Entre la ética y la legalidad siempre hay una línea muy delgada y muchas veces se trata de disfrazar un tema moral con una cuestión legal.
Creo que el gobierno argentino exageró al echar del país al obispo británico Richard Williamson, quien negó el holocausto, diciendo tener evidencia de que los nazis no “gasearon” a seis millones sino a unos 200 ó 300 mil judíos.
El gobierno tratando de consustanciarse con la enorme comunidad judía en el país terminó echando al cura no por sus dichos – aunque ese fue el motivo principal – sino por una cuestión de legalidad migratoria, ya que el obispo entró al país a trabajar de una cosa y terminó dirigiendo un seminario.
No comparto en nada los dichos anti éticos de Williamson, quien se merece la repulsa de la Iglesia, especialmente por no haber osado a pedir disculpas ante su aberrante declaración, pero tampoco es muy prudente para un país echar a alguien por lo que dice, limitando la libertad de expresión, ya que en el futuro uno pudiera pensar que esa misma “legalidad” se podría aplicar a otros personajes por cualquier otro motivo de ofensa. Además, en Argentina desconocer el holocausto no está penado por ley como por ejemplo en Alemania o Israel.
En realidad, por el resquicio de la legalidad migratoria, el gobierno argentino encontró la excusa perfecta para deshacerse de un ciudadano británico que no tenía el apoyo ni de los judíos ni de la comunidad católica, ni siquiera del Vaticano, que hasta hace poquito dejó sin efecto su ex comunión. Así que echarlo fue un tiro de gracia fácil de dar.
Para Inglaterra el tema de recibirlo es mucho más fácil. Primero, es un ciudadano inglés y segundo, pero más importante, no cometió ningún delito ante las leyes inglesas, solo tuvo un desliz ético al hacer declaraciones inapropiadas en un momento inapropiado.
Pero echar a un ciudadano de un país por tener opiniones controversiales para la mayoría, no habla muy bien del país expulsor en materia de defender y garantizar los derechos humanos esenciales, como la libertad de expresión.
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