Cuando parecía que este año habíamos empezado bien en nuestro gremio periodístico, Brasil dio la desagradable sorpresa de contar en este 2012 con tres periodistas asesinados.
Desde la SIP hemos tomado varias iniciativas para lidiar con el problema desde hace años atrás, pero la falta de voluntad política para adoptar estas medidas y algunas rencillas internas entre las diferentes organizaciones de periodistas ha permitido que estos esfuerzos caigan por la borda.
La presidenta Dilma Rousseff debería asumir varias iniciativas para proteger a los periodistas brasileños, la mayoría de ellos caídos debido a la corrupción de funcionarios públicos y también a las mafias que operan en todo el país, especialmente en la zona de triple frontera.
Entre esas medidas se deben tener en cuenta las siguientes: Crear jurisdicciones especiales para procesar delitos y crímenes contra periodistas, así como sistemas eficientes de protección, aplicar penas más severas contra quienes atenten contra la libertad de expresión y, en casos que lo amerite, que se federalicen esos delitos.
En el Congreso de Brasil están pendientes varios proyectos de ley sobre la materia. Entre ellos, nombró una propuesta de enmienda a la Constitución que fija la competencia de jueces federales para procesos relacionados a crímenes contra periodistas; una reforma al Código Penal que da prioridad a casos de delitos contra periodistas; y otro proyecto que asigna a la Policía Federal la investigación de estos crímenes para mejorar la eficiencia de proteger el derecho a la información.
Varias de estas iniciativas se originaron en mayo de 2010 durante el encuentro “Fallas y Brechas de la Justicia: cómo evitar la impunidad en los crímenes contra la prensa”, que organizamos con la SIP en Río de Janeiro, en conjunto con la Asociación Brasilera de Periodismo Investigativo (Abraji, siglas en portugués) y la Pontificia Universidad Católica (PUC-Rio).
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