Expropiará el papel; y algo más

El gobierno de Cristina Kircher sigue con la lógica impuesta por su ex marido de quebrar al Grupo Clarín. Luego del romance inicial del Grupo Clarín con Néstor Kirchner llegaron las grandes desavenencias y los insultos al por mayor. Le siguió la Ley de Medios o de Servicios Audiovisuales para que el Grupo Clarín tenga que desinvertir, acusando al grupo de ser un monopolio que no lo es, en un país donde existen varios grupos que concentran medios y donde el Estado (que es manejado como gobierno) ya tiene casi o más cantidad de medios y periodistas que los medios privados.

Luego siguió la intervención estatal de la fábrica Papel Prensa, de la que Clarín es socio mayoritario con 59 por ciento, La Nación con 22 y el resto del Estado, una época en que Cristina decretó que el papel de periódicos es un producto de interés nacional por lo que se asumía un rol preponderante en la fabricación de papel, su distribución y la importación de insumos.  Una movida que incluso encontró adeptos dentro del propio periodismo, particularmente del interior argentino, donde varios diarios debieron soportar las políticas arrogantes de Clarín y La Nación en la repartija de papel a regañadientes y a precios más altos, que hacían difícil la sustentabilidad de los diarios que debían pagar más o importar a mayores precios.

Pero ahora con la expropiación de Papel Prensa presentado en proyecto de ley por diputados kirchneristas, el gobierno quiere quedarse con la mayoría de las acciones, mediante argucia del “interés nacional” y de que el Estado velará para que haya suministro parejo para todos y así la libertad de prensa estará garantizada.

Obviamente se trata de una mentira. Así como el gobierno usa la publicidad para entregarla solo a medios amigos y negarla a los independientes y críticos, usará el papel con el mismo criterio. En Argentina, donde el gobierno se comporta y cree que es Estado, esta política es una de las tantas que se utiliza para arremeter contra la prensa independiente. Seguramente se trata de una nueva represalia en contra de Jorge Lanata, quien desde Clarín y la televisión sigue denunciando la corrupción que roza a la Presidenta, su ex marido y al entorno de ambos; y recuerda episodios corruptos que nunca se cerraron, como la valija de Antonini.

De consumarse la expropiación de papel, no será la última bofetada. Vendrán otras. El gobierno persiste en su estrategia de apagar cualquier voz que opaque la agenda única que quiere imponer en el país. Si esta situación del kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, no es pura coincidencia.

El gobierno de izquierda de los Kirchner, se asemeja al de derecha de Carlos Menem: Es corrupto, manipula a la justicia y odia a la prensa.

Represalias hasta con papel

Uno pudiera pensar que para dañar a otra persona habría que usar un arma de fuego, un cuchillo o hasta una botella rota con vidrios puntiagudos, pero en Argentina el gobierno lo hace con cosas mucho más suaves pero igual de letales: papel.

Resulta que el gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner es el único de todo el hemisferio que declaró que el papel para periódicos es de interés público, por lo que su producción y comercialización deben estar regulados estrictamente, ya que a nombre de la democracia, este es un bien público que debe ser repartido en igualdad de condiciones.

Había advertido en este espacio, que esa ley aprobada tras gallos y medianoche en diciembre en una sesión extraordinaria del Congreso, serviría para pronto asestar un golpe duro a los periódicos en general, pese a que en un principio estaba destinada a debilitar solo a los diarios Clarín y La Nación, socios mayoritarios del sector privado, junto al Estado, en la fábrica de papel para periódicos, Papel Prensa.

Pero bueno, el pronto se transformó en inmediato, y el gobierno acaba esta semana de dictar la reglamentación de esa ley, imponiendo cuotas o cupos para la fabricación del papel e imponiendo nuevas cargas para la importación, que siempre se reclamó debería ser libre y sin ataduras del gobierno para que la libertad de prensa se pudiera sostener.

En realidad, esta ley y su reglamentación ya eran parte de una amenaza que había hecho la Presidenta desde que el año pasado quiso usurpar a Papel Prensa tras denunciar que los dos diarios habían comprado la fábrica a sus anteriores dueños bajo coerción y delitos que fueron calificados de lesa humanidad, dentro de la cruzada por derechos humanos que el gobierno inició para exorcizar los asesinatos de las dictaduras antes que la democracia retornara en 1983.

Lo cierto de todo esto es que en nombre de la democracia, el gobierno kirchnerista busca “expropiar” legalmente o quedarse con la fábrica de papel – si no se cumplen con cupos de elaboración de celulosa y papel el Estado tiene la libertad de aumentar su participación accionaria – sin pagar un peso, lo que en realidad representa un robo (no a mano armada) blandiendo un papel.

Pero no solo Clarín y La Nación están pagando un alto precio por sus actitudes editoriales críticas al gobierno, esta factura la están pagando todos los demás medios y más aún, los ciudadanos que cada vez están viendo menores espacios de libertad y a muchos otros medios practicando autocensura por temor a sufrir las mismas represalias.

Cristina se burló de nuevo de la prensa

Confiada en la nueva integración oficialista de la Cámara de Diputados y adoptando una de sus primeras medidas como flamante presidenta reelegida, Cristina Kirchner renovó su actitud revanchista y sus represalias contra la prensa argentina.

Volvió al ataque en este diciembre segura de que conseguirá que sus diputados y senadores kirchneristas le darán las herramientas necesarias para que el Estado (mejor dicho su gobierno) pueda expropiar la fábrica de Papel Prensa, que el Estado tiene en propiedad con los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires.

El dictamen que se aprobó esta semana entre cinco comisiones de la Cámara de Diputados y que busca convertirse en ley antes del fin de semana, es la de que el papel para periódicos sea declarado de “interés nacional”. Las excusas del oficialismo son burdas, justificando que los periódicos del país deben tener igualdad de condiciones para acceder al papel, lo que hasta ahora es así, ya que no hay desabastecimiento y los diarios pueden comprar este insumo en el extranjero a mejores precios.

En realidad, la pretensión de Cristina es quedarse con la fábrica de papel muy pronto para desbancar a los dos medios que su gobierno más odia en el país. Algunos diarios en el país no están del todo en contra de la futura ley y si bien algunos gritan a favor de la ley otros miran para el costado. Es que en el pasado, Papel Prensa solía discriminar con precios y cuotas a los demás diarios, muchos de ellos en el interior del país.

Como quiera que sea, no sólo es una época distinta ahora donde no se percibe ninguna medida discriminatoria, sino que además no se entiende ese resentimiento infundado e incomprensible, toda vez que se puede observar claramente que la medida del gobierno es una burda maniobra para controlar a Clarín y La Nación, pero que en el futuro será un instrumento que potencialmente podrá ser usado en contra de cualquiera o contra todos los periódicos que el gobierno considere que lo critica en demasía o no se amoldan a la línea oficial.

Con esta ley cuyo dictamen aprobado esta semana, permite controlar a través del Ministerio de Economía regular los precios, la comercialización y la producción de papel periódico, todos los argentinos verán cómo quedará reducido su derecho a la libertad de prensa en el futuro próximo.

Papelón presidencial

Un verdadero papelón para la democracia argentina resultó ser el montaje escénico en el que la presidenta Cristina Kirchner acusó hace unos días a los diarios Clarín y La Nación de haberse apropiado de la fábrica Papel Prensa mediante crímenes de lesa humanidad, en confabulación con la dictadura militar.
Aunque miembros de la familia Gravier, que habrían sido los afectados, desvirtuaron los argumentos del informe presidencial titulado “Papel Prensa: la Verdad”, lo que preocupa es la forma cada vez más escandalosa que el gobierno utiliza para dirimir o generar conflictos.
Que la Presidenta haya dicho que quería un “país sin miedos” y una democracia “sin tutelajes”, ha resultado solo retórica. No puede cesar el miedo cuando el gobierno usa cadena nacional y un acto público al que convoca a las fuerzas vivas del país, para escrachar a dos empresas privadas sobre un conflicto privado, cuya legitimidad corresponde a los estrados judiciales.
Y sí hay tutelajes, cuando se advierte que el circo montado fue para justificar controles mediante una futura ley que regularía la fabricación y compra-venta de papel para periódicos, declarando a ese insumo para la industria de periódicos de “interés público”, como si se tratara de una materia indispensable similar al agua, la electricidad o la energía nuclear. El insumo no es tan relevante; como sí, la libertad para poder adquirirlo y consumirlo.
El blanco del gobierno fue evidente. Transparenta la intención del ex presidente Néstor Kirchner que en cada acto público jura que destrozará a Clarín y a otros medios que no le permitieron ni permiten gobernar en secreto y con impunidad. De ahí que el medio ahora haya sido Papel Prensa, como incontables artilugios se usaron antes con el mismo fin.
Estos son avances peligrosos contra la empresa privada y contra la Constitución que en su artículo 32 prohíbe que el Congreso dicte leyes que violen la libertad de imprenta, y muestran que el kirchnerismo se asemeja cada vez más al chavismo venezolano, en el que es habitual el escarnio y la condena pública, las amenazas permanentes, y el control de medios y sus contenidos.
De ahí que el periodismo argentino deba soportar el acoso público, el no tener acceso a información oficial, o que se le castigue o premie con publicidad o recursos estatales. También se le acosa interrumpiendo sus canales de distribución o mediante inspecciones impositivas.
Para esto, el gobierno no solo usa testaferros que adquieren medios privados, también utiliza medios públicos como instrumentos de propaganda, y a un tropel de funcionarios y periodistas, que en medios oficiales, redes sociales y blogs, denigran a todo aquel que no se ajusta a los estándares oficiales.
En cuanto a Clarín la pelea es conocida. El gobierno trata de corroer todos sus flancos, manipulando la imagen de un medio al que se le achacan pecados, control y concentración. De ahí que la semana pasada se canceló la licencia como proveedor de servicios de internet. Semanas atrás, el turno fue para los hijos de su directora y antes fueron los derechos de trasmisión del fútbol. Al principio fue la Ley de Servicios Audiovisuales, que si bien es necesaria, abusa y ataca con vehemencia lo que el propio Estado creó y permitió.
La pelea por Papel Prensa tiene el mismo cuño difuso del kirchnerismo. Se trata de una empresa que si bien generó, por sus malas y hasta abusivas prácticas comerciales, disputas y divisiones en el seno de la industria periodística; no se le pueden atribuir crímenes de lesa humanidad, lo que pareciera ser más una trama ideológica para justificar lo que el gobierno realmente pretende: controlar a los medios, limitar su independencia y avasallar la libertad de prensa.
Si Cristina y Néstor Kirchner detestan la concentración y los privilegios ¿no sería mejor que en vez de controlar, incentivaran las condiciones para que haya un sistema más competitivo? La competencia siempre aportará mayores beneficios que un gobierno protector, y a la postre le beneficiará generando mayor desarrollo y más empleos.
La ventaja de Argentina, si se le compara con Venezuela, es que el Congreso argentino sirve de contrapeso y equilibrio, y difícilmente este papelón presidencial terminará siendo refrendado por ley.

Kirchner: ¿Proyecto alternativo?

La presidenta Cristina Kirchner sigue empecinada con el proyecto de ley de Papel Prensa para declarar de interés público la producción y comercialización del papel para periódicos, propuesta a la que ha tomado como tema de conversación y sobre lo que sigue cuestionando a dos empresas – Clarín y La Nación – por supuestamente haber cometido delitos de lesa humanidad.
No contenta con expresar públicamente – al estilo Hugo Chávez – su bronca contra los empresarios de los dos diarios que junto con el Estado son dueños de la fábrica de papel para periódicos, hoy envió a la justicia su demanda, basada en el informe que leyó hace una semana (Papel Prensa: La Verdad) para encausar a militares y civiles, a los que acusa de haberse confabulado para mal comprar la empresa a la familia Gravier.
Pero lo que más llamó la atención hoy, es que la Presidenta siguió repitiendo como lora, con el mismo libreto que su marido, que la oposición no hace otra cosa que oponerse a sus proyectos, por lo que valdría preguntarse entonces ¿para qué sirve entonces una oposición si no es opositora?
Reclamó que "tenemos que terminar con la oposición feroz a todo lo que se opone a todo por el solo hecho de oponerse", pidiendo que “lo más importante de la política, es privilegiar el debate de proyectos”, para lo cual preguntó a la oposición: “¿Cuál es el proyecto alternativo?".
Esto es lo que no se entiende. ¿Por qué tiene que haber un proyecto alternativo a algo que es aberrante e inaudito? La política tampoco significa que se deba debatir cualquier disparate, por el solo hecho de buscar consensos o disensos, hacer esa forma de política es simplemente la mejor forma de polarizar.
Cabe preguntarse, acaso si a alguien se le ocurriera un proyecto de ley aberrante, como que se prohibiera a la gente visitar a sus familiares los sábados por la noche, ¿habría obligación de buscar un proyecto alternativo que cambie el día, el horario o lo que fuere? No. Simplemente habría que rechazarlo, esa es la alternativa.
Declarar el papel para periódicos de interés público no tiene sentido. Hacer una ley, menos. Es anticonstitucional, tal como lo expresa el Art. 32 de la Carta Magna, que prohíbe al Congreso legislar sobre la libertad de prensa.

Congreso argentino y equilibrio

Por suerte en la Argentina actual, donde el Poder Judicial está absorbido por el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene fuerza, es contrapeso y equilibrio ante los potenciales abusos que busque cometer la Presidencia.

Por eso tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados bloquee el proyecto de ley que trata de declarar de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, en una nueva embestida del Poder Ejecutivo para controlar a los medios de comunicación, como sucedía en la década del 50 con el férreo autoritarismo del gobierno de Juan Domingo Perón.

El avance de los gobiernos contra el papel no es nuevo. Desde Perón a Hugo Chávez, que imposibilita la compra tras el control sobre la importación, o el control que ejercía el PRI mexicano a través de Pipsa, con lo que se discriminaba a los medios mexicanos. Siempre los gobiernos utilizaron al papel periódico como forma de premio y castigo.

El proyecto del gobierno no puede pasar en el Congreso. De lo contrario sería legitimar una medida anticonstitucional, descabellada, ya que se estaría violando el Art. 32 de la Constitución que establece, de la misma forma que la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que no se puede dictar ninguna ley que viole la libertad de imprenta.

También, de aprobarse un proyecto así, se violarían tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos firmada por el país, la que establece que no puede haber arbitrariedades en contra del papel en su Art. 13.3 especifica: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Pareciera que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados considera que estos dos artículos son suficientes para no avalar el proyecto de ley.

Aprobar esta ley haría legal la posibilidad de la censura, algo que el propio matrimonio Kirchner hubiera querido que nunca existiera en la Argentina de la dictadura militar. La libertad de prensa y de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, de ahí que no se entiende por qué tanto ahínco en tratar de violarla.

Coherencias incongruentes

En un país donde la verdad y el equilibrio se pierden, donde la equidad es difícil de alcanzar y las mentiras se utilizan para alcanzar intereses personales por encima del bien común…; cuando aparece alguien con razonamientos coherentes, da la apariencia de estar hablando incongruencias y/o trivialidades.
Se trata del caso del vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, quien - ante la furia y embestida del matrimonio presidencial contra Papel Prensa, para lo que pidieron una ley para controlar la fabricación, distribución y comercialización de papel para periódicos - dijo que “el Estado debe ser el garante de la libertad de prensa".
Las palabras de Cobos, cargadas de constitucionalidad y apegadas a derecho, sonaron superficiales. Es que hablar de sensateces en un país que el gobierno ya logró polarizar, parece superfluo. “La libertad de prensa y las políticas en torno a ella deben estar por encima de los intereses particulares con el objeto de fortalecerla, evitando en cualquier caso lesionarla o coartarla."
El comunicado de prensa en el que Cobos analizó estos puntos parece salido de una película de ciencia ficción en la Argentina de hoy, donde los Kirchner y sus funcionarios, desde mayo del 2003, vienen atacando y desairando a periodistas, medios y todo aquel que trate de comunicar en una onda diferente a la oficial.
Dijo Cobos en su comunicado: "Es de público conocimiento que existe un conflicto entre el Gobierno Nacional y el grupo Clarín. En este contexto y con más razón, toda acción o decisión que el Gobierno tome no debe estar motivada por ese conflicto. Por el contrario y como parte del Estado, debe ponerse por encima de él, con un ejercicio responsable del poder, respetando la libertad de prensa y preservando la seguridad jurídica. Es el Estado el garante de la libertad de prensa y en ese marco los medios de comunicación, deben mantener su independencia y objetividad".
Sobre una ley para regular el insumo básico, Cobos reflexionó: "Hay que asegurar la libre concurrencia en el mercado y permitir la provisión de papel a todo aquél que lo requiera, en función de las necesidades de los distintos medios periodísticos". Y en otros puntos recalcó que el Estado tiene varios recursos para garantizar los derechos vinculados a la libertad de prensa, sobre los que citó: El régimen de importaciones, que deberá mantenerse sin ningún tipo de barreras arancelarias para sumar otras ofertas de materia prima; la distribución equitativa de la pauta oficial en todos los medios, lo que permite una competencia leal y evita desigualdades y asimetrías; el rol responsable y adecuado de los medios públicos que pertenecen a toda la sociedad y no a un gobierno en particular.
Muchos sienten que Cobos está despistado, incoherente, incongruente. ¿O será el país?

Triste papel presidencial

La presidenta Cristina de Kirchner hizo un triste papel para la democracia argentina. Leyó su informe “Papel Prensa: la verdad”, una crítica sobre la adquisición de la papelera Papel Prensa en 1976, atándola a crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, conspiraciones y extorsiones, aspectos todos cometidos – según ella - por los diarios Clarín y La Nación, que junto con el Estado son dueños de la empresa.

Con muchas imprecisiones y en cadena nacional, la Presidenta concluyó que quiere un país sin miedos, con democracias sin tutelajes – típico discurso de su época como parlamentaria – y que para ello tratará de que haya una ley para regular la fabricación de papel periódico y que este insumo sea de interés público.

En definitiva lo que dijo es lo que viene pretendiendo desde que en los últimos meses Papel Prensa se convirtió en otro frente de batalla para debilitar a Clarín, grupo mediático al que tiene en la mira. Quiere que el papel sea un bien regulado, que salga del espectro de la empresa privada, imponerle precios y con eso, luego ella – u otro gobierno futuro – podrán tener el sartén por el mango; ergo, habrán inventado una nueva forma de discriminación y de presión contra los medios independientes y privados.

Triste papel el de la Presidenta. Sigue enloquecida en contra de Clarín y de La Nación. ¿Por qué este escándalo barato para un tema que si lo considera un problema de Estado – una empresa que fue adquirida a la familia Gravier en 1976 y que luego fue aclarado por la justicia que no hubo irregularidad en la compra-venta a La Nación, Clarín y La Razón en democracia en 1985 – lo hubiera llevado como cualquier gobierno civilizado a la justicia, a la que dijo respetar y que es la única que puede condenar? ¿Por qué no se ahorró esa discordia de tener que condenar algo públicamente que los jueces deberían tener que hacer después?

¿No sería mejor que el gobierno, en vez de estar empecinado en poner de rodillas a la empresa privada, con sus excusas de acabar con los monopolios y la concentración, no diera la primera lección con el ejemplo? ¿No sería más productivo, mejor administrador y más estadista si generara más competencia, llamando a licitación a más empresas privadas que fueran incentivadas para crear más papeleras y hacer bajar los precios? ¿No es eso lo que justamente busca Cristina? ¿Para qué pelear, crear polarización y malestar entre todos los argentinos? ¿Quién podría enojarse u oponerse a una buena Presidenta que incentivara la competencia, el desarrollo y el empleo?

Triste y torpe papel el de la Presidenta. Muestra su odio y ansias de poder.

Los Kirchner ganan; todos pierden

Mañana por la tarde la presidenta Cristina de Kirchner se espera que consume un furibundo ataque directo a la libertad de prensa. Dará a conocer el informe oficial “Papel Prensa, la verdad” que se prevé tendrá unas 400 páginas de artilugios y vericuetos para que el Estado, como accionista minoritario de la papelera, se quedé con la empresa.
Más allá de que pueda o no tener razón, de que presente argumentos válidos – cosa que no creo que los posea – sobre que los dueños mayoritarios, los diarios Clarín y La Nación, se hicieron de la empresa gracias a su confabulación con el gobierno militar que habría extorsionado a los propietarios anteriores, lo que molesta es la forma que el gobierno utiliza para intimidar, amedrentar y crear circo.
Si todo fuera razonable y verdad, ¿no tendría el gobierno argumentos lícitos y conciencia limpia y tranquila para acudir a la justicia? ¿Por qué este derroche de desparpajo público para ir en contra de una empresa que fabrica y abastece papel periódico a los diarios argentinos? ¿Por qué los funcionarios vienen haciendo tanto circo como hasta invitar a peleas de box en las asambleas de accionistas?
Esta actitud no es nueva con el gobierno kirchnerista. Sus roces con los medios ha sido parte de su idiosincrasia. Desde no ofrecer conferencias de prensa, no permitir que los periodistas accedan a las fuentes oficiales, hasta agredirlos públicamente. Ahora es el papel, la semana pasada fue la licencia de Fibertel, antes los hijos de Ernestina Herrera Noble, otrora los derechos de trasmisión del fútbol, el uso discriminatorio de la publicidad oficial, la compra de medios privados y la creación de medios gubernamentales, la Ley de Servicios Audiovisuales, y la manipulación de un tropel de periodistas oficialistas que en Twitter, blogs, Facebook y otras redes sociales desprestigian a quienes no se ajustan a las pautas gubernamentales.
Los Kirchner legitiman absolutamente todo desprestigiando a medio mundo en confabulaciones con la violación de los derechos humanos, un tema que lo han hecho popular y que están explotando y politizando.
Los Kirchner tienen facilidad para imponer la agenda pública y lamentablemente los medios están rezagados, ya que es el gobierno y sus funcionarios los que logran conducir la conversación pública, al mejor estilo chavista. Es más, les encanta que los medios estén de rodillas, a la defensiva.
Esta política les dará rédito político a corto plazo. Pero a la larga, confiscar a los medios y abalanzarse contra la libertad de prensa, irá en detrimento del país. La batalla que ganan los Kirchner es una pérdida de todos y para todos.