Aquí en Colombia saben muy
bien lo que viven por estos días los parisinos a raíz de los ataques
terroristas del Estado islámico (ISIS). Los colombianos han soportado por más
de 50 años los atentados cobardes de los narcoguerrilleros de las Farc y otros
grupos extremistas.
Colombia es el país más
ensangrentado de la región. El conflicto armado, según datos oficiales, ha provocado
unas 220 mil muertes directas y una ola interna de más de 5 millones de desplazados
y refugiados.
Después de décadas de
acuerdos incumplidos e interrumpidos, el país parece estar en el momento
oportuno para crear la paz. Juan Manuel Santos encabeza el proceso, pero en
realidad este momento histórico se viene labrando desde que fue ministro de
Defensa de Alvaro Uribe, cuando se debilitó a las Farc militarmente,
obligándola a sentarse a la mesa de negociaciones.
La opinión pública ya
interiorizó que para alcanzar algo de paz, debe renunciar a mucho de justicia.
No parece haber otro camino. Vivir en el post conflicto tras la firma final
proyectada para el 26 de marzo próximo, es el gran desafío para todos.
Las armas están hechas para
la paz o al menos el uso responsable de ellas, aunque deberían utilizarse en el
momento oportuno y nada más. Vale de ejemplo la justificación histórica que
tuvo el presidente George W. Bush después del atentado de Setiembre 11 en 2001.
Con la anuencia unánime del Congreso y de una opinión pública golpeada,
dolorida y con sed de venganza, lanzó la guerra frontal contra el terrorismo e
invadió Irak en busca de unas armas de destrucción masiva que nunca encontró.
Pasado aquel momento de
consenso, se pudo observar el deterioro paulatino de su Presidencia, acusado, al
final, de mantener una guerra sin justificación, destructiva para el propio EEUU
y generadora de mayor terrorismo con nuevos grupos que se sumaban a la barbarie
perpetrada por Al Qaeda.
También sucedió en Colombia,
Perú, Chile, Argentina y Brasil, donde los estados cometieron graves abusos a
los derechos humanos por no poner fin a tiempo a la guerra interna contra el
terrorismo, que al principio había sido avalada por poblaciones cansadas de
tanto terror y sinrazón.
Sin dudas que para Francia y
Rusia, tras los ataques en París y el derribo del avión ruso de regreso desde
Egipto, y con la población a su favor, este es el momento oportuno para la
defensa y el contrataque. Los poderes políticos de cada país y aunados en la
coalición, pudieron lanzar sin oposición los bombardeos sobre Raqa, la ciudad
siria bastión de los terroristas del ISIS, así como tomarán medidas para apoyar
a Mali tras los ataques al hotel en Bamako. Es más, la opinión pública no
perdonaría que no haya en este instante un ataque letal contra ISIS y hasta
justificaría el envío de tropas o una bomba tan letal como la que EEUU arrojó
contra Japón en represalia por el ataque a Pearl Harbour.
En momentos de incertidumbre
y amenaza como este, en el que reverdecen los sentimientos nacionalistas, el
sentido de patria y seguridad personal y nacional, la opinión pública tolera
sin chistar la ampliación del estado de emergencia, las requisiciones, los
mayores controles de información en internet, el registro de datos sin previa
autorización judicial, la portación de armas por parte de policías fuera de
servicio y el aumento considerable de los presupuestos para seguridad y
ciberseguridad.
Medidas todas que en épocas
más apacibles son combatidas por grupos de la sociedad civil porque siempre
devienen en abusos de Estado. Obama es prueba de ello. Después de criticar el
espionaje ciudadano impuesto por Bush, no solo que no lo desactivó en su Presidencia,
sino que lo usó para espiar a propios y extranjeros.
Esto no equivale a que todas
las medidas deben desactivarse en épocas apacibles, ya que el terrorismo
siempre acecha por más que no ataque. Desbaratar sus fuentes de financiamiento,
neutralizar la propaganda por internet y combatir el reclutamiento deben ser
preocupaciones constantes.
Sin embargo, disipadas las amenazas y pasados los momentos oportunos que permiten justificaciones para combatir al terrorismo, los gobiernos deberían condicionar sus acciones para no cometer abusos a los derechos humanos y evitar el atropello de las libertades de los ciudadanos.
