Ningún
proceso de paz termina beneficiando a todos y este es el largo y tortuoso
camino que tiene a Colombia como epicentro. Tantos crímenes y tantas víctimas y
tantas heridas sufridas en los últimos 50 años difícilmente podrán olvidarse ni
curarse con las negociaciones en Oslo y en La Habana.
El
tema no es fácil. El proceso de paz es posible gracias a una reforma
constitucional que permitirá que prácticamente todos los actores violentos en
Colombia puedan ser acusados, investigados pero no encarcelados. Se trata de
una amnistía general o un acuerdo político que tal vez se plantea como la única
ventana o alternativa para llegar a la paz.
En
una conferencia este viernes pasado en la Universidad de Harvard, organizado
por la Iniciativa Latinoamericana del Carr Center, José Miguel Vivanco,
director de Human Rights Watch por las Américas, se mostró crítico ante esta
reforma, a lo que calificó de una “bacanal de impunidad” y que su organización
estará presta a interponer demandas ante la Corte Penal Internacional.
Referente
a esta “orgía” de impunidad, Vivanco, en su lectura de la realidad colombiana,
interpreta que la reforma es en realidad una gran amnistía que solo permitirá
castigar a los responsables directos de las masacres cometidas por las FARC o
los paramilitares o los militares responsables de los “falsos positivos”, pero
que el Estado reniega a castigar a los autores intelectuales, a los
financistas, a los cómplices de tantos crímenes de lesa humanidad.
Vivanco
teme que el proceso de paz sea un tema para las cámaras, para que algún
colombiano termine ganado el Premio Nobel de la Paz, pero que dado el marco
jurídico estropeado por la reforma, no permitirá reparar la justicia que
demandan las víctimas. Estadísticas diferentes sitúan a las víctimas en un
promedio de 600 mil muertos, 15 mil desaparecidos y casi 4 millones de
desplazados.
Vivanco
indicó que no le quedará otra alternativa jurídica a HRW que presentar demandas
en contra de algunos individuos colombianos ante la Corte Penal Internacional
en caso de que el Supremo Tribunal Constitucional de Colombia deje la reforma
en firme. Además, porque el país se sometió a la jurisdicción del tribunal
internacional, por lo que no puede quedar como un espacio limitado solo a la
demagogia o a que esa organización termine solo fallando sobre casos del
continente africano, como más se manifiesta hasta ahora.
La
paz en Colombia es obviamente política. Difícilmente puede lograrse de otra
forma si los miembros de las FARC no son amnistiados y si no se les ofrece un
sitio para hacer política. Otras ofertas, cuatro en total, fueron rotundos
fracasos en el pasado. ¿Pero podrá haber paz para las víctimas y para todos los
colombianos en caso de que el sangriento Timochenko termine debatiendo en el
Congreso como un legislador más?
Difícil
es saber si es preferible una paz defectuosa con el consabido sabor amargo de
que muchos quedarán desahuciados, a continuar con una guerra sangrienta que
pudiera seguir causando más víctimas.
Los
procesos de paz en América Central y las leyes de amnistía y punto final fueron
imperfectas en América del Sur, pero permitieron una paz política relativa y
necesaria.