablen del narcotráfico y dejen tranquilo al crimen organizado, que no lo reporten, que no lo denuncien. Un mensaje también para todos los que trabajamos en estas causas en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, para que abandonemos nuestra lucha.

Entendiendo mis sentimientos, puedo comprender lo que sienten cientos de jóvenes mexicanos que abandonan su profesión por la ingratitud de la tarea, por la violencia y porque tampoco tienen las garantías necesarias de la autoridades para trabajar ni a veces las de sus propios medios en materia de protección o seguridad social. Entiendo perfectamente porque muchos colegas ven el cambio de rubro laboral como la única salida para escapar de una profesión golpeada, ingrata, casi sin sentido cuando es atacada con esta violencia.

Debería decir en este momento que redoblaré mis esfuerzos para trabajar en contra de los violentos. Sería lo ideal, lo razonable. Pero dejo esos sentimientos para más adelante, que ojalá me vengan de nuevo algún día o pronto y para que los narcos y criminales no crean que ganan todas sus batallas. Pero ahora quiero sentir lo que siento, quebrado, asqueado, desganado, frustrado, violado. Quiero sentirme en este luto, sin ganas de mover un dedo, sin ganas de nada, con ganas de hacer otra cosa, vivir con otros ideales, vivir de otra cosa. Quiero sentirme así, tan vulnerable como deben estar sintiéndose los familiares y colegas de las víctimas. Quiero entenderlos a ellos y a todos los periodistas que se cuestionan todos los días el por qué trabajar en esta profesión.

Sentirme así me hace sentir más cerca de Gabriel Huge, Guillermo Luna y de Esteban Rodríguez, así como de Regina Martínez, otra periodista que fue asesinada la semana pasada en esa misma ciudad de Veracruz.

febrero 15, 2012

Tres periodistas asesinados en Brasil


Cuando parecía que este año habíamos empezado bien en nuestro gremio periodístico, Brasil dio la desagradable sorpresa de contar en este 2012 con tres periodistas asesinados.

Desde la SIP hemos tomado varias iniciativas para lidiar con el problema desde hace años atrás, pero la falta de voluntad política para adoptar estas medidas y algunas rencillas internas entre las diferentes organizaciones de periodistas ha permitido que estos esfuerzos caigan por la borda.

La presidenta Dilma Rousseff debería asumir varias iniciativas para proteger a los periodistas brasileños, la mayoría de ellos caídos debido a la corrupción de funcionarios públicos y también a las mafias que operan en todo el país, especialmente en la zona de triple frontera.

Entre esas medidas se deben tener en cuenta las siguientes: Crear jurisdicciones especiales para procesar delitos y crímenes contra periodistas, así como sistemas eficientes de protección, aplicar penas más severas contra quienes atenten contra la libertad de expresión y, en casos que lo amerite, que se federalicen esos delitos.

En el Congreso de Brasil están pendientes varios proyectos de ley sobre la materia. Entre ellos, nombró una propuesta de enmienda a la Constitución que fija la competencia de jueces federales para procesos relacionados a crímenes contra periodistas; una reforma al Código Penal que da prioridad a casos de delitos contra periodistas; y otro proyecto que asigna a la Policía Federal la investigación de estos crímenes para mejorar la eficiencia de proteger el derecho a la información.

Varias de estas iniciativas se originaron en mayo de 2010 durante el encuentro “Fallas y Brechas de la Justicia: cómo evitar la impunidad en los crímenes contra la prensa”, que organizamos con la SIP en Río de Janeiro, en conjunto con la Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji, siglas en portugués) y la Pontificia Universidad Católica (PUC-Rio).

diciembre 07, 2011

Lobo y el punto de inflexión


Al presidente Porfirio Lobo se le pueden aceptar sus críticas a los medios de comunicación, las que ha empezado hacer con mayor vehemencia, como en la reciente cumbre de la flamante Celac, porque todavía maneja cierto halo de respeto. Y comparado a lo que sucede con presidentes como Rafael Correa, que ha intensificado sus críticas mediante acciones concretas de represalia con demandas millonarias, juicios penales y leyes de prensa para censurar a los medios y periodistas, lo de Lobo puede verse como parte del sano ejercicio democrático.

Sin embargo, donde Lobo no puede equivocarse, es en las garantías constitucionales que debe ofrecer a todos los hondureños para que puedan ejercer su libertad a expresarse o en su derecho a recibir información sin cortapisas. Y por el momento, su gobierno está haciendo aguas en asegurar esas garantías, máxime, cuando se observa que los periodistas profesionales son blancos de la violencia, y cuando el resultado de las investigaciones, que el gobierno anunció tendrían el apoyo de España, Colombia y EEUU, todavía no dio resultados concretos.

Ayer fue asesinada la periodista Luz Marina Paz Villalobos de la televisora Cadena Hondureña de Noticias (CHN), y su sobrino, quien oficiaba de chofer al momento del atentado; mientras el día anterior, un guardia de seguridad del diario La Tribuna fue herido durante un atentado en el que se tuvo que soportar el embate de maleantes, presumiblemente por publicaciones sobre la responsabilidad de policías en el asesinato de los dos universitarios, episodio que significó el punto de inflexión, para que el gobierno adoptara medidas de depuración de esa fuerza del orden y lanzara la Operación Relámpago.

Ya son más de 10 los periodistas asesinados en el país en el último año y miles las víctimas de las fuerzas del desorden, así sean del narcotráfico o de otros grupos al margen de la ley y el crimen organizado. Sería oportuno que Lobo actúe ahora mismo para garantizar el derecho a la libertad de expresión y no esperar a que suceda otro episodio o punto de inflexión que motive a su gobierno.

El gobierno necesita resultados concretos para garantizar la libertad de expresión.

noviembre 23, 2011

Hoy, Día Mundial contra la Impunidad


Hoy se conmemora por primera vez el Día Mundial Contra la Impunidad, coordinado por un grupo de instituciones que defienden la libertad de prensa y de expresión en todo el planeta. El objetivo es crear conciencia por la impunidad rampante que rodea a la mayoría de casos de asesinatos contra periodistas y exigir soluciones a los gobiernos.

La fecha se instauró en recordación de la masacre de Maguindanao de 2009,  una localidad de Filipinas, donde un grupo de forajidos acribilló a tiros y machetazos a 21 periodistas y una treintena de personas que protestaban por irregularidades en un proceso electoral.

En América Latina tenemos nuestras propias masacres. Durante lo que va de este año, ya han sido asesinados 22 periodistas. Y el problema parece no tener solución. La violencia se extiende a la misma velocidad que se expande el narcotráfico por la región y los gobiernos no aciertan con políticas para administrar más justicia y prevenir crímenes.

Hasta hace poco, la violencia estaba focalizada en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero este año, a los cinco reporteros asesinados en México, se sumaron cinco casos en Honduras, cinco en Brasil, tres en Perú, y otros cuatro en Colombia, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

Como en el resto del mundo, donde cayeron más de 500 comunicadores en el último lustro, son muy pocos los homicidios que se resuelven. Y como en general, están motivados por represalias, las investigaciones de esos casos generan mayor violencia. El crimen del periodista colombiano, Orlando Sierra, ocurrido en 2002, es revelador. Nueves personas, entre testigos, policías y fiscales, fueron asesinados por el solo hecho de meter sus narices en el caso. Sucedió lo mismo con el periodista mexicano José Rodríguez Carreón, muerto en 2008. Unos cinco investigadores fueron exterminados y varios fiscales debieron renunciar o ser trasladados a otros estados, luego de recibir amenazas.

Por supuesto que la violencia y la impunidad no son propias a la prensa. Casi todas las disciplinas dedicadas al servicio público están diezmadas, así sean transportistas públicos como en El Salvador y Guatemala, policías y jueces en México, o abogados en Honduras, donde ya mataron a 73 este año.

En un foro sobre seguridad celebrado entre la UNESCO y las Naciones Unidas en setiembre pasado, varias organizaciones, entre las que se destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), despotricaron por la inacción de los gobiernos para administrar justicia y proteger a medios y periodistas. Pidieron a las autoridades más acción, que se declame menos y que se haga más.

México pareciera haber recogido el guante. Esta semana, y después de que la SIP lo viniera solicitando desde 1997, la Cámara de Diputados resolvió aprobar una reforma constitucional, accediendo a que los delitos contra la libertad de expresión, entre ellos los crímenes contra periodistas, sean considerados delitos del orden federal. La medida permitirá que los casos los absorba el estado nacional, ante la inacción de las policías y la justicia en el interior del país, ya sea porque carecen de los recursos necesarios para su trabajo o porque están  coludidas con el crimen organizado.

La Corte Suprema de Justicia de Perú adoptó una medida similar hace dos años, al crear tribunales especiales para procesar crímenes contra la prensa. En Colombia, el Congreso reformó el Código Penal agravando las penas para ese tipo de delitos y extendió el plazo de prescripción de 20 a 30 años. También, la Fiscalía Nacional reactivó más de una veintena de casos de periodistas que estaban a punto de prescribir, permitiendo que sus familiares abriguen la esperanza de justicia y reparación.

Por sí solas, estas medidas no parece que podrán detener los altos índices de impunidad. Se necesitan estrategias más concertadas y globales.

Si las nuevas reformas promovidas por organismos políticos no funcionan o son insuficientes, éste podría ser el momento adecuado para que las entidades de ayuda financiera internacional, como el Banco Mundial, condicionen la asistencia económica, hasta que los países beneficiarios demuestren estándares judiciales razonables y resultados concretos para reducir la impunidad. Muchas veces, la billetera vacía es lo único que nos moviliza.

Tensión entre la verdad y la libertad

Desde mis inicios en el periodismo hasta mi actual exploración en la ficción, la relación entre verdad y libertad siempre me ha fascinado. S...