Correa y su justicia manipulada

Esta madrugada la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la sentencia en contra de tres directivos del diario El Universo y de un ex columnista quienes deberán pagar 40 millones de dólares al presidente Rafael Correa por daño moral en un juicio por injurias que el primer mandatario inició en marzo del año pasado.

Correa prosigue así con su trabajo para malgastar la imagen de la prensa y persiguiendo a periodistas. Ayer, durante la audiencia de casación en la Corte Nacional que terminó esta madrugada, el Presidente se la pasó todo el tiempo en la Corte, un lugar en la que no era necesario que estuviese, ya que no había nada que pudiera declarar, se trataba de una decisión judicial que debía tomarse sobre un pedido de apelación de sus demandados.

Pero además lo hizo con las ínfulas de creerse dueño de los jueces, dando órdenes, enviando tuits a medio mundo y hasta llamando a conferencia de prensa en una sala contigua, pidiendo a los jueces de al lado que debían hacer menos bullicio así el podía proseguir con sus declaraciones.

El estado cantinflesco de la justicia en su país es producto de su propia demagogia y estrategia política, la que es parte de una campaña propagandística en la que trata de infundir temor para que los periodistas se callen, los jueces se autocensuren y los ciudadanos se confundan.

Mientras una horda de funcionarios adictos y de serviciales al poder quemaban diarios y agredían a periodistas y hacían todo tipo de manifestaciones politizadas en contra de los demandados – Carlos, César y Nicolás Pérez y Emilio Palacio – en Miami, en la sede de la SIP sostuvimos una conferencia de prensa en la que César y Nicolás daban sus apreciaciones y sentimientos sobre cómo son perseguidos por la justicia de su país, a través de la manipulación del presidente Correa, y expresaban que temían por su seguridad física.

A mí me tocó hablar del contexto general antes de pasar la palabra a los demandados y observé la cantidad de veces que la SIP denunció al régimen de Correa por haber creado una estructura legal y jurídica utilizada para tomar represalias en contra de los medios independientes y para coartar la libertad de prensa.

No me caben dudas que esta justicia reformada recientemente y adicta a Correa que ratificó el fallo de condena contra los periodistas, es simplemente una demostración más de cómo se utiliza el aparato para cometer atentados contra la libertad de prensa; uno de los más graves de los últimos tiempos.

 

Correa y las revoluciones inquisidoras

La revolución ciudadana de Rafael Correa se asemeja cada vez más a la bolivariana de Hugo Chávez. En ambas, la crítica a la autoridad y el disenso se han convertido en delitos de opinión, castigándose con cárcel, multas millonarias o exilio forzado.

Así como la iglesia del Siglo 14, el presidente ecuatoriano se siente dueño de la verdad, infalible y censor de sus críticos. Esta semana un ex columnista del diario El Universo, y sus directivos, pagaron muy caro la osadía de llamarlo “dictador” en una columna de opinión. En un trámite judicial vertiginoso - digno de un récord Guinness – un juez dictó sentencia en doce horas tras leer cinco mil fojas de expedientes, condenando a los demandados a tres años de cárcel y a indemnizar al mandatario con 40 millones de dólares.

La desproporción entre el castigo y el delito de opinión, desenmascaran un juicio politizado. Similar al que hace días fue sometido el opositor venezolano Oswaldo Alvarez Paz, sentenciado a dos años de cárcel por declarar en TV que el narcotráfico corroe a Venezuela. Un entretejido sistema jurídico-legal, usado para castigar la crítica de políticos y periodistas, quienes ante la persecución, eligen el destierro antes que la cárcel.

A este sistema perverso, Chávez y Correa lo completan con la estrategia del escarnio público. Dedican horas por semanas para satirizar e insultar a sus contrincantes. Correa consagró siete cadenas nacionales de más de una hora para atacar a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de “El gran hermano”, un libro que denuncia nepotismo y corrupción de contratos millonarios entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio. A la ofensiva verbal, le sumó una demanda por 10 millones de dólares.

La astucia de Correa es que la burla pública, las represalias legales y la inseguridad jurídica generen miedo y autocensura. Lo está logrando. Un 70% de los periodistas la practican, según una encuesta nacional de Fundamedios.

Al igual que el presidente de Venezuela, Correa se sirve de su estrategia integral, para expropiar y controlar empresas. Creó un emporio de 19 medios de comunicación, sin contar los que controla mediante presión de publicidad oficial,  inspecciones impositivas y sanciones administrativas. En esa concentración mediática, utiliza un ejército de periodistas militantes para defender su revolución, así sea con propaganda noticiosa o programas televisivos al estilo “6, 7 y 8” en Argentina o “La Hojilla” en Venezuela, desde donde se califica de gusano y vendepatria a quien piense diferente.

Su mayor anhelo es contar con una ley de comunicación que le permita “controlar los excesos de la prensa corrupta”. Introdujo su semilla en la Constitución de 2008, apenas asumió, aunque no pudo cristalizarla tras varios empellones en el Congreso. Pero en una coartada perfecta, Correa retomó el tema en la Consulta Popular de mayo, buscando el apoyo ciudadano para que se legisle “sin dilaciones”. Consiguió su sueño, y de un solo zarpazo contra la libertad de empresa y de prensa, logró que el proyecto de ley incluya una prohibición para que los dueños de medios no posean otro tipo de empresas y que se sancione la difusión de contenidos explícitos sobre violencia, sexo y discriminación.

El gobierno ecuatoriano se ha encargado de vender gato por liebre para que pasen desapercibidas esas violaciones. Los ciudadanos creen que se trata de una ley de comunicación o de medios; no obstante que la censura recaerá sobre todas las expresiones, así sean cartas al director, declaraciones de opositores, páginas de internet o mensajes por  redes sociales.

Pero a Correa el tiro puede salirle por la culata. El costo político de estas estrategias inquisidoras contra medios, oposición y ciudadanía, será caro; al menos, certificará su autoritarismo, lo que trata afanosamente de simular tras una falsa estampa de líder apegado a las leyes y la justicia.

Ojalá que los legisladores, antes de votar la “ley Correa”, miren el mural que pende en el Palacio Legislativo, del extinto Oswaldo Guayasamín, quien al representar al populismo con rostro oscuro y adusto, explicó: “Cuando el pueblo escucha estos cantos de sirena, se engaña, y forma la chusma con la que los populistas llegan al poder, para luego cargarle el peso de sus ambiciones”.