La censura
tiene mil caras y todas muy audaces. La más desfachatada en estos días fue la esgrimida
por el gobierno venezolano, culpando a las telenovelas por los altos índices de
inseguridad pública en el país.
No es
la primera vez que sin evidencia ni estudios en mano, el presidente Nicolás
Maduro, obsesionado por crear cortinas de humo, se las ingenia para encontrar
chivos expiatorios. Acusó a las telenovelas de servir de culto a la muerte, la
droga y la proliferación de armas.
Puede
que la TV y los videojuegos tengan mala influencia en los niños, pero responsabilizarlos
por la violencia general es, al menos, exagerado. Si así fuera, EE.UU., bajo
el dominio de Hollywood y sus antivalores, tendría que ser el país más inseguro
y peligroso del mundo, aunque en realidad dista mucho de los 79 homicidios cada
cien mil habitantes que se cometen en Venezuela y que Caracas sea la segunda
ciudad más violenta de las Américas, después de la hondureña San Pedro Sula.
El argumento de Maduro, aunque parece simple, no es inofensivo. Desenmascara
una estrategia. Años atrás, su antecesor Hugo Chávez, también anteponiendo
principios morales sobre contenido de los medios, utilizó la defensa de los
niños para crear una ley, que terminó sirviéndole para cerrar cientos de televisoras,
radios y periódicos, no por su contenido sobre violencia, sino por su posición
crítica hacia el gobierno.
Maduro no es muy innovador. Hace meses los presidentes José Mujica de
Uruguay y Porfirio Lobo de Honduras, también justificaron legislaciones para
controlar el contenido ofensivo de los medios, creyendo que con eso se
rebajarían los índices de inseguridad. Si bien esas leyes no prosperaron, sí
tomó fuerza en Ecuador, donde bajo el mismo argumento, Rafael Correa, promulgó
la Ley de Comunicación que en estos días sirvió para procesar a un
caricaturista que dibujó alusiones a la corrupción en el gobierno, bajo el
pretexto de que tergiversó la verdad, apoya la agitación social y a quien el
Presidente calificó de “sicario de tinta”.
El gobierno venezolano es muy creativo a la hora de censurar. Con sus leyes
impone multas millonarias a los periódicos, prohibiéndoles publicar fotografías
con sangre o de cadáveres apilados en las morgues, sanciones que se aplican
contra diarios críticos, como El Nacional, pero no contra periódicos
oficialistas y gubernamentales.
En estos meses, la censura cobró una dimensión más sutil. El gobierno
no autoriza la entrega de divisas para que los diarios puedan importar papel. El
resultado, como lo perseguía en su época Juan Domingo Perón, es simple y
lapidario. Diez diarios dejaron de publicarse, 21 están en riesgo de no poder
hacerlo y decenas han reducido su cantidad de páginas, quedando el público a
expensas de información de medios amigos y subyugados por el poder, a los que
no se aplican esas restricciones.
El informe de esta semana de Human Rights Watch habla del clima de terror
y el irrespeto por la libertad de expresión. Concluye que el gobierno socavó la
autoridad de los jueces para juzgar imparcialmente y las denuncias de
periodistas y activistas de derechos humanos, que prefieren autocensurarse para
evitar represalias. Conclusión válida también para Freedom House que esta
semana ubicó a Venezuela entre los países menos libres del continente.
En estos años de chavismo, la censura justificada siempre fue el
discurso oficial para la protección de la moralidad, las buenas costumbres y
exorcizar la violencia ciudadana. Sin embargo, como sucede hoy en China con la
censura masiva del internet y las redes sociales, esas argucias siempre sirvieron
para tapar los escándalos oficiales de corrupción y, así, aplicar el bozal a medios
independientes y críticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario