Libertad: el mayor desprecio de Chávez

No queda mucho de democracia en Venezuela. Todos los poderes públicos viven sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo, así como están debilitados la oposición, los sindicatos, las iglesias, el movimiento estudiantil, las ongs y la propiedad privada.
La libertad, con sus derechos individuales y privados, de asociación y reunión, de prensa y expresión, es el valor que más desprecia el gobierno de Hugo Chávez. Su erosión es producida por decretos ejecutivos a voluntad, por leyes a medida que fabrica un congreso sin oposición y por la legitimización de procesos electorales y persecución de opositores que justifica una justicia politizada.
Dado el debilitamiento de la sociedad civil, y la escasa presión de gobiernos y organizaciones para revertir los golpes que a diario reciben las instituciones, la prensa libre se ha convertido en el último bastión para defender la democracia. Es una resistencia de todos los días. Desgastante y frustrante. Cuando ni las “leyes mordaza” ni las ejecuciones judiciales, o las trabas impositivas y comerciales pueden doblegar a la prensa, reaparecen los violentos cuerpos de choque y las amenazas públicas para intimidar a los periodistas.
La televisora RCTV vivió este proceso por años hasta que fue clausurada en mayo de 2007. La misma táctica se utiliza ahora contra Globovisión por su periodismo “contrarrevolucionario”, cuya cabeza tal vez termine como las cuatro decenas de radios y televisoras guillotinadas en los últimos días. No es novedad que la prensa sea imperfecta, pero es desmedido atacarla por “enemiga”, “golpista” y “terrorista”, cuando busca cumplir con su obligación de ser independiente, fiscal y mordaz.
Estos valores periodísticos son los que Chávez ha detestado desde que asumió el poder hace 10 años. Reniega de la prensa chúcara porque sabe que donde las instituciones fallan, ésta sirve de balance y chequeo, y para fiscalizar la corrupción. Sin embargo, no es reacio a la comunicación, siendo consciente de la importancia de mantener una prensa sumisa, obediente y utilitaria que le permita concentrar poder con impunidad, mercadear su ideología y expandir su influencia.
Esta lucha por asfixiar la información y estimular la propaganda, queda bien ejemplificada en la nueva ofensiva para desaparecer a más de 240 emisoras de radio y TV privadas (así como para no conceder licencias radiofónicas a la oposición), a contrapelo de la constante creación de medios oficiales. En unos pocos años, Chávez ha logrado un récord mundial, instaurando uno de los más grandes e influyentes imperios mediáticos gubernamentales, compuesto por cuatro televisoras nacionales, una internacional y 35 de UHF comunitarias; dos cadenas de radio y 231 radios comunitarias FM; 23 periódicos comunitarios, una agencia de noticias y 110 sitios web.
Este proceso de alta creatividad deviene de otro tremendamente destructivo basado en una manipuladora estrategia legal. El proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” presentado ante el Congreso días pasados forma parte de ella, aunque es, en realidad, un reordenamiento de los “delitos de prensa” que ya fueron incluidos en la Constitución, en leyes especiales y en el Código Penal. Su única novedad, quizás, es que terminarían presos los periodistas que no publiquen hechos que el gobierno considere interesantes.
El sabotaje legal contra la prensa empezó durante la reforma constitucional de 1999 con la inofensiva cláusula de “información veraz”, la que moldeó la aberrante Ley de Responsabilidad Social del 2004 que permite controlar la producción y contenido de los medios, y la reforma del Código Penal de 2005, que agravó las penas para escudar al presidente y a otros funcionarios cuando se sintieren ofendidos.
A pesar de que por ahora el congreso desistió de tratar una nueva ley sobre delitos de prensa, la experiencia indica que la estrategia legal y violenta no se detendrá. Chávez tiene la certeza y el tiempo para buscar el control de los medios en su ideal por un régimen propagandístico y hegemónico al estilo cubano; a la vez que seguirá exportando sus métodos mordaza que ya se aplican con éxito en Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
La única forma de frenar el atropello contra la prensa libre, el último bastión de la democracia venezolana, es la presión que puedan ejercer otros gobiernos y organizaciones intergubernamentales, los que hasta ahora han mirado irresponsablemente hacia otro lado.

La arrogancia incoherente de Correa

Como muchos otros presidentes latinoamericanos que se están durmiendo en la soberbia de la popularidad a base de propaganda, el primer mandatario ecuatoriano, Rafael Correa no se aguantó la crítica contra su gobierno que le hiciéramos desde la SIP, por lo que ahora de visita en el país guaraní tildó a la SIP de corrupta, mediocre y de haber estado emparentada a la CIA.
Como siempre lo hace, lleno de arrogancia e incoherencias, Correa apunta a desacreditar al mensajero, y tirar una cortina de humo sobre las críticas que se le hacen y de poner a la prensa en la verdad del frente como si se tratara de un interlocutor político al que, como contrincante, debe descalificar.
Correa, obviamente, no entiende el papel del periodismo, y más desmantelado queda con su argumentos al haber sido él mismo el que está utilizando a los medios públicos como si fueran propios, seguir propiciando la creación de medios que se utilizan como brazo de propaganda para beneficio propio en el proceso electoral y permitir el encarcelamiento de periodistas en su país.
Como parte de sus críticas en la conferencia de prensa que ofreció en Asunción junto a su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, Correa dijo que en América Latina existe “una prensa corrupta, mediocre, que cumple
un rol político". Y así como otros mandatarios, trató de descalificar a la SIP diciendo que ni siquiera está integrada por periodistas sino por propietarios de medios, como si eso invalidara a una persona a ser periodista, agregando que lo único que le interesa a la SIP no es la libertad de prensa sino la “libertad de hacer negocios”.
Parece que Correa trata de hacer ver que no entiende que los medios son empresas privadas y como tal necesitan ganar dinero para subsistir y ser independientes del poder. El único lugar donde la empresa privada o hacer dinero es ilícito, ilegítimo y considerado un pecado es en la sociedad comunista. ¿Será que se está desenmascarando cada vez más? o ¿es que simplemente sigue con sus incoherencias arrogantes?

Censura en Argentina

Como ocurre en forma ciclotímica en Argentina, el gobierno se las ingenia para censurar a los periodistas – en realidad al público en general – cortando de raíz a todo periodista que en forma independiente intente criticarlo y fiscalizarlo.

El método que emplea el gobierno argentino es bien sutil pero burdo a la vez. No hace las cosas en forma directa como Hugo Chávez, por ejemplo, que públicamente desafía o amenaza a periodistas y medios. Lo hace en una forma más solapada: trata de quedarse con el medio, comprarlo literalmente, y a partir de allí convierte a ese medio en una simple caja de resonancia de noticias insípidas e inofensivas.

La última muestra de intolerancia fue la compra de parte de la Radio del Plata por parte de la compañía Electroingeniería, muy allegada al gobierno, y a través de nuevas directivas canceló el contrato que tenía hasta fines de año uno de los periodistas más creíbles y críticos del gobierno argentino, Nelson Castro.

Muerto el perro, acabada la rabia dice el viejo adagio, y así el gobierno se deshace de los críticos más acérrimos. También utiliza la publicidad oficial para callar a los medios que no pueden controlar, como a varios periódicos, entre ellos La Nación y Perfil.

Castro corrió la misma suerte que Víctor Hugo Morales otro periodista a quien súbitamente le cancelaron un contrato y a Pepe Eliaschev, aunque este último caso fue aún peor, porque trabajaba para radio Nacional, emisora del Estado, que se supone que debe ser utilizada como un órgano de todos los argentinos y para lo cual su contenido debe estar basado en la pluralidad y diversidad de los puntos de vista de sus comentaristas y periodistas.