El último informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos fue lapidario con varios países latinoamericanos, entre ellos Honduras, Venezuela, Ecuador, México, Argentina y Cuba, temas que también se abordaron en forma coincidente y crítica por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
En ambos informes no hay cosas muy novedosas. En todos los casos se especifica que existe una marcada corrupción que no es castigada, que los poderes judiciales son ineficientes o están ligados al poder político y que, ya sea por la violencia del crimen organizado o de los propios estados, no se respeta la libertad de prensa. Como consecuencia de ello, la democracia se encuentra deteriorada.
En Argentina, donde el gobierno es criticado por manipular la información oficial y los periodistas se quejan de que la presidente Cristina de Kirchner ni los funcionarios de su cartera ofrecen conferencias de prensa, el discurso oficial sigue siendo tan cínico como sarcástico. Casi al mismo momento que se daban a conocer estas críticas, la Presidenta fue a la sala de corresponsales en la Casa Rosada y, entre chistes y chistes, respondió a los periodistas que ella habla a través de sus discursos y actos públicos, y que jamás hablaría mal en contra de ella misma, por lo que las conferencias de prensa están descartadas.
Esta es tal vez la menor crítica que se le hizo al gobierno argentino, pero demuestra cómo son tomadas las críticas aun cuando vienen de organismos intergubernamentales como de las Naciones Unidas; pese a que, por otro lado, el gobierno ha hecho de los derechos humanos un leit motiv de su gestión.
Para mí hay dos cosas que se desprenden de esto: Primero, en Argentina como en los otros países se ha involucionado en materia de libertad de prensa; es como si estamos hablando de lo mismo que se criticaba hace treinta o cuarenta años atrás. Segundo, más allá de la legitimidad que unos y otros le pueden dar a un informe del Departamento de Estado, no comprendo cómo el gobierno de Estados Unidos no utiliza la Ley Daniel Pearl para presionar a los gobiernos. Esta ley indica que ante la falta de respecto a la libertad de prensa en un país, Estados Unidos puede condicionarle la ayuda financiera.
Creo que el bolsillo a veces puede ser más eficiente que la política.
Quiero contarles sobre los procesos creativos de esta nueva historia sobre la verdad, la libertad y el miedo al futuro. Es mi nueva novela y espero publicarla cuando se sincronicen los planetas (las editoriales) o cuando se me acabe la paciencia y decida autopublicar -- Los contenidos de mi blog Prensa y Expresión están en el archivo. Blog por Ricardo Trotti
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mayo 26, 2012
mayo 17, 2010
Obama y libertad de prensa
Del lugar que menos se lo esperaba llegó una gran ayuda para impulsar la libertad de prensa en el mundo, permitiendo que se señale a los gobiernos que comenten atropellos contra la libertad de informar, en contra de los medios de comunicación y contra los periodistas.
El presidente estadounidense Barack Obama firmó una ley que lleva el nombre del periodista Daniel Pearl que en 2002 después de estar secuestrado en Pakistán mientras trabajaba para el Wall Street Journal, sus captores terroristas lo decapitaron ante las cámaras. Su familia, que siempre se negó a que este abominable crimen quede en el olvido, logró que se dicte esta ley que exige al Departamento de Estado (cancillería) que en sus informes sobre derechos humanos incluya el estado de la libertad de prensa en el país analizado.
La importancia de la ley – aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de junio de 2009 y por el Senado el 7 de mayo de 2010 – radica en que después del diagnóstico, el gobierno estadounidense suele reclamar acciones para que los errores, manipulaciones u omisiones sean remendadas, so pena de que puedan aplicarse sanciones, entre ellas, económicas, las más difícil de superar por los gobiernos extranjeros.
Tanto el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Derechos Humanos y otros organismos multilaterales siempre se han excusado de no aplicar algún tipo de sanciones o negar a los países asistencia financiera, cuando en éstos no se respeta la libertad de prensa o de expresión; como se les ha solicitado a menudo.
Esta ley abre las posibilidades de castigar económicamente a aquellos países que perjudican la libertad de prensa o permiten que los crímenes contra la libertad de expresión – por ejemplo el asesinato de periodistas – queden impunes.
El presidente estadounidense Barack Obama firmó una ley que lleva el nombre del periodista Daniel Pearl que en 2002 después de estar secuestrado en Pakistán mientras trabajaba para el Wall Street Journal, sus captores terroristas lo decapitaron ante las cámaras. Su familia, que siempre se negó a que este abominable crimen quede en el olvido, logró que se dicte esta ley que exige al Departamento de Estado (cancillería) que en sus informes sobre derechos humanos incluya el estado de la libertad de prensa en el país analizado.
La importancia de la ley – aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de junio de 2009 y por el Senado el 7 de mayo de 2010 – radica en que después del diagnóstico, el gobierno estadounidense suele reclamar acciones para que los errores, manipulaciones u omisiones sean remendadas, so pena de que puedan aplicarse sanciones, entre ellas, económicas, las más difícil de superar por los gobiernos extranjeros.
Tanto el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Derechos Humanos y otros organismos multilaterales siempre se han excusado de no aplicar algún tipo de sanciones o negar a los países asistencia financiera, cuando en éstos no se respeta la libertad de prensa o de expresión; como se les ha solicitado a menudo.
Esta ley abre las posibilidades de castigar económicamente a aquellos países que perjudican la libertad de prensa o permiten que los crímenes contra la libertad de expresión – por ejemplo el asesinato de periodistas – queden impunes.
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