Cada vez que hablo por teléfono con periodistas de cualquier país latinoamericano sobre temas sensibles siempre sale a relucir jocosamente el mismo tema: “Cuidado que no están escuchando”. Más allá de los chistes, la mayoría de los periodistas tienen razones para suponer que los escuchan en forma clandestina, o porque los escuchan de verdad y tienen las pruebas, o porque sospechan que si hay servicios de inteligencia escuchando a muchos ellos no pueden ser la excepción o porque cada tanto aparece una denuncia de un ex espía que denuncia un escándalo y da nombres de periodistas que son realmente espiados.
Descubrir o sospechar que uno es escuchado en forma clandestina es prácticamente el mismo siente como cuando uno llega a su casa para darse cuenta que ha sido desvalijado. Uno siente una sensación de impotencia, de que ha sido violentada su intimidad y de perder automáticamente la confianza en el sistema. Como la violencia de la escucha se comete a dos personas al mismo tiempo, crea además un sentimiento de desconfianza entre los interlocutores, que terminan echándose la culpa entre ambos. En el caso de las escuchas contra el periodismo, esto crea un doble problema, por cuanto genera desconfianza entre la fuente y el periodista afectándose irremediablemente la libertad de expresión.
En coincidencia con un escándalo de proporciones mayúsculo en Colombia donde el servicio de inteligencia del gobierno escuchaba en forma clandestina conversaciones telefónicas de políticos, jueces y periodistas, en Argentina la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley que autorizaba las intervenciones telefónicas y por internet, obligando a las empresas a que mantuvieran por 10 años esas comunicaciones en sus archivos.
En Colombia la crisis desatada por una denuncia hecha ante la revista Semana derivó en la renuncia del sub jefe del Departamento Administrativo de Seguridad y otros funcionarios, obligó al ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, a decir que se necesitaría reestructurar el servicio de inteligencia y, peor aún, a que Inglaterra y Estados Unidos dejen de brindar asistencia a Colombia ya que fueron los países que ofrecieron la tecnología para que se usara en contra del crimen organizado y el narcotráfico.
Las escuchas telefónicas clandestinas, espiar sin orden de un juez sin más ni menos, es un tema recurrente en la política internacional. Muchos países, como El Salvador y Guatemala están luchando por una legislación de este tipo para que le ayude a detectar e infiltrarse en bandas criminales, mientras que en España acaba de saltar un escándalo grandioso en las esferas del poder, siendo políticos interviniendo teléfonos de políticos. En Estados Unidos, a través de la Ley Patriótica, el ex presidente George Bush se salió con la suya al estar permitido a escuchar conversaciones a nivel nacional y en el extranjero sin la necesidad de que haya una orden de juez autorizándolo, convirtiéndose en un caso de violación a los derechos humanos.
En Perú, el año pasado, a raíz del chuponeo, como se le denomina al tema de las infiltraciones telefónicas, y su posterior denuncia sobre el tráfico de influencias y corrupción entre una compañía multinacional de petróleo y entidades estatales, el presidente Alan García tuvo que renovar prácticamente todo su gabinete.
La Corte argentina puso un toque a este tema al declarar inconstitucional la “ley espía” que fue sancionada en 2003 y suspendida por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005, aunque no fue derogada. La Corte argumentó creando doctrina en un caso de un abogado, Ernesto Halab, en donde se consideró que violaba su derecho a la privacidad y a la confidencialidad. El año pasado en Argentina, como ahora sucede en Colombia, salió a debate el tema después de que se denunció que varios políticos y periodistas fueron infiltrados por la inteligencia no solo en el tema de teléfonos sino también en sus mensajes de e-mails, sin embargo, después de tanta denuncia, nada pasó. Por lo menos, ahora esta nueva jurisprudencia hará que cualquier intento sea ilegal y por lo tanto punible.
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