Como en la Argentina del atolondrado
secretario de Comercio, Guillermo Moreno,
en la Venezuela de Nicolás Maduro ya se tipifica como delito informar sobre el
desabastecimiento de las góndolas de supermercados o sobre la escasez de
productos en cualquier disciplina, acercándose su gobierno cada vez más al de
los hermanos Castro.
En el último giro de la
trama, después de que Maduro ordenó a sus funcionarios y a los vecindarios
chavistas defender la revolución y tras la expulsión de tres diplomáticos
estadounidenses por actividades subversivas al financiar ONGs, la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones abrió un proceso de sanción en contra de Globovisión por un
programa de televisión en el que se informa sobre el desabastecimiento.
Como
siempre ha hecho desde que asumió en abril, Maduro acusa a cualquiera (menos al
gobierno) de todo, en especial a la empresa privada de estar provocando la
escasez como una forma de conspiración política.
Ni él
ni su antecesor jamás admitieron que la escasez es producto de una pésima
política económica basada en el apriete y cierre de la empresa privada y en un
modelo importado de Cuba que jamás dio la más mínima satisfacción económica a
sus ciudadanos. La política de Maduro, mucho más castrista que Hugo Chávez, es
aún más peligrosa, porque fiel a sus mentores, quiere ahondar un proceso que a
todas luces hace agua y que terminará por ahogarlo.
La
sanción a Globovisión muestra que Maduro en lugar de enfrentar el problema
quiere negarlo. Es parte de su política bien agresiva en contra de los medios
de comunicación y la libertad de prensa, una estrategia que seguirá
profundizando.
Globovisión,
así como los diarios y revistas, necesitan de los insumos importados (cámaras
de televisión, monitores, micrófonos, impresoras, tinta y papel, entre muchos
otros productos) para poder permanecer en el aire y ser publicados. Pero sucede
que el gobierno no le da a los medios las divisas necesarias para poder comprar
esos materiales en el exterior. Esto demuestra que la escasez es, en este caso,
una medida de la que el gobierno es el único responsable; una autorización
oficial bastaría para que los medios puedan publicarse normalmente. En cambio,
muchos periódicos debieron cerrar su puertas y todos – incluso a partir de hoy
El Impulso de Barquisimeto – debieron cortar la cantidad de páginas que
publicaban y hasta dejaron de lado fotos en colores ante la falta de tinta.
Claro
que estos elementos no son tan prioritarios como el arroz, la harina o el papel
higiénico para un pueblo. Sin embargo, la política de calificar de delito la
información sobre el desabastecimiento y provocar la escasez de insumos para
los medios de comunicación, demuestra el doble estándar del gobierno.
