Armas y seguridad

Varios gobiernos latinoamericanos no están apuntando muy bien al blanco al armarse hasta los dientes para defenderse o disuadir a posibles invasores externos, cuando en realidad el verdadero enemigo es interno: la inseguridad pública.
Mientras en América Latina se ha duplicado el gasto en compras de armas en los últimos cinco años, alcanzado la friolera de 50 mil millones de dólares en el 2008 – tema que sin éxito fue tratado en la reunión de ministros de Defensa del UNASUR esta semana en Quito – poco se ha invertido para restablecer la seguridad pública. A juzgar por las estadísticas, los delitos violentos están creciendo y afectando a todas las clases sociales sin distinción; mientras que los sondeos de percepción indican que los latinoamericanos se sienten desprotegidos, considerando que la seguridad es una prioridad a resolver, hasta mayor que el desempleo y la pobreza.
Muchos países justifican el gasto porque llegó la hora de modernizar y profesionalizar a sus Fuerzas Armadas después de haber sido relegadas tras el desprestigio de épocas cargadas de golpes y dictaduras. Quienes más gastan argumentan distintas estrategias: Venezuela, para proteger sus reservas petroleras; Brasil y Chile, para defender sus anchas y largas fronteras; Ecuador, para prevenir nuevas incursiones en su territorio; mientras México y Colombia, con el apoyo millonario de Estados Unidos, para combatir el narcotráfico.
Justificados o no, estos gastos plantean que existe una línea divisoria muy fina entre la modernización y la carrera armamentista. Más allá de que la política y la ideología no permitieron una discusión honesta y transparente en Quito, como reclamó el presidente peruano Alan García, lo cierto es que 50 mil millones de dólares representan un gasto exagerado para una región que tiene otras necesidades urgentes que resolver.
Parece un contrasentido, por ejemplo, que sean Venezuela, con la compra de tanques y misiles rusos, y Brasil, con aviones franceses y hasta un submarino nuclear, quienes destacan en esta guerra armamentista, cuando ambos países tienen los mayores problemas de violencia puertas adentro, siendo Río de Janeiro y Caracas, unas de las ciudades más peligrosas del mundo. En Caracas se registran 130 homicidios por cada 100 mil habitantes y un aumento del 50% de los secuestros comparado al 2008; mientras que en Río, se calcula que las milicias, conformadas por policías corruptos y narcotraficantes, generan 180 millones de dólares anuales que son reinvertidos en el círculo vicioso del crimen organizado.
Si los gobiernos escucharan mejor, se darían cuenta que los ciudadanos de a pie no están preocupados por el temor a las invasiones extranjeras o una escalada militar provocada por una agresión limítrofe, sino más bien por el crecimiento vertiginoso de los robos a mano armada, hurtos, secuestros “express” y asesinatos, lo que genera un sentimiento cada vez mayor de desconfianza hacia un Estado que se percibe fallido.
Esa desconfianza en Argentina lo reflejó una encuesta reciente de la Universidad Torcuato Di Tella, estableciendo que el 80 por ciento de la población en las principales ciudades instalaron alarmas, rejas o cerraduras especiales como medidas de seguridad ante la inacción de las autoridades. Un resultado que podría generalizarse como latinoamericano, con una simple visita y observación por los centros de Lima, San Salvador, Managua o cualquier otra capital de la región.
Si bien la modernización de las Fuerzas Armadas es ineludible, también es necesario que el gasto sea moderado o proporcionado, de lo contrario solo serviría para fomentar actitudes nacionalistas o simples desfiles patrios para pasear el armamento. Latinoamérica, en cambio, precisa replantear estrategias y apuntar mejor. En vez de derrochar en armas importadas, y que generan más gastos para su manutención y operación, debería invertir en las fuerzas policiales, que claman por mayores recursos humanos y técnicos, así como por profesionalización y la depuración de sus filas.
Pero tampoco se trata de utilizar recursos solo en represión y disuasión, sino también en prevención. En ese sentido, la mejor inversión siempre será fortalecer los débiles sistemas judiciales, el mayor desequilibrio y promotor de desconfianza en Latinoamérica. Una justicia independiente y fuerte, con castigos e incentivos sin distinciones, es la única arma que ayudará a generar una cultura de la legalidad y a restablecer la confianza perdida.

Armamentismo: ¿y la inseguridad pública?

Casi todos los países de la región se han lanzado a una carrera armamentista sin precedentes en la región, encabezada por Brasil y Venezuela con la compra de aviones franceses para el primer país y con pertrechos militares de todo tipo traídos de Rusia e Irán en el segundo caso. A estos dos se suma Chile también con la compra de armamento – fragatas y submarinos, helicópteros y aviones de combate – que puede ser utilizado para defensa y ataque desde el exterior. Los expertos ubican a Colombia y México con grandes gastos en armamento, pero para ser utilizado en las luchas internas contra la guerrilla y le narcotráfico en el primer caso y el crimen organizado en el segundo.

Según las cifras, América Latina quintuplicó el gasto militar en los últimos años, alcanzando este año unos 50.000 millones de dólares.

Sin embargo, es contradictorio que mientras los recursos se dedican para armas de defensa, muy pocos son los recursos que se dedican a la seguridad interna, la mayor preocupación que tienen las poblaciones de todos los países, según los sondeos. Contradicción que se vuelve más palpable en Venezuela y Brasil, los países que más gastaron en armamento y donde se han registrado los índices de violencia interna más elevados.

La gente común no le teme a las invasiones de otros países, eso solo está en la cabeza de mentes expansionistas como la de Hugo Chávez. Lo que la gente le teme es que pueda ser atracada en la esquina de su casa, frente a un cajero automático, que le entren en su casa o que le secuestren a un familiar.

¿No sería mejor que esos 50.000 millones de dólares fueran invertidos para la seguridad interna, y así todos ganáramos en tranquilidad?

Inseguridad en autobuses

Como tantos otros países en América Latina, los guatemaltecos se sienten desamparados frente a la violencia de las maras o pandillas. En un seminario que terminamos este viernes en Guatemala sobre riesgos a los que se exponen los periodistas, descubrí que uno de los temores más grandes no es a las coberturas difíciles o a las represalias por lo que se dice u opina.

En Guatemala hay un crimen muy particular y afecta particularmente a los choferes o pilotos (como se les dice aquí) de autobuses. Ayer se reportaron dos asesinatos más de choferes a manos de adolescentes pandilleros que les exigen “impuestos”. En lo que va del año, 108 conductores fueron asesinados por negarse a pagar la extorsión.

Más allá de estos crímenes, la indefensión es general. Un artículo de este viernes de Prensa Libre explica: El temor causado por la violencia impacta en las diferentes clases sociales, ya que hay atracos y homicidios en las calles, en los autobuses, en las rutas y sectores de alta plusvalía, como la carretera a El Salvador.

Como en el resto de América Latina la inseguridad pública no deviene solamente de la violencia sino más bien, de la impunidad. Solo una persona ha sido capturada de los 108 casos de conductores asesinados.