Maduro y las telenovelas como chivo expiatorio

El presidente venezolano Nicolás Maduro, como varios de sus colegas latinoamericanos en los últimos años, no ha encontrado mejor excusa o chivo expiatorio para el grave problema de la inseguridad, que acusar a los medios de comunicación, en particular a la TV y sus telenovelas, por fomentar la violencia y los antivalores en la sociedad.

La ocurrencia de Maduro sería anecdótica y para no tener en cuenta si se trataría solo de una excusa para justificar la falta de acción y planificación de su gobierno en materia de seguridad. Pero el riesgo es que durante el gobierno chavista, tras la acusación del oficialismo contra los medios en el mismo sentido, se han creado leyes y decretos para imponer sanciones y censurar a los medios. Justamente, la ley de Responsabilidad Social sancionada por Hugo Chávez en 2004, bajo las mismas argumentaciones actuales de Maduro – crear un sistema de protección de la niñez ante la promoción de la violencia provocada por la radio y televisión – sirvió para cerrar televisoras, como RCTV y decenas de cables, así como cientos de radios, no para proteger a los niños sino blindar al gobierno de las críticas.

Existen estudios para uno y otro sentido sobre la mala influencia en la conducta de los niños por parte de la televisión y los videojuegos, pero de ahí hacerlos responsables de la inseguridad ciudadana hay un trecho muy largo. Si así fuera, EE.UU. debiera ser el país más inseguro y peligroso del mundo debido a la mala influencia de Hollywood con cientos de nuevas películas que hacen escuela diaria sobre violencia, escándalos, conspiraciones y terrorismo.

El peligro del argumento de Maduro es que ya ha dado instrucciones a la ministra de Comunicación y al Consejo Nacional de Telecomunicaciones para que revise la programación de las televisoras, acusándolas de antemano de crear inseguridad y generar violencia por la trasmisión de telenovelas, acusándolas de fomentar “antivalores de la muerte, culto a la droga, culto a las armas, culto a la violencia”.

De esta forma Maduro trata de expiar los pecados de su propio gobierno y de su predecesor que poco pudieron hacer en materia de seguridad, convirtiendo a Venezuela en uno de los países más violentos de la región con 79 asesinatos cada cien mil personas. Según la ONG, Observatorio Venezolano de Violencia, 25.000 asesinatos se produjeron en el país durante el 2013.

Es que si bien Maduro puso énfasis en la pacificación en su discurso este miércoles ante el Congreso, su atención sobre el tema de la inseguridad no ocurrió hasta el asesinato de la actriz y ex miss Universo, Mónica Spears y su esposo, crimen que levantó indignado a muchos sectores de la sociedad venezolana.

Como siempre y por todo concepto, tanto Maduro como el chavismo, son muy astutos en echarle la culpa a los demás de las deficiencias, ineficacia, omisiones y manipulaciones de su gobierno. Así es el imperio, el capitalismo, los burgueses, la oligarquía, los diplomáticos estadounidenses, los comerciantes inescrupulosos, quienes tienen la culpa de los males de Venezuela.

En realidad, más allá de la ineficiencia de su gobierno para controlar la seguridad, el orden en las cárceles o de dotar a la justicia y las fuerzas de seguridad con recursos humanos y técnicos, Maduro es responsable directo en materia de inseguridad por varios motivos. Ha armado a un grupo nacional de autodefensa que en cualquier momento puede desviarse como está sucediendo con los grupos paraestatales mexicanos de Michoacán; ha incentivado y justificado a las turbas a saquear comercios y supermercados como castigo por el alza de precios y mantiene un discurso irracional y polarizante contra la oposición y cualquier individuo que no simpatice con su gobierno.

Maduro, en lugar de echar culpas a los demás, debería estar mirando muy de cerca lo que pasa fuera de las ventanas del Palacio de Miraflores y actuar en consecuencia. Es que Caracas se ha convertido en la segunda ciudad más violenta del mundo, después de la hondureña San Pedro Sula, de acuerdo el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Esta ONG mexicana informó que Caracas está segunda en una clasificación de las 50 ciudades más violentas del mundo, con 134 asesinatos en 2013 por cada cien mil habitantes. San Pedro Sula tiene una tasa de 187 homicidios y Acapulco es tercero con 117. En el informe, que incluye a 50 ciudades con al menos 300 mil habitantes, se encuentras 43 ciudades de América Latina, además de tres de Sudáfrica y cuatro de EE.UU., entre ellas 16 de Brasil, nueve de México, seis de Colombia, cinco de Venezuela, dos de Honduras y una de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Haití y Puerto Rico.

Entre las críticas que la ONG hace a los gobiernos por la manipulación de datos en materia de seguridad, sobre el de Maduro es bien concreto: “Ha demostrado que no le interesa la transparencia y la rendición de cuentas, sino el ocultamiento o la propaganda, muchas veces basada en mentiras”.

Según esta ONG, en 2013, el gobierno anunció una reducción del 17% de los asesinatos comparado al año anterior, pero demostró que “en las morgues siguió aumentando el número de ingreso de cadáveres”.

Chávez y el mensajero como culpable

El informe de Human Rights Watch dado a conocer ayer en El Cairo, Egipto, es lapidario en cuanto a la falta de respeto a los derechos humanos en Venezuela. En su reporte sobre el estado de situación del Estado petrolero, se acusa al gobierno de Hugo Chávez de varios atropellos a los derechos humanos, los que se potencian por la falta de un Poder Judicial independiente subyugado al poder político y por el constante ataque en contra de la libertad de prensa.

HRW denuncia el grave incremento de la inseguridad pública y la ineficiencia del Estado para combatirla. Justamente ayer en este post criticábamos los anuncios del Ministerio del Interior endilgándole la responsabilidad de este aumento de la violencia a los medios de comunicación, bajo el mismo argumento de siempre, de echarle la culpa de todo al mensajero.

Como el gobierno en este rubro interno no tiene cómo echarle la culpa a su enemigo externo, el imperialismo estadounidense, arremete contra el enemigo interno, la prensa, ambos convertidos en los agentes de exorcismo preferido del chavismo.

En este sentido, conviene recordar que tanto la Constitución, como las leyes de comunicación promulgadas por Chávez apuntan a ello – Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos del año 2004 – así como las varias leyes que aprobó en diciembre de 2010 bajo la Ley Habilitante o cheque en blanco que el Congreso le dio por 18 meses para legislar a su gusto y placer.

Ese diciembre de 2010 – y en línea con las reformas que anunció el Ministro del Interior El Aissami esta semana – Chávez reformó la Ley de Responsabilidad Social para regular los contenidos en internet y crear mayores limitaciones a los medios electrónicos, imponiendo sanciones a quienes hagan “apología del delito”, que fomenten “zozobra en la ciudadanía” o incentiven a “desconocer a las autoridades legítimamente constituidas”.

 

Sin dudas, para el régimen, la culpa de la violencia en el país apunta a los mensajeros.

Dura condena de SIP a Venezuela y Chávez

Miami (21 de diciembre de 2010).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet” y el “marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión en general” en Venezuela, mediante reformas que anoche aprobó la Asamblea Legislativa a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ambas alteraciones legislativas fueron sancionadas en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional este lunes y se espera que pronto entren en vigencia tras la sanción del presidente Hugo Chávez y su publicación en la Gaceta Oficial. “Ya no quedan dudas”, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, “estamos ante un acto grave de connivencia entre los poderes públicos, para negar a los ciudadanos venezolanos dos garantías fundamentales que exige la democracia: el derecho a la libertad de expresión y el respeto debido al libre flujo informativo”. Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, recordó que desde que la Ley de Responsabilidad Social fue sancionada en 2004, bajo la excusa de un horario de protección de los derechos de los niños, se utilizó para perseguir a periodistas y cerrar medios de comunicación. “De nuevo ahora – agregó Marroquín - con las nuevas disposiciones para el internet, entre multas para los proveedores, y la obligación a la usuarios de no poder escribir anónimos o no tocar temas que al gobierno le puedan caer mal, estamos ante una censura profunda y generalizada de los contenidos informativos y de las comunicaciones personales que ya escapa al derecho de los medios y periodistas de publicar, para entrar al menosprecio del derecho del público a comunicarse libremente”. La reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, obligará los medios y proveedores de internet a censurar, bloquear o, al menos, filtrar información que contravenga algunas de sus disposiciones. Entre éstas, se destacan en su artículo 27 que "los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes" que, por ejemplo, "fomenten zozobra en la ciudadanía", "alteren el orden público", "desconozcan a las autoridades" o "induzcan al homicidio".  De igual forma, la Ley responsabiliza a los medios de comunicación, entre otros, por los mensajes que inciten al odio, hagan apología del delito, motiven la intolerancia política y religiosa o a desconocer a las autoridades. Los infractores de la Ley recibirán multas de entre 50 y 200 unidades tributarias y los responsables de medios electrónicos que incumplan, serán sancionados hasta con un 4% de los ingresos brutos previo a la violación. La nueva ley también tipifica penalmente aquellas informaciones o críticas que la autoridad considere como desacato y ofensiva o que incite a transgredir dictámenes oficiales. Entre otras de sus ambigüedades, se prohíbe la figura del anonimato en internet, violándose condiciones específicas del derecho a la privacidad e intimidad de los usuarios. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director del diario texano San Antonio Express-News, dijo que además de perjudicar al público con esta “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet”, la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicacionesdemuestra como el presidente Chávez “insiste en su fin último de conseguir su declamada y pretendida hegemonía comunicacional, un país donde él se arroga para sí mismo el monopolio de la verdad y de la crítica”. “Chávez – dijo Rivard – será responsable ante la historia por su prédica de la censura y el silencio, lo que está derivando en un marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión año tras año en el país”.  La reforma declara a las actividades de telecomunicaciones como de "servicio o interés público", lo que le permitirá al gobierno tener mayor potestad en materia regulatoria frente a los medios electrónicos, especialmente en períodos especiales de crisis o emergencias, medidas que el gobierno adopta habitualmente. También se establece que las concesiones de licencias serán por 15 años, se prohíbe la inversión extranjera y, entre otros aspectos, se crean nuevos impuestos y entes reguladores, como un Directorio de Responsabilidad Social - sostenido perversamente por las multas que se cobren a los medios - que bajo un régimen de sanciones ambiguas, parece más destinado a censurar las críticas y opiniones en contra del gobierno que a poner orden en el espectro electromagnético o hacer el acceso más plural a los medios y a las tecnologías como los legisladores han justificado. La legislación también contempla que los derechos sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico no se transmiten o ceden por sucesión; y consigna que por razones de seguridad nacional, introducción de nuevas tecnologías, entre otras razones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, órgano rector y regulador de las comunicaciones, podrá cambiar o asignar frecuencias. La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org

Chávez: ¿La última estocada?

Con Hugo Chávez uno se pregunta si cada acción con la que arremete contra los medios de comunicación, los periodistas y el derecho del público a la información se trata de la última estocada en contra de la libertad de prensa y de expresión.

Siempre existe la esperanza de que calme sus ansias de poder y dominarlo todo. Pero cada semana que pasa esa esperanza se diluye. A la presión ejercida en los últimos meses con Globovisión, de la que ya se apropió de un 20% de sus acciones, ahora se le suman las reformas de las leyes de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones.

Ambas están destinadas no solo a coartar la libertad de prensa de los medios y periodistas, y terminar de derribar a Globovisión, sino que también van derecho al corazón de los usuarios del internet, atenazando el derecho del público a decidir dónde informarse. Se trata de una nueva estocada del Gobierno del presidente Chávez en contra de la libertad de expresión.

Como comenté en el post anterior, sabiendo que le quedan pocas semanas para gobernar despóticamente y sin oposición, Chávez está apurándose a pasar cualquier tipo de leyes aprovechando que todavía no se integra hasta mediados de enero la nueva Asamblea Nacional.   

De ahí que con la excusa de la seguridad nacional y la defensa de su revolución, apunte sus cañones ahora contra el internet buscando mil y una formas de restringirlo y controlarlo, como lo hacen otros países nada democráticos en el mundo tal los casos de Cuba y China, que bloquean, filtran y censuran el flujo informativo digital.

Tal como dijo la SIP en un comunicado esta tarde, la reforma a Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión prohíbe el uso libre de Facebook, Twitter y otras redes sociales y especifica severos castigos cuando la información de los medios o de los usuarios “puedan constituir manipulaciones mediáticas”, induzcan el magnicidio, promuevan el desorden público, difundan mensajes contrarios a la seguridad nacional o divulguen imágenes y sonidos de contenido sexual.

La modificación también establece que “los proveedores de servicios de internet, deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes y acceso a portales divulgados a través de ésta u otros medios electrónicos”. Además reduce la concesión de las licencias a los medios de comunicación de 25 a 15 años y no permite la inversión extrajera “en radio difusión sonora, televisión abierta y producción nacional audiovisual”.

Esta reforma también incluye restricciones para el uso de internet. En su artículo 212 establece que “el Estado creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet en Venezuela con la finalidad de manejar el tráfico con destino y origen en Venezuela, con el objeto de utilizar de manera más eficiente las redes del país dado el carácter estratégico del sector”.

Sin embargo, las mayores restricciones, que se entienden están destinadas a seguir minando a Globovisión, consigna que será el Presidente quien fije los “estándares” para promover la evolución de la radio y la televisión digital en el país. En su Art. 203, la nueva legislación prohíbe la posesión de más de una emisora radial o televisora y la difusión “de la señal de las estaciones de radio o TV abiertas en zonas de cobertura distintas a las autorizadas en dichas estaciones en sus respectivos título jurídicos”.