México sigue siendo un cementerio de periodistas. La reportera Yolanda Ordaz del diario Notiver de Veracruz, secuestrada el domingo, fue encontrada muerta y degollada por obra y gracia del narcotráfico. Sospechosa de haber sido asesinada porque colaboraba con los “Zetas”, aunque también se tejen otras hipótesis y se duda sobre si los móviles del crimen estaban atados a su trabajo en la cobertura de hechos policiales, lo cierto es que se convirtió en el quinto periodista en ser abatido este 2011 en México y en la décima de ser asesinada en el estado de Veracruz desde 2003.
Los crímenes contra periodistas en la región no ceden. Lamentablemente han aumentado este año, alcanzando la cifra de 17 en toda Latinoamérica.
Más lamentable aún es que los gobiernos no están haciendo mucho para detener esta violencia. En el caso particular de México, donde la SIP ha conseguido el compromiso de las autoridades, como del presidente Felipe Calderón, para federalizar este tipo de delitos, que los crímenes no prescriban y que se agravan las penas – todas medidas destinadas a hacer disminuir la impunidad y destrabar el círculo vicioso de la violencia – han caído en saco roto.
También es horroroso que la violencia generalizada se haya institucionalizado y forma parte de la cultura. Los medios que hasta hace poco hicieron ruido y desplegaron páginas sobre el fenómeno de la violencia contra los periodistas, ya se están acostumbrando a reportar sobre sus propios trabajadores con poca capacidad de asombro y sin reacción, quizás por la frustración de experimentar la inacción e inmovilidad del gobierno.
