lunes, 27 de enero de 2014

Telenovelas y papel o la censura a la venezolana

La censura tiene mil caras y todas muy audaces. La más desfachatada en estos días fue la esgrimida por el gobierno venezolano, culpando a las telenovelas por los altos índices de inseguridad pública en el país.

No es la primera vez que sin evidencia ni estudios en mano, el presidente Nicolás Maduro, obsesionado por crear cortinas de humo, se las ingenia para encontrar chivos expiatorios. Acusó a las telenovelas de servir de culto a la muerte, la droga y la proliferación de armas.

Puede que la TV y los videojuegos tengan mala influencia en los niños, pero responsabilizarlos por la violencia general es, al menos, exagerado. Si así fuera, EE.UU., bajo el dominio de Hollywood y sus antivalores, tendría que ser el país más inseguro y peligroso del mundo, aunque en realidad dista mucho de los 79 homicidios cada cien mil habitantes que se cometen en Venezuela y que Caracas sea la segunda ciudad más violenta de las Américas, después de la hondureña San Pedro Sula.

El argumento de Maduro, aunque parece simple, no es inofensivo. Desenmascara una estrategia. Años atrás, su antecesor Hugo Chávez, también anteponiendo principios morales sobre contenido de los medios, utilizó la defensa de los niños para crear una ley, que terminó sirviéndole para cerrar cientos de televisoras, radios y periódicos, no por su contenido sobre violencia, sino por su posición crítica hacia el gobierno.

Maduro no es muy innovador. Hace meses los presidentes José Mujica de Uruguay y Porfirio Lobo de Honduras, también justificaron legislaciones para controlar el contenido ofensivo de los medios, creyendo que con eso se rebajarían los índices de inseguridad. Si bien esas leyes no prosperaron, sí tomó fuerza en Ecuador, donde bajo el mismo argumento, Rafael Correa, promulgó la Ley de Comunicación que en estos días sirvió para procesar a un caricaturista que dibujó alusiones a la corrupción en el gobierno, bajo el pretexto de que tergiversó la verdad, apoya la agitación social y a quien el Presidente calificó de “sicario de tinta”.

El gobierno venezolano es muy creativo a la hora de censurar. Con sus leyes impone multas millonarias a los periódicos, prohibiéndoles publicar fotografías con sangre o de cadáveres apilados en las morgues, sanciones que se aplican contra diarios críticos, como El Nacional, pero no contra periódicos oficialistas y gubernamentales.

En estos meses, la censura cobró una dimensión más sutil. El gobierno no autoriza la entrega de divisas para que los diarios puedan importar papel. El resultado, como lo perseguía en su época Juan Domingo Perón, es simple y lapidario. Diez diarios dejaron de publicarse, 21 están en riesgo de no poder hacerlo y decenas han reducido su cantidad de páginas, quedando el público a expensas de información de medios amigos y subyugados por el poder, a los que no se aplican esas restricciones.

El informe de esta semana de Human Rights Watch habla del clima de terror y el irrespeto por la libertad de expresión. Concluye que el gobierno socavó la autoridad de los jueces para juzgar imparcialmente y las denuncias de periodistas y activistas de derechos humanos, que prefieren autocensurarse para evitar represalias. Conclusión válida también para Freedom House que esta semana ubicó a Venezuela entre los países menos libres del continente.

En estos años de chavismo, la censura justificada siempre fue el discurso oficial para la protección de la moralidad, las buenas costumbres y exorcizar la violencia ciudadana. Sin embargo, como sucede hoy en China con la censura masiva del internet y las redes sociales, esas argucias siempre sirvieron para tapar los escándalos oficiales de corrupción y, así, aplicar el bozal a medios independientes y críticos.

Aunque Maduro trate de comprar tiempo buscando responsables en el contenido de las telenovelas y los diarios, la evidencia es que la inseguridad es culpa de la inacción de su gobierno, la crisis económica, el clientelismo, la politización del Poder Judicial y, especialmente, por haber armado a un grupo de autodefensa, fuera del marco de las fuerzas de seguridad, que terminará sin control y generando más violencia de la que proyectaba prevenir, como está sucediendo con los grupos civiles que armó el gobierno mexicano en Michoacán.