Sombrío panorama de libertad de prensa

Las amenazas, la intimidación y los ataques letales de parte del crimen organizado, que han cobrado la vida de 14 periodistas este semestre, son los temas que prevalecieron en la agenda de la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Mérida, Yucatán, México. Más de 575 miembros de la SIP de todo el hemisferio también protagonizaron discusiones intensas en relación a Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina, donde los gobiernos están recurriendo a medidas anti-democráticas para reprimir a los medios de comunicación independientes y colocar el flujo de informaciones y noticias en las manos de entidades controladas por el estado.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, durante un discurso pronunciado ante los delegados de la SIP el lunes, destacó el incansable compromiso de su gobierno por la derrota de los carteles de la droga. Siete de los periodistas asesinados este semestre perecieron en actos de violencia relacionados a los carteles del narcotráfico en México, mientras que otros cinco fueron asesinados en Honduras, a donde los carteles han ido en busca de santuarios para el transporte de drogas desde Sudamérica hacia los Estados Unidos.
Dos periodistas más fueron asesinados en Brasil.

Las palabras de Calderón resaltaron las medidas que su gobierno ha tomado en respuesta a los esfuerzos largamente sostenidos por la SIP para crear consenso por la federalización de los crímenes y ataques contra periodistas. Estas incluyen el nombramiento de un fiscal especial para esos crímenes, pero el informe final de la SIP sobre México hace notar que un clima de impunidad sigue existiendo en esa nación y, hasta la fecha, el gobierno ha puesto en evidencia su falta de voluntad política para investigar y enjuiciar a aquellos que atacan a los periodistas. La SIP ha solicitado a Calderón que reabra las investigaciones de 27 casos de crímenes contra periodistas que permanecen sin resolver.

Mientras tanto, en Perú, el Tribunal Supremo ha creado una jurisdicción especial para procesar los crímenes contra periodistas, tal como lo hace con los narcotraficantes y los terroristas.

Algunos avances, sin embargo, no logran ocultar abusos continuados. A lo largo y ancho de las Américas existen esfuerzos renovados para imponer disposiciones legales destinadas a “regular” el funcionamiento de los medios de comunicación. Aunque se expresan a menudo en términos altisonantes, son intentos evidentes para controlar y limitar el libre flujo de información.

En Argentina una campaña oficial contra la prensa ha incluido insultos e intentos por penalizar a los directores de medios y periodistas, así como el acoso administrativo y judicial contra los medios independientes. Las regulaciones están diseñadas para ejercer el control estatal del papel periódico, las licencias de radiodifusión y el contenido audiovisual, así como para cancelar arbitrariamente licencias para la prestación de servicios de Internet.

En Bolivia una ley con las mejores intenciones para impedir el racismo y la discriminación, limita, de hecho la libertad de prensa. Otros países de América Latina, como Brasil, Ecuador y Uruguay están también considerando leyes para regular los medios de comunicación a través del llamado control social, que en realidad ofrece a los gobiernos instrumentos para estrangular a los medios de comunicación.

En Estados Unidos, el gobierno de Obama ha procesado más casos de filtración de información que cualquier otra administración en la historia de EEUU. Al mismo tiempo, la ley escudo federal ha sido aprobada por la Cámara, pero sigue paralizada en el Senado y parece destinada a morir.

En Cuba, pese a la muy publicitada excarcelación de 18 prisioneros políticos que fueron forzados al destierro por parte del gobierno, permanece como una nación totalmente bajo las garras de una dictadura que se ha sostenido en el poder por más de medio siglo. Al menos ocho periodistas independientes siguen encarcelados junto a otros prisioneros políticos cuyo único crimen es oponerse al régimen de los hermanos Castro.

Otros abusos frecuentes incluyen el acoso judicial y la utilización de la publicidad oficial como herramienta para premiar y castigar a los medios, una práctica común en países tan diversos como Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, entre otros. En muchos países continúa la tendencia de que el gobierno compre los medios de comunicación o funde otros para sus propios intereses políticos.

Junto con la intolerancia de los gobiernos, el enemigo común contra el Estado, la prensa y la sociedad en general, es el crimen organizado, que ha sido identificado como el autor de graves abusos contra la prensa. Los presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Juan Manuel Santos, respectivamente, coincidieron en este aspecto en sus palabras ante la Asamblea General.

Tomando en cuenta esta problemática, la Sociedad Interamericana de Prensa, en su afán por redoblar sus esfuerzos para mantener los principios democráticos y el derecho del pueblo a saber, ha declarado el 2011 Año de la Libertad de Expresión.

Conclusiones de la SIP

Conclusiones de los trabajos de revisión de libertad de prensa de los últimos seis meses en las Américas, realizadas en la asamblea de la SIP que celebramos en Buenos Aires:

La acción coordinada de gobiernos para controlar a la prensa y el desprestigio constante al que la someten, el avance desmesurado de la violencia contra los periodistas, la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias decisiones judiciales que limitan la labor informativa, son claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático.
La mayor desazón, sin duda, proviene del saldo de 16 periodistas asesinados en este semestre (ocho en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador), la cifra más alta de los últimos años, que tiene que ver no solo con la violencia extrema del crimen organizado sino con la impunidad y el creciente deterioro de la seguridad pública, lo cual constituye una preocupación central de los ciudadanos en cada rincón del continente.
Condenamos enérgicamente la permanencia en prisión de 27 periodistas en Cuba, muchos de ellos con graves problemas de salud. Este país también se distingue como uno de los mayores controladores y censuradores del internet habiendo desarrollado mecanismos de restricciones y amedrentamiento especial contra la nueva modalidad de blogueros.
En todo el continente se observa que la pobreza que persiste por el escaso desarrollo económico y la iniquidad imperante en la mayoría de los países de América sirve de caldo de cultivo para una tendencia al autoritarismo.
Los más altos funcionarios de varios gobiernos actúan como si la libertad de expresión y la independencia del poder judicial impidieran las indispensables transformaciones para erradicar la miseria. Sin embargo, la persecución al periodismo y a toda opinión distinta a las del poder, sólo ha servido para iniciar el lento y tortuoso tránsito hacia totalitarismos de naturaleza corrupta que únicamente causan más pobreza y violencia. Estos regímenes han llegado a canalizar su agresividad en preparativos para guerras con otros países, como ocurre con Venezuela, donde sobre esa base se podrían suspender garantías constitucionales.
Por lo tanto, no es casualidad que varios gobiernos estén ahora unidos por una ideología exportada desde Venezuela por el presidente Hugo Chávez, quien propició una ley de “delitos mediáticos” que luego fue propuesta por la Fiscalía General. También ese gobierno ha cerrado 34 emisoras en este período.
Esta tendencia de manipulación legal se refleja en otras legislaciones de diversos países, como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales promovida por el gobierno de Argentina en el marco de una inédita campaña de hostigamiento contra los medios independientes; el Proyecto de Ley de Comunicación que discute la Asamblea Nacional en Ecuador y sus réplicas como una propuesta ley de medios en El Salvador.
El avasallamiento contra la libertad de expresión legitimado por reformas constitucionales y leyes hechas a medidas está concatenado con la creación y adquisición de medios por parte del Estado y sectores cercanos al poder, que son utilizados como órganos de propaganda.
Otras leyes que buscan el control de contenidos han sido propuestas o están siendo discutidas en los Parlamentos de Colombia, Chile y Uruguay, mientras que Brasil está organizando una conferencia nacional sobre medios que podrá derivar en la creación de medidas de control de la prensa.
Por otra parte, lejos de cesar las prácticas discriminatorias en el otorgamiento de la publicidad oficial, varios gobiernos como los de Argentina, Aruba y Antillas Holandesas, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, siguen utilizándola como instrumento de coacción o beneficios para medios y periodistas.
Otra tendencia claramente visible dentro de este marco de restricciones es la paralización de proyectos de ley sobre acceso a la información pública, como en El Salvador y Bolivia, o que tienen una aplicación ineficiente como en Chile, Ecuador, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico, o que son inexistentes en países como Venezuela y Cuba.
Cabe señalar que algunos aspectos positivos como la despenalización de los delitos de difamación e injurias en Uruguay y el envío al Congreso argentino por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de injurias y calumnias, en base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.