Matar por matar

En Guatemala matan mujeres, en Brasil ambientalistas, en México periodistas, en El Salvador policías, en Honduras abogados, en Colombia militares, en Argentina jubilados, en EEUU negros y en Venezuela por una bicicleta.

Las sociedades están más violentas que nunca según las últimas mediciones. Se han incrementado superlativamente los robos con violencia. Las drogas y el narcotráfico con sus mafias conexas infiltran instituciones, lideran el crimen organizado y corroen todo.

Sin embargo, los mayores índices de violencia no son fruto de la inseguridad que producen estos grupos y otros delincuentes, sino más bien del clima de profunda impunidad que se ha enquistado en todas las sociedades. La falta de justicia constante derivó en un fenómeno cultural, cuya consecuencia más perversa es la indolencia. Nos hemos acostumbrado a vivir entre violentos y los que deciden matar por matar.

La institucionalización de la violencia acarrea problemas mayores: La deshumanización de las víctimas. En México, por ejemplo, la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son solo una estadística. Rara vez salen a relucir sus nombres e historias de vida o sobre por qué protestaban, antes que los policías los vendieran a los narcos.

En Argentina, México y Venezuela se triplicaron los robos con violencia y ya se toma por habitual que alguien sea asesinado durante el hecho. En Brasil, Honduras y Guatemala, los asesinatos son selectivos, matan a quienes tenían una causa o la misión de combatir la violencia.

En muchos países los conflictos superan al Estado. En Colombia en plena negociación del proceso de paz entre el gobierno y las Farc, los guerrilleros minaron los acuerdos con una matanza de nueve militares. El gobierno de El Salvador no pudo sostener la tregua con las pandillas juveniles y en marzo los asesinatos se cuadriplicaron, murieron 481 personas, entre policías, militares y  pandilleros.

En Brasil y Guatemala, ante el clima irracional de impunidad, los propios agentes del Estado empiezan a tomar la justicia por manos propias. El nuevo fenómeno de grupos paraestatales rememora los nefastos escuadrones de la muerte de épocas pasadas. En Guatemala acaban de desbaratar un grupo parapolicial con 19 agentes y comisarios dedicados a ejecuciones extrajudiciales.

La falta de justicia es una papa caliente a la que nadie se atreve. Para las elecciones generales que se avecinan en Guatemala y Argentina, los candidatos hablan sobre la justicia pero en su esfera política, o de educación y salud temas más fáciles de asir, pero poco se propone para combatir la impunidad. No asumen que la ineficiencia de la justicia cotidiana es la mayor causa de degradación social.

El problema de la violencia y la impunidad es complejo. Los medios de comunicación tampoco ayudan mucho. El sensacionalismo conspira contra las soluciones, en especial porque hace apología de la violencia y deshumaniza a las víctimas. En EEUU el gobierno combate esta deshumanización habiendo instaurado la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen que se celebra en abril. El objetivo es evitar que se le dé más importancia a los detalles del crimen y a sus perpetradores, que a la víctima y sus familiares.

Un estudio reciente de la Universidad de Las Américas de Puebla adivina este camino. Condena al Estado mexicano por tratar de resolver el problema de la inseguridad con más policías. Los miles de agentes que se agregaron a la fuerza de seguridad en el último sexenio, fue un balde en el océano. “No se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones”, concluye el informe.

La universidad reclama que tanto en México como en Colombia, los países con mayor impunidad en América Latina, la inseguridad se debe combatir con más jueces, con mayores recursos económicos y capacitación para las fiscalías y el sistema de ministerio público.

La falta de justicia y la deshumanización de la violencia tienen un mayor agravante. Cuando la gente descree de las instituciones, se acostumbra al crimen y no denuncia. Cuando esto se hace habitual y la sociedad se deja ganar por el desánimo, se crea un círculo vicioso, suelo fértil para los violentos y delincuentes que doblan la apuesta. 

Induciendo autocensura digital

Los macabros narcotraficantes mexicanos se han propuesto lograr en las redes sociales de su país, lo mismo que ya han conseguido en los medios de comunicación tradicionales: autocensura.

Con el asesinato de dos jóvenes twiteros y de una periodista profesional que los delataba en las redes sociales, extendieron su mensaje de violencia y venganza contra quien se atreva revelar sus crímenes en el internet.

Las consecuencias fueron espeluznantes. Los cuerpos de los jóvenes fueron colgados de un puente y el de María Macías fue decapitado y exhibido en una plaza. Sobre una cartulina apuñalada a su cadáver, el firmante cartel de los Zeta sentenciaba sarcásticamente: “Soy Nena Laredo y estoy aquí por mis reportes y los suyos”, en referencia al seudónimo con el que la periodista denunciaba a los narcotraficantes en el sitio Nuevo Laredo en Vivo y en las redes sociales, actos que no se atrevía ni podía revelar en el periódico que dirigía.

Los narcotraficantes son conscientes que los más de 2.5 millones de usuarios de Twitter en México son sus potenciales delatores, pero también que su violencia sin límites es efectiva. En la zona fronteriza con Estados Unidos ya probaron a fuerza de decapitaciones y violencia extrema, que los periodistas, periódicos, radios y televisoras prefieren el silencio a la confrontación. La prensa aprendió la lección con decenas de periodistas asesinados, desaparecidos y docenas de atentados contra medios. Desde hace unos años, debido a la ineficacia gubernamental para combatir al crimen organizado y la impunidad, la prensa ya no se ruboriza cuando admite que recula ante el crimen organizado, que se autocensura, no investiga y solo publica comunicados oficiales.

Pero ahora, el crimen de María Macías ha hecho que muchos usuarios de redes sociales aprendan a golpe y porrazo lo que los periodistas experimentan desde hace décadas: Toda información o comentario que se difunde, así sea en papel, voz o video, siempre afecta a alguien y provoca reacciones.

La violencia extrema no es la única arma para provocar autocensura. Hay grupos que utilizan el agravio y la difamación, piratean cuentas o roban identidades para amedrentar a sus víctimas. En Venezuela, en estas últimas semanas, varios opositores, humoristas y periodistas críticos al gobierno de Hugo Chávez, sufrieron el embate de un grupo anónimo de piratería cibernética.

Los ataques de estos hackers, autodenominados N33, fueron duros. Les infiltraron a los opositores sus cuentas de e-mail y Twitter, les bloquearon el acceso y, asumiendo su identidad, enviaron insultos a sus más de quinientos mil destinatarios y seguidores. Lo que más molestó del escarnio público, es que el comunicado de N33 fue propalado por programas de televisión oficiales, en los que se hizo apología del delito, justificando las represalias contra quienes no están alineados al oficialismo. “Sepan, irresponsables dirigentes opositores, que los estamos observando. Todos son objetivos”, sentenciaba el comunicado.

El caso es más grave aún, si se considera el anonimato de los ataques e insultos. Ante la falta de una entidad contra quien pelear o demandar ante la justicia, las víctimas se sienten impotentes y vulnerables. Quizás no tanto en este caso porque los atacados eran personas públicas y con trayectoria, pero cuando las agresiones se perpetran contra usuarios menos reconocidos, este tipo de amedrentamiento siempre desemboca en autocensura. Esta táctica es bien conocida por el chavismo, el kirchnerismo y el raulismo cubano, en cuyos aparatos de propaganda, los ciber militantes se entrenan en estrategias de ataques contra blogueros y usuarios críticos.

Los gobiernos también tienen sus pesadillas. El grupo de ciber activistas Anonymous viene amenazando a Hugo Chávez con implementar la operación de hackeo “tormenta de papel” y a Rafael Correa con “cóndor libre”, por sus incontables ataques a la libertad de expresión.

Pero como el fin no justifica los medios; mejor desconfiar de Anonymous u otros grupos de hackers que se esconden detrás de máscaras o capuchas. En su búsqueda de justicia por manos propias, terminan cometiendo mayores abusos que los que dicen combatir. Al final permiten que los gobiernos justifiquen restricciones al internet, induciendo así, otra fuente de autocensura para los usuarios.

Inseguridad en autobuses

Como tantos otros países en América Latina, los guatemaltecos se sienten desamparados frente a la violencia de las maras o pandillas. En un seminario que terminamos este viernes en Guatemala sobre riesgos a los que se exponen los periodistas, descubrí que uno de los temores más grandes no es a las coberturas difíciles o a las represalias por lo que se dice u opina.

En Guatemala hay un crimen muy particular y afecta particularmente a los choferes o pilotos (como se les dice aquí) de autobuses. Ayer se reportaron dos asesinatos más de choferes a manos de adolescentes pandilleros que les exigen “impuestos”. En lo que va del año, 108 conductores fueron asesinados por negarse a pagar la extorsión.

Más allá de estos crímenes, la indefensión es general. Un artículo de este viernes de Prensa Libre explica: El temor causado por la violencia impacta en las diferentes clases sociales, ya que hay atracos y homicidios en las calles, en los autobuses, en las rutas y sectores de alta plusvalía, como la carretera a El Salvador.

Como en el resto de América Latina la inseguridad pública no deviene solamente de la violencia sino más bien, de la impunidad. Solo una persona ha sido capturada de los 108 casos de conductores asesinados.